nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°181-2025.- La Serena, veinticinco de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, peruana, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de su solicitud de residencia temporal, lo que representa una violación al derecho de igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que mediante Resolución N°25043229, se rechazó su solicitud de visa temporaria, por no contar su empleador con solvencia económica, en circunstancias que es una empresa oficial y legalmente constituida en Chile, que cumple con todas sus obligaciones tributarias, manteniendo solvencia para contratar empleados.

Refiere que el rechazo se produjo por motivos ajenos a los requisitos legalmente establecidos en la Ley N°21.325, siendo meramente antojadizos, pues la empresa contratante existe, tiene movimiento y es económicamente capaz de contratar sus servicios.

Culmina solicitando se tenga por interpuesto recurso de protección en contra del recurrido “por la respuesta ilegal y arbitraria en rechazar mi solicitud de residencia temporal, acogerlo a tramitación, ordenando al recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo razonable, otorgándole la formalización que por leyes nacionales e internacionales le corresponde, conforme con los principios que le impone su reglamentación o el que Vuestra Señoría estime conforme al mérito de autos y, en general, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, todo lo anterior con expresa condena en costas.”

Acompaña a su presentación: 1. Resolución Exenta N°25043229, de 28 de enero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones; 2. Documento de identificación de la actora; y 3. Formularios 22 y 29 del Servicio de Impuestos Internos, correspondientes a nombre reservado.

SEGUNDO: Que a folio 5, comparece doña nombre reservado, abogada del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando el informe requerido.

Solicita el rechazo de la acción intentada, por cuanto no existe de parte de tal autoridad, acto u omisión alguna que vulnere las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Menciona que la recurrente solicitó el 8 de agosto de 2023, el beneficio migratorio de residencia temporal subcategoría actividades licitas remuneradas.

Explica que la normativa establece cada una de las subcategorías migratorias de residencia temporal y los presupuestos que deben cumplirse para optar a ellas.

Luego, manifiesta que mediante comunicación electrónica folio N°46718736, de 25 de septiembre de 2023, se le informó a la actora, en relación a la solicitud de residencia N°66512388, que considerando lo dispuesto en la Ley N°21.325 y el Decreto N°177, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no cumplía con los requisitos para obtener el permiso de residencia impetrado, indicándosele que: “1. Debe presentar el contrato de trabajo, actualizado, firmado por el empleador en Chile, ante un notario; y por el trabajador ante el Consulado Chileno en el país en el que se encuentra. 2. Sea que se trate de actividades realizadas bajo subordinación o dependencia, o por cuenta propia, deberá adjuntarse a la solicitud de residencia, la carpeta tributaria para solicitar créditos del empleador o contratante, en caso de que el empleador sea una persona jurídica o natural con inicio de actividades. De lo contrario, deberá acreditarse la solvencia económica suficiente del empleador para cumplir con las obligaciones contractuales contraídas.”

Indica que se le otorgó el plazo de 60 días para presentarla, comunicándosele que su petición podía ser rechazada, de acuerdo a lo estatuido en el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325, lo que no fue cumplido por la recurrente.

Expresa que a través de notificación electrónica N°58239231, de 8 de mayo de 2024, le informó las razones que sirven de fundamento al rechazo de su solicitud, de acuerdo a lo previsto en el artículo 91 de la Ley N°21.325, otorgándole un plazo de 10 días para presentar antecedentes respecto de la causal de rechazo dispuesta en el Decreto N°177, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Señala que, respecto de la causal de rechazo, no acompañó toda la documentación que cumpliera los requisitos de la subcategoría migratoria de residencia temporal para extranjeros que desarrollen actividades remuneradas lícitas, haciendo presente que entre la primera notificación realizada –informándole que su solicitud se encontraba incompleta, realizada el 25 de septiembre de 2023– y el acto que rechazó su petición de residencia temporal –de 28 de enero de 2025– transcurrieron 15 meses, tiempo en el que la recurrente pudo haber aportado el documento faltante.

Expone que analizada la solicitud, pudo concluir que no cumple suficientemente con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría de residencia temporal peticionada, al no presentar documentación que acredite solvencia económica suficiente del empleador para realizar la contratación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 177 ya referido, motivo por el que mediante Resolución Exenta N°25043229, de 28 de enero del año en curso, rechazó la solicitud de residencia temporal.

Acompaña a su informe: 1. Resolución Exenta N°25043229, de 28 de enero de 2025, del Servicio Nacional de Migraciones; 2. Comunicación electrónica folio N°68239231, de 8 de mayo de 2024, del Servicio Nacional de Migraciones; y 3. Comunicación electrónica N°46718739, de 25 de septiembre de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dictación de la Resolución Exenta N°25043229, de 28 de enero de 2025, que rechazó la solicitud de residencia temporal, lo que representa una vulneración al derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones ha indicado que efectivamente en la data antes indicada, mediante el acto administrativo respectivo, rechazó del beneficio de residencia temporal, dado que la actora no cumplía suficientemente con los requisitos que habilitan para obtener la subcategoría peticionada, al no presentar documentación que acredite solvencia económica suficiente del empleador para realizar la contratación.

SEXTO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene tener presente que la decisión que por esta vía se reprocha es un acto administrativo, el que ha sido pronunciado por la autoridad competente, en ejercicio de las facultades que le confiere la ley, el que además se encuentra debidamente fundamentado, al expresar las razones fácticas y jurídicas que conducen a adoptar la decisión de rechazar el beneficio de residencia temporal peticionado, sustentándose en la legislación vigente –artículo 17 del Decreto N°177, de 2022, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública– disposición que exige la presentación de antecedentes necesarios para la concesión del referido beneficio migratorio, de manera tal que al no cumplir la actora con aquello y, asimismo, allegar a esta sede documentación para justificar su libelo que no se vincula con la observancia de los presupuestos que se reprocharon como incumplidos, la autoridad se encontraba facultada para rechazar la solicitud, motivos por los que no puede estimarse que su actuar sea ilegal ni arbitrario, circunstancia por la que se desestimará el recurso conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°181-2025 Protección.-