nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A

nombre reservado

AFP Planvital S.A.

Recurso de protección Rol Nº1809-2025 La Serena, tres de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Linda Nataly Quintero Mogollón, abogada, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, empleada, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A., R.U.T Nº RUT reservado, persona jurídica de derecho privado, representada por su gerente general, don nombre reservado, profesión u oficio desconocido, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en rechazar su solicitud de retiro de fondos de conformidad a lo establecido en la Ley N°18.156, lo que vulnera su derecho a la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política.

Señala que la recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales, de acuerdo con la Ley N°18.156, que establece exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten bajo las condiciones que se indican.

Sin embargo, indica que el 24 de septiembre de 2025, la recurrente recibió un correo electrónico comunicándole que su certificado de afiliación debía estar debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Luego, indica que, al no haber recibido ninguna respuesta formal de rechazo de la recurrida, presentó un requerimiento ante la Superintendencia de Pensiones, el que fue respondido por la recurrida el 08 de octubre de 2025, argumentando que la constancia electrónica de cotizaciones, otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), carece de apostilla o de legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en conformidad a la Ley N°18.156 y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones.

Luego, alega que la solicitante efectuó su solicitud de retiro de fondos cumpliendo todos los requisitos solicitados, acompañando íntegramente toda la documentación, salvo la apostilla de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, esto en virtud de que no existe representación consular de Venezuela en Chile que permita realizar este trámite, existiendo una imposibilidad material de realizarlo, por lo cual, se configura en la especie un caso fortuito o fuerza mayor de aquellos contemplados en el artículo 45 del Código Civil.

A su vez, refiere que en Venezuela, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cubre las enfermedades comunes de sus asegurados a través de diversas prestaciones. Estas incluyen asistencia médica desde el primer día de la enfermedad, subsidios diarios durante el reposo por incapacidad temporal, y en casos de incapacidad permanente, pensiones por invalidez o incapacidad parcial, de manera que se encuentran cubiertos los supuestos señalados por el recurrido, otorgando una cobertura total y amplia para sus asegurados.

En consecuencia, sostiene que el actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, toda vez que se le están exigiendo requisitos que son imposibles de cumplir, como también, imponiendo requisitos superiores a los establecidos en la ley. Asimismo, hace presente que el documento acompañado a la solicitud ofrece un código de verificación que permite constatar su autenticidad.

Por lo tanto, aduce que la recurrida yerra al rechazar el retiro de fondos, imponiendo requisitos adicionales a los establecidos en la ley, cuando en la especie, se cumplen los extremos exigidos en el artículo 1 de la Ley N°18.156.

En consecuencia, afirma que la recurrida ha rechazado su solicitud de retiro de fondos, sin otorgar una justificación válida.

Luego, indica que este proceder de la recurrida infringe el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por cuanto la privan de un dinero que le pertenece y respecto del cual cumple con todos los requisitos para solicitar su devolución; como también, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 del mismo cuerpo legal, dándole a la recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes, que encontrándose en iguales circunstancias, la recurrida ha otorgado respuesta favorable.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida que reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a continuar la tramitación de su solicitud de retiro de fondos y, dentro de un plazo razonable, efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por la recurrente, o se adopten las medidas que se estimen necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a folio 5 del expediente, se evacuó informe por AFP PLANVITAL S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 07 de octubre de 2025 la recurrente presentó a la Administradora una solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad a la Ley N°18.156. Entre los documentos acompañados a dicha solicitud, se acompañó una 'Constancia Electrónica de Cotizaciones' y una 'Declaración bajo fe de juramento'.

Afirma que de acuerdo con el Oficio Ordinario N° 12.954, emitido con fecha 15 de julio de 2025 por la Superintendencia de Pensiones, para cumplir con el requisito de la letra a) del artículo 1° de la ley 18.156, el trabajador debe acreditar mediante certificación emitida por la autoridad previsional competente del país de origen, que efectivamente contó con cobertura por todos los riesgos exigidos, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile, y que dicha certificación debe venir legalizada o apostillada, según las normas del Convenio de la Haya y el Código de Procedimiento Civil. El mismo oficio, concluye señalando que “(…) los documentos venezolanos que deban presentarse para producir efectos en Chile deben ser apostillados por la autoridad competente de Venezuela, no requiriéndose ninguna otra intervención adicional sobre dicha apostilla”.

Añade que la Ley N°18.156 es una norma de excepción y, por tanto, debe ser interpretada de forma restrictiva, aplicándose solo en el supuesto de que se cumplan todas las exigencias copulativas que establece.

Por otra parte, indica que la AFP debe cumplir con las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, siendo aquellas de carácter obligatorio para las administradoras.

Asimismo, refiere que el rechazo de la solicitud no implica la pérdida del derecho a solicitud la devolución.

Finalmente, sostiene que el rechazo a la solicitud de la actora no es ilegal ni arbitraria, ya que se funda en las normas legales que regulan la materia y especialmente en las normas administrativas impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Por lo señalado, solicitó el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para resolver el recurso, es dable sostener que el rechazo al retiro pedido por la actora lo fue basado en el incumplimiento de los requisitos legales.

En efecto, valga recordar que el artículo 7 de la Ley N°18.156 establece que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”, esto es, “a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.”

Al respecto, no consta satisfecha la exigencia de haberse anexado -al momento de presentarse la solicitud de retiro de fondos- los documentos indicados, en especial, aquel consignado en la letra a) precedente, esto es, el certificado previsional en una entidad extranjera que tenga validez en Chile, esto es, debidamente apostillado o legalizado, que además acredite que el solicitante cuenta con una cobertura integral, que incluya prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad de origen común, con vigencia a la fecha del requerimiento, sobre todo por la redacción de la norma, que exige la actualidad de dicha pertenencia (“que se encuentre afiliado”), circunstancia que es tácitamente reconocida por la parte recurrente en su argumentación. Aquello es contrario a la lógica, considerando que es la parte interesada quien debe acreditar el cumplimiento de las exigencias legales; lo que permite sostener que este libelo no podrá ser acogido, sin perjuicio de las nuevas solicitudes que la parte interesada inicie, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos mencionados.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP Planvital S.A.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1809-2025.- (Protección)