Protección contra Escuela nombre reservado

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Ovalle y otra Recurso de Protección Rol N° 1808-2024.- La Serena, veintidós de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Primero.- Que, nombre reservado, recurre de protección por sí y en representación de su hijo, el niño nombre reservado, en contra de la Escuela nombre reservado, representada por su director, el profesor nombre reservado, profesor; la jefa del Programa de Integración Escolar (PIE), psicóloga nombre reservado; y, en contra del Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Ovalle, por la omisión en otorgar medidas de protección para su hijo ni prestar los servicios correspondientes al Programa de Integración Escolar y por derivarlo al Programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, y prohibir el acceso al establecimiento educacional a la madre, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de los numerales 1, 4 y 11 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que su hijo cursa sexto básico en la Escuela nombre reservado de Ovalle y que, desde segundo básico, ha sido objeto de bullying (sic) por sus compañeros, destacando que, cuando tenía 8 años, fue colgado de un perchero de los baños y fue encerrado por un período prolongado de tiempo.

Hace presente que su hijo presenta una condición especial propia de las personas con capacidades diferentes, siendo diagnosticado por neurólogo particular con trastornos conductuales, sugiriendo la derivación a PIE, descartando diagnóstico TEA.

Indica, en este contexto, que la profesional dispuso como recomendaciones el control con neurólogo para confirmar o descartar diagnóstico; evaluación e intervención por terapeuta ocupacional para conocer su perfil sensorial y cómo influye en su nivel de alerta; mantener apoyo psicológico para manejo y control de emociones, regulación de impulsos, habilidades de teoría de la mente; apoyo de elementos de regulación sensorial dentro de la sala de clases, permitiéndole mantener su atención por periodos más prolongados dentro de una actividad o tarea; en el hogar crear espacios para reforzar áreas de estudio deficientes, generar el hábito de estudio, uso y apoyo de agendas visuales, organizadores, entregar tareas que deba llevar a cabo de manera diaria y que se mantengan en el tiempo; y regularizar en uso de pantallas, favorecer la independencia y autonomía.

Agrega que, contrariando las indicaciones profesionales, el Programa de Integración Escolar de la Escuela nombre reservado decidió unilateralmente derivar a su hijo y a su grupo familiar al Programa Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior, argumentando que la recurrida decidió categorizarlo como un potencial delincuente, y que ello se aleja de las necesidades de intervención que los menores con neurodivergencia requieren para su correcta integración social escolar.

Destaca que el acto impugnado se funda en cuanto ella posee antecedentes penales y el padre del niño se encuentra actualmente privado de libertad, obviando que su hermana mayor se encuentra cursando educación superior en la universidad debido al apoyo como familia resocializada.

Refiere, asimismo que, si bien su hijo poseía un promedio de notas 5.1, su jornada escolar fue unilateralmente reducida de completa a parcial debiendo desde hace unos meses egresar diariamente a las 13:00 y no a las 16:00 horas como tenía establecido.

Indica que el 6 de noviembre sostuvo una discusión con una apoderada de un alumno del establecimiento, que habría agredido a su hijo, reconociendo haberla insultado y que fue detenida por personal policial, generándose una causa en su contra por amenazas, proceso que se sigue ante el Juzgado de Garantía de Ovalle, donde se le impuso una prohibición de acercamiento.

Afirma que el director aprovechó este antecedente y le prohibió el ingreso al establecimiento, obligando a que sea un tercero quien lo vaya a buscar, lo que no fue comunicado formalmente.

Sostiene que el PIE debe contar, al menos, con un educador diferencial, un psicólogo, un psicopedagogo, un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional, los cuales han estado ausentes y que la oferta de Programa de Integración que publica el establecimiento no es efectiva, eludiendo el recurrido sus responsabilidades al derivar a su hijo a un programa de prevención del delito, sin informarle y disfrazándolo como una supuesta intervención del PIE.

Junto con invocar el marco normativo previsto en la Ley General de Educación y los principios que la informan, arguye que el colegio recurrido en ningún momento garantizó el cumplimiento de aquéllos, vulnerando sus derechos, más cuando ninguno de los miembros de la comunidad escolar desarrolló alguna acción tendiente a detener el bullying (sic) del que estaba siendo víctima y menos prestarle una atención adecuada a su neurodivergencia.

Destaca, igualmente, el marco regulatorio en materias de acoso escolar, concluyendo que el colegio no realizó ninguna acción tendiente a poner fin a los abusos, no aplicó ningún protocolo ni realizo gestión alguna dirigida a establecer responsables y sancionar a los mismos, aun cuando fue puesto en conocimiento sobre los alumnos que hacían bullying (sic), agravando su situación.

Conforme lo expuesto y alegando vulneración de sus garantías constitucionales, pide se ordene a la Escuela nombre reservado de Ovalle a desarrollar íntegramente el Programa de Integración Escolar que públicamente ofrece, poniendo a disposición de manera inmediata un equipo integral compuesto por un educador diferencial, un psicólogo, un psicopedagogo, un fonoaudiólogo y un terapeuta ocupacional; se entregue un acompañamiento integral por parte del mismo de acuerdo a lo ordenado en los diagnósticos médicos y a los procesos evaluativos de diagnóstico; se ordene a las autoridades de la Escuela a abstenerse de prohibir la concurrencia a sus dependencias a la apoderada; se ordene al Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Ovalle a iniciar una investigación administrativa respecto de los hechos denunciados y se disponga la suspensión provisional inmediata de las funciones del director.

Segundo.- Que, informa por la Municipalidad de Ovalle, el abogado Sergio Cortés Beltrán, quien pide el rechazo de la acción, con costas.

Alega, en primer lugar, la inadmisibilidad del recurso, fundada en la falta de agotamiento de vías administrativas previas, sin que conste que la recurrente haya utilizado los mecanismos internos disponibles para resolver los conflictos denunciados, como dirigirse al Departamento de Educación Municipal o realizar reclamo ante la Superintendencia de Educación.

En cuanto al fondo, expone que en 2024 el estudiante presentó dificultades en el establecimiento, por periódicas desregulaciones emocionales y conductuales, caracterizadas por actuar violento frente a los demás, un lenguaje soez frente a los compañeros y docentes, también se escapa de sala negándose a volver al aula, haciendo presente que constan anotaciones por agredir, pelear y discutir con algunos de sus compañeros, a quienes molesta y es molestado.

Hace presente que evidencia una mejoría respecto a 2023 y que se caracteriza por ser curioso por naturaleza, buscando conocer y socializar con sus compañeros y posee un gran espíritu de superación.

Afirma que existe un bajo compromiso de parte de su apoderada a las reuniones de apoderados, ya que, de las ocho realizadas sólo ha asistido a una y se ha justificado en otra, presentando el alumno un porcentaje de asistencia del 63%.

Sostiene que el equipo de convivencia escolar ha activado los protocolos correspondientes, establecidos en el Reglamento Interno de la institución, precisando que se han llevado a cabo sesiones de consejería, se le ha brindado apoyo emocional y se han trabajado aspectos relacionados con la gestión de la ira, el respeto a los demás y la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica; se han realizado derivaciones de acuerdo a las necesidades presentadas por el estudiante, resguardando la entrega de apoyos y medidas formativas al alumno y su núcleo familiar.

Controvierte el episodio de haber sido el protegido colgado de un perchero, haciendo presente que los servicios higiénicos no cuentan con dicho implemento, más cuando el estudiante tenía 8 años en plena crisis sanitaria.

Refiere que la reducción diaria de jornada del estudiante fue acordada con la apoderada con el objeto de evitar mayores desregulaciones del estudiante, situación que se encuentra ajustada a la normativa establecida en el Decreto Exento N° 4832 de la Superintendencia de Educación.

Indica que el Programa de Integración Escolar de la Escuela nombre reservado atiende a 135 estudiantes y los principales diagnósticos son discapacidad intelectual leve y moderado y trastorno del espectro del autismo, entre otros, ingresando el protegido el 24 de abril 2018 con diagnóstico Trastorno del Lenguaje Mixto y en noviembre 2018 en proceso de reevaluación, fue diagnosticado con discapacidad intelectual leve con un CI de 50 puntos, donde se mantuvo hasta 2024, destacando que su derivación al Programa Lazos obedece a las preocupaciones tendientes a que los estudiantes crezcan en un ambiente seguro y alejado de conductas de riesgo, con apoyo para que las familias acompañen el desarrollo de sus niños, niñas o adolescentes, destacando que se realizó diagnóstico temprano para determinar la presencia de factores de riesgo delictual y posteriormente sugerir derivación a servicios de intervención psicosocial pertinentes, egresando de la intervención de parentalidad positiva el 9 agosto del 2024. E ingresando a una terapia multisistémica, en donde trabaja la familia con un psicólogo en cada sesión, que va con foco de mejorar las relaciones sociales y comunitarias, siendo los apoderados libres de adherirse al programa.

En cuanto a la prohibición de ingreso al establecimiento, agrega que el 6 de noviembre de 2024 se produjo una situación de indisciplina en la sala de clases, con la participación del protegido y un compañero, donde se agreden mutuamente con golpes de puño, manotazos y rasguños, activándose el protocolo ante violencia escolar y se llamó a los apoderados, amenazando la recurrente a la madre del compañero involucrado, siendo ésta detenida, concluyendo que las autoridades del colegio actuaron en base a las orientaciones de la política pública del Ministerio de Educación, la normativa vigente y el Reglamento Interno de la institución, por cuanto la Ley General de Educación en su artículo 10 letra b) inciso segundo previene que son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar su proceso educativo; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.

Concluye argumentando que su representada no ha incurrido en ningún tipo de vulneración o arbitrariedad relativa a un acto u omisión, toda vez que, se ha actuado conforme a resguardar el orden dentro del establecimiento educacional, así como también, se ha hecho uso del legítimo derecho de admisión que faculta a la I. Municipalidad de Ovalle por ser propietaria del espacio señalado, restringiendo el ingreso de quien altere el orden público y no cumpla con lo estipulado en el reglamento interno del recinto educacional, precisando que la recurrente incumplió sus deberes al no respetar la normativa interna del establecimiento, no brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa e imposibilitar un clima de convivencia escolar nutritivo para la formación de niños y niñas escolares, lo que descarta vulneración de garantías y requiriendo el rechazo de la acción y que se mantenga vigente la prohibición de ingreso de la apoderada al establecimiento, resguardando la integridad de la comunidad educativa.

Tercero.- Que, finalmente, informaron nombre reservado, coordinadora del Programa de Intervención Escolar, y nombre reservado, director de la Escuela nombre reservado, quienes reiteran los argumentos expuestos por la Escuela recurrida en su informe y piden el rechazo con costas de la acción.

Cuarto.- Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

Quinto.- Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, cabe precisar que, para la procedencia del recurso de protección, se exige, en primer lugar, un acto u omisión ilegal o arbitrario que afecte las garantías protegidas, supuesto que no ha sido demostrado en la especie, puesto que con los antecedentes aportado tanto por la recurrente como por los recurridos, no se verifica una vulneración a los derechos de los recurrentes, pues se ha constatado la realización de diversas acciones destinadas a tratar la situación que afecta al menor en su calidad de miembro de la comunidad escolar respecto de la cual se recurre, tales como intervención en el Programa de Integración Escolar (PIE), el cual ante las necesidades educativas especiales que en él se observan, a mediados de 2023 se dispuso su derivación al CESFAM Jorge Jordán Domic de Ovalle, con el objeto de llevar a cabo una evaluación neurológica; y, que ante el resultado de la misma, se dispuso por el PIE del establecimiento, su derivación a él y a su grupo familiar al Programa Lazos de la entonces Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, como asimismo, la reducción de su jornada escolar, lo que es reconocido por la propia recurrente en su libelo, específicamente en los ordinales 5°, 11° y 13° del apartado A) Antecedentes Generales Relevantes del capítulo titulado Los Hechos, de su libelo recursivo.

Todo ello, con el objeto de proporcionarse por parte del establecimiento educacional nombre reservado todos los apoyos pertinentes al estudiante, los cuales se corresponden con los lineamientos entregados por el Decreto N°170 de Educación, que fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de las subvenciones para educación especial, contando con los los apoyos del Programa de Integración Escolar, desde el año 2018, hasta la fecha de interposición del recurso, según los antecedentes proporcionado por el establecimiento educacional recurrido al evacuar su informe respectivo, lo que ha permitido realizar un trabajo colaborativo con docentes de asignaturas permitiendo el acceso a la educación, mediante adecuaciones de acceso y curriculares, así como también, se han llevado a cabo los procesos de evaluación para determinar el progreso y dificultades de los objetivos abordados, lo que han permitido dar respuestas a las necesidades educativas especiales del niño, no configurándose así las hipótesis de hecho en las cuales se sustenta a la acción, todo lo cual determina la improcedencia del recurso incoado. Teniendo presente, además para ello, que aparece que la recurrente no utilizó los mecanismos internos y externos disponibles para resolver los conflictos denunciados, tal como, haber exigido la activación de los protocolos que regulan la convivencia de la comunidad contemplado en su reglamento interno, o bien dirigirse al Departamento de Educación Municipal, o, realizar el respectivo reclamo ante la Superintendencia de Educación, instancias que debieron haberse activado antes de acudir a esta Corte, circunstancias, éstas, que por sí solas serían suficientes para desestimar la presente acción constitucional.

Sexto.- Que, en cuanto al acto ilegal y arbitrario cometido al no brindar las debidas medidas de protección para la seguridad física y psíquica del niño por el cual se recurre, que se sustenta en el acoso escolar sufrido por otros educandos del establecimiento, que el recurrente denomina bulling, este supuesto fáctico no fue suficientemente establecido por la recurrente, teniendo presente que el mismo se hace descansar en afirmación genérica y un episodio que habría ocurrido en el interior de los baños de la escuela, cuando el niño tenía ocho años de edad, lo que necesariamente debió ocurrir en el trascurso del año 2020, dado la fecha de su nacimiento, que según consta de su certificado de nacimiento incorporado, es del NUM000 2012, esto es, cuando el recurrido no asistía presencialmente al establecimiento, dado que a esa época, nuestro País iniciaba un período de confinamiento producto de la Pandemia del Coronavirus; y, que para evitar sus perniciosas consecuencias, mediante Resolución Exenta N° 860 del Ministerio de Salud, promulgada el día 16 de marzo de 2020 se suspendieron las clases en todos los niveles y en todo el País, situación que se extendió hasta agosto de 2021, por lo que todos los estudiantes recibieron el servicio educacional sólo vía remota, resultando así imposible que se hubiera llevado acabo el hecho de acoso denunciado.

Séptimo.- Que, en cuanto a la circunstancia de haber sido el niño derivado al Programa Lazos, esta acción a diferencia de lo sostenido por el recurrente, no es ni ilegal ni arbitraria, desque aparece acorde con los protocolos de actuación, consignado en el Reglamento Interno del Establecimiento, donde, para garantizar las trayectorias educativas de los y las estudiantes, se contempla la posibilidad de la derivación a la red intersectorial, de acuerdo a las necesidades detectadas por los profesionales de la institución, uno de los cuales corresponde el Programa Lazos, institución confidencial que apoya a las familias para que niños, niñas y adolescentes crezcan en un ambiente seguro y alejado de conductas de riesgo. El que fue considerado adecuado por el establecimiento, dada la frecuencia en los episodios de violencia en que se encontraba involucrado el niño; y, que se contaba con la autorización de la madre para ello. Cabe consignar, además, que la incorporación al programa es siempre de carácter voluntario, al cual también se incorporó la recurrente, presentando una gran adhesión a la intervención, manifestando, ante la posibilidad de que su hijo fuera derivado a otro programa, su intención de continuar con las terapias y acompañamientos, tanto para ella como para su hijo, todo lo cual consta en el Acta de Reunión con psicólogo a cargo de su ejecución, incorporado por la recurrida en su informe.

Octavo.- Que, en cuanto a la prohibición de acceso al establecimiento educacional a la madre del niño y recurrente en este arbitrio, cabe señalar que si bien ello es reconocido por la recurrida, cabe señalar que el recurrente, se limita a señalar tal circunstancia fáctica, la que califica de ilegal y arbitraria, sin señalar si en pormenorizadamente, la forma y oportunidad en que se habría tomado tal decisión, lo que impide que esta Corte pueda emitir un pronunciamiento al respecto, desde que no existen antecedentes de hecho que permitan establecer si esa decisión se tomó al margen de la normativa legal aplicable o se basó en el mero capricho o voluntad del director del establecimiento, por lo que esta alegación, sin más, debe ser desestimada.

Lo mismo ocurre, con el reproche que se efectúa en el recurso en orden a que en el PIE del establecimiento recurrido, no se cuenta con un terapeuta ocupación entre los profesionales a intervenir en su ejecución, no obstante que en determinado casos, la intervención de este profesional pueda constituirse en un recurso valioso y ser parte de la estrategia de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales, no es un requisito obligatorio por ley para todos los PIE, al no estar contempla la intervención de este tipo de profesional en el Decreto 170, citado con anterioridad, por lo que esta argumentación, también debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, por sí y en representación de su hijo, el niño nombre reservado, en contra de la Escuela nombre reservado; la jefa del Programa de Integración Escolar (PIE), psicóloga nombre reservado; y, en contra del Departamento de Educación Municipal de la Municipalidad de Ovalle.

Redacción del señor ministro suplente, señor Jorquera.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 1808-2024 Protección