nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ

nombre reservado, nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N°1803-2024.

La Serena, dieciocho de diciembre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando como actos ilegales y arbitrarios el rechazo de las licencias médicas N°4-17243898, 3-106007961, 3-104136388 y 2-61648456, la negativa al pago del subsidio correspondiente a cada una de ellas y a la justificación del reposo, desconociendo el vínculo laboral, lo que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente ha sufrido el rechazo arbitrario de 4 licencias médicas, 2 de ellas correspondientes a su descanso maternal. Sobre el particular, expone que a inicios del presente año, presentó una patología del embarazo –amenaza de aborto– debidamente diagnosticada en el Hospital de La Serena. Sin embargo, se rechazó el correspondiente subsidio laboral.

Acota que, luego, presentó licencia médica extendida por su médico tratante, la psiquiatra Dra. Borel, por episodio depresivo moderado, efecto del trastorno depresivo recurrente que ha sido diagnosticado y tratado con la misma especialista desde 2020, la que también fue rechazada, idéntica situación aconteció respecto de su descanso maternal pre y post natal.

Refiere que la actora se encuentra sujeta a la figura de “autocontrato”, desconociendo la recurrida tal vínculo, rechazando las licencias médicas sin argumentos médicos que puedan fundamentar un diagnóstico errado, justificar la ausencia de los síntomas o su relevancia; y sin antecedentes que permitan no reconocer su figura contractual y el vínculo con su empresa, consideraciones por las que solicita se ordene a la recurrida aprobar las licencias médicas rechazadas, autorizando su pago, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Resoluciones de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respecto de las licencias médicas Nº4-17243898, 3-106007961, 3-104136388 y 2-61648456; 2. Certificado de afiliación a Administradora de Fondos de Pensiones; 3. Certificado de pago de cotizaciones Administradora de Fondos de Pensiones; 4. Certificado de afiliación al Fondo Nacional de Salud; 5. Certificado de pago de cotizaciones Fondo Nacional de Salud; 6. Documentos atención ginecológica; 7. Estatutos de Integral Service SpA; 8. Liquidaciones de sueldo; 9. Certificado de nacimiento; 10. Certificado psicológico; 11. Certificado médico-psiquiatra; 12. Contrato de trabajo; 13. Balance tributario; 14. Declaración anual de renta 2024; y 15. Declaración mensual del impuesto al valor agregado.

SEGUNDO: Que, a folio 9 evacuó informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada. Refiere que la licencia médica N°4-17243898 fue autorizada sin derecho a subsidio y las tres restantes rechazadas por la causal “sin vínculo laboral según fiscalización”.

Expresa que según el informe de verificación de vínculo laboral, la recurrente pertenece a la empresa Integral Service SpA, cuyo representante legal es la propia actora, quien suscribió el contrato de trabajo en calidad de empleador y de trabajadora.

Acota que el mismo documento consigna que “se solicita fiscalización, ya que es la dueña de la empresa, obtuvo un incremento de renta alto, la empresa no tiene movimiento del año 2023 según Servicio de Impuestos Internos y el domicilio donde cumple sus funciones laborales es la misma dirección donde vive”.

Explica que según el contrato de trabajo y anexo del mismo, la recurrente tenía un sueldo de $400.000, pasando a percibir $2.500.000, lo que no se condice con las declaraciones mensuales de impuesto acompañadas, por lo que el vínculo laboral no se acreditó en primera instancia, por no haberse presentado la documentación cuando fue solicitada y, luego, por cuanto del estudio de la que se incorporó en forma posterior no se pudo acreditar que el movimiento de la empresa guarde relación con los ingresos de $2.500.000 percibidos por la trabajadora mediante autocontratación, de manera tal que el rechazo no atiende a razones clínicas, sino que de carácter administrativas que fluyen de la fiscalización realizada, cuya conclusión es que no existe un vínculo laboral propiamente tal.

Acompaña a su informe: 1. Cartola médica; 2. Licencia médica manual N°61648456; 3. Antecedentes referidos al proceso de fiscalización (Informe verificación de vínculo laboral; certificado inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud; certificado de cotizaciones; certificado del Fondo Nacional de Salud; certificado pago cotizaciones previsionales; certificado de cotizaciones del Fondo Nacional de Salud; Estatuto Integral Service SpA; liquidaciones de sueldo; consulta situación tributaria de terceros Servicio de Impuestos Internos; certificado estatuto actualizado Integral Service SpA; contrato de trabajo; certificado antigüedad; certificado pago cotizaciones previsionales; anexo contrato trabajo; solicitud antecedentes verificación vínculo laboral; listado maestro licencias médicas; resolución licencia médica 3-104136388; contrato de arrendamiento; balance general 2023; impuesto anual a la renta año tributario 2024; declaraciones mensuales y pago simultáneo de impuestos formulario 29; certificado del Centro de Salud Familiar; Informe médico; boletas Integral Service SpA y copia libro asistencia enero a septiembre 2024); y 4. Resoluciones de rechazo licencias médicas N°4-17243898, 3-104136388, 2-61648456 y autorización sin derecho a subsidio N°3-106007961.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física; a la igualdad ante la ley y de propiedad, de las que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa opuesta por la recurrida.

SEXTO Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, señalando como actos ilegales y arbitrarios la autorización sin derecho a subsidio y el rechazo de las licencias médicas N°4-17243898, 3-106007961, 3-104136388 y 2-61648456, según corresponda.

Por otra parte, la recurrida manifestó que la primera de ellas fue autorizada sin derecho a subsidio y las tres restantes rechazadas por la causal “sin vínculo laboral según fiscalización”.

SÉPTIMO: Que, en primer término, para resolver el asunto en examen, debe tenerse en consideración, que los actos que por esta vía se reprochan se encuentran debidamente fundamentados y fueron emitidos por la autoridad competente, dentro del ámbito de atribuciones que al respecto establecen los artículos 1 y 16 del Decreto N°3, del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento de autorización de licencias médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e instituciones de salud previsional, descartándose ilegalidad ni arbitrariedad alguno en el proceder.

OCTAVO: Que, por otra parte, conviene tener presente que el arbitrio de protección, como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos indubitados, circunstancia que no se verifica en la especie, dado que el actuar que el recurrente reprocha a la recurrida se funda en un asunto administrativo y técnico referido a la naturaleza de los servicios que la actora prestaba, de manera tal que resulta palmaria la existencia de una controversia que impide la concurrencia de los presupuestos exigidos en el presente arbitrio, motivo por el que se rechazará el recurso intentado conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I. Que, SE RECHAZA, las alegación de improcedencia de la acción de protección.

II. Que, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1803-2024 Protección.