nombre reservado con DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHOAPA

nombre reservado

Delegación Provincial de Choapa Recurso de Protección Rol N°1802-2024.- La Serena, ocho de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el trece de noviembre de dos mil veinticuatro comparece ARTURO RAMÍREZ MALDONADO, abogado, en representación y en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, como DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA, y en particular en contra de la Resolución Exenta N° 3.863 de 2 de agosto de 2024 y desde el 14 de octubre de 2024 en total tramitación, firmada por el ex Subsecretario del Interior don nombre reservado, la cual vulnera las garantías constitucionales del artículo 19 N°s 1, 2 y 4 de la Constitución Política del Estado.

Expone que por Resolución Exenta N° 612, de 1 de junio de 2023, de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, se dispuso la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de la existencia de una serie de irregularidades detectadas en la administración financiera de la Delegación Provincial de Choapa.

Indica que mediante Resolución Exenta N° 910, de 28 de julio de 2023, de la misma repartición regional, se elevó a sumario administrativo el procedimiento disciplinario previamente referido.

Menciona que, por resolución de 17 de abril de 2024, el fiscal respectivo dispuso el cierre de la etapa investigativa.

Luego, el 9 de mayo de 2024, el fiscal del sumario formuló cargos a don nombre reservado, profesional, contrata, grado 8° de la planta del Servicio de Gobierno Interior, que a la fecha de los hechos se desempeñaba como Encargado de Administración y Finanzas de la Delegación Provincial Presidencial de Choapa, por haber infringido las obligaciones funcionarias establecidas en las letras b), c) y g) del artículo 61 del Estatuto Administrativo, en relación con el numeral 8° del artículo 62 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por incurrir en las siguientes conductas: “I.- Problemas en la gestión del Convenio de Transferencia entre la Delegación Presidencial Provincial de Choapa y el Servicio Mejor Niñez para la administración dela residencia de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. II.- Existencia de saldos sin rendir detectadas por el Departamento de Finanzas Subsecretaría del Interior y DGI y omisión de envío de formulación presupuestaria para año 2024. III.- Existencia de servicios básicos impagos hasta por 5 meses”.

Posteriormente, dichos cargos fueron notificados a su representado, quien, dentro del plazo otorgado formuló sus descargos, acompañando distintos documentos para acreditar sus dichos.

Luego, el 14 de junio de 2024, el fiscal del sumario emitió su vista, en la cual concluye que los antecedentes reunidos en el proceso dan cuenta de la efectividad de los hechos constitutivos de las infracciones imputadas en la formulación de los cargos, y la responsabilidad del imputado en los mismos, recomendando en consecuencia aplicarle la medida disciplinaria de destitución del cargo, contemplada en la letra d) del artículo 121 del Estatuto Administrativo, desarrollando en forma lata los cargos señalados en los numerales “I – II – III “ más arriba señalados.

Posteriormente, por Resolución Exenta N° 3.863 de 2 de agosto de 2024, de la Subsecretaría del Interior, y acogiendo la recomendación del fiscal del sumario, se resuelve aplicar a su representado la medida disciplinaria de destitución.

Señala que su representado llegó al cargo de Encargado de Administración y Finanzas en el año 2018 (para esa fecha se denominaba Gobernación Provincial de Choapa) junto con el Gobernador don Rodolfo Zúñiga, que en esa fecha fue nombrado por el ex Presidente de la República señor Sebastián Piñera, ya que ambos eran de la misma línea política del ex mandatario.

Posteriormente, en el año 2022 con el cambio de Gobierno, el nuevo presidente señor nombre reservado, nombró delegada Presidencial Provincial a doña nombre reservado, de la misma línea política y además del mismo partido político del presidente nombre reservado. Al poco tiempo de haber asumido el cargo de delegada Presidencial Provincial, doña nombre reservado se acercó a conversar con su representado y le pidió verbalmente que renunciara a su cargo para que le dejara el cupo libre porque ella tenía que traer a su gente de confianza, a lo cual obviamente su representado se negó. De ahí en adelante las relaciones nunca fueron buenas, ni siquiera para tratar temas propios de trabajo, relacionándose la delegada Presidencial con su representado a través de sus asesores.

Añade que en varias ocasiones su representado le pidió a la delegada presidencial ayuda y apoyo para poder realizar su trabajo, él trabajaba solo en un departamento tan grande e importante como es el Departamento de Administración y Finanzas, le pedía que le asignara, aunque fuera un funcionario para que le ayudara, con el trabajo en general, pagos de proveedores, pagos de servicios, conciliaciones bancarias, etc., y específicamente le pedía un funcionario para realizar cierres y rendiciones de programas como SENAMA, Emergencia Hídrica, ORASMI, etc., cuya parte final del proceso se ingresa a la plataforma SISREC, lo que él no podía hacer, porque no tenía tiempo, simplemente no alcanzaba a hacerlo. Se adjuntan correos electrónicos que dan cuenta de lo solicitado.

Estas peticiones fueron a través de sus asesores y también por correos electrónicos y memorándum. Nunca lo escuchó, nunca le respondió algún correo ni memorándum, Después que su representado colapsó tanto física como psíquicamente, y fue tratado por un médico psiquiatra, el cual lo mantuvo en tratamiento y con licencia médica desde mayo a noviembre de 2023, asumió como Encargado del Departamento de Administración y Finanzas don nombre reservado, quien era un asesor de la Delegada presidencial. Después de la llegada de este nuevo encargado de DAF y persona cercana políticamente a la delegada presidencial, se hizo un nuevo organigrama y en el departamento de administración y finanzas comenzaron a trabajar en forma permanente 6 personas. Organigrama de fecha 25 de agosto de 2023 (hojas 1 al 4), que adjunta en un otrosí.

También le informó a la delegada presidencial todo lo que pasaba en la Delegación Provincial y le advirtió de las faltas administrativas e irregularidades que se producían en la ejecución de los Programas “Los Niños Primeros” y “Los Niños del Choapa”, en relación con transferencias de recursos desde el Servicio Mejor Niñez, en virtud de los convenios firmados entre SENAME y la Gobernación de Choapa. Le informaba continuamente por escrito de las negligencias administrativas que se producían por parte del personal de la residencia de los niños, los que no dependían de él, y por tanto no escuchaban sus instrucciones o consejos para que realizarán en tiempo y forma su trabajo, ya que esos funcionarios administrativos reconocían como jefe a la delegada presidencial. Tenían rendiciones atrasadas, no pagos a proveedores, pagos pendientes de retenciones de impuestos, lo que traía como consecuencia que el SENAME no entregara los fondos para el funcionamiento del hogar de menores. Estas peticiones fueron a través de sus asesores y también por correos electrónicos y memorándum. Nunca lo escuchó, nunca le respondió algún correo ni memorándum. Oficio a delegada presidencial de 5 mayo de 2022, que adjunta memorándums N° 06/ de 13 de octubre de 2021; 07/ de 12 de noviembre de 2021; 08/ de 14 de diciembre de 2021; 09/ de 13 de enero de 2022; 10/ de 14 de febrero 2022, que adjunta en un otrosí.

Añade que la relación entre su representado y la delegada presidencial se quebró definitivamente cuando se produjo un accidente de tránsito, un volcamiento en la cuesta de Cavilolen, de 3 funcionarios de la Delegación Presidencial que iban en un vehículo fiscal a Salamanca, estos funcionarios no tenían el cometido funcionario para ir de Illapel a Salamanca, más aún, ni siquiera lo habían pedido o tramitado. Posterior al accidente, al otro día, la delegada presidencial le pidió a su representado que hiciera el cometido funcionario y que le pagara los viáticos a los 3 funcionarios que habían resultado heridos. A esta solicitud irregular e ilegal, su representado se negó firmemente. A estos 3 funcionarios, después se les pagó igualmente los viáticos, en forma manual, por orden de la delegada presidencial a un funcionario del departamento de personal, quien hizo toda la documentación pertinente para pagar, ya que su representado ya se había ido con licencia médica.

Indica que como una muestra más de esta inquina, de este odio irracional hacia un trabajador del Servicio Público, a su representado no lo dejaron entrar más a la Delegación Provincial, ni siquiera para ir al departamento de personal a pedir documentos para la escolaridad de sus hijos. Él se conseguía estos documentos con compañeros de trabajo, que se los pasaban a escondidas. Se adjunta un reclamo que su representado puso en el libro de la OIRS el 12 de abril de 2024.

Como corolario, por memorándum N° 3015, de 22 de octubre de 2024 del Gobernador Regional de Coquimbo, dirigido a nombre reservado, Delegado Presidencial Provincial del Choapa, se le instruye a este último que inicie el procedimiento de restitución del inmueble fiscal donde vive su representado en domicilio reservado. Este memorándum está firmado por doña nombre reservado, Jefa de División de Administración y Finanzas de la Gobernación Regional de Coquimbo.

Adiciona que el mismo día 22 de octubre de 2024, por Resolución Exenta N° 956 firmada por el Delegado Presidencial Provincial de Choapa, don nombre reservado se le notifica a su representado que debe restituir el departamento en un plazo de 5 días, so pena, de ser desalojado con la fuerza pública.

Sostiene que aquí hay claramente vulneración de los derechos de su representado, el fiscal de la causa ha actuado con arbitrariedad, al igual que el ex subsecretario señor Monsalve quien firma la resolución que aplica la medida disciplinaria de destitución, la más gravosa de todas las que contempla el Estatuto Administrativo, que no se condice ni guarda ninguna proporcionalidad con los cargos que se le imputan a su representado vulnerando las garantías constitucionales, específicamente aquellas del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, señaladas en el número 1º, inciso primero referido a la integridad psíquica de la persona; número 2°, igualdad ante la ley, referidos a que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias; número 4° relativo al respeto y a la honra de la persona.

Por estas consideraciones solicita se declare que las actuaciones que se ejecutaron y se están ejecutando en contra de su representado son arbitrarias e ilegales, que vulneran las garantías Constitucionales que son el sustento de la presente acción Constitucional; que deberá abstenerse el recurrido de continuar con dichas acciones hasta que se resuelva el presente recurso; que el recurrido deberá tener en cuenta la situación de salud que actualmente enfrenta su representado, su mujer y especialmente sus hijos menores por el temor de verse desalojaos de su hogar, todo ello con expresa condena en costas de la parte recurrida.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Correos electrónicos del 4 noviembre 2022; 13 diciembre 2022; 25 octubre 2022 y 20 diciembre 2022, solicitando apoyo, pidiendo ayuda, dando a conocer irregularidades; 2.- Organigrama, hojas 1, 2, 3 y 4; 3.- Carta a delegada del 5 de mayo de 2022 informando situación Residencia Menores; 4.- Solicitud de Restitución de Inmueble hojas 1 y 2; 5.- Licencia Médica de la Psiquiatra nombre reservado; 6.- Hoja manuscrita de reclamo en libro de OIRS, porque le prohibían entrar a la DPP.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Felipe Cerda Sepúlveda, abogado, en representación del Servicio de Gobierno Interior.

De manera previa, aclara desde ya que la parte recurrente alega situaciones que exceden con creces la naturaleza urgente, sumaria y cautelar de la sede de protección, al no relacionarse con derechos indubitados, sino con juicios de valor respecto de diversas situaciones de convivencia laboral y desempeño profesional que se habrían suscitado durante la época en que la ex Delegada Presidencial Provincial de Choapa, nombre reservado, habría actuado como autoridad provincial; además de juicios de valor relativos a la sustanciación del sumario administrativo que culminó con su destitución y, por último, respecto de la solicitud de restitución administrativa de inmueble fiscal que le realizó el actual Delegado Provincial de Choapa, recurrido en autos, todo lo cual, por cierto, sobrepasa las materias que deben ser conocidas en esta sede.

Precisado lo anterior, señala que, en los hechos, no existe una actuación u omisión, arbitraria ni ilegal, que pueda ser imputable al Delegado Presidencial Provincial de Choapa, ni tampoco a la Delegación Presidencial Provincial de Choapa o al Servicio de Gobierno Interior, tal como se explicará a continuación. Esto, por cuanto las autoridades no han contravenido normativa alguna a través de sus actos, los cuales, además, se encuentran debidamente fundados.

En relación con la supuesta arbitrariedad reprochada por la parte recurrente, que afectaría, a su juicio, al procedimiento disciplinario que culminó con su destitución, señala, tal como se adelantó anteriormente, que aquello excede con creces el ámbito de aplicación de la presente acción de protección.

Aclarado lo anterior, y según se indicó, en atención a la naturaleza cautelar, breve y sumaria de la sede de protección, no es procedente discutir en ella acerca de cómo el fiscal instructor ponderó los elementos de convicción que se produjeron en virtud del procedimiento disciplinario instruido, ni mucho menos la forma en que, en base a dichos elementos, la autoridad arribó a su decisión.

Por lo pronto, señala que el expediente del procedimiento disciplinario en comento posee más de 200 hojas; que la formulación de cargos que se efectuó en contra de aquella consta de 5 páginas y 27 considerandos en los que se describen latamente las conductas relacionadas con los cargos que se le formularon; que dicha formulación de cargos se basó, entre otros elementos, en la existencia de declaraciones contestes de diversos testigos y abundante prueba documental; y que la resolución que le aplica la sanción de destitución consta de 7 hojas, a lo largo de las cuales no solo se describen en detalle los elementos que la autoridad ponderó para formar su convicción, sino que también incorpora jurisprudencia relacionada relevante.

Por lo demás, tanto en la formulación de cargos como en la resolución que aplica la medida de destitución, se refutaron todas y cada una de las alegaciones que la parte recurrente efectuó a su favor, y que dicen relación, fundamentalmente, con las situaciones que ahora vuelve a alegar en la presente sede de protección, respecto de haber advertido a la autoridad las situaciones irregulares que se indagaron, por lo que en esta sede se hace innecesario volver a discurrir sobre aquellas.

Añade que omite la parte recurrente señalar que sus derechos se han mantenido indemnes a lo largo de todo el procedimiento disciplinario en comento, ya que no solo presentó sus descargos según consta en fojas 214 y siguientes del expediente respectivo, sino también interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la Resolución Exenta N°3.863, de 2 de agosto de 2024, del Subsecretario del Interior, el cual se encuentra pendiente de resolución a la fecha del informe; todo ello, además de la acción de protección presentada ante esta misma Corte, lo cual permite apreciar que no se ha vulnerado la garantía del debido proceso ni el derecho a defensa en su perjuicio.

A continuación, en relación con el haber impedido el ingreso del actor a las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Choapa, el día 12 de abril de 2024, no dice relación con un odio irracional [sic] que la autoridad tendría en su contra, sino que fue una determinación debidamente fundada.

En efecto, tal como consta de los antecedentes acompañados por la propia parte recurrente a su presentación, la razón por la cual se impidió su ingreso a la Delegación el día antes señalado dice relación con encontrarse aquella suspendida de sus funciones en virtud del procedimiento disciplinario señalado en los párrafos 8° y 9° precedentes, facultad que el artículo 136 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, reconoce expresamente a todo fiscal instructor de cualquier procedimiento disciplinario.

Así las cosas, y al encontrarse suspendido de sus funciones, la determinación de la autoridad de impedir el ingreso de la parte recurrente a la Delegación Presidencial Provincial de Choapa no solo fue legal, sino también debidamente fundada, por cuanto aquella se encuentra alejada del desempeño del cargo público que sirve.

Para finalizar, y respecto de la solicitud de restitución de inmueble fiscal efectuada a la parte recurrente, señala que aquella, asimismo, no solo es legal, sino también debidamente fundada.

En primer lugar, recuerda que el artículo 91 del Estatuto Administrativo dispone, en lo que interesa, que los funcionarios tendrán derecho a ocupar con su familia la vivienda que exista en el lugar en que funcione la institución, en las condiciones allí señaladas.

No obstante, según se indicó en la letra b) precedente, el 15 de marzo de 2024, y en el contexto del procedimiento disciplinario descrito, a la parte recurrente se le aplicó la medida preventiva de suspensión de funciones, cuya vigencia se prorrogó según el resuelvo 2° de la vista fiscal de 14 de junio de 2024.

En ese contexto, precisa que el artículo 136, inciso 1°, del Estatuto Administrativo, dispone que, en el curso de un sumario administrativo, el fiscal podrá suspender de sus funciones o destinar transitoriamente a otro cargo dentro de la misma institución y ciudad, al o a los inculpados como medida preventiva. Por su parte, el inciso final de la misma disposición establece, en lo que interesa, que, en caso de que el fiscal proponga en su dictamen la medida de destitución, podrá decretar que se mantenga la suspensión preventiva en cuyo caso el inculpado quedará privado del cincuenta por ciento de sus remuneraciones, que tendrá derecho a percibir retroactivamente si en definitiva fuere absuelto o se le aplicara una sanción inferior a la destitución.

Pues bien, de la normativa y jurisprudencia precitadas, fluye con nitidez que, para ejercer el derecho a ocupar una vivienda fiscal, es necesario desempeñarse en un cargo público, requisito que la parte recurrente no posee actualmente, por encontrarse alejado de dicho desempeño desde el 15 de marzo de 2024, suspensión que, por lo demás, se prorrogó mediante la vista fiscal que propuso su destitución, la cual fue ratificada por la Resolución Exenta N°3.863, de 2 de agosto de 2024, del Subsecretario del Interior.

Es más, incluso cuando pudiese considerarse que la resolución que aplicó la medida disciplinaria de destitución en contra de la parte recurrente aún no se encuentra firme, por encontrarse pendiente la resolución del recurso de reposición con apelación en subsidio que interpuso aquella en su contra, la suspensión de sus funciones, en efecto, todavía se encuentra vigente, por lo que en cualquier hipótesis aquella no posee un requisito fundamental que exige la normativa para hacer uso del referido derecho.

Por todo lo anterior, no cabe sino concluir que la acción de protección de autos debe ser rechazada, ya que no se verifica una acción u omisión, arbitraria o ilegal, imputable ni al Delegado Presidencial Provincial de Choapa, ni a la Delegación Presidencial Provincial de Choapa ni al Servicio de Gobierno Interior, lo cual hace innecesario referirse a cualquier eventual vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte recurrente.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la acción de protección de autos.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución de sumario administrativo N° 5, de 9 de mayo de 2024, que formula cargos a la parte recurrente en procedimiento disciplinario instruido mediante Resolución Exenta N° 612, de 1 de junio de 2023, de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo; 2. Vista fiscal de 14 de junio de 2024, dictada en procedimiento disciplinario instruido mediante Resolución Exenta N° 612, de 1 de junio de 2023, de la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo; 3. Resolución Exenta N° 3.863, de 2 de agosto de 2024, del Subsecretario del Interior, notificada personalmente a la parte recurrente, según consta en nombre y firma estampadas por aquella; 4. Dictamen E376047, de 2023, de la Contraloría General de la República; 5. Reposición y apelación en subsidio de 22 de octubre de 2024, presentada por la parte recurrente, en contra de la Resolución Exenta N° 3.863, de 2 de agosto de 2024, del Subsecretario del Interior.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes y de lo expuesto por las partes en sus presentaciones escritas, se advierte que lo que se cuestiona por esta vía es la valoración o ponderación de los antecedentes que justificaron, en su oportunidad, la sustanciación de un procedimiento disciplinario en contra del recurrente, en el cual se dispuso la suspensión preventiva de sus funciones, circunstancia ultima que, a su vez, devino en el requerimiento de restitución del inmueble fiscal que habitaba junto a su grupo familiar y de la negativa de permitir su ingreso a dependencias de la Delegación Provincial Presidencial de Choapa.

SEXTO: Que, siendo la presente acción un mecanismo cautelar, excepcional, breve y de emergencia, de protección de derechos de carácter indubitado, se concluye que el examen que pretende el actor, esto es, una revisión de las circunstancias de hecho que motivaron su destitución y las demás medidas adoptadas en el contexto de dicho procedimiento disciplinario, escapa por mucho a las materias propias de este recurso, circunstancia que por sí sola basta para desestimar el mismo.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior y a mayor abundamiento, cabe destacar que el recurrente, en su arbitrio, no desarrolla ni expone de qué forma se configuraría la supuesta ilegalidad o arbitrariedad que atribuye a la recurrida, limitándose a invocar circunstancias personales y cuestionar la proporcionalidad de la medida.

OCTAVO: Que, en este contexto, habiendo sido las medidas adoptadas por autoridad competente, en el ejercicio de sus funciones y encontrándose debidamente fundadas, a lo cual se adiciona que el recurrente tuvo durante el desarrollo del proceso sumarial la oportunidad de defenderse, la cual ejerció efectivamente no solo presentando descargos sino también impugnando la resolución que dispuso su destitución -recurso pendiente de resolución a la fecha- es que solo cabe concluir que en la especie no se configura acción u omisión ilegal o arbitraria alguna, lo cual lleva indefectiblemente al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por ARTURO RAMÍREZ MALDONADO, en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado, como DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1802-2024 (Protección).