nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Ovalle Recurso de protección Rol N°180-2025 La Serena, uno de abril de marzo dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, docente, con domicilio en domicilio reservado, Región de Coquimbo, interponiendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, representada por su alcalde señor Héctor Vega Campusano, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región de Coquimbo, por el acto que señala como arbitrario e ilegal, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 16736 de 16 de diciembre de 2024, notificado a su parte el 03 de enero de 2025, mediante el cual se decidió la no renovación de la contrata de la actora, estimando que dicho acto infringe sus garantías constitucionales de los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente que se ha desempeñado desde el año 2005 hasta el año 2020 como docente de aula, ejerciendo luego funciones como docente de apoyo a directivo con 14 horas al momento de su desvinculación.

Como antecedentes, expone una serie de hechos que le afectaron en años anteriores en el ejercicio de sus labores y que denuncia como situaciones de vulneración y menoscabo hacia su persona.

Así, indica que previamente había sido desvinculada por el Municipio en el año 2006, siendo posteriormente reintegrada por orden de Contraloría General de la República. Sin embargo, refiere que al llegar a la Escuela Óscar Araya Molina el año 2021, el recibimiento no fue el esperado, ya que no se le permitió incorporarse inmediatamente a sus labores, no fue invitada a participar de las reuniones planificadas con el DEM, ni con el Departamento de Educación Provincial, la incorporaron tardíamente en uno de los grupos de WhatsApp, excluyéndola de otro, y asignándole funciones prácticamente administrativas o de asistente de la educación, sin su consentimiento.

Señala que, posteriormente, el 14 de enero de 2022 se le notificó la no renovación de su contrata, por lo cual interpuso un recurso de protección tramitado bajo el Rol N°168-2022 de esta Corte de Apelaciones, el que resultó acogido, ordenándose su reincorporación. No obstante, relata que tras las misma, ha sufrido una serie de vulneraciones por parte de la Municipalidad recurrida, tales como: la pérdida de sus cargas familiares por negligencia de su empleador, quien no ha pagado sus cargas familiares por sus tres hijos; no se le ha otorgado el trabajo convenido, siendo víctima de un acoso laboral y discriminación; así como la pérdida del convenio oncológico con la Fundación Arturo López Pérez, debido a la mora en pagar este seguro.

Agrega que, tiempo después, tuvo que interponer nuevamente un recurso de protección contra la recurrida, el que fue tramitado bajo el Rol N°247-2023 de esta Corte de Apelaciones, acción que igualmente fue acogida, decretando la ilegalidad del acto que puso término a su contrata y decretando que la misma debía entenderse renovada desde marzo de 2023 a febrero de 2024. Sin embargo, indica que tras su reincorporación, el equipo directivo del establecimiento, conformado por el director, nombre reservado; el inspector general, nombre reservado; el encargado de convivencia escolar, nombre reservado; y el jefe de la UTP, nombre reservado, ha mantenido una actitud hostil hacia ella, realizando burlas, acoso y persecución, afectando su dignidad e imagen ante la comunidad educativa, conforme a los diversos hechos que describe en su libelo.

Asimismo, indica que tuvo que presentar un reclamo ante la Contraloría Regional de Coquimbo, debido al incumplimiento por parte de la Ilustre Municipalidad de Ovalle respecto a lo resuelto por esta Corte de Apelaciones en la sentencia pronunciada en la causa Rol Nº 247-2023, ordenando el órgano contralor que su situación fuera revisada por parte de la Municipalidad de Ovalle.

Luego, refiere que el 03 de enero de 2025 fue notificada por carta certificada del Decreto Alcaldicio Nº 16736 de 16 de diciembre de 2024, sobre término de renovación de contrata, fundándose el mismo – en lo medular- en las necesidades de la escuela en cuanto a recurso humano al servicio de la educación y procesos educativos, así como su carga presupuestaria.

No obstante, alega que la decisión de no renovar su contrata es un acto arbitrario e ilegal, ya que carece de argumentación que la sustente y no va acompañada de un acto administrativo fundado, pues el acto impugnado no explicita cuáles son “las necesidades de la escuela en cuanto a recurso humano”, infringiendo de esa manera el artículo 11 de la Ley N°19.880.

Asimismo, afirma que el acto vulnera el principio de “confianza legítima”, toda vez que no toma en consideración los 19 años que lleva cumpliendo funciones para la Corporación recurrida.

En cuanto a los derechos fundamentales infringidos, alega la vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, desde el momento que la no renovación de su contrata carece de fundamento, existiendo por ello un trato desigual, sin justificación racional o razonable, basado en diferencias arbitrarias.

Sostiene asimismo la vulneración a su derecho de propiedad, toda vez que se ha afectado la continuidad en su cargo, afectando los derechos y beneficios que emanan del mismo, como también la estabilidad laboral que la Municipalidad le ha otorgado durante 19 años consecutivos.

Asimismo, señala que se ha infringido su derecho a la integridad física y psíquica, por cuanto la incertidumbre y presión derivadas del cese de sus funciones, ha tenido un profundo impacto en su salud mental y en el bienestar de su familia.

Por tales fundamentos, solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene la recurrida a la renovación de su nombramiento a contrata para toda la anualidad correspondiente al año 2025, que se le paguen las remuneraciones y emolumentos a que tiene derecho por todo el periodo de separación, se ordene el pago y la regularización de las todas cargas familiares adeudadas desde el 01 de mayo de 2023, sin perjuicio de las medidas que el tribunal estime procedentes en derecho, con costas.

Acompañó a su presentación: 1. Copia del Decreto Alcaldicio Nº 16736 de 16 de diciembre de 2024, emitido por la I. Municipalidad de Ovalle. 2. Foto de sobre de carta certificada notificada con fecha 03 de enero de 2025. 3. Parte denuncia emitido por la Fiscalía Local de Ovalle, de fecha 13 de marzo de 2023. 4. Sentencia de Recurso de Protección Rol Nº 168-2022 de la Corte de Apelaciones de la Serena, de fecha 05 de abril de 2022. 5. Sentencia de Recurso de Protección Rol N°247-2023 de la Corte de Apelaciones de la Serena, de fecha 11 de abril de 2023. 6. Copia de correo electrónico solicitando solicitar el protocolo de Violencia, Acoso Sexual y Laboral (VALS) y su respectivo formulario a la Sra. nombre reservado, jefa DAM, de fecha 28 de otubre de 2024. 7. Pronunciamiento de Contraloría, Folio E377850 de 07.08.2023. 8. Copia de correo electrónico consultado por reemplazos como docente de fecha 04 de octubre de 2024 dirigidos al Sr. nombre reservado, psicólogo organizacional del DEM, y su respuesta de fecha 07 de octubre de 2024. 9. Copia de correo electrónico consultado por pago de cargas familiares a RRHH, de fecha 05 de abril de 2024. 10. Copia de correo de notificación de desafiliación de Convenio Oncológico, de fecha 04 de agosto de 2023. 11. Copia de correo de Gestión y Control de Remuneraciones de RR.HH., consultándome por no paga de liquidaciones de 16 de junio de 2023. 12. Copia de Ord. Nº: 175/2024, sobre respuesta a consultas de la Sra. nombre reservado. 13. Resolución de fecha 28 de febrero de 2023, da lugar a orden de no innovar en recurso de protección Rol Nº 247-2023. 14. Copia de correo electrónico enviado a recursos humanos consultando por el no pago de remuneraciones de fecha 01 de junio de 2023, sin respuesta. 15. Copia de certificado de asignaciones familiares, de la caja de compensación la Araucana, donde consta cese del pago mis cargas familiares a contar del 01 de mayo de 2023, emitido con fecha 07 de junio de 2023. 16. Copia de correo al Sr. nombre reservado, abogado del departamento jurídico de la I. Municipalidad de Ovalle consultando por el no pago de las cargas familiares de fecha 09 de agosto de 2024. 17. Carta de recomendación de la Universidad de La Serena de 06 de enero de 2024. 18. Licencia médica desde 04-12-2024 hasta 02-01-2025 19. Certificado de salud de fecha 11 de diciembre de 2024.

SEGUNDO: Que a folio 10, compareció la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, controvierte los hechos señalados en el libelo, señalando que no es efectivo que su parte haya cometido las supuestas ilegalidades y arbitrariedades que menciona la actora.

Enseguida, alega la excepción de litispendencia, haciendo presente que la recurrente interpuso un reclamo funcionario N° E6443/2025 ante la Contraloría General de la República, en contra de la Municipalidad de Ovalle, por los mismos hechos que expone en su libelo, concurriendo así la triple identidad legal de partes, cosa pedida y causa de pedir entre los procesos.

Luego, en cuanto al fondo del recurso, señala que no es efectivo que su parte haya cometido las supuestas ilegalidades y arbitrariedades que menciona la actora.

No obstante, hace presente que en el recurso se relatan una serie de supuestos hechos, respecto a los cuales la recurrente no acompaña ninguna prueba, pero que además, corresponden a los mismos que expuso en el recurso de protección Rol N°168-2022 y Rol N°247-2023 de esta Corte de Apelaciones, así como en el reclamo funcionario N° E6443/2025 de la Contraloría General de la República, alegando que por lo mismo, el recurso sería extemporáneo con relación a aquellos, debido a que, además, estima que tampoco se indica con claridad desde cuando existe la acción u omisión que motiva la acción.

Luego señala que, efectivamente, la recurrente fue nombrada a contrata en calidad de Profesora de Estado en Castellano y Filosofía (Apoyo CRA) en nivel de enseñanza básica, con un total de 14 horas cronológicas semanales, del 01 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025 en la Escuela Oscar Araya Molina.

Enseguida, con relación a los motivos para no renovar su contrata, señala que se hizo necesario ajustar la dotación de personal existente en la escuela donde se desempeñaba la recurrente, teniendo presente las necesidades del establecimiento en cuanto a recurso humano al servicio de la educación y procesos educativos, así como su carga presupuestaria. En tal sentido, señala que el 06 de noviembre de 2024 el Director de la Escuela Óscar Araya Molina envió al Jefe del Departamento de Educación el Ordinario N° 207/2024, en virtud del cual informa los motivos de la no continuidad de la recurrente, siendo tales el cese de contrato por término del período por el cual se efectuó el contrato, además de ajustar la planta a las realidades presupuestarias para el año 2025 y las necesidades de la escuela en cuanto a recurso humano al servicio de la educación y procesos educativos así como su carga presupuestaria.

Refiere, que tales antecedentes son suficientes para sustentar el razonamiento de una no renovación y permiten fundamentar la decisión, a lo que se suma la naturaleza del nombramiento a contrata, es decir, de carácter esencialmente transitorio; poniéndose término al mismo en virtud de la causal del artículo 72 letra d) de la Ley N° 19.070 del Estatuto Docente, esto es, por término del período por el cual se efectuó el contrato, cumpliendo con ello el deber de motivación del acto administrativo que establecen los artículo 11 y 41 de la Ley N°19.880.

Añade, que teniendo en consideración la realidad de matrícula de la escuela y la tendencia de la misma en establecimientos escolares municipales de la comuna de Ovalle, dado que ha bajado la cantidad de niños que atienden, pasando de una matrícula en el año 2024 de 304 estudiantes a una matrícula efectiva a la emisión del informe de 284 estudiantes para el año 2025, baja de matrícula que -afirma- determina una baja en la dotación del recurso humano docente y administrativo, lo que impide mantener la cantidad de personal de años anteriores.

Luego, controvierte específicamente algunas de las afirmaciones efectuadas por la recurrente en su libelo, haciendo presente que no es efectivo la afirmación de que jamás haya recibido una carta de amonestación, pues refiere que la actora cuenta con reclamos de parte de funcionarios de la escuela en cuanto a diversas situaciones de que da cuenta en su informe. Por otra parte, señala que tampoco es efectivo que la Municipalidad haya cometido desacato con relación al recurso de protección Rol N° 247-2023.

Por lo señalado, afirma que el término de la contrata de la recurrente se realizó conforme a derecho. Asimismo, hace presente que la recurrente no estaría amparada por el principio de confianza legitima, ya que es una persona que se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales.

Finalmente, sostiene que la acción de protección no es la vía jurídicamente idónea para resolver la pretensión del recurrente, ya que se trata de una contienda que excede el ámbito que le es propio, debiendo ser resuelta a través de un juicio de lato conocimiento.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Sentencias anteriores. Que, de los antecedentes agregados, constan sendas sentencias de esta Corte en recursos de protección Rol 168-2022 y 247-2023 entre las mismas partes, la primera de cinco de abril del año dos mil veintidós, por la cual, se acogió con costas el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE OVALLE, y se dejó sin efecto, la resolución de término de su contrata, debiendo entenderse renovada ésta a contar del 1 de marzo de 2022 hasta el 28 de febrero de 2023, fundado en síntesis, en la extensión de tiempo de las contratas de las que fue sujeto, a contar del año 2005, lo que implicó que la recurrente tuvo la legítima expectativa de ser nuevamente contratada, concluyéndose, en consecuencia, que la resolución que dispuso el término de su contrata carecía de razonabilidad, vulnerando además su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en cuanto constituye una discriminación en su perjuicio en relación con otros funcionarios que, en situación jurídica equivalente, no han sido objeto de esta medida.

En cuanto al segundo recurso, Rol 247-2023, de once de abril de 2023, en su considerando quinto se remite a la sentencia anterior, y tal como ocurre respecto del presente arbitrio, se discurre sobre aquella parte de los hechos referidos a situaciones pretéritas que la actora califica de hostigamiento y exclusión por parte de la recurrida, y que terminan con la notificación de no renovación de contrata de la recurrente que se le notifica, tanto en el año 2021 como en el 2022, y ahora en 2024, los que, huelga repetir, ya fueron objeto de revisión por esta Corte, y que en este caso tampoco, se vinculan directamente con el petitorio del recurso, que se restringe en términos generales a la reincorporación de la actora al cargo que detentaba, y el reconocimiento a percibir las remuneraciones por el tiempo que ha estado separada de sus funciones.

SEXTO: Extemporaneidad. Que, sin perjuicio de lo anterior, y respecto de la extemporaneidad alegada por la recurrida, ésta solo apunta a lo que refiere a los pretéritos hechos ya mencionados en la consideración precedente, tal como se indicó en la causa 247-23, lo cierto es que la fecha de presentación del presente recurso, no permite incluirlos en el análisis puesto que se encuentran fuera del rango temporal que exige el auto acordado para recurrir a esta vía. Compartiéndose también en esta oportunidad el razonamiento, en cuanto que, tratándose de supuestos fácticos que no revisten el carácter de indubitados, toda vez que no han sido expresamente reconocidos por la recurrida, estos requieren de un análisis probatorio que excede del ámbito del presente arbitrio constitucional, no resulta procedente que esta Corte entre a conocer de los mismos, por la vía de esta acción cautelar de urgencia, por no constituir el mecanismo idóneo para tales fines, por tanto, respecto de dichos hechos se acoge la alegación de extemporaneidad, no así respecto del acto recurrido que, en esta oportunidad se hace consistir en la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 16736 de 16 de diciembre de 2024, notificado a la recurrente el 03 de enero de 2025, mediante el cual se decidió la no renovación de la contrata de la actora, pues respecto de este acto el recurso se enderezó en tiempo y forma.

SEPTIMO: Litispendencia. Que, en lo tocante a la excepción de litispendencia, opuesta por la recurrida, puesto que indica que la actora interpuso un reclamo en Contraloría en base a los mismos hechos, cabe señalar que para su procedencia, es requisito indispensable, que concurra la triple identidad de partes, objeto y causa pedir, lo que no ocurre en la especie, ya que la naturaleza cautelar de la presente acción constitucional, tiene por función proteger los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República, en cambio el reclamo ante la Contraloría tiene por fin que se supervise la legalidad de los actos de la Administración Pública, y en su caso, emitir un dictamen que puede ordenar la corrección de un acto ilegal o improcedente. Abona a lo razonado lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 6 de la ley 10336 de Contraloría General de la Republica a través del cual se establece que no corresponde informar ni intervenir a dicho organismo respecto de un asunto que se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales de justicia por lo que debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido. Así las cosas, resulta forzoso rechazar la excepción de litispendencia opuesta a la recurrida.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo del presente arbitrio, el acto recurrido se hace consistir en la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 16736 de 16 de diciembre de 2024, notificado a la actora el 03 de enero de 2025, mediante el cual se decidió la no renovación de su contrata fundado en síntesis, en las necesidades de la Escuela en cuanto a recurso humano al servicio de la educación y procesos educativos así como su carga presupuestaria, que hizo necesario ajustar la dotación de personal existente, los cuales son considerados como hechos y fundamentos de la decisión de no continuidad en la planta funcionaria para el año 2025, ajustándose para ello al artículo 72 del DFL 1 de 1997 del Mineduc letra d) “cese de contrato por término del periodo por el cual se efectuó el contrato; así como lo establecido en el inciso tercero letra a) del artículo 7 bis del mismo cuerpo legal en relación a la “facultad del Director ADP (Alta Dirección Pública) para poner a disposición del sostenedor personal docente o administrativo”, además de ajustar la planta a las realidades presupuestarias para el año 2025.

Queda claro para estos sentenciadores, que estamos, una vez más, ante un acto emanado de la recurrida cuyo fundamento no cumple con las condiciones de razonabilidad suficiente por lo que resulta arbitraria, al igual que los actos impugnados en los recursos anteriores, reseñados previamente, por los cuales no se renovó la contrata a la actora, afectándose una vez más sus derechos.

NOVENO: Que, en cuanto a la discrecional facultad de la Administración para no renovar o poner término anticipado a las contratas transitorias, mediante resoluciones debidamente fundadas en la ley, se hace necesario distinguir, como lo establece la EXCMA. Corte Suprema, en sentencia dictada en causa rol N 5.883-2023, aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima, el que busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen derechos.

Se ha resuelto en estas materias, que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años, transgrede el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura cuando concurre, como ya se dijo, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas, como ocurre en la especie y queda, además, de manifiesto en los fallos de los recursos acogidos por esta Corte previamente respecto de la actora.

Conforme lo razonado, la determinación del elemento temporal que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, como en este caso, aquella solo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

En la misma línea, el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible para no renovar la contrata, que por razones presupuestarias debe ajustar el recurso humano o por término del periodo por el que fue contratada, conforme a lo estipulado en la resolución última que no renovó su designación respecto de una persona que se ha desempeñado por larga data sirviendo el cargo, pues aquello, sin duda vulnera el principio de confianza legítima.

DECIMO: Que, como ya se ha dicho, la Excma. Corte Suprema, a efectos de establecer un criterio unificador, ha considerado que el plazo de cinco años, es un período prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determino el inicio del vínculo con la Administración.

DÉCIMO PRIMERO: Que, se concluye de lo expuesto previamente, que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo de desempeño por un tiempo superior a cinco años, como ocurre con la recurrente, le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración requiere la dictación de un acto especial al efecto, al ser superior a cinco años su vinculación con la Administración y encontrarse amparada por el principio de confianza legítima.

Asimismo, respecto de la duración del tiempo de las contratas, se ha señalado que un servidor puede ser objeto de múltiples y sucesivas designaciones a contrata por tiempos menores a un año calendario (por ejemplo, solo por algunos meses), tiempos que son útiles para efectos de entender una continuidad en el vínculo que genera la expectativa de seguir siendo designado para la referida contrata, cuando los diferentes periodos continuos, desempeñados abarque más de dos años (dictámenes Nos 53.844 y 78.454, de 2016).

Más aun en el caso de autos, en que las sucesivas designaciones lo fueron desde el año 2005.

Así las cosas, en este escenario legal y fáctico, se concluye que el hecho que la actora haya sido nombrada en el cargo a contrata por más de cinco anualidades, lo que generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la recurrida, sólo permite a esta última terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, aspectos estos últimos que no concurren en la especie, contraviniendo lo establecido en los artículos 11 y 41 de la ley 19.880 referida a la motivación de los actos administrativos, que señala que en las decisiones que adopte la Administración deberá siempre expresar los hechos y fundamentos de derecho, cuándo estos actos afectaren los derechos de particulares, situación que no ocurre en el caso de autos, por tanto la decisión adoptada resulta ser ilegal, y en ese contexto, no supera el test de razonabilidad, pues no supera la mera formalidad, sin que dé cuenta de un contenido sustancial distinto de la mera discrecionalidad de la autoridad administrativa lo que deviene en una arbitrariedad, que además constituye discriminación de la recurrente en relación a otros funcionarios, que en situación jurídica equivalente no han sido objeto de esta medida, tal como ya se indicó en el citado recurso Rol 247-23, razones todas por las que se acogerá el presente arbitrio en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política del Estado; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, con costas el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Ovalle, y en consecuencia se deja sin efecto, la resolución de término de su contrata, Decreto Alcaldicio Nº 16736 de 16 de diciembre de 2024, debiendo entenderse renovada ésta a contar del 1 de marzo de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026, ordenando a la Municipalidad requerida que pague las remuneraciones y cualquier otro emolumento a que la actora tenga derecho en función del cargo del cual fue desvinculada, durante todo el periodo en que ha permanecido alejada del mismo.

Redacción de la Ministra Gloria Negroni Vera.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 180-2025 (Protección).-