nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

nombre reservado, nombre reservado

Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones Recurso de Protección Rol N° 1797-2020.- La Serena, catorce de septiembre de dos mil veintiuno.

Visto y Considerando:

Primero: Que se ha deducido recurso de protección por el abogado Francisco Rivera Rivera, en representación de doña nombre reservado, con domicilio en la ciudad de La Serena, en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

Indica el recurrente que su representada, de 53 años de edad, auxiliar de aseo, afiliada a AFP PROVIDA, fue diagnosticada por la Comisión Médica de La Serena, IV Región, mediante Dictamen N° 005.2503/2020, con un menoscabo de capacidad de trabajo de 53%, por lo que se le determinó una invalidez definitiva parcial, que lo anterior motivó una reclamación de las Compañías de Seguros comprometidas, ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, la cual mediante Resolución N° CMC 9228/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, dictaminó que no procedía otorgar invalidez a su representada por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzarían a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo superior al 50%, y determina dicha discapacidad en un 25%, todo ello, sostiene el recurrente, en forma arbitraria, ya que no se basó en examen alguno, adicional sino solo en los que envió la Comisión Regional. Agrega que lo relatado corresponde a una reevaluación, ya que, en el año 2017, su representada había sido diagnosticada con invalidez parcial transitoria, la que también fue reclamada por la Compañía de Seguros, pero en aquella oportunidad fue confirmada por la Comisión Médica Central. Cuestiona el dictamen, pues cuando la Comisión Médica Regional califica la invalidez como definitiva, se diga que aquella no existe, ya que la invalidez, debiera ser aún mayor con el paso de los años, lo que sería así, pues su representada está imposibilitada de trabajar desde el mes de febrero de 2018, y desde el inicio del trámite de pensión la situación de invalidez ha empeorado.

Señala que la Resolución N° CMC 9228/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones constituye un acto ilegal y arbitrario de dicho servicio, pues sin ningún nuevo fundamento desconoce el dictamen regional. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema y normativa vigente aplicable al caso, sobre la exigencia de motivación del acto administrativo Sostiene que han sido vulneradas, con el actuar de la recurrida que califica de ilegal y arbitrario las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2 ; 19 Nº 24 y 19 Nº 1 , estas son igualdad ante la ley ; el derecho de propiedad y el derecho a la integridad física y psíquica respectivamente.

Solicita finalmente acoger el recurso, declarando que la recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria a través de la Resolución N° CMC 9228/2020, de fecha 31 de Agosto de 2020, por la cual revocó el Dictamen N° 005.2503/2020, de la Comisión Médica de La Serena, Región de Coquimbo y ordenar a la recurrida ajustar la resolución a la ley, en el sentido de expresar que a la recurrente le corresponde acogerse a pensión de invalidez definitiva parcial, de manera de procurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas, tomando las medidas conducentes para que dichas garantías se resguarden, con costas. Adjunta documentos para apoyar sus dichos.

Segundo: Que con fecha 21 de julio informa la recurrida Superintendencia de Pensiones y antes de ir al fondo del recurso, alega en primer lugar falta de legitimación pasiva de la Superintendencia de Pensiones pues señala que en el recurso se reclama contra la Resolución CMC N° 9228/2020 del 31 de agosto de 2020, dictada por la Comisión Médica Central y no por la Superintendencia. Explica que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central fueron creadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del DL N° 3.500 de 1980, para efectos de lo dispuesto por el artículo 4° del mismo cuerpo legal, es decir para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual. Agrega que tales Comisiones Médicas no dependen de la Superintendencia de Pensiones ni forman parte de su estructura orgánica. Más aún, por expresa disposición del artículo 18 del reglamento del DL N° 3.500 (contenido en el DS N° 57 de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) estas Comisiones gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a consideración de ellas. Explica, resumidamente que la recurrida no tiene la representación judicial ni extrajudicial de las Comisiones Médicas Regionales, ni de la Comisión Médica Central, cuya representación correspondería al Consejo de Defensa del Estado órgano que detenta la defensa judicial del Fisco.

En segundo lugar alega la inadmisibilidad de la acción deducida en autos por cuanto la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, ya que, por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como son las Resoluciones de la Comisión Médica Central, por lo que no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento. Cita latamente Jurisprudencia para apoyar sus dichos sobre ambas alegaciones.

Luego de lo anterior entra al fondo del asunto indicando que el 16 de febrero de 2017, la señora nombre reservado solicitó pensión de invalidez, cuya calificación de impedimentos correspondió a la Comisión Médica Regional de La Serena. En la oportunidad, invocó como patología invalidante Meniscal rodilla derecha, entesitis crónica. Para mejor evaluar y atendiendo la naturaleza de la afección invocada, la Comisión Médica Regional solicitó un peritaje por interconsultor traumatólogo, además exámenes radiológicos de los segmentos comprometidos, exámenes de laboratorio, ecografía vascular periférica, articular o de partes blandas, resonancia magnética de rodilla y electrocardiograma de reposo. Relata en su informe, que el traumatólogo interconsultor describió que la afiliada presentaba una osteoartrosis avanzada de rodilla derecha, espolón del calcáneo y fascitis plantar avanzados de pie derecho. Ambos impedimentos afectan la extremidad inferior derecha, evaluadas en conjunto; larga evolución, tratamiento extenso e intenso. Afección del talón es extraordinariamente intensa, no se ha planteado la cirugía: por el tiempo transcurrido es dudosa la indicación en estos momentos. Terapia terminada. Configuró el impedimento en Clase III, rango alto de las Normas de evaluación y calificación del grado de invalidez. A su turno, la Comisión Médica Regional de La Serena estudió los antecedentes médicos recabados, discutió el caso y, por unanimidad de sus integrantes, consideró que la paciente presentaba artrosis severa de rodilla e importantísimo proceso inflamatorio crónico de la fascia plantar secundario a espolón calcáneo, ya sin opción quirúrgica por el tiempo de evolución. Ambos impedimentos se configuran, pero dado que comprometen la misma extremidad, se asigna menoscabo como un todo, configurándose en Clase III, rango alto, con un 49% de menoscabo laboral; además, configuró hipertensión arterial, sin daño en órgano noble, en Clase I, rango medio, con un 7% de menoscabo, pero que no incide en el menoscabo global. Sin embargo, la Comisión Médica Regional adicionó seis puntos porcentuales por factores complementarios, por edad y educación. Con todo, alcanzó un menoscabo total de 57%.

En esas condiciones, mediante Dictamen de Invalidez N° 005.661/2017, de 27 de abril de 2017, la Comisión Meédica Regional acordó declarar la invalidez transitoria parcial de la afiliada señora nombre reservado. Que ante tal decisión, las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, interpusieron reclamo en contra del dictamen de invalidez indicado, que la afiliada igualmente reclamó de dicho dictamen. Finalmente por resolución CMC N° 5340/2017 de 31 de mayo de 2017, la Comisión Médica Central acordó someter los reclamos a tramitación y confirmar el Dictamen N° 005.661/2017, de la Comisión Médica La Serena, del 27/04/2017, que declara que procede otorgar Invalidez Parcial Transitoria, representada por la pérdida de un 57% de la capacidad de trabajo. De ese modo, la afiliada entró en goce de pensión por invalidez transitoria parcial.

Señala que el 25 de febrero de 2020, transcurridos tres años desde la fecha de emisión del primer dictamen que declaró el derecho a pensión de invalidez transitoria, la recurrente suscribió la solicitud de reevaluación del grado de su invalidez, procedimiento que correspondió a la Comisión Médica Regional de La Serena, que allí fue entrevista por el Médico Asesor del Afiliado, nombre reservado y luego por el Médico Integrante Asignado, nombre reservado. Para mejor evaluar, la Comisión Médica Regional solicitó peritaje por interconsultor traumatólogo, fisiatra, oftalmólogo, peritaje socio laboral y radiografías de rodillas. Que tras los informes y exámenes indicados, los que no se reproducen en este fallo atendida su extensión, la Comisión Médica Regional consideró mediante Dictamen de Reevaluación del Grado de Invalidez N° 005.2503/2020, de 23 de julio de 2020, acordó declara la invalidez definitiva parcial a la afiliada, representada por la pérdida de un 53% de su capacidad de trabajo. De ese modo ratificó el derecho a pensión de invalidez parcial.

Que posterior a ello, el 11 de agosto de 2020, las compañías de seguros de vida adjudicatarias del seguro de invalidez y sobrevivencia, reclamaron contra el Dictamen de Reevaluación de Invalidez, argumentando que evaluada por traumatólogo y fisiatra interconsultores, señalan casi normalidad de estado de rodilla, traumatólogo no configura y fisiatra señala que la afiliada no está en tratamiento y puede ser optimizado. Desaparición de cuadro o referencia de fascitis plantar que presentaba en el año 2017. En mucho mejor estado que en la presentación de 2017, con porcentaje actual sobrevalorado. Agrega que, el 20 de agosto de 2020, la afiliada también reclamó contra el segundo Dictamen, argumentando que se encuentra peor que hace tres años y medio, además, sostiene que no es efectivo que no se encuentre en tratamiento, debido a que en los últimos controles que le realizó el traumatólogo que la trata en el Hospital de Coquimbo, la envió a inscribirse en el listado para ser intervenida quirúrgicamente de la rodilla derecha, lo que realizó, pero aún no la llaman para entrar en proceso de evaluación y preparación para cirugía. Respecto de fascitis plantar, expresa que usa plantillas indicadas el fisiatra que la trata, las usa permanentemente, además de usar zapatos más anchos, la inflamación y dolor es constante.

Finalmente, indica que la Comisión Médica Central, reunida en sesión estudió los antecedentes contenidos en el expediente respectivo, al tenor de los reclamos interpuestos y, al igual que la calificación de invalidez de 2017, efectuó un relato de la descripción de signos y síntomas que los interconsultores especialistas en traumatología y fisiatría efectuaron en sus informes, luego de examinar a la afiliada, “El Médico Integrante Asignado de la Comisión Médica Central comenta que ambos especialistas, traumatólogo y fisiatra, describen un compromiso clínico discreto, a lo más presencia de un leve aumento de volumen y funcionalidad dolorosa, pero conservada en la rodilla derecha. Lo consignado, determina menoscabo en Clase II, rango medio”. Que discutido el caso por la Comisión Médica Central, ésta concluyó, por la unanimidad de sus miembros, que efectivamente el cuadro articular ha cambiado en relación con la calificación del año 2017 y, a la data presente provoca un menoscabo laboral de un 25%. Por lo tanto, mediante Resolución CMC N° 9228/2020, de 31 de agosto de 2020, acordó someter los reclamos a tramitación; revocar el dictamen en cuestión; y resolver que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades invocadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento. De ese modo, dejó sin efecto el derecho a pensión de invalidez parcial que percibía la señora nombre reservado.

Luego expone latamente en cuanto al derecho aplicable al asunto, indicando, en síntesis, que conforme lo dispuesto por el artículo 4° del D.L. N° 3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales. Finalmente alega que no ha existido arbitrariedad ni ilegalidad en el actuar de la recurrida, solicitando el rechazo del presente recurso. Acompaña los expedientes de calificación y reevaluación del grado de invalidez y calificación de invalidez de la recurrente.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, previo a revisar la procedencia de la acción de protección interpuesta, esta Corte se hará cargo de la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por la Superintendencia de Pensiones, en cuanto sostiene que la acción debió dirigirse en contra de la Comisión Médica Central, por ser este organismo el que dictó la resolución impugnada Nº CMC 9228/2020 de 31 de agosto 2020, tildada de ilegal y arbitraria por la recurrente.

Lo anterior lo funda en la circunstancia que la referida comisión médica no depende de la Superintendencia de pensiones ni forma parte de su estructura orgánica sino que goza de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración.

Que revisados los antecedentes que se han adjuntado a estos autos y que consisten en las resoluciones dictadas tanto por la Comisión Médica Regional La Serena y la Comisión Médica Central, ya del año 2017 ya del 2020 citadas en estos autos, se constata que todas ellas se emiten bajo el título “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica regional La Serena” o bien “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Central” y que además tienen estampados un timbre que se lee nuevamente Superintendencia de Pensiones en sus bordes y en el centro Comisión Médica IV Región La Serena o Comisión Médica Central, según sea el caso.

Es así que tratándose de la resolución por la que se ha recurrido en estos autos, esto es la Nº CMC 9228/2020 de 31 de agosto se identifica al ente que la emite como “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Central” y tiene estampado un timbre en que se lee: “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Cuarta Región La Serena Chile”, lo anterior explica que la recurrente haya dirigido su acción en contra de la Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones.

Cabe además señalar que dada, la entidad de los bienes jurídicos cuya cautela constituye el objetivo de la acción constitucional de protección, las Cortes de Apelaciones se encuentran autorizadas para determinar la persona o personas, funcionarios o autoridad que en su concepto son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger. Así, por lo demás, lo dispone expresamente el numeral 3º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

En consecuencia, en base a los antecedentes expuestos, no existe impedimento para conocer el fondo de esta asunto, y adoptar eventuales medidas, al estar plenamente identificada la entidad recurrida, siendo la discusión sobre la legitimación pasiva que opone la Superintendencia de Pensiones, más aparente que real, al no existir duda en cuanto a que la recurrida es la Comisión Médica Central y cuyas resoluciones se dictan bajo el título de la Superintendencia de Pensiones y se estampan con un timbre cuyo texto dice Superintendencia de Pensiones, según se expuso.

Sexto: Que, en cuanto a la procedencia de la acción que nos ocupa y como ha sido dicho precedentemente, la entidad de los bienes jurídicos protegidos por medio de esta acción constitucional y atendiendo a la naturaleza de lo que se reclama, esto es, una resolución de un órgano de la Administración del Estado que carecería de fundamentación, esta Corte se avocará a ella.

Que en consecuencia, de los antecedentes que obran en estos autos se desprenden los siguientes hechos:

1. Que la recurrente fue diagnosticada por la Comisión Médica de La Serena IV Región de la Superintendencia de Pensiones, mediante Dictamen N° 005.2503/2020 de 23 de julio de 2020, con un menoscabo de capacidad de trabajo de 53 %, por lo que se le determinó una invalidez definitiva parcial.

2. Que lo anterior motivó una reclamación de las Compañías de Seguros comprometidas, ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

3. Que mediante Resolución N° CMC 9228/2020, de fecha 31 de agosto de 2020, la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones dictaminó que no procedía otorgar invalidez a la recurrente por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzarían a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo superior al 50%. Determina dicha discapacidad en un 25%.

4. Que lo anterior es una reevaluación del grado de invalidez de la recurrente, puesto que en el año 2017 fue diagnosticada con invalidez parcial transitoria, la que también fue reclamada por la Compañías de Seguros involucradas, pero en aquella oportunidad fue confirmada por la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

Séptimo: Que, el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 establece el procedimiento al que se deben someter las solicitudes de calificación de invalidez, contemplando una primera etapa en que ésta es efectuada por la respectiva Comisión Médica Regional, cuyas decisiones o dictámenes son reclamables por el solicitante, por el Instituto de Previsión Social o por las compañías de seguro, según el caso, mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, conforme las reglas establecidas entre las letras a) y d) del mismo artículo.

En estas circunstancias, los proceso administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones que contiene la norma recién aludida, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad, que permitan al afectado la comprensión de decisiones tan divergentes como ocurre en el caso de autos.

En efecto, la Comisión Médica Regional de La Serena, en base a las enfermedades invalidantes que padece la recurrente, constató un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 53% formalizado mediante Dictamen Nº 005.2503/2020 de 23 de julio de 2020; por su parte la Comisión Médica Central decide revocar dicho dictamen de reevaluación del grado de invalidez de la recurrente y observa una invalidez global del 25%, en dicha resolución -objeto de este recurso- no hay fundamentación alguna para tan divergente decisión.

Octavo: Que es importante reiterar lo dicho por esta Corte sobre esta misma materia, en cuanto a que todo proceso administrativo de calificación, evaluación y/o reevaluación del grado de invalidez de una persona, la autoridad llamada a resolver no solo debe ajustarse a la legalidad, sino que también debe dotar sus decisiones o resoluciones de la necesaria racionalidad, exigible en general al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el actuar de la Comisión Médica Central en este caso, lo que se evidencia en que dicho ente fundó su decisión únicamente en la revisión documental, sin fundamentar racionalmente el grado de invalidez al cual arribó, conforme se explicó en el párrafo precedente, con el agravante que no adoptó medidas tendientes a la realización de una reevaluación presencial que permita lograr certeza sobre el real estado actual de la salud de la recurrente, teniendo especialmente en consideración la naturaleza de las patologías que fueron la base de la declaración original, como en cambio si lo realizó la Comisión Médica Regional.

Noveno: Que, de esta manera, el comportamiento de la Comisión Médica Central deviene en arbitrario, por falta de la racionalidad exigible, en cuanto su determinación carece de la debida fundamentación, atendida la ausencia de un examen físico a la luz del cual pudiera ponderarse adecuadamente de los antecedentes médicos aportados. Ello, además, importa una discriminación en perjuicio de la recurrente, en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de reevaluación racionales y justos.

Décimo: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la Comisión Médica Central en un actuación arbitraria que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, la presente acción cautelar debe ser acogida, ordenándose a la recurrida Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones que disponga una reevaluación de la actual condición de salud de la recurrente, por profesionales diversos de aquellos que ya han intervenido en el proceso y que, luego de una evaluación médica presencial y, a la luz de los informes aportados por la recurrente, emita un diagnóstico actualizado y completo.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, SE DECLARA que se acoge el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en cuanto se deja sin efecto la Resolución NºCMC 9228/2020 de 31 de agosto de 2020, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones y, en su lugar, se dispone que la referida autoridad deberá disponer, para resolver el reclamo deducido por las Compañías aseguradoras en contra del Dictamen Nº 005.2503/2020 de 23 de julio de 2020 de la Comisión Médica de la Región de Coquimbo, la realización de una completa reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, con exámenes médicos actualizados, por una comisión de médicos diversa de aquella que ya ha intervenido en el proceso, y resolver enseguida el referido reclamo ajustándose a las conclusiones a que esta arribe.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Abogada integrante Elvira Badilla Poblete.

Rol Nº 1797-2020.-