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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 1792-202423 ene 2025

nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTRA

Fecha
23 de enero de 2025
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Sala
Segunda Sala
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1792-2024, sentencia de 23 de enero de 2025

Resumen

Se acoge el recurso de protección y se ordena a la COMPIN de Coquimbo y a la Superintendencia de Seguridad Social realizar los exámenes médicos para determinar la incapacidad laboral que originó las licencias rechazadas; si no cumplen en treinta días, deberán autorizar su pago.

Texto íntegro

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social y otra Recurso de protección Rol N°1792-2024.- La Serena, veintitrés de enero dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Raúl Rivera Alfaro, abogado, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo y de la Superintendencia de Seguridad Social, señalando como acto ilegal y arbitrario el rechazo de las licencia médicas N°RUT reservado, 73144909-0,74122540-9, 75034672-3, 76114249-6, 76094242-1, RUT reservado, 80902035-5, 81719604-7, 827369373, extendidas por un total de 246 días, a contar del 12 de junio de 2022, lo que perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la recurrente se encuentra en tratamiento médico por trastorno de adaptación y episodio depresivo, lo anterior debido a que fue madre el 10 de enero del 2021 y su hija nació con varias complicaciones médicas que la han afectado profundamente, razón por la que se le han prescrito múltiples licencias médicas, entre ellas, las N°RUT reservado, 73144909-0, 74122540-9, 75034672-3, 76114249-6, 76094242-1, RUT reservado, 80902035-5, 81719604-7, 827369373, extendidas por un total de 246 días, a contar del 12 de junio de 2022, para reposo por una misma patología, las que fueron rechazadas por “la recurrida”.

Refiere que el 27 de septiembre de 2024, presentó recurso de reposición administrativo ante la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando reconsideración del rechazo de las licencias médicas, el que fue confirmado mediante Resolución Exenta N°R-01-IBS-135336-2024 (sic), de 23 de octubre de 2024, acto en el que se concluyó que los antecedentes médicos no permitían establecer la existencia de incapacidad laboral que justifique una extensión de reposo más allá de los 24 días previamente autorizados por la misma patología, basando su decisión en que según los antecedentes administrativos y médicos, no se encontraría justificada la disfuncionalidad o ajuste progresivo del tratamiento farmacológico como para justificar una extensión de la licencia.

Culmina solicitando se ordene a las recurridas acoger el reclamo y dictaminar, en su lugar, que autoriza el pago de las licencias médicas rechazadas N°RUT reservado, 73144909-0,74122540-9, 75034672-3, 76114249-6, 76094242-1, RUT reservado, 80902035-5, 81719604-7, 827369373, así como cualquier otra medida que se estime necesaria para restablecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso Resoluciones Exentas N°R-01-IBS-135336-2024 y N°R-01-IBS-165833-2024.

SEGUNDO: Que, a folio 12 evacuó informe la Superintendencia de Seguridad Social.

En primer lugar, alegó la improcedencia de la acción de protección, por cuanto el asunto por el que se recurre dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no se encuentra amparado por el recurso de protección.

En subsidio, informa en cuanto al fondo, solicitando el rechazo de la acción intentada, con costas. Refiere que mediante presentación de 27 de septiembre de 2024, la actora solicitó se reconsidere el dictamen N°R-01-IBS-135336-2024, por el cual se confirmó lo resuelto por la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez Región de Coquimbo, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, 73144909-0, 74122540-9, 75034672-3, 76114249-6, 76094242-1, RUT reservado, 80902035-5, 81719604-7, 82736937-3, extendidas por un total de 246 días, a contar del 12 de junio de 2022, por reposo no justificado.

Manifiesta que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas no se encontraba justificado, la que se basó en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 24 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Añade que los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N°R-01-IBS-165833-2024, de 23 de octubre de 2024, que por esta vía se reprocha.

Luego, expone el marco regulatorio del derecho a licencia médica, enfatizando su carácter esencialmente temporal, añadiendo que se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, agregando que la pretensión de la actora desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección.

Esgrime que profesionales de su dependencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que por sí solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes de tal tipo.

Niega, finalmente, que la recurrente tenga un derecho indubitado a gozar de licencia médica, así como haber incurrido en alguna actuación ilegal o arbitraria que haya afectado sus derechos fundamentales.

Acompaña a su informe expediente administrativo de la recurrente.

TERCERO: Que a folio 15 comparece la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, emitiendo el informe requerido.

En primer término, alega la improcedencia de la acción de protección en idénticos términos a la otra recurrida.

Luego, en cuanto al fondo, solicita el rechazo del recurso intentado, mencionando que efectivamente las licencias médicas fueron rechazadas, por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo prolongado para la patología.

Refiere que la cartola médica de la recurrente consigna que “se mantiene rechazo para todas sus lm en apelación (10 aprox) presenta imc (informe médico complementario) de un sólo médico y presenta más de 6 médicos distintos emitiendo licencia médica. Imc adjuntado no justifica el periodo de lm (1año aprox) su reposo es continuo desde el término de su postnatal, sin ser evaluado por especialista ni psicoterapia que justifique el rol terapéutico de su reposo.”

Indica que la licencia médica N°76094242-1, periodo del 14 de septiembre de 2022 a 13 de octubre de 2022, no se registra en este detalle, por cuanto los días que indica ya se encuentran comprendidos en las licencias médicas N°76114249-6 y N°RUT reservado.

Argumenta que su actuar se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal, en tanto, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Acompaña a su informe: 1. Resolución rechazo de licencias médicas N°RUT reservado; 73144909-0; 74122540-9; 75034672-3; 76114249-6; 76094242-1; RUT reservado;80902035-5; 81719604-7; 827369373; 2. Cartola médica de la recurrente; y 3. Apelaciones y antecedentes presentados por la recurrente.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en lo que respecta la alegación de improcedencia del recurso de protección planteada por ambas recurridas, cabe señalar –como ya se ha fallado- que a lo que corresponde atender es a las prerrogativas constitucionales que se alegan como afectadas en el arbitrio objeto de este pronunciamiento, que en la especie son el derecho a la vida e integridad física; a la igualdad ante la ley y de propiedad, de las que tratan los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, expresamente contemplados bajo el ámbito de aplicabilidad y resguardo a que hace mención el artículo 20 del mismo cuerpo normativo, razón por la que se desestimará la defensa.

SÉPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra Exenta N°R-01-IBS-165833-2024, de 23 de octubre de 2024, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°RUT reservado, 73144909-0,74122540-9, 75034672-3, 76114249-6, 76094242-1, RUT reservado, 80902035-5, 81719604-7, 827369373, extendidas por un total de 246 días, a contar del 12 de junio de 2022, por reposo no justificado.

OCTAVO: Por otra parte, en cuanto al fundamento expuesto en la resolución, aquella señala que “esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 24 días de reposo ya autorizados por la misma patología”.

NOVENO: Que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, dispone en el artículo 1 que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda”.

DÉCIMO: Que, para los fines de solucionar la controversia planteada, es preciso traer a colación el artículo 16 del referido Decreto que, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”, como, asimismo, lo estatuido en el artículo 21, a saber, “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

UNDÉCIMO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo, en consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y legal.

DUODÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por las recurridas, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, carece del debido sustento, dejándola, además, en una situación compleja, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por las propias instituciones y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

DÉCIMO TERCERO: Que, este actuar de la recurrida, atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; y la segunda, porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta su patrimonio, desde que la trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.

DÉCIMO CUARTO: Que, asimismo, es un dato imposible de soslayar que, en diversos recursos de protección conocidos por esta Corte, aunque acogidos, se ha ordenado a las recurridas la práctica de nuevas pericias y, conforme a ellas, definir si procede o no el pago de las licencias respectivas. Sin embargo, a pesar de tratarse de una imposición dictada en sentencia judicial, no han dado estricto y oportuno cumplimiento a dicha instrucción, lo que mantiene la condición desfavorable de la trabajadora al no ser objeto de dichos nuevos exámenes y tampoco haber percibido el pago de las mismas.

Es por ello que, al resolver, esta Corte lo hará con sentido de realidad, en tanto se estima necesario decretar la realización de dichas pericias y, en caso de incumplir la orden judicial en el plazo fijado, deberán proceder al pago de las licencias objeto del recurso, pues las dificultades que puedan presentar los organismos para la gestión de aquellas –ya sea administrativas, de recursos o de disponibilidad de profesionales- es una insuficiencia que corresponde asumir al respectivo órgano público y jamás debe ser ello un asunto de cargo del paciente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I. Que, SE RECHAZA, la alegación de improcedencia de la acción de protección planteada por ambas recurridas.

II. Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo y de la Superintendencia de Seguridad Social, disponiéndose que las recurridas deberán realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas N°RUT reservado, 73144909-0,74122540-9, 75034672-3, 76114249-6, 76094242-1, RUT reservado, 80902035-5, 81719604-7, 827369373, extendidas por un total de 246 días, a contar del 12 de junio de 2022, para luego determinar la factibilidad de su autorización, a fin de que con dichos resultados, procedan o no al pago de aquellas, según corresponda, y determinen la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos, contados desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, determinándose, desde ya, que de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1792-2024 Protección.