nombre reservado con I.MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

nombre reservado, nombre reservado

I. Municipalidad de Monte Patria Recurso de protección Rol Nº1789-2025 La Serena, dieciocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Eugenio Rivas Galleguillos, abogado en favor de don nombre reservado, chileno, casado, ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, cedula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Región de Coquimbo, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA, representada por su Alcalde don Cristian Daniel Herrera Peña, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Coquimbo, por el acto que señala ser ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°14711 de 26 de septiembre de 2025, que remueve al recurrente de su cargo de Director de Seguridad Pública de la Municipalidad, lo cual señala vulnerar sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°1, 2, 3, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone, que el actor desempeñaba el cargo del cual fue removido desde el 10 de febrero de 2025, y que por medio del decreto recurrido se resuelve: “1.- PONGASE TERMINO al nombramiento de don nombre reservado, RUT: RUT reservado, Grado 9° Planta Directiva, en el cargo de Director de Seguridad Publica de la Municipalidad de Monte Patria, con efecto a contar del día 01 de Octubre de 2025, siendo su último día de funciones el 30 de Septiembre de 2025”. Señala que, la resolución recurrida en su primer considerando cita el texto del artículo 16 bis de la Ley N°18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y destaca que la norma señala que el Director de Seguridad Pública puede ser removido por el alcalde respectivo, pero sin perjuicio de las demás causales de cesación en el cargo, aplicables a todos los funcionarios municipales, y refiere que esto último no ha ocurrido respecto del recurrente. Prosigue refiriéndose a los siguientes considerandos del acto recurrido, indicando que aludieron al Dictamen N°026027N18 de la Contraloría General de La República, que según su contenido, el cargo de Director de Seguridad Publica es de exclusiva confianza del alcalde, y al decreto Alcaldicio N°1572 de 12 de Febrero de 2025 en virtud del cual el recurrente fue designado en el cargo, pero alega que no se divisa en el decreto que lo remueve de su cargo ningún fundamento factico que justifique en los hechos la decisión, como seria por ejemplo, un mal desempeño, desvió de funciones, abuso o desviación de poder, malos tratos hacia los funcionarios alternos, entre otros. Por lo que refiere que, el Decreto sólo se sustenta en la facultad del alcalde de remover al recurrente, sin expresar causa alguna que motive su desvinculación. Añade que el recurrente mantuvo una intachable conducta como funcionario.

Señala que los actos administrativos, como los decretos, son decisiones de la administración pública que pueden ser individuales o generales, y requieren el cumplimiento de requisitos para ser válidos y producir efectos, y añade que el acto recurrido carece de fundamentos de hecho que sustenten su decisión de poner término al nombramiento, simplemente invoca los fundamentos de orden legal y constitucional que legitimarían su decisión y por tanto, no cumple con la exigencia del artículo 41 de la Ley N°19.880.

En cuanto a la naturaleza del cargo de Director de Seguridad Pública se cuestiona si puede ser considerado como cargo de exclusiva confianza, lo cual señala debe tener su origen en la ley, y no puede ser establecida por Decreto Alcaldicio en ejercicio de su facultad discrecional, así invoca el fallo de la Excma. Corte Suprema Rol N°75.618-2021 de 9 de agosto de 2022 para avalar su tesis.

Prosigue señalando que la Ley N°20.965, no modificó el artículo 47 de la ley N°18.695, que señala cuales son los cargos que tienen la calidad de exclusiva confianza de la máxima jefatura edilicia, motivo por el cual, no es posible considerar dentro de dicha categoría el cargo de Director de la Dirección de Seguridad Ciudadana, aun cuando su designación sea sin previo concurso y efectuada directamente por el alcalde dado que, como se ha indicado en la causa rol N°144.282-2020, de la Excma. Corte Suprema, “el cargo de exclusiva confianza, no se crea por la decisión de la Autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico”. Adicionalmente señala que la Ley N°20.965 al indicar que el alcalde podrá removerlo, ello no implica darle condición de cargo de confianza, ya que acto seguido la misma norma indica que ello es sin perjuicio que rijan a su respecto, además, las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal, así invoca el fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Temuco en que acoge recurso deducido por el Director de Seguridad que presto servicios en la Municipalidad de Renaico.

Agrega que, la Ley N°18.575, en su artículo 51, dispone: “Se entenderán por funcionarios de exclusiva confianza aquellos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer su nombramiento”, y a su vez la Ley Orgánica de Municipalidades refrenda esta línea general en su artículo 47, que dispone: “Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario”. De lo anterior, refiere que de una correcta interpretación del artículo 47, resulta no ser aplicable al recurrente, por lo que no era un funcionario de exclusiva confianza, debido a que su cargo no está incluido en una disposición legal que establece taxativamente calidad de exclusiva confianza del cargo de Director de Seguridad Publica, por lo que al adjudicarle tal estatus se modificó de forma arbitraria e injustificada el régimen de terminación de sus servicios. Así invoca nuevamente el fallo de la Corte Suprema antes referido, y transcribe su considerando cuarto: “Como lo sostiene la recurrida, la Ley N°20.695, estableció la normativa que permitió la creación en las Municipalidades de los Planes comunales de seguridad pública, facultad que fue ejercida por la recurrida mediante el respectivo Decreto, a través del cual creó el cargo de Director de Seguridad Pública en su estructura orgánica; sin embargo, dicha norma legal no modificó el artículo 47 ya transcrito, de lo que se debe deducir que los cargos creados a virtud de dicha ley no ostentan el carácter de exclusiva confianza a que alude la norma, puesto que de lo contrario los mismos debieron ser agregados a dicha disposición”.

Indica que, el recurrente ingresó a ocupar el cargo de Director de Seguridad Publica en la Municipalidad de Monte Patria, mediante su incorporación a la planta de funcionarios de dicha municipalidad a través de concurso, razón por la cual, el término de su relación laboral, no queda sujeta al estatuto jurídico de la confianza exclusiva, esto es, al arbitrio, prudencia o mera discreción del alcalde.

Señala las garantías conculcadas, en primer término, la del artículo 19 N°2 de la Constitución Política, que, en el caso de marras, se ha visto afectada porque el actor no ha recibido un trato igual en relación a los restantes funcionarios de planta, afectando su derecho a ser tratado de modo igualitario respecto de personas en una situación similar a la suya, al aplicar una modalidad de término de los servicios que no le es aplicable, y sin la fundamentación debida. En segundo lugar, refiere infringida su garantía constitucional del 19 N°24 Constitución Política en dos aspectos, el primero sobre su puesto de trabajo pues al haber puesto termino a su cargo sin el procedimiento debido constituye una vulneración a la garantía referida, y el otro aspecto dice relación con la legitima ganancia de sueldo, pues quedo injustamente privado de recibirlo. Prosigue con la garantía del artículo 19 N°1, indicando que se infringe pues al removerlo de su cargo de forma injustificada afectan su integridad psíquica y honra profesional. Luego sobre la libertad de trabajo y su protección, indica que en el caso de marras el término abrupto e incausado del nombramiento no guarda relación con la capacidad o idoneidad en los términos exigidos por el ordenamiento jurídico, provocando una indefensión mayor, al no contar con los elementos básicos necesarios para una defensa de sus derechos. Por ultimo, en relación a la garantía del debido proceso, señala que al no haber mediado causal alguna que pusiere termino al nombramiento, que no sea la mera voluntad o discreción del alcalde, el decreto recurrido resulta arbitrario e ilegal, al desconocerse los hechos fundantes que rompieron la confianza del edil, pues de ser conocidos el recurrente podría haber ejercido el derecho a formular los respectivos descargos durante el respectivo sumario o instrucción sumaria, y no ocurriendo aquello se conculcó la garantía referida.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso y se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°14711/2025 de 26 de septiembre de 2025, y ordenar la reincorporación del recurrente a sus labores, con condena en costas.

Acompaña a su recurso: 1.- Decreto Alcaldicio N°14711 de 26 de septiembre de 2025; 2.- Decreto Alcaldicio de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, llamado a concurso público para el ocupar el cargo de planta en grado 9 en el cargo de Director de Seguridad Publica de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria; 3.- Decreto de nombramiento del recurrente en el cargo de Director de Seguridad Publica de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria; 4.- Jurisprudencia causa Rol N°75.618-2021; y 5.- Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia, en los autos rol 144.282-2020.

SEGUNDO: Que, a folio 6, comparece el abogado Luis Yáñez González, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Monte Patria, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con condena en costas.

Expone que el recurrente construye su pretensión sobre dos pilares, el primero, que el Decreto Alcaldicio N°14.711/2025 adolecería de falta de motivación, pues se habría limitado a invocar el artículo 16 bis de la Ley N°18.695 y una genérica “pérdida de confianza”, sin hechos concretos que la sustenten; segundo, que el cargo de Director de Seguridad Pública no tendría naturaleza de exclusiva confianza, de manera que su remoción exigiría causal disciplinaria o, al menos, una justificación reforzada propia de los empleos de carrera.

Precisa sobre la motivación del acto recurrido, que el estándar aplicable no es el de un acto sancionatorio o reglado, sino el de un acto dictado en ejercicio de potestad discrecional sobre cargo de confianza, por lo que la exigencia de fundamentación se satisface con la identificación de la norma habilitante, la expresión de la razón de mérito/gestión — típicamente pérdida de confianza y continuidad del servicio— y la finalidad pública del acto. Invoca fallo de la Excma. Corte Suprema Rol N°3.926-2025 el que sostiene que la decisión alcaldicia de remover al Director(a) de Seguridad Pública no es ilegal ni arbitraria cuando se ejerce la potestad conferida por el artículo 16 bis, por tratarse de un colaborador directo y sujeto a libre remoción; señala que, en esa oportunidad la Corte concluyó que la actuación municipal se enmarcó dentro de su competencia y no resultó arbitraria por fundarse en potestad discrecional legalmente reconocida. Indica que el decreto impugnado expresa la norma legal habilitante (artículo 16 bis), recoge la interpretación administrativa pertinente (Dictamen N°26.027/2018 de CGR) y refiere la pérdida de confianza vinculada al adecuado funcionamiento del área de seguridad pública, cumpliendo así el estándar de motivación suficiente para este tipo de decisiones, y que por tanto, pretender una relación pormenorizada de hechos “disciplinarios” confunde la lógica de la remoción por confianza con la de la responsabilidad funcionaria, la que es extraña al supuesto de autos, por cuanto no se trata de una sanción, sino del término de un vínculo de naturaleza directiva y fiduciaria, y así el propio contexto funcional —ejercicio del cargo por un lapso inferior al año— descarta la configuración de una expectativa razonable de estabilidad que pudiera reforzar el reproche formal.

En cuanto al segundo eje —la naturaleza del cargo—, señala que la cuestión se encuentra ya despejada por la jurisprudencia de la Corte Suprema, y aunque la Ley N°18.695 no enuncie expresamente al Director de Seguridad Pública entre los cargos de exclusiva confianza, el artículo 16 bis, en cuanto regla especial y posterior, faculta al alcalde para designar y remover a dicho director, y lo define como colaborador directo en la implementación del plan comunal de seguridad y de las funciones del artículo 4 letra j) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Invoca fallo de la Excma. Corte Suprema Rol 3.926-2025 que avala el cambio jurisprudencial.

Concluye que, desde la perspectiva formal (motivación suficiente en actos de confianza) como desde la perspectiva sustantiva (calidad de exclusiva confianza del cargo a la luz del artículo 16 bis), el libelo no logra configurar un acto ilegal ni arbitrario, pues el acto recurrido identificó la competencia y el fundamento legal, explicitó la razón de mérito/gestión y se orientó a la finalidad pública del servicio; y lo hizo respecto de un cargo cuya naturaleza de confianza ha sido expresamente reconocida por la Corte Suprema, que ha rechazado recursos en hipótesis análogas, por lo que lo solicitado por el recurrente carece de asidero a la luz del estándar constitucional y legal aplicable.

Por lo que solicita rechazar en todas sus partes el recurso interpuesto, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que el acto recurrido es la decisión de la Municipalidad de Monte Patria de remover al recurrente del cargo de Director de Seguridad Pública del aludido ente edilicio, por carecer de motivación suficiente el Decreto Alcaldicio N°14711 de 26 de septiembre de 2025. Controvierte, además que su cargo tenga la calidad de exclusiva confianza del Alcalde, por lo que respecto de su remoción debió seguirse el procedimiento aplicable a cualquier funcionario público.

SEXTO: Que para resolver la controversia resulta útil acudir al marco normativo que gobierna la materia. Así la Ley N°20.965 agregó el artículo 16 bis de la Ley N 18.695 que establece en sus primeros cuatro incisos que: “Existirá un director de seguridad pública en todas aquellas comunas donde lo decida el concejo municipal, a proposición del alcalde. Para estos efectos, el alcalde estará facultado para crear dicho cargo y para proveerlo en el momento que decida, de acuerdo a la disponibilidad del presupuesto municipal. Para desempeñar este cargo se requerirá estar en posesión de un título profesional o técnico de nivel superior otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocidos por éste. El director de seguridad pública será designado por el alcalde y podrá ser removido por éste, sin perjuicio que rijan a su respecto, además, las causales de cesación de funciones aplicables al personal municipal.”

Por su parte, el artículo 51 de la Ley N 18.575 en su inciso final dispone: “Se entenderá por funcionarios de exclusiva confianza aquellos sujetos a la libre designación y remoción del Presidente de la República o de la autoridad facultada para disponer el nombramiento.”

A lo anterior se añade, que la Contraloría General de la República en el Dictamen N 026027N18, de 18 de octubre de 2018, concluyó que el cargo en cuestión es de exclusiva confianza del alcalde, dado que dicha autoridad es quien lo nombra, manteniéndose en su cargo en tanto no estime necesario removerlo.

Que, de la inteligencia de los preceptos citados precedentemente es dable concluir que, el cargo del recurrente Director de Seguridad Pública puede ser cesado por dos vías: la primera a través de la invocación de las causales genéricas y, “además” por la atribución de la entidad edilicia, siendo esta ultima la ejercida concretamente en el caso de marras por lo que no se advierte ilegalidad y arbitrariedad en su actuar.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo expuesto, el acto reprochado no es ilegal, por haber sido dispuesto por la recurrida en uso de sus facultades, en un caso previsto en la ley y con las formalidades pertinentes, sin que pueda tampoco tildársele de arbitrario, pues contiene los fundamentos legales de la resolución adoptada, por lo que deberá desestimarse la acción como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1789-2025 (Protección).