nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

nombre reservado, nombre reservado

Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones Recurso de Protección Rol N° 1789-2021.- La Serena, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que a folio comparece don nombre reservado, Abogado, en representación de doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de la COMISION MEDICA CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES, representada por su Superintendente don OSVALDO MACÍAS MUÑOZ y por la Presidenta Coordinadora de la Comisión doña nombre reservado.

Señala que doña nombre reservado, de 53 años de edad, trabajó como Técnico en Enfermería (TENS), en diferentes unidades del Hospital San Juan de Dios de La Serena, del que fue desvinculada en el año 2019 en atención a sus licencias médicas pues ya en ese año se consideró su estado de salud como irrecuperable; pero luego y sólo por necesidad económica a través de gestiones gremiales, fue reintegrada a sus labores, y hoy está con trabajo remoto pero tendrá que volver al trabajo presencial el 01 de octubre.

Indica que en la actualidad y desde el año 2012 se encuentra en tratamientos médicos. En el año 2016 se le efectuó una intervención quirúrgica por atrapamiento del nervio cubital izquierdo, encontrándose de esa fecha en tratamientos y terapias, debido al compromiso neurológico que padece, en que los médicos tratantes le han diagnosticado las patologías de neuralgia del trigémino, cervicobrequialgia y Síndrome Facetareo cervicobrequialgia.

Expone que el 05 de junio 2019 presentó una primera solicitud de pensión a la Comisión Médica Regional, la que fue rechazada. Presentó una segunda solicitud el 11 de junio 2020, en la que se comprobó sus patologías, emitiéndose el dictamen N° 005.1193/2021 de la Comisión Médica Regional de la Serena, en la que se acreditó los impedimentos de Cervicobraquialgia, Discopatía Cervical y Lumbar-M51.9, se le determinó un 53 % de Incapacidad de Trabajo, por tanto, se le otorgó invalidez parcial transitoria, a contar del 11 de junio de 2020.

Indica que, sin embargo, en abril de 2021, las Compañías de Seguros asociadas a AFP Hábitat, presentaron un Reclamo contra dicho dictamen ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, y la recurrida el 09 de junio 2021 la citada Comisión emite la resolución N° CMC 5262/2021 bajando la calificación sin mayores fundamentos, y únicamente indicando que no procedería otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el 50 %, se rechaza nuevamente la calificación de invalidez.

Sostiene que el 22 de junio 2021, su representada presentó un recurso de reposición, el que no fue acogido, siendo confirmada dicha decisión mediante Resolución N° CMC 7445/2021 de 2 de agosto de 2021, en la que nuevamente sin mayor fundamento se confirma la Resolución recurrida, siendo esta la resolución impugnada a través del presente arbitrio.

Concluye que la Resolución N° CMC 7445/2021 de 2 de agosto de 2021, constituye un acto ilegal y arbitrario, ya que, sin ningún nuevo fundamento, desconoce el dictamen N° 005.1193/2021 de la Comisión Médica Regional de la Serena, basado en informes de reconocidos médicos con grandes conocimientos y experiencia en el tema, sin ningún nuevo antecedente, además, carece de fundamento, tanto en su fondo como en su forma.

Hace presente que la Excma. Corte Suprema, en los últimos años, ha desarrollado una jurisprudencia consistente y uniforme en materia de motivación del acto administrativo, consagrando una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo (LBPA), citando diversos fallos.

Expone que, de otro lado, el artículo 11 del DL N°3.500 establece el procedimiento al que se deben someter las solicitudes de calificación de invalidez, contemplando una primera etapa en que ésta es efectuada por la respectiva Comisión Médica Regional, cuyas decisiones o dictámenes son reclamables por el solicitante, por el Instituto de Previsión Social o por las compañías de seguro, según el caso, mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones. En tales circunstancias, es evidente que los procesos administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad exigible en general al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el inconsistente comportamiento de la recurrida, evidenciado en la infundada determinación a la baja del porcentaje de incapacidad o invalidez que afecta al actor, sin exponer los fundamentos que justifiquen conclusiones tan diversas a las alcanzadas por la respectiva Comisión Médica Regional.

Estima que, en consecuencia, el comportamiento de la recurrida deviene en arbitrario por carecer de la debida fundamentación, e importa una discriminación en perjuicio de la actora en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos.

En cuanto a las garantías vulneradas, señala que la errada determinación, implica una vulneración al artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en atención a que la Comisión Médica Nacional de la Superintendencia de Pensiones configura un tratamiento discriminatorio en perjuicio de la recurrente, toda vez que su situación de hecho la hacía beneficiara del seguro de invalidez, como lo señaló la Comisión Médica de la Región, derecho que por la errada decisión de la Comisión Central ha desaparecido. En tal sentido, el comportamiento de la Comisión Médica Central deviene en arbitrario, por carecer de la debida coherencia entre los actos previos y posteriores que lo conforman y, asimismo, de racionalidad e importa una discriminación en perjuicio de la actora en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos.

Indica que, además, se vulnera el Artículo 19 N° 24 de la carta fundamental, el derecho de propiedad sobre la pensión de invalidez, toda vez que reúne los requisitos que establece el Decreto Ley 3.500 de 1980, para que proceda el seguro de invalidez, perjudicándose la situación patrimonial de la afectada, por cuanto, no ha podido acceder a una pensión que le permitiría tener una mejor situación económica, en el entendido que no puede desarrollar una actividad laboral.

Indica que, además si bien el derecho a la seguridad social no se encuentra expresamente reconocido como protegido por el recurso de protección, se debe entender incorporado en este caso, en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República.

Indica que finalmente y como consecuencia de todo lo anterior, existe una vulneración al derecho a la Integridad física y Psíquica consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, por cuanto, hoy en día la situación económica de su representada se ha ido deteriorando transformándose en incompatible con las funciones de su cargo como técnico en enfermería, y el gran esfuerzo que ha realizado al trabajar enferma ha deteriorado aún más, y cada vez más, su salud, además de que por todo ello no puede acceder a medicamentos paliativos que permitan llevar una mejor calidad de vida, debiendo soportar fuerte dolores lumbares, que la inhabilitan.

Por todo lo expuesto, pide que se declare que la recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria al revocar el Dictamen N° 005.1193/2021 de la Comisión Médica Regional de a través de la Resolución N° CMC 7445/2021 de 2 de Agosto de 2021, emitida por la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, y se ordene a la recurrida ajustar la resolución a la ley, en el sentido de expresar que a la recurrente le corresponde acogerse a pensión de invalidez, de acuerdo a lo señalado por la Comisión Médica Regional, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: a) Copia del Dictamen de Invalidez N° Dictamen N° 005.1193/2021 de la Comisión Médica Regional de la Serena, y b) Copia de la Resolución N° CMC 7445/2021 de 2 de agosto de 2021 de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

SEGUNDO: Que a folio 10, informa la recurrida Superintendencia de Pensiones solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, alega la falta de legitimación pasiva de la Superintendencia. Aclara que las comisiones médicas regionales y la comisión médica central no dependen de la Superintendencia de pensiones ni forman parte de su estructura orgánica sino que gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración, porque dicho organismo no tiene la representación judicial ni extrajudicial de éstas, razón por la cual sostiene que la representación corresponde al Consejo de Defensa del Estado en tanto le corresponde la defensa judicial del fisco en todos los juicios.

En segundo término, alega la inadmisibilidad de la acción deducida en cuanto exceden el ámbito de un recurso de protección, indicando que por esta vía no corresponde obtener un pronunciamiento declarativo como el que pretende la recurrente en cuanto se deje sin efecto un acto administrativo como son las resoluciones de la comisión médica central, por lo tanto, no corresponde a través de esta vía cautelar conocer de una materia de fondo de lato conocimiento.

En tercer lugar, informa derechamente el recurso, señalando que el 5 de junio de 2019, la recurrente presentó su primera solicitud de invalidez. Se reclamó como principales patologías invalidantes Cervicobraquialgia bilateral mayor. De la solicitud conoció en primera instancia la Comisión Médica Regional de La Serena, siendo evaluada por médico interconsultor neurocirujana (Dra. Parra) y por médico asignado de la Comisión Regional, Dr. De la nombre reservado. Dra. Parra recomienda no configurar impedimentos por Cervicobraquialgia ni por Lumbociática bilateral. Refiere dolor cervical y de ambos brazos desde 2014. Operada en 2016, con diagnóstico de atrapamiento de nervio cubital izquierdo, persiste dolor en brazo izquierdo, por lo que es estudiada con imágenes, descartándose cirugía. Con antecedentes de dolor lumbar desde 2013, y diagnóstico de artrosis lumbar en 2018, por lo que no ha sido evaluada por especialidad. Con Cervicobraquialgia bilateral y lumbociática bilateral mayor a izquierda. Dolor EVA 10/10. Con interferencias en actividades esenciales, de desplazamiento y domésticas. En tratamiento con Pregabalina, Tramadol, Paracetamol y Reflexan. Al examen, muy depresiva, llora constantemente. Marcha lenta. Se desviste sola. Dolor a la palpación cervical y a la movilización lumbar. Sin signos neurológicos deficitarios. Describe Resonancia magnética de columna cervical y lumbar con patología degenerativa leve a moderada. y EMG de extremidades superiores: radiculopatía C7 derecha leve y neuropatía ulnar izquierda leve a moderada. Médico integrante asignado, concuerda con interconsultor neurocirujana.

Atendido lo anterior la Comisión Médica Regional de La Serena mediante dictamen N° 005.2765/2019 de 11 de septiembre de 2019, rechazó la solicitud de pensión de invalidez, por cuanto los impedimentos alegados como invalidantes no se encontraban configurados, por existir tratamientos pendientes. Del referido dictamen, la recurrente el 14 de octubre de 2019 presentó una apelación, la que fue conocida por esa Comisión, la cual tuvo en consideración el informe de MIA y de IC neurocirujana. Además, se tuvo en consideración que la recurrente informó que en abril del 2019 fue diagnosticada de Fibromialgia. Se determinó que dicho impedimento debe cumplir un año en tratamiento bien llevado para poder ser configurado. De acuerdo con los antecedentes, mediante Resolución N° C.M.C. 12595/2019 de 27 de noviembre de 2019, esa Comisión Médica Central, resolvió confirmar el Dictamen N° 005.2765/2019 de la Comisión Médica Regional de La Serena, rechazando la solicitud de pensión de invalidez de la recurrente, por no estar configurada la enfermedad.

En cuanto al segundo proceso, indica que el 11 de junio de 2020, la recurrente presentó una nueva solicitud de calificación de invalidez, la cual motiva la presente acción cautelar.

En esta nueva de solicitud de invalidez, la recurrente señaló como principales enfermedades invalidantes: Cervicalgia severa- Síndrome facetario C.

Expone que de dicho proceso conoció en una primera instancia la Comisión Médica Regional de La Serena, la cual para una acertada calificación determinó necesario que la señora nombre reservado fuera evaluada por médico interconsultor traumatólogo y neurocirujano. Además, se tuvo en cuenta los exámenes médicos practicados a la recurrente. Una vez recabado los informes, en sesión N°35 de 8 de abril de 2021, la Comisión Médica Regional de La Serena procedió a estudiar los antecedentes del caso teniendo presente que la recurrente a la fecha de la evaluación tiene 52 años de edad, con antecedentes de Cervicobraquialgia secundaria a discopatía cervical, artrosis y lumbago. Se tuvo en consideración el informe del médico interconsultor traumatólogo Dr. nombre reservado, que examinó a la recurrente el 13 de noviembre de 2020. Propuso configurar impedimento por Cervicalgia. Raquis degenerativo. Estenosis neuroforaminal multisegmentaria. Compromiso leve de raíces C6 izquierda y C7 bilateral, Lumbago, raquis degenerativo, con menoscabo en Clase III, rango alto. Informó que el compromiso de columna cervical y lumbar fue evaluado en conjunto. Señaló que la patología cervical es lo principal, con irradiación a brazo izquierdo, refiriendo que, si bien no encontró claros signos de déficit en la clínica, la electromiografía es concordante con las imágenes y la irradiación del dolor. Estimó que la configuración del impedimento está avalada por estudio imagenológico y Electromiografía. Comenta que la existencia de fibromialgia debe ser evaluada por reumatología y que la evaluación por neurocirujano es importante para definir bien el compromiso neurológico.

Expone que el médico interconsultor neurocirujano, Dr. nombre reservado, evaluó a la señora nombre reservado el 3 de diciembre de 2020, sugirió no configurar impedimento por Dolor cervical ni por Dolor de extremidad superior izquierda. Señala que se trata de una paciente de 52 años, con antecedentes de cervicalgia de al menos 5 años de evolución irradiada hacia la extremidad superior izquierda. Refiere que se efectuó bloqueo facetario cervical, y que es tratada con pregabalina y tratamiento kinésico, pero no ha notado mejoría. Agrega que además fue intervenida el año 2016 por atrapamiento de nervio cubital izquierdo a nivel del codo. Actualmente el dolor pareciera interferir en sus actividades de la vida diaria, pero no logra precisar en qué grado. Asimismo, señaló que no fue posible efectuar una evaluación neurológica completa. El estudio por imágenes (Rayos X y Resonancia Magnética de columna cervical) reveló fenómenos degenerativos, a su parecer leves a moderados. Estudio de electrodiagnóstico concluyó sólo neuropatía cubital leve a nivel del codo izquierdo y compromiso C6 izquierdo y C7 bilateral también leve y sin denervación Señala que es difícil precisar desde su punto de vista neuroquirúrgico, si la paciente tiene un impedimento configurado, ya que podría estar simulando.

Vistos los antecedentes e informes médicos, la Comisión Médica, de acuerdo con los art. 4° y 11° del D.L. 3500 de 1980, dictamina lo siguiente: Impedimento Cervicobraquialgia-discopatía cervical y lumbar, clase III, Rango Alto, porcentaje, 49 y dio por no configurado por Artrosis de columna cervical y lumbar Neuralgia del trigémino.

Indica que, a los 49 puntos por la patología, se consideró 4 puntos de factor complementario por edad, lo que dio un menoscabo total de un 53% de incapacidad laboral y mediante el Dictamen N° 005.1193/2021 de 08 de abril de 2021, de la Comisión Médica Regional de La Serena, dictaminó otorgar pensión de invalidez parcial transitoria a la recurrente, por cuanto el porcentaje asignado a las enfermedades alegadas como invalidantes le provocan un 53% de pérdida de capacidad de trabajo.

Del referido dictamen, el 26 de abril de 2021 las Compañías adjudicatarias del Seguro de Vida e Invalidez apelaron. Asimismo, la recurrente también dedujo apelación el 7 de mayo de 2021.

Las Compañías de Seguros, fundaron en síntesis su apelación, por considerar impedimentos no configurados por tratamientos pendientes.

Por su parte, la señora nombre reservado señaló que no tiene tratamientos pendientes y descalifica emocionalmente la apelación de las compañías de seguro. Adjunta informes imagenológicos de su columna cervical y lumbar y un certificado que consignan fibromialgia, neuropatía del trigémino y problemas de columna.

El recurso de apelación fue conocido por la Comisión Médica Central, la cual en sesión N°412 de 31 de mayo de 2021, procedió a estudiar el caso de la señora nombre reservado. Tuvo en consideración los antecedentes del expediente, teniendo en cuenta los informes de los médicos interconsultores traumatólogo y neurocirujano.

Se tuvo en cuenta que el Médico asignado de la Comisión Regional realizó una entrevista telefónica a la recurrente y propuso mantener impedimento sugerido por interconsultor traumatólogo. Consignó uso intermitente de duloxetina, suspendida por mala tolerancia. Comisión médica regional acepta proposición del médico asignado.

El médico integrante asignado al caso de la Comisión Médica Central refirió que no se cumple con lo establecido en las páginas 3 y 4 de las normas de evaluación vigentes de 2016, por cuanto el cuadro no cumple con requisitos de configuración. Al efecto, la Fibromialgia, no tiene tratamiento específico y el cuadro descrito por ambos examinadores no es consistente con una fibromialgia.

Respecto a la Columna, se señala que no se ha demostrado un compromiso sensitivo-motor clínico ni al electro diagnóstico, por lo que como máximo cumpliría los requisitos de la clase II de las normas. Respecto de la hipersensibilidad descrita por el interconsultor neurocirujano es inconsistente con el desplazamiento y la vestimenta de la afiliada. La posición en flexión de su codo izquierdo es inconsistente con un déficit neurológico sensitivo-motor.

También se refiere que hay inconsistencias con su presentación anterior, en que se describió dolor a palpación cervical y lumbar, sin otros hallazgos de significancia al examen físico.

Neuralgia del trigémino: no se describe por parte de los examinadores y de presentarse, no genera un menoscabo laboral (por no interferir en sus actividades de la vida diaria: no generó limitaciones en el examen físico). Por otro lado, la dosis de pregabalina que estaría utilizando es muy inicial y optimizable.

Discutido el caso en sesión sobre la base de los antecedentes contenidos en el expediente esa Comisión en revisión de sus antecedentes y del informe del Interconsultor traumatólogo, considera que no hay respaldo para calificar su cuadro de columna en clase dictaminada, y se considera que se encuentra Bajo Observación y Tratamiento y que de configurarse a lo más llegaría a clase II.

Atendidas las razones anotadas, esa Comisión Médica Central mediante Resolución N° C.M.C. 5262/2021 de 31 de mayo de 2021, resolvió acoger la apelación de las Compañías de Seguros, revocando el dictamen de la Comisión Médica Regional de La Serena, que había concedió pensión de invalidez parcial transitoria a la recurrente, rechazando en segunda instancia otorgar pensión, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes sólo alcanzan a provocar un 34% de pérdida de capacidad de trabajo a la recurrente.

Posteriormente, el 23 de junio de 2021, la recurrente interpuso recurso de reposición administrativo. Argumenta que corresponde que se le otorgue pensión de invalidez, por cuanto su condición es crónica e irreversible, con lo que concuerdan sus tratantes.

Del referido recurso de reposición conoció nuevamente esa Comisión Médica Central, pero integrada por médicos distintos a los que conocieron y se pronunciaron de la apelación.

El 2 de agosto de 2021, en sesión N° 579 esa Comisión Médica Central nuevamente analizó los antecedentes del caso.

Se tuvo en consideración, que el impedimento derivado de Columna Vertebral permite establecer que la recurrente presenta sintomatología dolorosa de varios años, dolor irradiado ambos hombros. En manejo analgésico. Del examen físico, se informó que la recurrente presenta limitación dolorosa de movimientos en ambos segmentos del raquis. Posición en semiflexión de codo izquierdo.

El interconsultor Neurocirujano señaló que es imposible efectuar un examen adecuado, toda vez que la recurrente al ser examinada gritaba al contacto de la piel. Estimó no configurado impedimento de su especialidad por haber tratamientos pendientes Por su parte el interconsultor traumatólogo, tampoco informó presencia de un déficit radicular. Sugirió configurar Cervicalgia en clase III, rango alto, con lo que concordó el médico asignado al caso de la Comisión Médica Regional, después de realiza entrevista telefónica.

En la etapa de apelación y discutido el caso en sesión de Comisión Medica Central, integrada por médicos distintos a los que conocieron de la reposición, se ponderó impedimento de cervicalgia en clase II, rango alto, al no evidenciarse secuela neurológica. Se mencionan diagnósticos de Fibromialgia y Neuralgia del trigémino, con evaluaciones y tratamientos por realizar, por lo que no se consideran.

De lo señalado esa Comisión Médica Central mediante Resolución N° C.M.C 7445/2021 de 2 de agosto de 2021, señaló que del estudio y análisis de los antecedentes consignados en el expediente se constata que no procede otorgar invalidez, por cuanto las enfermedades alegadas como invalidantes no alcanzan a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos cincuenta por ciento, por lo que, se confirmó la Resolución N° C.M.C. 5262/2021, de 31 de mayo de 2021.

En cuanto al derecho expone que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 4° del D.L. N° 3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas e intelectuales.

Señala que, conforme a lo expuesto, la resolución alegada como ilegal y arbitraria se encuentra debidamente motivada luego de un acabado estudio de todos los antecedentes médicos recabados. Agrega que, los actos emitidos tanto por la Comisión Médica Regional y esa Comisión Médica Central, han sido el resultado de un procedimiento legal, técnico científico, debidamente razonado a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las Normas de Evaluación, de modo que nada hay de arbitrario en ello, resoluciones que se encuentran debidamente fundadas, tal como consta en las actas de Sesión de la Comisión Médica Regional de La Serena, y de esa Comisión Médica Central.

Acompaña a su informe copia del expediente virtual generado por la evaluación y calificación de invalidez de la señora nombre reservado, TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en primer término, y en cuanto a la alegación de falta de legitimación pasiva formulada por la Superintendencia de Pensiones, dicha alegación será rechazada, considerando que la resolución impugnada y que ha dado origen a la presente acción de protección, se identifica al ente emisor bajo el nombre de “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Central” y también figura un timbre en que se lee: “Superintendencia de Pensiones Comisión Médica Cuarta Región La Serena Chile”, lo cual explica que la recurrente haya dirigido su acción en contra de la “Comisión Medica Central de la Superintendencia de Pensiones”.

En este sentido, y dada la entidad de los bienes jurídicos cuya cautela constituye el objetivo de la acción constitucional de protección, las Cortes de Apelaciones se encuentran autorizadas para determinar “la persona o personas, funcionarios o autoridad que en su concepto son los causantes del acto u omisión arbitraria o ilegal que haya podido producir privación, perturbación o amenaza del libre ejercicio de los derechos que se solicita proteger...”. Así, por lo demás, lo dispone expresamente el numeral 3º del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia.

Aunado a lo anterior, en la presente causa se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado asumiendo la representación de la Comisión Médica Central, entendiendo que es la recurrida en estos autos, y en virtud de esa representación, la abogada CYNTHIA MASÍAS PÉREZ, efectuó sus respectivos alegatos en la audiencia de rigor por la Superintendencia de Pensiones y Comisión Médica Central, en contra de la acción de protección.

En consecuencia, en base a los antecedentes expuestos, no existe impedimento para conocer el fondo del asunto, y adoptar eventuales medidas, al estar plenamente identificada la entidad recurrida, siendo la discusión sobre la legitimación pasiva que opone la Superintendencia de Pensiones, más aparente que real, al no existir duda en cuanto a que la recurrida es la Comisión Médica Central.

SEXTO: Que, de los antecedentes que obran en autos, se desprenden los siguientes hechos:

1.- Que la Comisión Médica de la Región de La Serena determinó mediante Dictamen 005.1193/2021 de 8 de abril de 2021, aceptar la invalidez transitoria parcial de doña nombre reservado a contar del mes de junio de del año 2020, luego de haber constatado un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 53.0 % (igual o Mayor que 50% y menor a 2/3). En la referida resolución en base a los antecedentes médicos consignados en el expediente médico que menciona y a la comparecencia de la recurrente ante dicha comisión médica con fecha 24 de julio de 2020 establece como impedimentos que fundamentan la incapacidad determinada los siguientes: CERVICOBRAQUIALGIA-DISCOPATIA CERVICAL Y LUMBAR-M51.9 2. En contra de la antedicha decisión, las compañías aseguradoras interpusieron reclamo ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones.

3.- La Comisión Médica Central conoció de dicho reclamo y mediante Resolución N° CMC 5262/2021 de 31 de mayo de 2021, dispuso que no procede otorgar invalidez, por cuanto la(s) enfermedad(es) alegada (s) como invalidante(s) no alcanza(n) a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento, y en virtud de ello determinó, revocar el Dictamen Nº 005.1193/2021, de la Comisión Médica La Serena, del 08/04/2021, y resolver que no procede otorgar invalidez, estableciendo que la incapacidad global alcanza el 34%.- 4.- Posteriormente la recurrente dedujo recurso de reposición, dictándose la Resolución N° 7445/2021 de 02 de agosto de 2021, en la cual se indica, que, revisado nuevamente los antecedentes se constata que el caso fue bien estudiado y no procede otorgar invalidez por cuanto la(s) enfermedad(es) alegada(s) como invalidante (S) no alcanza (n) a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos un 50% , por lo que se acuerda que se declara que no procede otorgar invalidez.

SÉPTIMO: Que, el artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500 establece el procedimiento al que se deben someter las solicitudes de calificación de invalidez, contemplando una primera etapa en que ésta es efectuada por la respectiva Comisión Médica Regional, cuyas decisiones o dictámenes son reclamables por el solicitante, por el Instituto de Previsión Social o por las compañías de seguro, según el caso, mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, conforme las reglas establecidas entre las letras a) y d) del mismo artículo.

En estas circunstancias, los procesos administrativos de calificación de invalidez no sólo deben ajustarse a la legalidad y, en especial, a las disposiciones que contiene la norma recién aludida, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad, cualidad que demanda la debida exposición de los fundamentos que justifiquen arribar a una decisión diametralmente distinta a aquella adoptada por la Comisión de Medicina Preventiva Regional .

En este punto no deja de llamar la atención que la Comisión de Medicina Preventiva Regional, en base a las enfermedades invalidantes que padece la actora, cervicobraquialgia-discopatia cervical y lumbar-m51.9, constató un menoscabo de su capacidad de trabajo de un 53%; en cambio la Comisión Central arriba a una conclusión diversa, esto es, que dichas enfermedades sólo alcanzan a provocar en la actora una pérdida de su capacidad de trabajo global del 34%, sin que en su resolución se exterioricen los fundamentos de esa determinación, no explicando en términos completos y racionales por qué en el caso concreto de la actora las dos patologías estimadas invalidantes “no alcanza(n) a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento” , misma frases que se reiteran en la Resolución C.M.C. 7445/2021 de 2 de agosto de 2021, que rechazó el recurso de reposición interpuesto por la recurrente doña nombre reservado.

En este sentido no es menor considerar que en todo proceso administrativo de calificación y/o recalificación del grado de incapacidad de una persona, la autoridad llamada a resolver no solo debe ajustarse a la legalidad, sino que también debe dotar sus decisiones o resoluciones de la necesaria racionalidad, exigible en general al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el comportamiento de la Comisión Médica Central, evidenciado en que dicho ente fundó su decisión únicamente en la revisión documental, sin fundamentar racionalmente el grado de invalidez al cual arribó, conforme se explicó en el párrafo precedente, con el agravante que no adoptó medidas tendientes a la realización de una reevaluación presencial que permita lograr certeza sobre el real estado actual de la salud de la recurrente, teniendo especialmente en consideración que se dejó expresa constancia en el acta de la sesión N° 412 de 31 de mayo de 2021 que se propuso solicitar una evaluación por reumatología (Dr. Roll) y una revisión de su ficha clínica en el Hospital de Coquimbo (para determinar si se ha presentado compromiso neurológico, si se ha planteado una conducta quirúrgica por ello y si tiene tratamientos pendientes), lo que no fue considerado por la Comisión al momento de resolver la apelación de la compañía aseguradora.

OCTAVO: Que, de esta manera, el comportamiento de la Comisión Médica Central deviene en arbitrario, por falta de la racionalidad exigible, en cuanto su determinación carece de la debida fundamentación, atendida la ausencia de un examen físico a la luz del cual pudiera ponderarse adecuadamente de los antecedentes médicos aportados. Ello, además, importa una discriminación en perjuicio de la recurrente, en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de reevaluación racionales y justos.

NOVENO: Que, en consecuencia, habiendo incurrido la Comisión Médica Central en un actuación arbitraria que atenta contra la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, la presente acción cautelar debe ser acogida, ordenándose a la recurrida Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones que disponga una reevaluación de la actual condición de salud de la recurrente, por profesionales diversos de aquellos que ya han intervenido en el proceso y que, luego de una evaluación médica presencial y, a la luz de los informes aportados por la recurrente, emita un diagnóstico actualizado y completo.

Por estas consideraciones y de conformidad, igualmente, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se declara que SE ACOGE el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en cuanto se deja sin efecto la Resolución NºCMC 7445/2021 de 02 de agosto de 2021, de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones y, en su lugar, se dispone que la referida autoridad deberá disponer, para resolver el reclamo deducido por las Compañías aseguradoras en contra del Dictamen Nº 005.1193/2020 de 08 de abril de 2021 de la Comisión Médica de la Región La Serena, la realización de una completa reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, con exámenes médicos actualizados, por una comisión de médicos diversa de aquella que ya ha intervenido en el proceso, y resolver enseguida el referido reclamo ajustándose a las conclusiones a que esta arribe.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1789-2021.-