nombre reservado con UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

nombre reservado, nombre reservado

Universidad Pedro de Valdivia Recurso de Protección Rol N° 1784-2020.- La Serena, veintidós de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha cinco de octubre de dos mil veinte comparece don Verardo Enrique Rojas Olivares, abogado en representación de don nombre reservado, egresado de Pedagogía en Historia y Geografía, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción de protección, en contra de la UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA, SEDE LA SERENA, persona jurídica de derecho privado del giro de su denominación, rol único tributario N° 71.541.900-9, representada para estos efectos por su vicerrector, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón de los siguientes antecedentes.

Indica que durante el año 2005, nombre reservado ingresó a la Universidad Pedro de Valdivia, sede La Serena, para realizar sus estudios en la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, los que se desarrollaron en forma continua hasta el año dos mil diez, en que se vi obligado a suspender sus estudios, luego del nacimiento de su hijo, y el posterior diagnóstico de Diabetes Mellitus (Tipo I), lo que afectó seriamente su salud y vino a aumentar drásticamente sus necesidades económicas, motivando que paralizara su carrera.

Señala que en el año 2014 retomó sus estudios, habida consideración que, hasta ese momento, sólo bastaba la aprobación de dos ramos, la realización de su práctica profesional y la entrega de tesis de grado para completar el programa de estudios y obtener su titulación. A fines del año dos mil quince, logró el egreso de su carrera, completando la malla curricular de estudios y la práctica profesional, pero sin llegar a entregar su tesis; esto, por cuanto carecía de los medios económicos necesarios para hacer pago de los aranceles adeudados a la casa de estudio, que en ese momento alcanzaban un aproximado $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos).

Refiere que durante los años 2017 y 2018 tomó contacto en múltiples oportunidades con distintos funcionarios de la casa de estudios, con el propósito de obtener alternativas de pago o la concesión de beneficios que pudieran ayudarle a poner al día su situación financiera con la universidad, y así poder obtener la autorización necesaria para entregar su tesis y proceder a su defensa, ambos, requisitos indispensables para su titulación; sin embargo, no recibió ninguna respuesta satisfactoria de parte de los funcionarios del área de finanzas, por lo que obtener su título profesional se hizo imposible.

Expresa que luego, durante el año dos mil diecinueve, insistió con sus solicitudes y dirigió cartas a la Dirección de Finanzas con el propósito de conseguir su titulación, cuestión que fue rechazada por parte de las autoridades.

Posteriormente, indica que con fecha 28 de septiembre del año en curso, ya disponiendo de algunos fondos con motivo del retiro de fondos previsionales, su representado envió una solicitud a la señorita nombre reservado, Secretaria de la Facultad de Educación de la Casa de Estudios para que se le informara sobre las opciones de pago para conseguir de esta forma completar su formación profesional; dicha comunicación –enviada por correo electrónico– fue después derivada a la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad Pedro de Valdivia, en la Casa Central de Santiago, desde donde se le remitió la respuesta que consta del correo acompañado a este escrito, informándosele la concesión de un beneficio consistente en el descuento de los intereses devengados hasta la fecha, que en definitiva, liquidó el total de la deuda en la suma de $1.790.267 (un millón setecientos noventa mil doscientos sesenta y siete pesos).

Agrega que no obstante, y en contra de sus pretensiones, don nombre reservado, coordinador de normalización de la casa de estudios, le informa sobre la obligación de pagar el total de la deuda como requisito para completar el proceso de titulación, señalando: “Detallo la deuda histórica a la fecha del alumnoRUT reservado nombre reservado, puede abonar o pagar el total de la deuda, ya que este tipo de deuda no se repacta, pero una vez extinguida el total de la morosidad se podrá iniciar cualquier proceso o solicitud académica, adicionalmente, se le descontó el 100% de interés ($1.826.355) ya aplicado en el total de la liquidación de la deuda”.

Refiere que a la misma comunicación, se adjuntó un detalle de liquidación de deuda en la que, efectivamente, se da cuenta del hecho de haber efectuado un descuento por el total de los intereses de la deuda; sin embargo, ello no resultó ser suficiente para finalizar su titulación, pues no dispone de la totalidad de los fondos cobrados por la casa de estudios, teniendo en consideración sus circunstancias familiares, personales y económicas, sobre todo teniendo presente que la mera calidad de egresado, no permite acceder al mercado laboral educacional, en donde es indispensable la obtención del título para poder postular a algún puesto de trabajo permanente o transitorio.

Sostiene que lo que marca la imposibilidad de completar la titulación del actor no es el hecho de existir una deuda impaga, sino que el exigir, antes de realizar trámite académico alguno, el pago íntegro de la misma como condición previa, rechazando de plano toda opción de distribuirla en cuotas mensuales o posibilitar la obtención de su título previo abono proporcional; decisión que, a su juicio constituye una actuación arbitraria e ilegal de parte de la casa de estudios, que importa una perturbación al legítimo ejercicio de las garantías contenidas en los numerales 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, según se expondrá en los apartados siguientes.

En efecto, destaca que la medida consistente en condicionar los trámites académicos necesarios para completar su proceso de formación y la obtención de su título, constituye un apremio ilegítimo que escapa a los mecanismos legales establecidos para el cobro de obligaciones impagas, cuyo ejercicio, en esta sede, se asimila a una medida de autotutela por parte de la universidad recurrida, citando al efecto jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Por estas consideraciones y previas citas normativas, solicita se acoja el presente recurso, declarando en definitiva que el acto de la recurrida consistente en condicionar la posibilidad de efectuar solicitudes académicas para completar la formación y obtención de título del actor, previo pago íntegro de los aranceles adeudados, es una decisión arbitraria, e importa una perturbación de la garantía contenida en el artículo 19 N° 2, y una privación de la garantía de propiedad del artículo 19 N° 24, ambos, de la Constitución Política de la República; y que la recurrida, deberá otorgar los certificados y/o constancias de no deuda, necesarios para tramitar la entrega de la tesis y posterior titulación, todo ello con costas.

Acompaña al recurso los siguientes documentos: 1.- Copia de los correos electrónicos, relativos a las múltiples solicitudes efectuadas por el recurrente a la Casa de Estudios recurrida, para poder completar su programa de estudios; 2.- Copia del correo electrónico de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, dirigido por don nombre reservado, coordinador de normalización de la vicerrectoría de administración y finanzas de la Universidad Pedro de Valdivia; 3.- Copia de liquidación de deuda remitida como anexo al correo electrónico de fecha veintiocho de septiembre del año en curso.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe de rigor la recurrida, UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA, a través de su abogada doña Alejandra Bustos Cárdenas, solicitó el rechazo de la acción, por no haber incurrido en ninguna acción arbitraria o ilegal.

Destaca, en primer término, que la Universidad Pedro de Valdivia no hace diferencias arbitrarias ni ilegales en cuanto al tratamiento que da a las personas con quienes se vincula en su quehacer institucional, por lo que no ha dado el trato arbitrario esgrimido por el actor.

Por otro lado, reconoce que efectivamente el recurrente fue estudiante regular de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía impartida en Sede La Serena a partir del año 2005 en adelante, solicitando durante el transcurso del vínculo contractual que los ligó la suspensión de sus estudios en los años 2010 y 2012, respectivamente, para luego reincorporarse en el año 2015, momento en que adquiere la calidad de egresado.

Agrega que a contar de esa fecha, no ha existido vínculo jurídico alguno con el recurrente, desconociendo los motivos por los que el estudiante no concretó la rendición de su examen de grado una vez finalizado el año académico 2015, quien tampoco alegó una lesividad de sus derechos fundamentales en la oportunidad pertinente. Luego de ello, tal como el propio recurrente declara, no volvió a matricularse.

Sobre este punto, resalta que el contrato de prestación de servicios educacionales de la Universidad recurrida, sancionado mediante Decreto Universitario N° 003/2016 de 29 de febrero de 2016, es de carácter anual. Así, dicho contrato en su cláusula 9º establece lo siguiente: “La vigencia del presente contrato es exclusivamente por el período académico señalado en este instrumento.

La solicitud para renovar la prestación de los servicios educacionales por un nuevo período académico, deberá ser realizada oportunamente, dentro de los plazos establecidos en el calendario académico de la Universidad y deberá sujetarse a los requisitos académicos y financieros vigentes al momento de su renovación”.

Indica que el contrato de prestación de servicios educacionales, en tanto contrato bilateral, supone que ambas partes se gravan una en favor de la otra, generando obligaciones de tracto sucesivo, a saber, pagar un arancel y prestar los servicios educacionales. Agrega que siendo la Universidad Pedro de Valdivia una institución sin fines de lucro, que financia su funcionamiento principalmente a partir de los aranceles que pagan sus estudiantes, es que, para cursar válidamente una matrícula, es decir, para obligarse a prestar el servicio educacional, es necesario que la persona ajuste su proceso a las políticas de matrícula. Con mayor razón, si -como en este caso ocurre- la persona que pretende ser admitida como estudiante regular, ha incumplido los compromisos y facilidades que de buena fe se le otorgaron previamente con la finalidad exclusiva de poder cursar sus estudios sin obstáculos de índole financiera, tal como el mismo recurrente deja patente en su presentación.

Desprende que cumplió todas y cada una de sus obligaciones mientras existió el vínculo.

Prosigue su informe haciendo mención a los requisitos de la acción de protección, señalando que es el recurrente quien incumplió el contrato y que no se debe confundir la situación sub lite con aquellas en las que una Casa de Estudios niega la entrega de determinado título o diploma a un alumno pese a cumplir con los demás requisitos, por encontrarse en mora.

Señala que distinto sería el caso si existiera un vínculo obligacional vigente entre las partes, lo que no ocurre en la especie.

Así las cosas, a su juicio, la manera en que se exponen los fundamentos de la presente acción no permite configurar un escenario de vulneración de los derechos fundamentales que se reclama, por lo que el recurso carece de objeto, puesto que no es efectivo lo que en él se indica, referido a que esta parte haya incurrido en un acto u omisión ilegal o arbitrario.

Alega que no puede admitirse como arbitrario o ilegal, la negativa a su respecto de aceptar pagos parciales o la repactación de la deuda morosa que el actor mantiene con la recurrida desde el año 2015 y que asciende a $1.574.312. La exigencia efectuada al recurrente de proceder al pago de la deuda que mantiene pendiente no es arbitraria, puesto que tiene como racional fundamento su comportamiento previo; ni puede ser ilegal, pues no existe norma que la obligue a admitir pagos parciales o que la obligue a contratar con el recurrente en los términos que él pretende.

Manifiesta, además, que el Reglamento Académico General de Titulación vigente en la Universidad recurrida dispone en su artículo 1º las condiciones mínimas que una persona debe cumplir para concretar el proceso de titulación, a saber: “Artículo 1º: Los estudiantes que deban iniciar su proceso de titulación y/o licenciamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Hallarse en calidad de egresado en términos del artículo 23 del R.A.G.P.;

b) Matricularse para el año académico en que incidan las actividades tendientes a la obtención del título o grado;

c) Pagar los aranceles establecidos para el proceso y hallarse al día con sus demás obligaciones con la Universidad.

La matrícula solo dará derecho a realizar las actividades dentro del año académico en que ella se efectúe”.

Entiende que el recurrente no ha sido menoscabado bajo ningún respecto por la recurrida ni por sus autoridades o personal administrativo en su derecho de igualdad ante la ley, toda vez que reclama la denegación de derechos cuya fuente es un contrato que no existe desde el año 2015 entre las partes. Aún más, a su respecto se han aplicado solamente políticas internas legítimas y generales que regulan la actuación de la Universidad recurrida; y las consideraciones para aceptar la matrícula de una persona se han fundado en criterios meramente objetivos, tales como la regularidad o no del cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas con anterioridad, como latamente ya se ha explicado en esta presentación. De esta manera, no es efectivo que haya ejercido presiones indebidas para obtener el pago de lo adeudado y que estas se encontrarían fuera de los mecanismos establecidos por la ley, como aduce.

Arguye que es evidente que el Sr. nombre reservado no cumple con todos los requisitos antes mencionados, en tanto no se encuentra matriculado en la institución y, por tanto, no tiene un derecho incorporal que le faculte para exigir a la Universidad que establezca y ponga a su disposición las facilidades necesarias para finalizar su proceso de titulación, como malamente señala en su libelo.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1.- Copia de Decreto Universitario N° 003/2016 de fecha 29 de febrero de 2016; 2.- Copia del Reglamento Académico General de Titulación; 3.- Ficha curricular histórica del recurrente, emitida con fecha 8 de octubre de 2020; 4.- Copia del último contrato de prestación de servicios suscrito entre las partes con fecha 15.4.2015; 5.- Copia de correo electrónico intercambiado entre el recurrente y el Coordinador de Normalización de la Universidad Pedro de Valdivia en que consta detalle de la liquidación de deuda histórica del Sr. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, son circunstancias no controvertidas en esta causa y que se derivan, además, del documento aparejado por ambos litigantes consistente en copia del correo electrónico de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil veinte, dirigido por don nombre reservado, Coordinador de Normalización de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad Pedro de Valdivia, los siguientes: 1.-Que el actor cursó la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía en la entidad universitaria recurrida, egresando de la misma a fines de 2015, completando la malla curricular de estudios y la práctica profesional, pero sin haber entregado la tesis para obtener su titulación: 2.-Que mantiene con dicha institución una deuda por concepto de aranceles pendientes (que la demandada estima en su informe asciende a $1.574.312); 3.-Que la recurrida se ha negado a matricular por otro año académico al actor —único modo de permitirle completar los requisitos que se encuentran pendiente para su titulación—, mientras éste no pague la referida deuda, en razón de los argumentos que esgrime en su informe.

SEXTO: Que, el acto impugnado de ilegal y arbitrario en el recurso de protección lo constituye el correo electrónico de 28 de septiembre de 2020, del coordinador de normalización de la Vicerrectoría de Administración y Finanzas de la Universidad recurrida, en la parte que informa al actor, sobre la obligación de pagar el total de la deuda como requisito para completar el proceso de titulación.

SÉPTIMO: Que, como ya ha dictaminado nuestra Excma. Corte Suprema en esta materia en los autos proteccionales Rol N° 85.343-2020, cuando existe un contrato de prestación de servicios educacionales, “la forma legal de solicitar el cumplimiento de las obligaciones que se estiman incumplidas es a través de las acciones jurisdiccionales correspondientes, teniendo el plantel de estudios la vía del cobro ordinario o ejecutivo según corresponda de conformidad a las reglas generales, por lo que el derecho de la recurrida a recibir la contraprestación en dinero no puede verse en ningún caso amenazado” (Considerando cuarto). Agregando, luego, en su motivación quinta, “que, la situación de un egresado que ha cumplido con todas y cada una de las etapas para la obtención de su grado académico, pero que se ve impedido de hacerlo por exigencias derivadas de su situación de deuda, es discriminatoria, pues se efectúa una distinción en relación a otros alumnos que sí pueden acceder al proceso de titulación respectivo, que vulnera la garantía contenida en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental”.

OCTAVO: Que, en la especie, entonces, al exigirse al actor, como condición para ser matriculado a fin de continuar con sus trámites de titulación, que previamente pague la deuda anterior que mantiene con la entidad recurrida, se le ha dado un trato discriminatorio, vulnerando la garantía contenida en el numeral 2° del artículo 19 de la Carta Fundamental, lo que impondrá brindarle la protección que demanda por su acción constitucional.

Y bastando el amagamiento de una sola de las garantías protegidas invocadas en el recurso para su acogimiento, innecesario se hace pronunciarse respecto de la otra que también se denuncia perturbada en dicho libelo (derecho de propiedad).

Y en conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Verardo Enrique Rojas Olivares, en representación de don nombre reservado y en contra de Universidad Pedro de Valdivia, sede La Serena, debiendo esta última abstenerse de exigir el pago previo de lo adeudado por concepto de aranceles, permitiendo al actor hacer las solicitudes y entregarle los certificados que se requieran para que pueda presentar su tesis y posterior titulación.

Redactada por el Ministro Suplente, Juan Carlos Espinosa Rojas.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N 1784-2020.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Christian Le-Cerf Raby, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas. No firman el señor nombre reservado y señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal y haber cesado en su cometido, respectivamente.

En La Serena, a veintidós de diciembre de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.