Protección contra Tesorero Regional de Coquimbo

Ciento seis//106 Compañía Minera doña nombre reservado nombre reservado

Tesorero regional de Coquimbo IV Región Protección Rol N° 1783-2015.

La Serena, veintiuno de enero de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que don José Gregorio Varas Lira, abogado, en representación de Compañía Minera Doña nombre reservado nombre reservado, sociedad del giro de su denominación, ambos domiciliados en domicilio reservado, interpone recurso de protección en contra del Tesorero Regional de Coquimbo, IV Región, domiciliado en domicilio reservado, solicitando se deje sin efecto la resolución administrativa de fecha 28 de julio de 2015 dictada por el recurrido, y ordene todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas, señalando que dicha resolución es arbitraria e ilegal y afecta las garantías previstas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, explica que Tesorería sigue un proceso por cobro y ejecución de impuestos en contra de don nombre reservado, empleado de su representado, el que habría iniciado el año 2006, y en virtud del cual, en diversas oportunidades, se ha decretado el embargo de bienes de la persona ya referida, incluyendo sus remuneraciones, habiéndosele ordenado retener la de los meses de mayo y junio de 2013, por $979.881 y $946.313, respectivamente, habiéndose suspendido la retención ordenada, a partir del mes de julio de 2013, también por disposición de Tesorería.

Agrega que el día 16 de abril de 2015, su representada fue notificada del Oficio N°3313-2015, despachado en causa Rol T-22-2015 del Juzgado de Familia de Coquimbo, mediante el que se le ordenó retener un 555,5% de un Ingreso Mínimo Remuneracional, de las remuneraciones del mismo trabajador, en virtud de un avenimiento por concepto de alimentos, aprobado por el tribunal, quedando obligado a retener y depositar dichos dineros en la cuenta de ahorros a la vista del Banco Estado abierta a nombre de doña nombre reservado.

Posteriormente, con fecha 18 de mayo de 2015, se notificó a nombre reservado la resolución dictada por el Tesorero Regional de Coquimbo de fecha 03 de marzo de 2015, por la que nuevamente se ordenaba a su representada a retener las remuneraciones que debía pagar a su empleado, hasta por la suma de $465.432.945. Ante ello, su representada hizo presente a Tesorería que de acuerdo al Ordinario N°1007 de fecha 27 de febrero de 2015 de la Dirección del Trabajo, sólo podía retener por concepto de embargo, la suma que excediera de 56 UF de las remuneraciones de un trabajador, conforme dispone el artículo 57 del Código del Trabajo, agregando que las remuneraciones se retendrían a partir de mes de mayo de 2015. En cumplimiento de ello, mediante carta de fecha 18 de junio de 2015, dirigida a la Juez Sustanciador exhortante, comunicó que ello no sería posible, por cuanto la remuneración líquida del trabajador, una vez efectuada la retención previamente ordenada por el Juzgado de Familia de Coquimbo, no superaba las 56 UF, acompañándose la liquidación de remuneraciones del mes de mayo de 2015, en que consta la retención efectuada por el tribunal referido.

El Tesorero Regional de Coquimbo, dio tramitación incidental a las dos cartas remitidas, lo que no fue notificado a su parte; por lo que el día 08 de julio de 2015, envía una nueva carta a la Juez Sustanciador exhortante, que por las mismas razones, tampoco había sido posible retener las remuneraciones correspondientes al mes de junio de 2015, adjuntándose la liquidación de sueldo correspondiente.

Luego de ello, con fecha 28 de julio de 2015, el Abogado Regional de Tesorería concluye que el “incidente” promovido por nombre reservado no puede prosperar, debiendo dar cumplimiento a la retención ordenada, por estimar que el embargo se habría trabado antes de la regulación voluntaria de alimentos.

El mismo día, Tesorería dictó la resolución que se impugna, en virtud de la que se tuvo por incursa nombre reservado, en el apercibimiento previsto en el artículo 170 inciso sexto del Código Tributario, haciéndola solidariamente responsable por las sumas que habría dejado de retener a su empelado, hasta por un total de $ 481.695.071, despachando en su contra mandamiento de ejecución y embargo; resolución que, no obstante, no fue notificada a su parte sino hasta el día 02 de noviembre de 2015, de manera que en el tiempo intermedio, con fecha 09 de agosto de 2015, nuevamente se dirigió carta a Tesorería, informando que por las mismas razones que en las misivas anteriores, no podría realizar la retención ordenada respecto de las remuneraciones correspondientes al mes de julio de 2015.

Señala que la resolución de fecha 28 de julio de 2015, notificada a su parte el día 02 de noviembre del mismo año, es susceptible de ser impugnada por esta vía, por cuanto el procedimiento de cobro ejecutivo de obligaciones tributarias es un procedimiento que tiene una fase administrativa y una judicial, habiéndose esta resolución dictado en la etapa administrativa, siendo, en consecuencia, susceptible de recurrir de protección.

Enseguida sostiene que Tesorería, al pretender exigir a su representada que cumpliera con la retención ordenada el día 13 de marzo de 2015, antes de la notificación a su parte se vulnera lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley sobre Procedimientos Administrativos N° 19.880, que establece que “Los decretos y resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general”.

En el mismo orden de ideas, alega que, con su actuación, la recurrida vulnera el mandato de coordinación de los órganos del estado, previsto en el artículo 5° de la Ley de Bases de la Administración del Estado, que establece que “los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación e interferencia de funciones”, lo que el recurrido no cumple, al actuar contrariando los dictámenes de la Dirección del Trabajo en esta materia, en que ha seguido otra línea.

Señala que el recurrido está revisando los fundamentos de resoluciones judiciales, vulnerando lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución, al cuestionar en la resolución recurrida los efectos de la resolución dictada por el Juzgado de Familia de Coquimbo, al señalar que ésta no resulta oponible a la tramitación del procedimiento de cobro y ejecución de impuestos, debido a que se ha trabado embargo con anterioridad a la transacción de alimentos.

De otro lado, indica que el acto recurrido, también es arbitrario, toda vez que el recurrido exige a su parte ponerse al margen de la ley, contrariando lo dispuesto en el artículo 57 del Código del Trabajo, dictámenes de la Dirección del Trabajo y sentencias de los tribunales de justicia; citando al efecto el dictamen N° 4591/51 de la Dirección del Trabajo, de fecha 27 de noviembre de 2013 .Estima que, con su actuar, el recurrido pone en una situación imposible a su parte, puesto que se ve obligado a cumplir con la ley e interpretación de la Inspección del Trabajo, seguida por los tribunales, bajo riesgo de reproche del Juzgado de Familia y de otros servicios de la Administración, y, a la vez, a seguir las instrucciones de Tesorería, bajo amenaza de sanción de ser tenido como deudor solidario; careciendo el acto recurrido, de razonabilidad.

Asimismo, considera arbitrario el acto impugnado, por cuanto estima que el recurrido exige a su parte dejar de cumplir una resolución judicial del Juzgado de Familia de Coquimbo, la que fue debidamente notificada a su representada con fecha 16 de abril de 2015 -previo a la notificación de la resolución impugnada-, conforme la cual se ordenaba retener alimentos en virtud de una transacción, aludiendo además que la recurrida cuestiona el fondo de la resolución del Juzgado de Familia de Coquimbo, Agrega que con estas actuaciones ilegales y arbitrarias, se ha vulnerado su derecho al debido proceso, previsto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución, por cuanto el recurrido está actuando como una “comisión especial”, que pretende decidir el derecho aplicable, al zanjar cuestiones que corresponde decidir a órganos jurisdiccionales, interpretando disposiciones legales que no están dentro del ámbito de sus competencias, tales como las normas del Código del Trabajo, salvando eventuales vacíos o intentando resolver un asunto controvertido que enfrenta a dos servicios públicos, y cuestionando una orden judicial, exigiendo que ésta, en los hechos, quede sin efecto.

De otra parte, estima que también se está perturbando y amenazando su derecho de propiedad, previsto en el artículo 19 N°24 de la Constitución, en tanto que la resolución impugnada, al considerar solidariamente responsable a su parte, hasta por un total de $481.695.071, amenazan con afectar severamente su patrimonio, capital y flujos, siendo éste un peligro inminente, cierto y actual.

Que a fojas 78, el recurrido nombre reservado, Tesorero Regional, evacua su informe, solicitando el rechazo del recurso por cuanto carece de asidero fáctico y jurídico, en tanto que no han existido actuaciones ilegales o arbitrarias, ni tampoco afectación de garantías constitucionales.

Al efecto, hace presente que el acto impugnado corresponde a una resolución de carácter jurisdiccional, que ha sido dictada en un proceso legalmente tramitado, sometido a los recursos y procedimientos que la ley establece, en el que con fecha 06 de noviembre de 2015, el recurrente se ha opuesto a la ejecución, oponiendo la excepción de no empecerle el título, cuya sustanciación se encuentra actualmente ante el Segundo Juzgado de Letras de La Serena, en causa Rol C-5750-2015.

Agrega que se está intentando corregir o enmendar una resolución judicial dictada en materia ejecutiva-tributaria por el Juez Sustanciador que conoce de la causa y de la justicia ordinaria, a quienes se les ha requerido su intervención, en procesos de lato conocimiento, y de otra parte, pretende resolver la aplicación del artículo 57 del Código del Trabajo por sobre el artículo 170 del Código Tributario, lo que importa fallar en única instancia temas que requieren de debate y prueba.

En consecuencia, considera que el recurso de protección es absolutamente improcedente, por cuanto los pretendidos agravios esgrimidos son producto de un proceso de cobro ejecutivo de impuestos legalmente tramitado, los que se encuentran bajo el imperio del derecho; pudiendo ser las actuaciones y resoluciones judiciales, dejadas sin efecto únicamente de oficio o a petición de parte, por los medios y recursos procesales idóneos, en la misma causa en que se dictaron; no habiendo sido creado el presente arbitrio, para solucionar conflictos específicos entre partes, ni entre éstas y la autoridad pública, cuando dicho conflicto se encuentra sometido al conocimiento de los tribunales o autoridad correspondiente, con los medios de impugnación que establece la ley.

De otro lado, señala que no existe ilegalidad en el acto impugnado, en tanto que ha sido dictado cumpliendo las funciones jurisdiccionales que le corresponden dentro del procedimiento ejecutivo especial para el cobro de obligaciones tributarias en dinero, previsto en el Título V Libro Tercero del Código Tributario, el que establece diversos derechos para las partes.

En este orden de ideas, indica que en su resolución actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 170 inciso 3° del Código Tributario, limitándose a cumplir el mandato legal expreso de efectuar el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias morosas; en tanto que la discusión de fondo planteada, respecto de la aplicación del artículo 170 inciso 3° del Código Tributario y artículo 57 del Código del Trabajo, respecto del monto de las remuneraciones susceptibles de embargo, se encuentra sometida al imperio del derecho, sin que sea ilegal o arbitraria la resolución dictada, actuando en calidad de Juez Sustanciador, en el marco de un juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias.

En cuanto a la falta de notificación del artículo 51 de la Ley de Procedimiento Administrativo, concluye que no resulta aplicable la Ley 19.880 al Procedimiento de Cobro Ejecutivo de Obligaciones Tributarias de dinero, creado por el título V del Libro III del Código Tributario, por ser el procedimiento administrativo de naturaleza muy diversa a éste, regulado específicamente en la normativa citada. Sin perjuicio, hace presente que la recurrente fue notificada el 18 de mayo de 2015 de la retención ordenada aplicar respecto de las remuneraciones de su empleado, por lo que no puede decir que no tenía conocimiento de ella.

Respecto de las alegaciones relativas al mandato de coordinación de los órganos del Estado del artículo 5° de la Ley de Bases de la Administración del estado, indica que sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, no existe vulneración a dicho artículo, en tanto que el deudor solidario se encuentra en la obligación de retener las sumas ordenadas, una vez descontadas las cotizaciones previsionales, impuestos y retención judicial ordenada por el Juzgado de Familia de Coquimbo, siendo el monto provisional de las liquidaciones acompañadas desde el mes de mayo a septiembre de 2015, ascendentes a $1.868.562.

En relación a que el Tesorero estaría revisando los fundamentos de resoluciones judiciales, indica que no es lógico, por cuanto la resolución recurrida no ha dicho que el recurrente deba retener con preferencia a lo resuelto por el Juzgado de Familia, sino que se refiere a las sumas que ha dejado de retener, luego de descontar los recargos legales y judiciales.

De otro lado, asegura que por idénticas razones, tampoco existe arbitrariedad en su actuar, dado que no ha se ha exigido a la recurrente ponerse al margen de la ley o dejar de cumplir una resolución judicial, puesto que ha debido retener sólo el remanente una vez efectuada la retención judicial ordenada, lo que no ha ocurrido; y por otro lado, nuevamente intenta someter la decisión respecto de la aplicación del artículo 57 del Código del Trabajo a esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, en circunstancias que este es un asunto que se está discutiendo ante el Segundo Juzgado de Letras de La Serena, producto de la excepción de no empecerle el título ejecutivo, opuesta por el recurrente, proceso que corresponde a uno de lato conocimiento, como prevé el legislador para conocer de estas materias.

Agrega que ordenó el embargo de las remuneraciones del trabajador de la recurrente, por mandato del artículo 170 incisos 3° y 6° del Código Tributario, que lo autoriza sobre las remuneraciones que excedan a cinco unidades tributarias mensuales del departamento respectivo, por lo que su resolución es ajustada a derecho, por estar frente a una norma especial, que ha de primar sobre la norma del Código del Trabajo y del Código de Procedimiento Civil, las que se deben interpretar supletoriamente, de acuerdo a las normas del Código Tributario. Por tanto, mal puede calificarse de arbitraria o ilegal una conducta que se ampara y sustenta en normas legales expresas.

Adiciona que esta materia ha sido resuelta por el Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos mediante la aplicación del principio de especialidad, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 6 del Código Tributario y artículo 7 letra b) del DFL N° 7 de 1980, que contiene su ley orgánica, a través del oficio ORD. N° 236 del año 2002, siendo obligatoria para la administración tributaria, de modo que no corresponde que la recurrente utilice la interpretación de otro organismo del Estado, como es la Dirección del Trabajo, para auto determinar que se encuentra excluido de la obligación legal de retención, repartición que no puede establecer que determinada disposición se encuentra derogada tácitamente, sin producir una invasión en la esfera de competencia de otro órgano, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Constitución.

Agrega que el artículo 170 inciso 3° impone un monto menor a partir del que se puede trabar embargo sobre las remuneraciones del deudor, norma especial frente al artículo 57 del Código del Trabajo, teniendo en consideración el interés comprometido, ya que, tratándose de otro tipo de deuda, el patrimonio afectado es de una persona particular, mientras que en este caso, inciden en el patrimonio fiscal, afectando directa o indirectamente a la sociedad toda.

3.- Que la recurrente acompañó los siguientes documentos en apoyo de sus pretensiones:

a) A fojas 01, copia de la notificación y requerimiento de pago de fecha 02 de noviembre de 2015.

b) A fojas 02, copia del informe emitido en la misma causa, por el Abogado de la Tesorería Regional, don Javier Cantuarias Stamatakos.

c) A fojas 06, copia de la resolución de fecha 28 de julio de 2015, dictada en causa Rol 509-2006, suscrita por el Tesorero Regional de Coquimbo don nombre reservado.

d) A fojas 08, copia de la resolución del Juzgado de Familia de Coquimbo, en causa Rol T-22-2015, de fecha 7 de abril de 2015, que ordena se oficie a la recurrente, para efectuar retenciones en las remuneraciones de don nombre reservado.

e) A fojas 09, copia del oficio N° 3313 del Juzgado de Familia de Coquimbo, de fecha 7 de abril de 2015, dirigido a la recurrente, en cumplimiento de la resolución anterior, f) A fojas 10 y siguientes, copia de escritos de fecha 19 de marzo de 2015 y 27 de marzo del mismo año, y de resolución de fecha 31 de marzo de 2015, correspondientes a la causa Rol T-22-2015, del Juzgado de Familia de Coquimbo.

g) A fojas19, copia de ORD. N° 1007 de fecha 27 de febrero de 2015, de la Dirección del Trabajo.

h) A fojas 21 y siguientes, copias de oficios dirigidos por la recurrente a los Jueces sustanciadores del Servicio de Tesorería, de fechas 19 de mayo, 18 de junio, 8 de julio y 6 de agosto, todas del año 2015.

4.- Que, por su parte, la recurrida, acompañó los siguientes documentos, en custodia del tribunal:

a) Copia de sentencia Rol 59-2014, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Chillán.

b) Copia de sentencia Rol 3973-2004, de la Excelentísima Corte Suprema.

c) Copia de sentencia Rol 788-2014, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción.

d) Copia de sentencia Rol 50-2013, de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

e) Copia autorizada del expediente administrativo Rol 509-2006 La Serena.

A fojas 101, se decretó como medida para mejor resolver traer a la vista la causa rol C-5750-2015 DEL Segundo Juzgado Civil de La Serena.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO : Que, se ha reclamado como ilegal o arbitraria la resolución dictada en los autos rol 509-2006 Fisco con nombre reservado por el juez sustanciador don nombre reservado, de fecha 28 de julio de 2015,en cuya virtud se tuvo por incursa a la Compañía Minera doña nombre reservado, en el apercibimiento previsto en el artículo 170 inciso sexto del Código Tributario, haciéndola solidariamente responsable por las sumas que habría dejado de retener a su empleado, hasta por un total de $ 481.695.071, despachando en su contra mandamiento de ejecución y embargo.

CUARTO : Que la recurrida evacuando el traslado sostuvo que el acto impugnado corresponde a una resolución de carácter jurisdiccional, que ha sido dictada en un proceso legalmente tramitado, sometido a los recursos y procedimientos que la ley establece, en el que con fecha 06 de noviembre de 2015, el recurrente se ha opuesto a la ejecución, oponiendo la excepción de no empecerle el título, cuya sustanciación se encuentra actualmente ante el Segundo Juzgado de Letras de La Serena, en causa Rol C-5750-2015.

En este orden de ideas, indica que en su resolución actuó conforme a lo dispuesto en el artículo 170 inciso 3° del Código Tributario, limitándose a cumplir el mandato legal expreso de efectuar el cobro ejecutivo de las obligaciones tributarias morosas; en tanto que la discusión de fondo planteada, respecto de la aplicación del artículo 170 inciso 3° del Código Tributario y artículo 57 del Código del Trabajo, respecto del monto de las remuneraciones susceptibles de embargo, se encuentra sometida al imperio del derecho, sin que sea ilegal o arbitraria la resolución dictada, actuando en calidad de Juez Sustanciador, en el marco de un juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias.

QUINTO : Que son hechos no discutidos en el recurso : a) que la empresa fue notificada de la retención a su trabajador , en una primera oportunidad cumplió lo ordenado, pero luego la orden fue suspendida por el juez sustanciador; b) posteriormente fue renovada la orden de retención , con fecha 18 de mayo de 2015, se notificó a nombre reservado la resolución dictada por el Tesorero Regional de Coquimbo de fecha 03 de marzo de 2015, por la que nuevamente se ordenaba a su representada a retener las remuneraciones que debía pagar a su empleado, hasta por la suma de $465.432.945. c) que ante ello la empresa hizo presente a Tesorería que de acuerdo al Ordinario N°1007 de fecha 27 de febrero de 2015 de la Dirección del Trabajo, sólo podía retener por concepto de embargo, la suma que excediera de 56 UF de las remuneraciones de un trabajador, conforme dispone el artículo 57 del Código del Trabajo, agregando que las remuneraciones se retendrían a partir de mes de mayo de 2015; d) mediante carta de fecha 18 de junio de 2015, dirigida a la Juez Sustanciador exhortante, comunicó que ello no sería posible, por cuanto la remuneración líquida del trabajador, una vez efectuada la retención previamente ordenada por el Juzgado de Familia de Coquimbo, no superaba las 56 UF, lo mismo respecto de las remuneraciones del mes de Julio e) resolviendo las peticiones anteriores, con fecha 28 de julio de 2015, el Abogado Regional de Tesorería concluye que el “incidente” promovido por nombre reservado no puede prosperar, debiendo dar cumplimiento a la retención ordenada, por estimar que el embargo se habría trabado antes de la regulación voluntaria de alimentos. f) que el día 16 de abril de 2015, la empresa nombre reservado fue notificada del Oficio N°3313-2015, despachado en causa Rol T-22-2015 del Juzgado de Familia de Coquimbo, en que se le ordenó retener un 555,5% de un Ingreso Mínimo Remuneracional, de las remuneraciones del mismo trabajador, en virtud de un avenimiento por concepto de alimentos, aprobado por el tribunal, quedando obligado a retener y depositar dichos dineros en la cuenta de ahorros a la vista del Banco Estado abierta a nombre de doña nombre reservado.

SEXTO: Que consta asimismo, de la causa rol C-5750-2015 del Segundo Juzgado Civil de La Serena que el abogado del Servicio de Tesorería don nombre reservado solicitó al tribunal pronunciamiento de la oposición del demandado, al tenor de lo previsto en el inciso 4º del artículo 179 del Código Tributario, habiendo opuesto la excepción de “ no empecerle el título” alegando que jamás se han configurado los antecedentes de hecho que podrían dar lugar a dicho apercibimiento. Argumenta que la Minera debía cumplir primeramente la retención del Juzgado de Familia, que el segundo error de la resolución es haber privilegiado la aplicación del artículo 170 del Código Tributario por sobre el artículo 57 del Código del Trabajo y que el Tribunal de Familia solo puede fijar una pensión de alimentos por un máximo de un 50% de un ingreso mínimo remuneracional.

SEPTIMO: Que de los antecedentes indicados es posible inferir que la cuestión que se somete al conocimiento de esta Corte por esta vía constitucional de protección, se encuentra sometida al imperio del derecho, sin que aparezca que la resolución que motiva el presente recurso de protección sea, de modo alguno, ilegal o arbitraria, ya que ella ha sido dictada por el Tesorero, actuando en calidad de juez sustanciador, en el marco de un juicio ejecutivo de cobro de obligaciones tributarias. Por lo demás, el ejecutado ha opuesto excepciones conforme a las reglas del juicio ejecutivo, las que se encuentran pendientes de resolver ante el magistrado del Segundo Juzgado Civil de La Serena.

OCTAVO: Que, en consecuencia, no existiendo acto arbitrario ni ilegal, no es posible estimar que se hubiere vulnerado la garantía denunciada y, por tanto, el recurso deberá desestimarse.

Por estas consideraciones y lo prescrito en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales SE RECHAZA el recurso deducido en lo principal de fojas 32 por don José Gregorio Varas Lira, abogado, en representación de Compañía Minera Doña nombre reservado nombre reservado en contra del Tesorero Regional de Coquimbo, IV Región.

Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Redacción de la ministro titular señora Marta Maldonado Navarro.

Rol N° 1783-2015.

Pronunciado por la Primera Sala integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señora Marta Maldonado Navarro y el abogado integrante señor Ciro Sabadini Foretich. (No firman señor nombre reservado por encontrarse con feriado legal y señor nombre reservado por encontrarse ausente, sin perjuicio de haber concurrido ambos al acuerdo y vista de la causa)

nombre reservado

Secretaria (S)

En La Serena, a veintiuno de enero de dos mil dieciséis, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.