nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
- Fecha
- 19 de diciembre de 2024
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 1782-2024, sentencia de 19 de diciembre de 2024
Texto íntegro
nombre reservado, Superintendencia de Seguridad Social Recurso de protección Rol N° 1782-2024 La Serena, diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, a folio 1, el 09 de noviembre de 2024, comparece doña nombre reservado, chilena, asistente de recursos humanos e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por la acción arbitraria consistente la dictación de la resolución exenta Nº R-01-UME-158131-2024 de 09 de octubre de 2024, por la cual se rechazan ocho licencias médicas por un total de 240 días, lo que indica vulnera sus garantías constitucionales dispuestas en el artículo 19 n° 1, 2 y 4 de la Constitución Política de la República.
Funda su recurso indicando que en el año 2019 fue diagnosticado con depresión severa, con síntomas tales como problemas para dormir, angustia, ansiedad, dificultades para concentración y trastorno obsesivo compulsivo, situación que se ve complejidad por la enfermedad degenerativa de su hijo que lo mantiene postrado y dependiente de ella en forma absoluta.
Indica que actualmente continúa con licencia médica y con tratamiento psiquiátrico de Fluoxetina, Ecitalopran, Haloperidol.
Menciona además la difícil situación económica que atraviesa, por las distintas patologías de su hijo, recurriendo incluso a rifas y beneficios para costear sus gastos.
Refiere que todas las licencias médicas desde marzo hasta noviembre de 2024 fueron sistemáticamente rechazadas, por la causal de “reposo no justificado”.
Agrega que respecto de dicha resolución presentó apelación ante a la Superintendencia de Seguridad Social, con fecha 03 de noviembre de 2024, adjuntando toda la documentación pertinente a fin de acreditar fehacientemente el diagnostico que padece. No obstante, mediante resolución exenta Nº R-01-UME-158131-2024 con fecha de 09 de octubre de 2024 la SUSESO confirma la decisión de la COMPIN Región de Coquimbo, señalando escuetamente “que el reposo prescrito por las licencias Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico tratante, no expone elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo.
Indica que la resolución en comento carece de una adecuada fundamentación, porque toda la documentación acompañada en su oportunidad permite concluir que el reposo absoluto se encuentra totalmente justificado por los antecedentes médicos acompañados, en especial por lo expuesto por su médico tratante.
Agrega que, ni la COMPIN ni la SUSESO han realizado alguna acción destinada a recabar antecedentes médicos que fundamenten sus decisiones. Señalan que han estudiado los antecedentes médicos, sin embargo, no señalan cuales, ni como con ellos ha llegado a la convicción de que su reposo era injustificado.
Menciona que la acción descrita supone un atentado al derecho a la vida a la integridad física y psíquica, al negarle los medios mínimos y necesarios para su sustento. De igual manera acusa transgresión del derecho a la igualdad al privarle de un derecho establecido por ley a quienes cumplan los requisitos. Alega vulneración al debido proceso y finalmente transgresión al derecho de propiedad al privarle del subsidio.
Pide se deje sin efecto la Resolución Exenta IBS N°3738 de fecha 09 de octubre de 2024, de la Superintendencia de Seguridad Social que rechaza el pago de las licencias médicas No 17555550, 17839094, 18141456, 18465043, 18745692, 19039394, 19462343, 19733251 por constituir un acto arbitrario o ilegal que afecta Derechos Fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°1, 2 y 24 y ordenar se proceda al pago de las licencias individualizadas y de todas las demás licencias pendientes de pago, por no existir razón alguna para rechazarlas según las normas de nuestro ordenamiento jurídico que regulan la materia.
Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1. Resolución exenta Nº R-01-UME-158131-2024 emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, que da cuenta del acto que se impugna con el presente recurso. 2. Informe médico para COMPIN emitido por médico psiquiatra nombre reservado con fecha 20 de junio de 2024 (médico tratante). 3. Certificados médicos que acreditan la enfermedad que padece mi hijo nombre reservado. 4. Certificado de nacimiento de su hijo nombre reservado. 5. Carnet de persona cuidadora. 6. Credencial de Discapacidad nombre reservado
SEGUNDO: Que, a folio 6, el 11 de diciembre de 2024, comparece nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.
En primer término, alegó la extemporaneidad del recurso indicando que consta de los antecedentes que las licencias médicas fueron previamente rechazadas por Compin y que el recurrente reclamo de dicho acto el 05 de agosto de 2024. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 3 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias.
Luego alega la improcedencia del recurso, por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
En subsidio, en cuanto al fondo, menciona que consta en el expediente administrativo que la Sra. nombre reservado recurrió ante esta Superintendencia, reclamando por el rechazo de las licencias médicas señaladas, llegando a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas reclamadas, teniendo para ello presente el informe de su especialista don nombre reservado de fecha 08/10/2024, quien concluyó “ Fundamentos de la resolución: R-135161-2024 / RUT reservado 43 años, administrativa empresa privada, afiliada a FONASA. Con 210 días autorizados por patología psiquiátrica hasta el 16/05/2022.Con 30 días autorizados por patología psiquiátrica desde el 30/05/2022 al 28/06/2022.Con 210 días autorizados por patología psiquiátrica desde el 08/07/2022 al 02/02/2023.Con 180 casos autorizados por patología psiquiátrica desde el 08/03/2023 al 06/10/2023Con 150 días autorizados y 205 rechazados por patología psiquiátrica desde el 12/10/2023 al 31/08/2024.IMC de psiquiatra hospital del 20/06/2024, Dg F32 moderado, sin GAF discordante con elementos descritos, sin psicoterapia, sin elementos clínicos de gravedad, sin internación psiquiátrica, Tto: sertralina hasta 200mg, luego fluoxetina hasta 80mg, trazodona 50mg, sin otras medidas terapéuticas pese a mantención de elementos supuestamente invalidantes por más de 350 días. Aparenta reposo extenso sin rol curativo, aparente rol subsidiario, se sugiere no acoger.”.
Conforme a lo anterior alega ausencia de derechos vulnerados, limitándose a resolver situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia.
TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, teniendo presente que el acto que se acusa como ilegal y arbitrario consiste en la dictación e la resolución exenta R-01-UME-158131-2024, de 09 de octubre de 2024 y el recurso fue interpuesto el 09 de noviembre de 2024, no queda sino concluir que lo ha sido dentro de plazo legal, motivo por el cual se desechará esta alegación.
SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo por el que se desestimará tal alegación.
SEPTIMO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la resolución exenta R-01-UME-158131-2024, de 09 de octubre de 2024, por la cual se confirma el rechazo de las licencias médicas licencias médicas N°s RUT reservado,RUT reservado, RUT reservado, por reposo injustificado.
En cuanto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, se indica en forma expresa que no se emite pronunciamiento por no haberse interpuesto respectivos recursos de reposición ante la COMPIN.
Conforme a lo anterior, teniendo presente que se reclama en contra de la resolución exenta R-01-UME-158131-2024, de 09 de octubre de 2024, por el rechazo de ocho licencias médicas, en circunstancias que dicho acto solo menciona cinco licencias médicas y emite pronunciamiento respecto de tres, esta Corte se referirá solo a estas últimas, por ser aquellas objeto del pronunciamiento de la recurrida.
OCTAVO: Que, para el análisis del rechazo del pago de las licencias, es preciso indicar que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)
Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”
Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”
Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”
Dado el encuadre normativo, estamos en condiciones de afirmar que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre la paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal. Aquello, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.
De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.
Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.
Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.
NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida es escueta y no logra, a juicio de esta Corte, informar a la actora de los motivos del rechazo, luego de haber requerido los antecedentes que le permitieran resolver, situación que transforma la mentada resolución, en tanto mantuvo la negativa, en infundada y, por ende, arbitraria, circunstancia que escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, pues debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.
DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental.
Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:
I.-Que se rechaza la alegación de extemporaneidad.
II.- Que se rechaza la alegación de improcedencia de la acción constitucional.
III.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejándose sin efecto la resolución exenta Nº R-01-UME-158131-2024, solo en cuanto rechaza el pago de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, disponiéndose en su lugar el pago de estas, dentro de quinto día de ejecutoriada la sentencia.
Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
Rol N°1782 -2024 Protección.-