nombre reservado con MINISTERIO PÚBLICO

nombre reservado

Ministerio Público Recurso de Protección Rol N° 1779-2024.- La Serena, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

​ VISTOS:

PRIMERO: Comparece don nombre reservado, por sí, interponiendo la acción constitucional de protección en contra del MINISTERIO PÚBLICO, representado por el Fiscal Nacional, don ÁNGEL VALENCIA VÁSQUEZ, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la RESOLUCIÓN FN/MP N°2497/2024, de 0 de octubre de 2024, que dispuso la remoción de su cargo de funcionario de la Fiscalía Local de La Serena por aplicación de una causal que estima improcedente, y sin el amparo de un proceso administrativo racional y justo que le haya garantizado el derecho a defensa.

Expone que la resolución recurrida le imputa el haber incurrido en una causal de "incapacidad sobreviniente" para el ejercicio de su función, al acogerse a la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento en un proceso penal seguido en su contra. A su juicio, esta decisión vulnera diversas garantías constitucionales y derechos fundamentales, al carecer de sustento legal y no estar amparada en un debido proceso administrativo que garantice su derecho a defensa. Acusa que dicho acto le ha causado privación y perturbación al legítimo ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5° y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere que ha servido como funcionario de planta en la Fiscalía Local de La Serena desde el 2 de mayo de 2018, destacándose por sus méritos, evaluaciones sobresalientes y trayectoria intachable. Durante sus más de seis años de servicio, nunca fue objeto de procedimientos disciplinarios ni administrativos.

Describe que fue denunciado por su ex cónyuge por maltrato corporal hacia su hijo mayor, causa que concluyó con la adopción de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento en mayo de 2023, sin que ello implicara admisión de responsabilidad penal. Señala que dicha causa, fue seguida ante el Juzgado de Garantía de Coquimbo, bajo el RIT 5033 – 2021, actuando como persecutor la Fiscalía Local de Coquimbo, por decisión del Fiscal Regional, ya que se trataba de una sede distinta a la que pertenecía.

Argumenta que esta medida no genera inhabilidad ni causal de remoción para funcionarios en ejercicio, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y su reglamentación interna. Además, durante todo el proceso, recibió garantías de sus superiores inmediatos de que su empleo no se vería afectado. Al efecto precisa que durante el proceso judicial llevado en su contra tuvo conversaciones formales con el Director Ejecutivo Regional, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y el Profesional de la misma unidad, quienes le señalaron que podía acceder a una suspensión condicional de procedimiento, ya que al revisar el equipo Directivo la Ley Orgánica del Ministerio Público, así como los reglamentos internos conforme a ella, no existiría impedimento para conservar su empleo, ya que la causal de suspensión condicional del procedimiento sólo constituía una inhabilidad en los casos de ingreso o contratación de nuevos funcionarios para pertenecer a la institución y en ningún caso resultaba aplicable para remover de su cargo a funcionarios en ejercicio, citándole al efecto el Reglamento de Responsabilidad Administrativa para Funcionarios del Ministerio Público.

Menciona que de estas conversaciones no hubo intercambio de correos electrónicos, sino solo conversaciones personales y chat de mensajería WhatsApp.

Hace presente que su única negativa a aceptar esta salida alternativa era la admisión de responsabilidad, ya que en todo momento defendió su inocencia ante las acusaciones de quien fuese su cónyuge, tanto así, que estaba dispuesto a ir a juicio oral.

Relata que tras haber consultado a las mencionadas autoridades locales, y en el entendido que no habría efectos negativos en su estabilidad funcionaria, en audiencia de 03 de mayo de 2023 aceptó esta salida alternativa con las condiciones respectivas por un plazo de dos años, sin que esta medida implicara una aceptación de los cargos ni de responsabilidad en los hechos, como requisito de la responsabilidad penal.

Destaca que al finalizar este complejo capítulo personal, continuó trabajando como funcionario de la Fiscalía Local de La Serena, siendo destacado por sus pares y jefatura, sin que desde septiembre del 2021 hasta la fecha de su remoción, fuera abierta una investigación administrativa ni formulación de cargos, o sea, no hubo un procedimiento que garantizara su derechos a defensa. Indica que en el mes de febrero de 2024, don nombre reservado asumió como Fiscal Regional de Coquimbo, reemplazando a don nombre reservado. Menciona que este cambio trajo consigo una serie de modificaciones administrativas que impactaron tanto a la estructura regional como a las fiscalías locales.

Agrega que en julio de este año, la Fiscalía Local de La Serena recibió una nueva Fiscal Jefe, y que durante los meses previos a este nombramiento enfrentó una significativa sobrecarga laboral, asumiendo funciones adicionales debido a licencias médicas, renuncias y jubilaciones de otros funcionarios y que por su sentido de compromiso, trabajó más de 20 días consecutivos en agosto, excediendo su horario habitual en varias ocasiones, situación que comunicó a la Administradora y a la Fiscal Jefe de forma presencial y por correo electrónico.

Menciona que en agosto, se le notificó que debía tomar vacaciones por acumulación, por lo que las solicitó para septiembre. Inicialmente, estas fueron rechazadas, aunque tras insistir se aprobaron, fijándose su inicio el 30 de septiembre por un período de 13 días hábiles. No obstante, el 9 de octubre, mientras se encontraba en su segundo período de descanso, recibió un correo electrónico convocándolo a una reunión en la Fiscalía Regional de Coquimbo para el día siguiente.

Refiere que el 10 de octubre de 2024 , acudió a la reunión, donde fue informado de su desvinculación laboral. En dicha instancia, el Director Ejecutivo Regional y la Jefa de la Unidad de Personas de la Fiscalía Regional le entregaron una copia de la Resolución FN/MP N° 2496/2024, fechada el 3 de octubre de 2024. En esta se detalla que el recurrente, durante una audiencia de preparación de juicio oral celebrada el 3 de mayo de 2023, aceptó la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento por un plazo de dos años. Este hecho lo inhabilitó para desempeñarse como funcionario del Ministerio Público, conforme a lo dispuesto en los artículos 60 y 65 de la Ley N° 19.640, que establecen que no pueden ser fiscales ni funcionarios del Ministerio quienes estén acogidos a la suspensión condicional del procedimiento. La resolución declara vacante su cargo a partir de su fecha de emisión y ordena que la notificación sea realizada personalmente, lo cual ocurrió en dicha reunión.

Para fundamentar la ilegalidad de la decisión adoptada en su contra, el recurrente comienza reconociendo que que el artículo 60 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, establece que las inhabilidades e incompatibilidades que impiden desempeñarse como juez son igualmente aplicables a los fiscales y que este precepto, en virtud del artículo 65 del mismo cuerpo legal, se extiende también a los demás funcionarios del Ministerio Público. Pero, según su interpretación, estas disposiciones hacen referencia a las causales contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, que regulan los requisitos de ingreso a la administración de justicia, pero no contemplan causales de expiración de los cargos de jueces, fiscales o funcionarios del Ministerio Público.

El recurrente destaca que las causales de remoción de los jueces están reguladas específicamente en el artículo 332 del Código Orgánico de Tribunales. Por su parte, en el caso de los fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público, estas materias están reguladas por la propia Ley N° 19.640, que otorga al Fiscal Nacional la facultad de determinar las condiciones de contratación y cese de funciones del personal de la institución, de acuerdo con el artículo 67. Para este propósito, se aplican los reglamentos internos: el Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público y el Reglamento de Responsabilidad Administrativa.

Argumenta que el Reglamento de Personal, en su artículo 35, reitera que las incapacidades que impiden ser juez, conforme al Código Orgánico de Tribunales, son aplicables únicamente como requisitos para ingresar al cargo de fiscal o funcionario del Ministerio Público. Sin embargo, las causales de remoción están reguladas exclusivamente en el Reglamento de Responsabilidad Administrativa. Este reglamento dispone, en su artículo 14, que la remoción de un funcionario procede solo tras una investigación sumaria y por causales específicas, tales como ser condenado por crimen o simple delito, cometer infracciones graves establecidas en la normativa aplicable, o incurrir en conductas de suficiente gravedad, como el acoso sexual.

En base a estos argumentos, arriba a la conclusión que la remoción de un funcionario público debe basarse únicamente en causales expresamente previstas en la normativa aplicable y que estas deben ser previamente acreditadas mediante un procedimiento sumario que garantice el derecho a la defensa. Además, enfatiza que las inhabilidades establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales no constituyen causales de remoción, ya que están limitadas al ingreso al cargo y no son aplicables para determinar la expiración del mismo.

Finalmente denuncia que la resolución recurrida vulnera las siguientes garantías constitucionales:

a) Derecho al debido proceso (art. 19 N°3 inc. 5°), al no haberse respetado los principios de bilateralidad de la audiencia, derecho a defensa y fundamentación racional de la decisión.

b) Derecho a la igualdad ante la ley (art. 19 N°2), dado que otros funcionarios en situaciones similares no fueron desvinculados, como ocurre con un juez que se acogió a una salida alternativa y continúa en funciones.

c) Derecho a la integridad psíquica (art. 19 N°1), al generarle un daño emocional y psíquico derivado de la incertidumbre laboral y el perjuicio personal que le ocasiona la decisión arbitraria.

d) Derecho de propiedad (art. 19 N°24), al haber sido despojado de su cargo sin una causal legal procedente, afectando su derecho adquirido de permanencia en el empleo.

Pide que se declare que el MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE incurrió en un acto ilegal y arbitrario al removerlo de su cargo por causal improcedente, y en virtud de ello, se ordene la nulidad de la Resolución FN/MP N°2497/2024 y se disponga su reincorporación inmediata al cargo que desempeñaba, con el pago retroactivo de sus remuneraciones.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: Resolución FN/MP N°2497/2024 de fecha 03 de octubre de 2024; Carta de notificación de desvinculación; Acta de audiencia de suspensión condicional del procedimiento; Reglamentos internos aplicables al caso.

SEGUNDO: Que, a folio 7, comparece nombre reservado, abogado y Fiscal Nacional del Ministerio Público, evacuando el informe solicitado en el marco del recurso de protección interpuesto por nombre reservado contra el Ministerio Público.

Reconoce que el recurrente señor nombre reservado fue nombrado en el cargo de Auxiliar Administrativo Grado XIX en 2019, según consta en la Resolución URH N° 279/2019.

Luego precisa que en una causa penal (RUC 2100846378-3), el actor fue imputado y sometido a una suspensión condicional del procedimiento en mayo de 2023, por un plazo de dos años y bajo ciertas condiciones específicas, tales como tratamiento psicológico y la prohibición de acercarse a un menor. Esta suspensión condicional fue informada como causal de incapacidad sobreviniente por el Fiscal Regional de Coquimbo mediante un oficio emitido en julio de 2024.

Explica que basándose en este antecedente, el Fiscal Nacional (S) dictó una resolución que declaró vacante el cargo del recurrente, siendo notificado el 10 de octubre de 2024.

Menciona que desde el punto de vista normativo, según lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, las incapacidades que afectan a los fiscales también aplican a los funcionarios de la institución, incluyendo a los auxiliares administrativos. En particular, el artículo 65 de la Ley 19.640 y el Reglamento de Personal establecen que estas incapacidades impiden tanto el ingreso como la permanencia en los cargos.

Comenta que el Código Orgánico de Tribunales dispone, en su artículo 256, que no pueden ocupar cargos públicos quienes estén acogidos a una suspensión condicional del procedimiento penal. Este precepto es aplicable al caso del recurrente, quien se encuentra en dicha situación.

Aclara que la vacancia del cargo no constituye una medida disciplinaria ni una sanción administrativa, sino una consecuencia legal obligatoria que se produce una vez constatada la incapacidad sobreviniente. Por ello, no es necesario llevar a cabo un procedimiento sancionatorio, ya que la normativa exige simplemente la constatación del hecho.

En abono a tal decisión, menciona que la Contraloría General de la República ha respaldado esta interpretación al señalar que las incapacidades sobrevinientes afectan tanto a fiscales como a funcionarios, y que su existencia obliga al término de la relación laboral si se cumplen los requisitos legales.

En base a estos antecedentes, solicita que el recurso de protección sea rechazado, considerando que el acto recurrido no es arbitrario ni ilegal, sino una aplicación estricta de las normas legales vigentes. Además, enfatiza que no se han vulnerado derechos constitucionales del recurrente, dado que el procedimiento se ajustó a la normativa aplicable y se fundamentó en hechos y documentos objetivos que acreditan la incapacidad sobreviniente.

Acompaña a su informe los siguientes documentos:

1.- Resolución URH N° 279/2019 de 26 de abril de 2019 de designó a don nombre reservado, en el cargo de auxiliar administrativo grado XIX en la Fiscalía Local de La Serena.

2.- Contrato de trabajo de 25 de abril de 2019, con vigencia indefinida, dejando constancia que ingresó a la institución el 02 de mayo de 2018.

3.- Acta de audiencia de preparación de juicio oral, de 03 de mayo de 2023.

4.- Oficio FR4 N° 004548-2024 de 26 de Julio de 2024, emanado de nombre reservado, Fiscal Regional de la Fiscalía Regional de Coquimbo.

5.- Resolución FN/MP N° 2496/2024 del Fiscal Nacional (S) don Héctor Barros Vásquez, de 03 de octubre de 2024 que declaró vacante, a contar de esa fecha, el cargo de Auxiliar Grado XIX de la Fiscalía Local de La Serena de la Fiscalía Regional de Coquimbo, servido por don nombre reservado.

6.- Acta de notificación personal de fecha 10 de octubre de 2024, a don nombre reservado de la Resolución FN/MP N° 2496/2024.

7.- Dictamen de la Contraloría General de la República CGR 037284N07.

8.- Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público.

9.- Decreto del Ministerio de Justicia N°01, de 10 de enero de 2023, que nombró a don nombre reservado en el cargo de Fiscal Nacional.

10.- Resolución del Fiscal Nacional FN/MP TR N° 1/2024, de 02 de enero de 2024, que establece el orden de subrogación del Fiscal Nacional del Ministerio Público.

TERCERO: ​ Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se define como una acción cautelar de derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, y tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado.

Se trata de una acción cautelar destinada a restablecer de manera rápida y eficaz el imperio del derecho cuando se ha vulnerado, perturbado o amenazado, por acción u omisión arbitraria o ilegal, el ejercicio legítimo de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en el presente caso se hacen consistir las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 2, 3 inciso 5° y 24 del texto constitucional.

Constituye una acción por cuanto ha sido establecida para provocar el ejercicio de la función jurisdiccional, de manera urgente, excepcional y concentrada, con el objetivo de dar protección eficaz a ciertos derechos reconocidos en la Constitución.

​CUARTO: Que, tal como reiteradamente ha expresado esta Corte, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

​ QUINTO: Que, son presupuestos de esta acción cautelar: a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho derecho esté señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) Que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

​ SEXTO: Que, en el presente caso la acción ilegal y/o arbitraria que se le reprocha al Ministerio Público es haber dispuesto la remoción del cargo de funcionario de la Fiscalía Local de La Serena que detentaba el recurrente mediante RESOLUCIÓN FN/MP N°2497/2024, de fecha 03 de octubre de 2024, emanada del Fiscal Nacional, por aplicación de una causal improcedente, y sin el amparo de un proceso administrativo racional y justo que le haya garantizado el derecho a defensa.

En síntesis, se plantea por las partes como controversia jurídica, en torno a la decisión contenida en la resolución cuestionada en su legalidad, si las inhabilidades contempladas en el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, aplicable a los funcionarios del Ministerio Público de conformidad a lo dispuesto en los artículos 60 y 65 de la Ley 19.640, deben considerarse únicamente como impedimento para el ingreso al cargo o si también pueden justificar, en carácter de sobrevinientes, la remoción de un funcionario en ejercicio.

Asimismo, se discute la validez del procedimiento utilizado para la desvinculación, ya que el recurrente denuncia la ausencia de garantías procesales – inexistencia de un proceso administrativo previo-, mientras que el Ministerio Público sostiene que dichas garantías no son aplicables en situaciones de incapacidad sobreviniente, como acontecería en este caso.

Así las cosas, corresponde determinar si la desvinculación del recurrente por haberse acogido a la suspensión condicional del procedimiento en la causa RUC 2100846378-3, mientras detentaba la calidad de funcionario del Ministerio Público, constituye una medida ilegal o arbitraria, vulneratoria de sus derechos, susceptible de resguardo por esta vía.

INHABILIDAD SOBREVINIENTE.

SÉPTIMO: Que, en primer término, es indispensable dejar asentado que el artículo 60 de la Ley 19.640 dispone que “No podrán ser fiscales quienes tengan alguna incapacidad o incompatibilidad que los inhabilite para desempeñarse como jueces.” Enseguida, el inciso 2° del artículo 65 de la misma ley previene que las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones aplicables a los fiscales, regirán, también, para los funcionarios del Ministerio Público.

Relacionado con lo anterior, el artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales establece las inhabilidades para ser juez, en cuyo catálogo destaca, en lo que interesa al presente caso, su numeral 5°, que inhabilita para desempeñar el cargo de juez, a quienes “de conformidad a la ley procesal penal, se hallaren acusados por crimen o simple delito o estuvieren acogidos a la suspensión condicional del procedimiento”.

En la especie, no existe controversia en cuanto a que el recurrente, siendo funcionario del Ministerio Público, se acogió a la suspensión del procedimiento en una causa penal seguida en su contra, lo cual motivó que un poco más de un año después la recurrida decidiera su remoción sin un proceso administrativo previo.

OCTAVO: Que, el presente caso dice relación con lo que se denomina inhabilidad sobreviniente, esto es, aquella cuyos presupuestos surgen ya estando el funcionario en pleno ejercicio de sus funciones.

Para el recurrente, dado el tenor del artículo 60 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, las inhabilidades del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales deben considerarse únicamente como impedimento para el ingreso al cargo pero no pueden servir para justificar la remoción de un funcionario en ejercicio. En cambio, el Ministerio Público disiente de esta interpretación sosteniendo que las inhabilidades también pueden justificar, en carácter de sobrevinientes, la remoción de un funcionario en ejercicio.

NOVENO: Que, el Título V de la Ley 19.640 aborda las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones aplicables a los funcionarios del Ministerio Público, señalando en su artículo 60 que no podrán ejercer como fiscales quienes tengan alguna incapacidad o incompatibilidad que los inhabilite para desempeñarse como jueces. Esta disposición se extiende también a los demás funcionarios de la institución, según lo establece el artículo 65, inciso segundo, de la misma ley. Una regulación similar se encuentra en los artículos 34 y 35 del Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público.

A su turno, el inciso final del artículo 65 de la ley 19.640 previene que: “La Contraloría General de la República informará a la autoridad que haya efectuado el nombramiento las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones sobrevinientes de los fiscales y funcionarios, que lleguen a su conocimiento.

Esta última norma no deja dudas en cuanto a dotar de relevancia y efectos a las incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones de los fiscales y funcionarios que surjan ya encontrándose en el desempeño de su cargo. Además, el verbo sobrevenir según la RAE significa: “Suceder o acaecer, generalmente de forma repentina”. Por lo tanto, "sobreviniente" se refiere a algo que ocurre o aparece de manera posterior, generalmente de forma inesperada o adicional a lo ya existente.

Pero la conclusión precedente, aún no es suficiente para determinar la legalidad del cese de funciones de que ha sido objeto el recurrente, ya que si bien se descarta la tesis de que las inhabilidades aplicables a los funcionarios del Ministerio Público, deben considerarse únicamente como impedimento para el ingreso al cargo, debe indagarse si es necesario un procedimiento previo para justificar tal decisión en el carácter de causal autónoma de término del contrato de trabajo.

PROCEDIMIENTO DE CESE O REMOCIÓN.

DÉCIMO: Que, el artículo 332 N°1 del Código Orgánico de Tribunales señala que el cargo de juez cesa cuando este incurre en alguna de las incapacidades previstas en la ley para su ejercicio, norma complementada por el artículo 256 del mismo código. Este último artículo dispone que no podrán ejercer como jueces aquellas personas que, de acuerdo con la ley procesal penal, se encuentren acusadas por crimen o simple delito, o estén acogidas a una suspensión condicional del procedimiento.

En idéntico sentido, el artículo 43 de la Ley 19.640, contempla como causal de cese en el cargo de los fiscales adjuntos, la “Incapacidad o incompatibilidad sobreviniente, cuando corresponda.” (letra f)

Pero se da la particularidad que, a diferencia de los fiscales adjuntos, la ley 19.640, no contempla en su artículo 81 como causal del término del contrato de trabajo de los funcionarios del Ministerio Público, que no sean de exclusiva confianza, la incapacidad o inhabilidad sobreviniente. Ello ha sido incorporado por vía reglamentaria.

Por consiguiente, la Ley Nº 19.640 contempla la inhabilidad del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, tanto a fiscales adjuntos como a otros funcionarios del Ministerio Público, sin embargo, los efectos derivados de esta inhabilidad son diversos:

a) Respecto de los fiscales adjuntos, existe una norma expresa en el artículo 43, letra f), que establece el cese en el cargo ante una inhabilidad sobreviniente.

b) En contraste, para los demás funcionarios, que no sean de exclusiva confianza, la incorporación de esta causal, como fundamento del cese de funciones, se aborda únicamente mediante el Reglamento de Personal para los Funcionarios del Ministerio Público, específicamente en la letra m) de su artículo 91.

Es así como se puede afirmar que la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público contempla la inhabilidad o incapacidad sobreviniente como causal autónoma y directa de cese en el cargo, únicamente para los fiscales adjuntos, sin extenderla a otros funcionarios no considerados de confianza. Este vacío normativo, es completado por vía reglamentaria.

En este sentido, el artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público otorga al Fiscal Nacional la prerrogativa de determinar la forma de contratación y expiración de los servicios de los funcionarios que se desempeñen en el Ministerio Público. Pero al aludir sólo a la “forma” implica que el alcance permitido a esta potestad reglamentaria se limita a regular aspectos formales y procedimentales, pero no habilita la creación de causales de despido no previstas expresamente en la ley.

Aparece entonces que la prerrogativa reglamentaria que detenta el Fiscal Nacional ha sido empleada como mecanismo para suplir la omisión legal antes destacada. Sin embargo, tal proceder implica establecer nuevas causales de término a través del reglamento.

UNDÉCIMO: Que, lo referido en el considerando décimo precedente no se debe desatender o soslayar ya que las causales de término de contrato, tanto en el sector público como en el privado, deben estar reguladas exclusivamente por ley, conforme al principio de reserva legal consagrado en la Constitución.

Al efecto, la reserva legal contenida en el artículo 63, N° 4), de la Constitución Política de la República previene que son materias de ley aquellas “básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, previsional y de seguridad social”. Esta norma constitucional no distingue si el régimen laboral es público o privado.

De lo anterior se concluye que los reglamentos no pueden suplir lagunas normativas en materias esenciales, como las causales de término de contrato, y por ende, la inclusión de la inhabilidad sobreviniente en el artículo 91, letra m), del reglamento excede el marco de la potestad reglamentaria y vulnera el principio de reserva legal.

En este sentido el Tribunal Constitucional ha sostenido que:

"La potestad discrecional no puede tener validez alguna cuando sobrepasa o desborda la Constitución Política y ello ocurre cuando la disposición legal que la concede coloca al funcionario o servicio que puede ejercerla, sin sujeción a control judicial alguno, en posición de que con su actuación, afecte o desconozca las libertades y derechos que la Constitución asegura a todas las personas". (Sentencia Rol Nº 198, C10. Letra A, del Tribunal Constitucional).

Complementando lo anterior, la Corte Suprema ha señalado que:

"Es improcedente la interpretación que hace la Contraloría General de dejar entregada la máxima sanción disciplinaria como es la destitución a la discrecionalidad de la autoridad administrativa, no sólo porque ella atenta contra el principio de la tipicidad, sino porque además contraría el concepto mismo de la carrera funcionaria garantizado por la Constitución y desarrollada por la ley de bases 18.575 y la consecuencial estabilidad en el empleo que como derecho confiere la ley a los funcionarios públicos".

(Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, Tomo LXXXIX, pág. 122).

Lo destacado por el Máximo Tribunal demuestra la necesidad que cualquier causal de término de contrato en la función pública esté delimitada de manera estricta por la ley.

Asimismo, la Contraloría General de la República, ha declarado que las instrucciones administrativas no pueden afectar derechos fundamentales, ya que ello implica una infracción a la reserva de ley. En el Dictamen Nº 29.556 de 2007, la Contraloría invalidó unas instrucciones administrativas por invadir la reserva legal dispuesta por la Constitución, señalando que "Las instrucciones administrativas no constituyen un instrumento normativo propiamente tal, sino que tienen por objeto fijar al interior de un organismo público las modalidades prácticas que se seguirán para aplicar las normas legales y reglamentarias, a las cuales tienen que sujetarse íntegramente para tener validez y eficacia".

De lo anterior se extraen dos consecuencias, en lo que interesa, para el presente caso:

1) Que cualquier causal de cese en el cargo debe estar expresamente prevista en la Ley Nº 19.640 y no en el reglamento.

2) Que el reglamento, por su naturaleza subordinada, solo puede regular aspectos formales y procedimentales en la aplicación de las causales establecidas por ley, pero no puede crear nuevas figuras o alterar el fondo de la regulación legal.

DUODÉCIMO: Que, en este orden de ideas, es dable afirmar que en el caso particular de los funcionarios que no son fiscales adjuntos, la ausencia de una norma legal que disponga el cese automático por inhabilidad sobreviniente, no puede estimarse un olvido del legislador ya que para el caso de los fiscales adjuntos la ley si lo contempla expresamente. Bajo esta premisa, no puede considerarse que se trate de una laguna normativa como tampoco que ello autorice que sea abordado a través del reglamento.

En efecto, la potestad reglamentaria no puede utilizarse como mecanismo para suplir lagunas normativas ni para definir causales de término de contrato, ya que esto contraviene el principio de juridicidad y la separación de poderes. De este modo, el reglamento puede precisar las formas de ejecución de las disposiciones legales, pero nunca modificar, ampliar o establecer causales de caducidad del contrato de trabajo.

En consecuencia, la inhabilidad sobreviniente sólo constituye una causal de cese en el cargo de un fiscal adjunto, sin necesidad de iniciar previamente un procedimiento administrativo, por así disponerlo la ley, pero para el caso de los demás funcionarios del Ministerio Público, su concurrencia, por sí sola, no autoriza el término del contrato de trabajo, por el contrario, para determinar si una inhabilidad sobreviniente puede encuadrarse en alguna de las causales previstas por la ley, es imprescindible iniciar un sumario administrativo.

Este procedimiento permite verificar si se cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la ley, respetando las garantías del debido proceso y asegurando que la medida se ajuste al marco normativo vigente.

Dicho de otro modo, la inhabilidad derivada de la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento, respecto de los funcionarios del Ministerio Público que no sean fiscales adjuntos, mientras el funcionario ya se encuentra en posesión y ejercicio del cargo, solo puede considerarse como un antecedente para una eventual remoción, la cual debe gestionarse mediante una investigación administrativa y siendo analizada en su mérito.

Así las cosas, el proceso de investigación administrativa constituye la vía previa y necesaria para determinar si la inhabilidad, en concreto, se encuadra en alguna de las causales establecidas en el artículo 81 de la Ley Nº 19.640.

Esta necesidad de un sumario previo se ve reforzada por el propio Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, en su artículo 34, al distinguir entre aquellas causales que requieren un sumario y aquellas en las que no es necesario.

Dispone este artículo: "Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9º y 14 del presente reglamento, para los efectos de aplicar a los funcionarios que no sean de exclusiva confianza, las causales de caducidad del contrato de trabajo contempladas en las letras g), h), i) y j) del artículo 81 de la ley orgánica, deberá disponerse y efectuarse la realización de una investigación administrativa previa en conformidad con las normas de este Título”.

Este procedimiento permite verificar si se cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la ley, respetando las garantías del debido proceso, que garantice el ejercicio del derecho a la defensa del funcionario afectado, y asegurar que la medida sea fundada, proporcional y oportuna.

En el presente caso, la decisión de término adoptada por el Ministerio Público careció de dicho procedimiento, infringiendo la ley, afectando las garantías fundamentales del recurrente, en tanto no se le otorgó oportunidad para presentar pruebas, argumentaciones o ejercer sus derechos, conforme su propia reglamentación lo contempla y exige.

Además, se observa una demora excesiva por parte del Ministerio Público en adoptar la decisión de término a pesar de tener conocimiento previo de la inhabilidad sobreviniente. Este aspecto, sumado a la ausencia de un procedimiento administrativo o sumario en el cual el afectado pudiera desplegar sus defensas, refuerza la ilegalidad del acto administrativo impugnado, sin perjuicio de que en el presente caso pudiera haber operado la prescripción de la responsabilidad administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, según el cual “La acción disciplinaria contra el funcionario prescribirá en dos años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que da origen a responsabilidad administrativa.” Este mismo precepto reglamentario advierte que “si hubiere hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.”

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, en base a las consideraciones precedentes, la ilegalidad constatada produce una vulneración de los derechos fundamentales del recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso necesariamente debe ser acogido, en la forma que se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.

En efecto, el actuar del Ministerio Público constituye una vulneración de la igualdad ante la ley, garantizada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en relación con otras personas que, en situación similar o incluso superior, son excusadas en su actuar. Además, resulta un innegable que el acto impugnado ha generado un menoscabo en el derecho de propiedad del actor, consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, tanto en relación al ejercicio de su empleo como al goce del estipendio mensual que le corresponde.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, ACOGE, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado, en contra del MINISTERIO PÚBLICO DE CHILE, sólo en cuanto se ordena a la entidad recurrida dejar sin efecto RESOLUCIÓN FN/MP N°2497/2024, de fecha 03 de octubre de 2024, que dispuso el cese de su cargo de funcionario de la Fiscalía Local de La Serena y, en consecuencia, la recurrida deberá dictar un acto administrativo que ordene la reincorporación del recurrente y debiendo pagarse todas las remuneraciones devengadas mientras el recurrente haya permanecido separado del servicio, entre la fecha de su separación y su reincorporación efectiva, debidamente reajustadas. Dicho acto administrativo deberá dictarse dentro de tercero día desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Decisión acordada con el voto en contra del Ministro Señor Felipe Pulgar Bravo, quien fue de parecer de rechazar la acción de protección, por los siguientes fundamentos:

1.- Compartiendo los hechos tenidos por acreditados, establecidos en el motivo sexto precedente, en particular, que el recurrente se desempeñó como funcionario del Ministerio Público desde el año 2019 y que su cargo fue declarado vacante en virtud de Resolución N°2496-24, dictada por el Sr. Fiscal Nacional del Ministerio Público, al haber incurrido en causal de inhabilidad, el punto sometido a consideración de esta Corte, a través de esta acción constitucional de excepción, es definir si la forma en que fue removido el actor afectó o no sus derechos fundamentales y, por tanto, si el recurrido obró al amparo legal.

2.- Debemos partir sosteniendo que, a juicio de quien disiente, la decisión adoptada por el Ministerio Público, cuya legalidad se reprocha en autos, se encuentra dentro del ámbito de sus atribuciones, conforme a los artículos 60 y 65 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, siendo un hecho no discutido que al recurrente le afecta una de las causales de inhabilidad del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, por haberse acogido a una suspensión condicional de un procedimiento penal seguido en su contra por 2 delitos de maltrato relevante provocados en contra de su hijo menor de edad. De esta forma, el órgano nacional se limitó a declarar la vacancia del cargo servido por éste, al constatar la concurrencia de una causa sobreviniente en la que el actor incurrió.

3.- Ahora bien, aclarado lo anterior, entendemos que el debate se circunscribe a definir si es necesario iniciar un procedimiento administrativo para efectuar la declaración de vacancia antes aludida por operar una causa sobreviniente.

Al respecto digamos que el recurrente, si bien cita la normativa del artículo 19 numeral 3 de nuestra Carta Fundamental, no lo hace en aquella parte en que resulta tratarse de un derecho amparado vía recurso de protección, esto es, la instalación de comisiones especiales, por ende, su alegato del “derecho al procedimiento administrativo” debe leerse en clave restrictiva pues, tal como regula el propio Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público en sus artículos 9 y 14, aquella instancia administrativa culmina con una “sanción” cuando aparezca que el investigado ha incurrido en alguna de las conductas típicamente descritas en dicha normativa, dentro de la que no está aquella debatida en este recurso constitucional.

En efecto, el artículo 5 del texto previamente citado sostiene que “El personal que infrinja sus obligaciones o deberes funcionarios incurrirá en responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la civil o penal que pueda afectarle. Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser establecida mediante una investigación administrativa.” (lo destacado es propio)

Luego, el artículo 6º regula que “La referida investigación administrativa tendrá por objeto: 1.- verificar la existencia de hechos sancionables; 2.- determinar la individualización del o los responsables, si los hubiere, y su participación en los hechos; 3.- establecer el grado de responsabilidad administrativa que les afecta y, en su caso, la sanción a proponer; y, 4.- si fuere posible, enunciar las medidas o disposiciones administrativas que sea dable recomendar para corregir alguna deficiencia observada en la investigación ya sea en los procesos de trabajo o en otros aspectos.”

De esta forma, aparece meridianamente claro -para este disidente- que la legislación del Ministerio Publico -plenamente aplicable por la naturaleza de las funciones que desempeñaba el actor y por dirigirse a aquella su contrato laboral (clausula quinta)- si bien contempla la posibilidad de ejercer esta potestad sancionatoria, lo es en los casos y bajo las circunstancias que la misma ley indica, sin que el asunto planteado por el recurrente se incluya en alguna de esas hipótesis.

Así, ordenar la instrucción de un procedimiento administrativo sancionador para casos que no fueron contemplados por la ley, desatiende, por lo pronto, el principio de legalidad, por pretender abordarse una problemática con una herramienta no creada al efecto, de manera que lo que se decida, al hacerlo un órgano fuera de sus competencias, sí transforma al decisor en una comisión especial.

Lo anterior sumado a que, recordemos, en caso alguno la medida adoptada por la entidad recurrida fue a propósito o como forma de sanción, sino simplemente se corrigió la situación laboral del actor, por haberse puesto él en una situación incompatible con su cargo. No hacerlo así, a juicio de este disidente, importaría desatender principios como el de probidad administrativa, pues hubiera resultado que una persona que no podría haber optado al cargo que ya detenta, lo siguiera ejerciendo. O importaría sancionarlo por ejercer un derecho a suspender un proceso penal seguido en su contra, beneficio que la legislación penal establece en su favor.

En efecto, no estamos hablando de un acto que tenga forma de sanción, porque sencillamente no lo es. Una sanción se aplica a conductas que se han verificado y que infringen, en lo pertinente, obligaciones legales o contractuales del actor, respecto de lo que procede rendición de prueba, alegaciones, etc. En el caso en estudio, simplemente el órgano se limitó a constatar una causa que hace imposible para el actor -por inhabilidad- ejercer el cargo para el que fue designado.

De hecho, los procedimientos administrativos sancionatorios se caracterizan por ser excepcionales, basarse en la legalidad vigente y en los casos para los que fueron creados, cuyo no sería el caso de marras. (Cristian Román Cordero, “El debido procedimiento administrativo sancionador”. Revista de Derecho, vol VII, página 183 y siguientes)

4.- Sin perjuicio de lo anterior, considero que, al tratarse de un debate sobre la procedencia de la terminación de un contrato de trabajo, aquello no resulta ser un asunto abordable mediante un recurso de protección.

En efecto, el artículo 83 de la Ley N°19.640 mandata que “El procedimiento de terminación del contrato de trabajo de los funcionarios, los reclamos que originare y las indemnizaciones a que diere lugar, se regirán, en lo no previsto en esta ley, por las normas establecidas en el Código del Trabajo” (lo destacado es propio), instancia en la que el actor podría discutir la procedencia, justificación -o no- de la medida, y reclamar las indemnizaciones que correspondan.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

​Redactada por el abogado Integrante sr. Jorge Fonseca Dittus y el voto en contra por su autor.

Rol N°1779-2024 Protección.-