Protección contra SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol Nº 1769-2021.- La Serena, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece don CLAUDIO FERNÁNDEZ RAMIREZ, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso y deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, jubilado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO), persona jurídica de derecho público, representada por doña nombre reservado, abogado, en su calidad de Superintendenta de Seguridad Social (S), ambos con domicilio en domicilio reservado.

Indica que don nombre reservado se desempeñó desde junio del año 1979 hasta marzo de 2019 en la empresa Codelco, División Salvador, y aceptó para los efectos del término de su contrato, un plan de retiro ofrecido por la empresa. Al momento de la firma del referido plan, que ponía fin a la relación laboral del trabajador, se le informó que tenía un plazo de 5 años para revisar cualquier aspecto de su salud por enfermedad profesional, ya que don nombre reservado presenta un hallazgo de pérdida de audición desde el año 2011, por lo que en diciembre de 2019 procedió a realizarse los exámenes de audiometría, a fin de que la empresa revisara su situación, remitiendo al efecto la documentación de respaldo de su situación, relativa a sus dificultades auditivas.

Expone que, en enero de 2020, se le indica que se había revisado su caso y había sido calificado como "enfermedad común", ello en consideración a una resolución Satep Salvador, antecedente que el Sr. nombre reservado desconocía y que tenía un año de existencia, coetáneo con su retiro de la empresa.

Agrega que, a fines del año 2020 pudo finalmente recabar la información correspondiente a su ficha clínica, la resolución Satep, fundamentos de la evaluación y resumen de ésta, la cual basaba su calificación en el cese de exposición al ruido a contar del año 2011 según su historial ocupacional, información que resulta ser falsa, ya que el año 2011 sólo se cambió su cargo y la labor a desempeñar, pero su trabajo lo siguió desempeñando en el mismo taller en el cual don nombre reservado trabajó por más de 40 años, siendo el mismo espacio físico.

Hace presente que, de otro lado, en los exámenes referidos se indica que en el año 2018 (estando aún vigente la relación laboral con la empresa), don nombre reservado presentó una hipoacusia bilateral, pero la pérdida de audición está documentada desde el año 2011, teniendo un porcentaje de pérdida de ganancia auditiva de 9,3% el año 2012, un 12,84% al año 2014, y un 16,58% el año 2018, la cual sigue en aumento.

Por tales antecedentes, y ante la evidencia de la patología que aqueja a don nombre reservado, vía reclamación de la resolución de la empresa en cuanto a la calificación del origen de su enfermedad, solicitó a la SUSESO que evaluara su situación médica, y que en definitiva calificara su enfermedad como de origen laboral, pero, ante su sorpresa, el ente administrativo, con fecha 23 de mayo de 2021, dictó la Resolución Exenta N° NUM001, calificando la enfermedad del Sr.

nombre reservado como de origen común.

Señala que, por tal motivo, con fecha 07 de junio de 2021, don nombre reservado solicitó a la SUSESO la reposición de la antedicha resolución, pues resulta evidente que la hipoacusia sensorioneural bilateral que padece, tiene su origen en la exposición constante y por mucho tiempo a ruidos en el desempeño de sus labores como trabajador de Codelco Salvador, siendo entonces una enfermedad que da origen a los beneficios que contempla la Ley N° 16.744.

Indica que La SUSESO, mediante una escueta resolución de fecha 10 de agosto del año en curso, procedió a rechazar la solicitud, indicando de manera muy genérica, lo siguiente: "Que, se ha tenido a la vista los antecedentes aportados en la presentación previa del organismo administrador entre ellos la ficha clínica, informes médicos, audiometrías y estudio de puesto de trabajo.

Que, profesionales médicos de este Organismo procedieron nuevamente al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, concluyendo que la hipoacusia que presenta el afectado es de origen común, toda vez que no es posible establecer exposición a ruido posterior al año 2011 cuya audiometría PEECCA del 01/08/2011 no muestra daño auditivo. RESUELVO: Recházase el recurso de reposición presentado por el señor nombre reservado, por cuanto la patología que evidenció es de origen común." Expone que tal resolución, no cumple con la debida fundamentación establecida en Ley N°19.880, ya que, sólo hace una referencia genérica a los antecedentes clínicos y laborales que supuestamente se tuvieron a la vista para resolver la situación del trabajador, sin realizar una revisión más acuciosa, ya que le priva de una serie de beneficios y prestaciones de salud que contempla la Ley N° 16.744 y tampoco se atiene rigurosamente a los antecedentes laborales y clínicos del actor, pues se acompañó el informe relativo al puesto de trabajo, condiciones de desempeño de don nombre reservado, mientras prestó servicios en Codelco Chile a contar de junio de 1979, que acreditan que siempre estuvo expuesto a ruidos, los cuales al parecer, no fueron considerados por el ente recurrido al momento de calificar el origen de la enfermedad.

Refiere que los antecedentes que invoca SUSESO para calificar la enfermedad como de origen común y no laboral, son los informes del puesto de trabajo - los cuales sí dan cuenta de la exposición a ruidos en las labores que desempeñaba don nombre reservado-, así como el examen PEECCA, antecedentes que datan del año 2011 hacia atrás en el tiempo, en circunstancias que el actor prestó servicios para la empresa, en el mismo lugar de trabajo, hasta el mes de marzo del año 2019, transcurriendo 8 años, sin que los informes fueran actualizados ni se practicaran nuevos exámenes y audiometrías que permitieran ver si durante ese tiempo don nombre reservado pudo haber desarrollado la patología de hipoacusia que hoy lo tiene con una importante pérdida de su capacidad auditiva, a tal punto que le ha sido recetado el uso de audífonos.

Sostiene que resulta evidente, que la enfermedad no es de aquellas de rápida aparición y evolución, sino más bien de evolución paulatina, siendo poco probable que sólo a dos años de haberse retirado de la empresa, la enfermedad se hubiere gestado y avanzado al punto de tener que usar audífonos, lo que permite presumir que la enfermedad ya se había originado durante el período de vigencia de la relación laboral con la empresa.

Agrega, que no se ordenó la práctica de un nuevo examen a don nombre reservado, pues la resolución que se cuestiona sólo menciona (y no examina) los antecedentes clínicos y laborales del Sr. nombre reservado ya que, de haber existido el mencionado examen, forzosamente se habría indicado, a lo menos, la necesidad de practicar una audiometría y otros exámenes que permitan determinar, con la mayor precisión posible, el período de aparición de la patología y el tiempo de su evolución a la fecha en que fue diagnosticada, a objeto de verificar si se gestó durante el período de vigencia del contrato de trabajo que vinculó a don nombre reservado con la empresa Codelco.

En cuanto a la normativa legal y reglamentaria, expone que, la Ley N°16.744 y su Reglamento, nada señalan respecto del contenido de las resoluciones que dicte la Superintendencia de Seguridad Social al momento de resolver las apelaciones que el trabajador deduzca en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre la declaración de existencia de la enfermedad profesional, por lo que, en la materia, corresponde entonces aplicar supletoriamente las normas de la Ley N° 19.880, citando jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema.

Indica que en el presente caso, no se cumple el estándar de motivación, ya que no hay un señalamiento real de antecedentes que permitan entender las razones que llevaron al ente administrativo a concluir que la patología que presenta don nombre reservado es de origen común; sólo se hace una referencia general a los antecedentes y exámenes aportados por el Sr. nombre reservado y por la empresa, señalando muy genéricamente sus conclusiones, sin entrar a una revisión más exhaustiva de los documentos.

En cuanto a las Garantías vulneradas, señala que el actuar de la recurrida, es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, vulnerando el derecho a la vida, y a la integridad física y síquica del actor y el derecho de propiedad ya que al declarar la enfermedad de don nombre reservado como de origen común y no laboral, le priva de una serie de beneficios y prestaciones contemplados en la Ley N° 16.744, tendientes a tratar su enfermedad y a cubrir los gastos inherentes a ella, incluyendo eventuales indemnizaciones.

Hace presente, lo dispuesto en los artículos 19 N° 1, 9 y 24, 1°, 5 ° de la Constitución Política de la República y pide que se ordene a la recurrida emitir una nueva resolución, disponiendo que don nombre reservado sea sometido a una pericia médica acorde con la patología de hipoacusia neurosensorial bilateral que presenta y a todos los exámenes necesarios para verificar la fecha probable de aparición de la enfermedad, como su evolución, todo ello con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Copia Resolución Exenta N° NUM002, de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 10 de agosto de 2021, en que comunica el rechazo del recurso de reposición deducido por don nombre reservado en contra de la Resolución Exenta N° NUM001. 2) Copia Resolución Exenta N° NUM001, de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 23 de mayo de 2021, en que comunica el rechazo de la reclamación deducida por don nombre reservado en contra de Codelco Chile División El Salvador, que calificó su enfermedad, hipoacusia sensorioneural bilateral, como de origen común. 3) Tres informes de Pérdida de Capacidad de Ganancia Auditiva, de los años 2012, 2014 y 2018. 4)

Informe Puesto de Trabajo de COMPIN, de fecha 14 de septiembre de 2010. 5)

Informe Puesto de Trabajo del Jefe de unidad Talleres de Codelco Salvador, de fecha 14 de septiembre de 2010. 6) Descripción Cargo de fecha 01 de julio de 1993. 7) Copia Registro Atención Médica del Sr. nombre reservado, de fecha 08 de octubre de 2019, emitido por la ACHS. 8) Copia Receta emitida por el Dr. Piero, de fecha 08 de octubre de 2019, en que se indica el uso de audífonos para don nombre reservado. 9) Copia Certificado emitido por Dr. Piero, de fecha 23 de agosto de 2021, que resume las atenciones brindadas al Sr. nombre reservado.

SEGUNDO: Que a folio 8, informa el recurso SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso interpuesto, haciendo presente que la Superintendencia de Seguridad Social a través de la Resolución Exenta N° NUM001, de 23 de mayo de 2021 dictaminó que la enfermedad que aqueja al actor es de origen común por no existir antecedentes de exposición al ruido posterior al año 2011, por lo que a contar de dicha fecha el recurrente tuvo conocimiento cierto de la situación por la cual se recurre y habiéndose interpuesto el recurso el 8 de septiembre del 2021, fue interpuesto vencido el plazo fatal de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, citando jurisprudencia al respecto.

En subsidio de la alegación anterior, hace presente la improcedencia del recurso de protección, por versar la presente causa respecto de la calificación de una enfermedad como de etiología común o laboral, las cuales pertenecen al campo de la seguridad social, y se encuentran amparado por esta vía cautelar el derecho consagrado en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el cual no está contemplado en la numeración taxativa que realiza el artículo 20 de nuestra Carta Magna.

En subsidio de las alegaciones anteriores, señala que a la recurrida le corresponde fiscalización y el control superior del funcionamiento del Sistema de Seguridad, cuya organización y funciones están contempladas en la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley Nº 20.691, del año 2013.

Luego hace referencia al Seguro Social Obligatorio contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y que en los casos como el de la especie, en que se discute una cuestión de hecho que se refiere a un materia de orden médico (como puede ser la etiología u origen de una afección determinada o el grado de invalidez que una enfermedad provoca), el procedimiento general de reclamo está previsto en el artículo 77 de la Ley N° 16.744, norma que establece que su representada resuelve estas reclamaciones con competencia exclusiva y sin ulterior recurso.

Señala lo que debe entenderse por enfermedad profesional conforme al artículo 7° de la Ley 16.744, y el procedimiento para determinar el grado de incapacidad.

Expone que su representada, dictaminó conforme al análisis de los antecedentes clínicos y laborales disponibles, que la afección del trabajador por el diagnóstico de hipoacusia sensorioneural bilateral es de origen común, toda vez que no existen antecedentes de exposición a ruido posterior al año 2011. En efecto, no se ha acreditado la exposición al factor de riesgo por ruido en el trabajo a contar del año 2011 donde la audiometría no PEECCA del 1º de agosto de 2011 no muestra daño auditivo.

Señala que el 20 de mayo del 2021 la profesional de su representada, Dra. nombre reservado, en la sección Fundamentos de la Resolución, expuso: "Fundamentos de la resolución: 60 años. Reclama por progresión de sordera. Señala que en el año 2011 presentaba pérdida auditiva del 9,3%, el año 2018 es de 16,58%. Se retira de la empresa el año 2018. Según la empresa fue cambiado de puesto de trabajo a uno sin exposición desde el año 2011 por lo que la progresión del daño es de origen común".

Agrega que, a su vez, el día 2 de agosto de 2021, la profesional de su representada Dra. nombre reservado, informó que: Fundamentos de la resolución:

No existen antecedentes de exposición a ruido posterior al año 2011. En efecto, no se ha acreditado la exposición al factor de riesgo por ruido en el trabajo a contar del año 2011 donde la audiometría no PEECCA del 01/08/2011 no muestra daño auditivo. Se revisaron nuevamente lo antecedentes, si bien en audiometría de enero del 2011 no se detectó incapacidad por hipoacusia, en enero de año 2012 presenta un 9,6% de pérdida auditiva sin alcance médico legal, que puede atribuirse a su exposición a ruido hasta ese año, la progresión del daño es de origen común ya que no hay demostración de exposición a ruido posterior a esa fecha".

Luego refiere la ausencia de ilegalidad, ya que el dictamen emanado de su representada, lo fue dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con sus facultades fiscalizadoras. Además, refiere que el conflicto que se ha generado es propio de un juicio de lato conocimiento desbordando los límites de la acción de protección y que el origen laboral o común de la afección del recurrente, no reúne la condición de un derecho preexistente e indubitado.

También señala que los dictámenes impugnados de arbitrariedad contienen los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en los respectivos expedientes administrativos, en cuyo mérito resolvió la citada Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Refiere que existe ausencia de derechos vulnerados, solicitando en definitiva el rechazo de la acción interpuesta con expresa condena en costas.

Acompañó copia de los antecedentes del expediente administrativo en relación a la recurrente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en relación a la alegación de extemporaneidad de la acción constitucional deducida, preciso es consignar que el numeral 1° del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, dispone que el recurso de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, por otra parte, además conveniente resulta tener presente que el inciso 2° del artículo 54 de la ley 19.980, dispone que una vez interpuesta una reclamación en contra de una resolución administrativa se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el cual volverá a contarse desde la fecha de notificación del acto que la resuelve; en consecuencia, a partir de la notificación de la resolución que deniega el recurso administrativo deducido debe contabilizarse el plazo de treinta días para la interposición del recurso de protección, puesto que es a partir de ese momento que se configura el hecho cierto de que la autoridad administrativa ha denegado definitivamente la solicitud correspondiente.

SEPTIMO: Que, en el caso sub lite, del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, efectivamente, solicitó a la SUSESO un pronunciamiento relativo al origen laboral o común que debe asignarse a la afección de hipoacusia sensorioneural bilateral que padece el actor, puesto que la su ex empleador CODELCO, calificó tal afección de enfermedad común, por lo que no procedía otorgar en este caso la cobertura de la ley 16.744 y que luego, la recurrente dedujo ante la recurrida recurso de reposición en contra de la mencionada resolución, el que fue rechazado por resolución de fecha 10 de agosto del año en curso, por lo que, no cabe sino concluir que desde la fecha en que la accionante tomó conocimiento de la resolución que deniega el recurso administrativo y la fecha de interposición del recurso de protección -8 de septiembre del 2021- no transcurrió el plazo de treinta días que para tal efecto dispone el mencionado Auto Acordado de nuestro Tribunal Supremo; y, en consecuencia, habiéndose deducida oportunamente la acción constitucional, la alegación de extemporaneidad promovida por la recurrida debe ser desechada.

OCTAVO: Que en cuanto a la alegación de la recurrida, en orden a que el recurso de protección incide en un aspecto específico del derecho a la seguridad social, garantizado en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, derecho que no se encuentra contemplado dentro del catálogo del artículo 20 de dicho texto constitucional, por lo que no está amparado por la acción constitucional, debe tenerse en consideración que el numeral 2° del referido Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección previene que es preciso examinar el recurso deducido a fin de determinar si se mencionan hechos que podrían constituir vulneración de alguna de las garantías indicadas en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental. Pues bien, en la especie, de la simple lectura del libelo recursivo es posible constatar que la accionante reclama a través del presente arbitrio la decisión contenida en el Ord. 32409 de fecha 20 de junio del 2018, en virtud de la cual la SUSESO rechazó la reconsideración de la decisión de fecha 10 de agosto del año en curso, que declaró que la enfermedad del recurrente es de origen común, estimando que dicho acto le ha causado privación y perturbación a los derechos y garantías consagradas en los números 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que corresponde a esta Corte discernir si los actos reprochados podrían constituir una transgresión al derecho a la vida e integridad física de la accionante y al derecho de propiedad, o bien si tales actos pueden ser constitutivos de vulneración de otra garantía de aquellas protegidas por el recurso; por lo tanto, la argumentación sostenida por la recurrida en este aspecto, carece de sustento.

NOVENO: Que, mediante el presente arbitrio constitucional la accionante ha reclamado, en definitiva, como ilegal y arbitraria la resolución contenida en la resolución exenta N° NUM002 de fecha 10 de agosto de 2018, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, que rechazó la reconsideración interpuesta en contra de la NUM001, pronunciada por dicha autoridad administrativa el 23 de mayo del presente año, que, como se ha dicho, declaró como de origen común la afección de salud que presentaba la recurrente de hipoacusia sensorioneural bilateral.

DÉCIMO: Que, a fin de resolver sobre la procedencia del recurso de protección deducido, útil resulta recordar que por la naturaleza de esta acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección, debe ser evidente, siendo necesario que de la sola lectura de los antecedentes allegados aparezca una manifiesta privación de un derecho indubitado garantizado por la Constitución Política de la República, y que por ello requiere ser amparado mediante la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho; y, enseguida, asimismo, conveniente es dejar establecido que el recurso de protección está destinado a resolver situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

DECIMO PRIMERO: Que, en el caso sub judice, del mérito de lo expuesto por la accionante y la recurrida y del contenido de la instrumental allegada a los autos, es posible constatar que el conflicto que se ha suscitado se refiere a la existencia de diferencias relacionadas con la naturaleza de la enfermedad de que padece la recurrente, esto es, si se trata de una afección de origen profesional, como afirma la recurrente, o bien de origen común como ha establecido la autoridad administrativa, debate que, entonces, atendida su complejidad, no es procedente dilucidar por medio de este recurso constitucional.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, no obstante, lo expuesto en el considerando anterior, siendo palmario que constan en los antecedentes acompañados por el recurrente, en particular los informes de Pérdida de Capacidad de Ganancia Auditiva, de los años 2012, 2014 y 2018, los cuales dan cuenta que hubo un aumento gradual de la hipoacusia que padece el actor, antecedentes que no son considerandos por la recurrida y que de otro lado, que la resolución impugnada no señala que antecedentes consideró para estimar que el actor no estuvo expuesto al ruido con posterioridad al año 2011, lo que por lo demás se contradice con los informes antes aludidos, la resolución impugnada deviene en arbitraria e ilegal, produciéndose con su dictación una afectación de las garantías señaladas por el actor, lo que lleva a acoger la presente acción, en la forma que se dirá en lo resolutivo de la presente sentencia.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza la alegación de extemporaneidad y SE ACOGE el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, debiendo la recurrida disponer la práctica de una pericia médica acorde con la patología de hipoacusia neurosensorial bilateral que padece el actor y todos los exámenes necesarios para verificar la fecha probable de aparición de la enfermedad como su evolución.

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Rol 1769-2021.-