nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otro Recurso de Protección Rol N° 1765-2024.- La Serena, tres de enero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el siete de noviembre de dos mil veinticuatro comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en contra de la Subsecretaría del Interior, en particular en contra de la Resolución Exenta 29956, notificada el 18 de octubre de 2024, lo cual vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental.

Expone que su representada, motivada a la difícil situación socioeconómica de su país de origen, se ve obligada a ingresar al país por paso fronterizo no habilitado.

En virtud de esto, el 22 de noviembre de 2022 realizó solicitud correspondiente a Regularización Extraordinaria ante la Subsecretaria del Ministerio de Seguridad Pública, normada en el artículo 155 N° de la ley 21.325.

En este sentido, en virtud del largo tiempo de espera por parte de la recurrida en dar respuesta de su solicitud, ingresa recurso de protección Rol 896-2024 ante la Ilustrísima Corte de Concepción, siendo esta acogida, recibiendo entonces el 18 de octubre de 2024 Resolución Exenta 29956 de 16 de agosto de 2024 que rechaza su solicitud de regularización migratoria, indicando que no aportó antecedentes suficientes para que la autoridad recurrida pueda evaluarlo como un caso calificado o humanitario, sino considerando que su situación es “más bien genérica y eventualmente aplicable a una multiplicidad de personas que podría encontrarse en situaciones similares”.

Señala que el Servicio Nacional de Migraciones, al momento de realizar la evaluación de la solicitud de la recurrente, en consideración que en su criterio no era suficiente la documentación requerida para considerar que su situación no podría considerarse como calificada o humanitaria, debió ordenarle acompañar documentación adicional para desvirtuar la falsa convicción que tenía el servicio recurrido sobre ello, esto de acuerdo al artículo 31 de la Ley N°19.880, lo que en este caso no sucedió, por lo que la respuesta dada en la Resolución Exenta que se recurre es por demás apresurada.

Destaca que la recurrente desde el momento de su ingreso ha mantenido una conducta intachable, no teniendo sanciones administrativas o penales, como tampoco lo tiene su país de origen, quien busca la forma de regularizar su situación migratoria y seguir desempeñando sus potencialidades, pues cuenta con un contrato de trabajo el cual le ha permitido mantenerse dentro del territorio sin ser una carga para el Estado, realizando sus debidas imposiciones, como también mantenerse junto a sus hijo el niño Dereck nombre reservado, de nacionalidad colombiana, y quien actualmente se mantiene estudiando.

En el caso en particular se puede evidenciar la acción antojadiza de los recurridos en rechazar otorgamiento de permiso de residencia temporal excepcional en el país, siendo notificada a través de Resolución Exenta 24912, notificada el 18 de octubre de 2024 no contiene una debida fundamentación fáctica, de acuerdo con los estándares referidos en los artículos 11 inciso 2° y 41 inciso 4° de la Ley N°19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, sino que se sustenta en una mera afirmación de autoridad, lo que convierte en arbitrario el acto recurrido.

Invoca asimismo el principio de Reunificación familiar.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la resolución que se recurre por ilegal y arbitraria, disponiendo a realizar un nuevo estudio documental, a los fines de decidir conforme a derecho la solicitud formulada.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta 29956; 2. Pasaporte de la recurrente; 3. Comprobante de envío de solicitud de regularización extraordinaria; 4. Contrato de trabajo; 5. Certificado de cotizaciones de AFP; 6. Pasaporte del niño Dereck Sotomayor; 7. Acta de nacimiento; 8. Comprobante de asignación de Rut provisorio.

SEGUNDO: Que, evacuó informe Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional de Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones.

Expone, en lo pertinente, que la Resolución Exenta 29956 de 18 de octubre de 2024, de la Subsecretaría del Interior, dictada por la Subsecretaria del Interior, fue dictada por autoridad competente, dentro del ámbito de sus competencias y se encuentra debidamente fundada.

Alega que ese Servicio es incompetente para informar sobre los hechos fundamentales narrados por la recurrente en su escrito, a saber, sobre la solicitud de regularización establecida en el artículo 155 N°8 y 9 de la Ley N°21.325.

A juicio de esa autoridad, a quien le corresponde informar el fondo de este recurso es a la Subsecretaría del Interior, dado que la actuación impugnada en la presente acción de protección corresponde a dicha autoridad, encontrándonos frente a la hipótesis planteada por el artículo 155 N°8 y 9 de la ley N°21.325, en cuanto le corresponde el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular.

Por estas consideraciones solicita se rechace el recurso en todas sus partes en cuanto a la autoridad migratoria aquí representada, toda vez que no existe acto u omisión arbitrario o ilegal dictado por ella que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías incoadas por la requerida.

TERCERO: Que, evacuó informe Felipe Cerda Sepúlveda, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior.

Expone, en lo pertinente, que lo que se pretende con la acción de protección de autos excede con creces las materias que deben ser conocidas en esta sede, atendida su naturaleza cautelar, con motivo de la cual no es pertinente declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas, como ocurre en el caso de solicitudes de regularización de la condición migratoria de una persona extranjera, situación que se relaciona directamente con el ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República.

En efecto, en el ordenamiento jurídico nacional existen otras vías idóneas administrativas de lato conocimiento para estos fines, tal como lo establece el artículo 139 de la Ley N°21.325, de Migración y Extranjería, el cual, a su vez, reconduce a los recursos establecidos en la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. Incluso, el artículo 140 de la ley N°21.325 dispone expresamente que la interposición de los recursos administrativos antes señalados suspenderá los efectos del acto o resolución que se impugna, situación que se contempla en el solo beneficio de la persona recurrente.

En efecto, de la normativa aplicable al caso concreto fluye con nitidez que el proceso de regularización de la condición migratoria de una persona se vincula a la facultad discrecional privativa que puede ejercer la autoridad política, consistente en permitir a los extranjeros remediar una contravención a las normas de extranjería, toda vez que la entrada y salida de personas del territorio nacional debe efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto, tal como lo establece el artículo 24 de la ley N° 21.325.

En relación con el fondo del asunto, considera que la acción de protección de autos no solo debe ser rechazada totalmente, sino que, además, procede la expresa condena en costas para la parte recurrente, por cuanto, en el fondo, no existen motivos plausibles para litigar.

En primer lugar, de una simple lectura de la normativa aplicable al caso concreto se aprecia que el ejercicio de la facultad de regularización y otorgamiento de permisos de residencia temporal por parte del Subsecretario del Interior se reserva solo para casos excepcionales, por situaciones calificadas o por motivos humanitarios.

En efecto, tal como lo dispone el artículo 50, inciso final, del decreto N° 296, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprobó el reglamento de la ley N° 21.325, de Migración y Extranjería, la normalidad en materia de solicitudes de residencia de personas extranjeras es no admitirlas a trámite cuando, entre otras circunstancias, quienes las efectúen se encuentren en condición migratoria irregular al momento de requerirlas.

Por ello, el otorgamiento de permisos de residencia temporal solicitados directamente al Subsecretario del Interior, en virtud de una facultad de excepcionalísima aplicación, debe, en efecto, limitarse prudencialmente, ya que altera de manera sustancial la normalidad de su tramitación e impacta directa y transversalmente la planificación y ejecución de diversas políticas públicas en materias tan variadas como salud, educación, vivienda y otras de similar relevancia social.

Por lo demás, reitera que estas solicitudes constituyen un ejercicio del derecho a petición consagrado en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República, siendo por tanto requerimientos de interés privado que se efectúan a la autoridad competente, quien no se encuentra obligada a aceptarlos, sino que únicamente accederá a ellos siempre que se cumplan los requisitos y estándares que, al respecto, se han establecido para tales fines, de acuerdo con sus procesos de revisión y ponderación internos.

En ese contexto, y en el caso concreto, la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que, a su respecto, no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, indicándose expresamente aquello en la parte considerativa de la Resolución Exenta N°29.956, de 16 de agosto de 2024, de esta Subsecretaría.

Lo anterior, por cuanto la parte recurrente fundamenta su solicitud de regularización migratoria en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal que no logran configurar, a juicio de la autoridad, una afectación en concreto lo suficientemente especial como para justificar su ingreso a nuestro país por un paso no habilitado para tales efectos, y, además, que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia.

En relación con lo señalado, aclara que el rechazo de la solicitud de regularización migratoria excepcional de la parte recurrente no obedece a que no se tuviesen por acreditadas las situaciones a las que hace referencia en su presentación, sino que, a pesar de haberse tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado o humanitario.

Ahora bien, al respecto, precisa que es la parte solicitante la única que puede y debe aportar antecedentes que permitan considerar su requerimiento de regularización migratoria como un caso calificado o humanitario. Esto, precisamente en base a la calidad de interesado de la parte solicitante, en el ejercicio del derecho a petición que a su favor se consagra en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República. Dicho de otro modo: no es obligación ni de esta Subsecretaría ni del Ministerio del Interior y Seguridad Pública probar que no se ha configurado la hipótesis normativa que permite la aplicación de la potestad privativa de regularización migratoria, sino que es quien efectúa tal solicitud quien debe probar que sí se configura tal hipótesis, lo cual no ha ocurrido en el caso concreto, por cuanto el propio relato de los hechos que fundamentan su solicitud no configura ninguna de las hipótesis necesarias establecidas por ley para aplicar este mecanismo de regularización excepcionalísimo.

De lo anterior se sigue que sería improcedente que la parte recurrente alegue que no se le hayan requerido antecedentes adicionales para justificar suficientemente su presentación, al tenor, por ejemplo, de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.880, ya que dicha norma es aplicable únicamente si la solicitud inicial no reúne los requisitos mínimos establecidos en el artículo 30 del mismo cuerpo legal, esto es: nombre y apellidos de la persona interesada y medio de contacto; hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud; lugar y fecha; firma o acreditación de autenticidad de voluntad; órgano administrativo al que se dirige y si se autoriza a la Administración a tratar datos sensible para estos fines. Por ello, y en atención a que la solicitud de la parte recurrente efectivamente cumplía con dichos requisitos, no era obligación de la Administración solicitar antecedentes adicionales, más aún si la legislación específica aplicable, esto es, el artículo 155 N°9 de la ley N°21.325, tampoco exige requisitos especiales respecto de este tipo de solicitudes.

Así las cosas, y al no existir una actuación ilegal ni arbitraria en el caso concreto, la acción de protección de autos no puede prosperar.

Ahora bien, incluso cuando se pudiese considerar que se está ante una actuación u omisión arbitraria o ilegal en el caso concreto, recuerda que las hipótesis normativas de procedencia de la acción de protección se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En ese contexto, es la parte recurrente quien no solo debe probar la existencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, sino, además, que aquello le significa una privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos o garantías a que se refiere el referido artículo, para efectos de que su acción de protección sea admisible y, eventualmente, acogida.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la acción de protección de autos por las razones aquí expuestas, con expresa condena en costas, por no existir motivos plausibles para litigar.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción, se recurrente en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por la dictación de la Resolución Exenta Nº29956, de 16 de agosto de 2024, que rechaza la solicitud de regulación migratoria extraordinaria formulada por la recurrente.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, teniendo únicamente presente que el acto que se impugna emana de la Subsecretaría del Interior y que, en cualquier caso, si se entendiera que lo que se le reprocha es la omisión en requerir antecedentes adicionales a la actora, lo cierto es que no se identifica la época en que se habría incurrido en tal falta, circunstancia que en definitiva permite concluir que, respecto de aquel organismo, no se configura acción u omisión ilegal o arbitraria alguna, por lo que a su respecto solo cabe el rechazo del recurso.

OCTAVO: Que, en lo tocante a la denunciada Subsecretaría del Interior, teniendo únicamente presente que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 Nº9 de la Ley Nº21.325, la facultad del Subsecretario de conceder la regularización extraordinaria de extranjeros constituye una prerrogativa privativa de dicha autoridad, de carácter excepcional y en casos específicos, como asimismo, que el fundamento de la negativa dice relación con estimar la autoridad que la situación de la protegida no se enmarca dentro de las hipótesis calificadas o humanitarias que contempla la norma y no con la falta de acreditación de la misma, lo cual, en cualquier caso, es de resorte exclusivo de la peticionaria, es que malamente cabe achacar acción u omisión ilegal o arbitraria alguna a este segundo organismo, debiendo por ende rechazarse en todas sus partes la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Pablo Daniel Peñaloza Parra, a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1765-2024 (Protección).