nombre reservado CONTRA DE LA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO nombre reservado.

nombre reservado

Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado

Recurso de Protección Rol Nº 1765-2015.- La Serena, veinticuatro de diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 10, comparece don nombre reservado, empresario, deduciendo nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado, representada por su inspector jefe don nombre reservado.

Fundando el recurso expone el día 25 de Septiembre del presente año, la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado dictó resolución administrativa N°4483/15/17, notificada el día 06 de Octubre de 2015, por medio de la cual le impuso al accionante tres multas ascendentes a la suma de 10 Unidades Tributarias Mensuales cada una, fundando la decisión en supuestas infracciones a lo prescrito en el Artículo 14 del D.S. N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Artículo 21 del Código del Trabajo y el Artículo 36 del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud, contravenciones que encuentran su fundamento en lo previsto en los artículos 184 y 506 del código laboral.

Señala que con fecha 09 de Noviembre de 2015, solicitó a la recurrida la sustitución de las multas administrativas aplicadas por la asistencia obligatoria a los programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo. Agrega que frente a tal solicitud, con fecha 11 del mismo mes y año mediante Ordinario N°948, la recurrida declaró la inadmisibilidad de la solicitud presentada por considerar que "no se presentó dentro del plazo legal de 30 días corridos, contados desde su notificación''.

Estima el recurrente que la referida resolución es arbitraria e ilegal, pues de acuerdo a las normas sobre conteo de plazos, establecidas por el artículo 25 de la Ley N° 19.880, sobre Bases Generales de los Procedimientos Administrativos, la presentación de fecha 09 de Noviembre de 2015 fue formulada dentro de plazo, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, ya que al desconocer la recurrida el plazo legal en toda su extensión le ha dado un trato arbitrario e ilegal que no puede ser aceptado.

Concluye solicitando que, en definitiva, se acoja la presente acción de protección, ordenando se deje sin efecto la resolución administrativa, de fecha 11 de Noviembre de 2015, contenida en Ordinario N°948, por medio del cual se declaró la inadmisibilidad de la solicitud presentada, por considerarla extemporánea, y que, consecuencialmente, se proceda por parte de la Inspección Provincial del Trabajo nombre reservado a resolver la solicitud formulada con fecha 09 de Noviembre de 2015, en orden a sustituir las multas administrativas aplicadas, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su presentación copia de resolución de multas N°4483/15/17, de fecha 25 de Septiembre de 2015, de la inspección Provincial del Trabajo nombre reservado; Sobre de envío de notificación de resolución de Multas N°4483/15/17- 1,2,3, cuyo estampe al adverso registra la fecha 05 de octubre de 2015; Copia de escrito de solicitud de sustitución de multa administrativa, de fecha 09 de Noviembre de 2015; Ordinario N° 948 de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, de fecha 11 de Noviembre de 2015.

A fojas 39, comparece don Félix Ossandón Espinosa, abogado, en representación de la recurrida, evacuando el informe requerido en autos, solicita el rechazo de la acción constitucional, con expresa condenación en costas.

Expone que el día 29 de Septiembre de 2015, en el marco de la fiscalización N° 0402.2015.686, el funcionario dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado don nombre reservado, depositó según consta en Guía certificada de recepción N° 127 de igual fecha, carta certificada conteniendo la resolución de multa N° 4483/2015/17-1-2-3, en la Empresa Correos de Chile, la cual fue cursada, en términos generales, por no confeccionar reglamento interno de higiene y seguridad, no informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales y no contar los lugares de trabajo con elementos estructurales, maquinarias e instalaciones en condiciones seguras. Refiere que habiéndose recepcionado la carta certificada con fecha 29 del citado mes y año según consta en la guía N° 127, el plazo de notificación de la multa se entiende efectuado el día 06 de octubre 2015 (sexto día hábil contado desde la fecha de su recepción por la oficina de Correos respectiva).

Indica que con fecha 09 de Noviembre de 2015 el recurrente solicitó la sustitución de la multa cursada por programa de asistencia al cumplimiento y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A raíz de lo anterior y habiéndose verificado que la solicitud de reconsideración administrativa fue presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos, el Inspector Provincial del Trabajo del nombre reservado mediante Ordinario N° 948 de 11 del mismo mes y año, informó a la empresa que no se admitiría a tramitación tal solicitud por incumplimiento de requisitos legales, habida consideración que la solicitud no fue presentada dentro del plazo legal de 30 días corridos contados desde su notificación.

Agrega el informante que para emitir el acto respecto del cual se recurre se encontraba facultado por los artículos 506 ter y 508 del Código del Trabajo, este último no especifica si el plazo de 30 días es un plazo de días corridos o hábiles, por lo que para determinar su naturaleza, corresponde en primer término recurrir a las restantes disposiciones del Código del Trabajo, siendo el caso que las normas del citado código que establecen plazos de días útiles, como los artículos 435 y 312, no resultan aplicables en la especie, de forma que debe acudirse a la regla supletoria establecida en el artículo 50 del Código Civil, que dispone que los plazos en general son de días corridos, razonamiento que ha sido aplicado por los tribunales de justicia conforme a la jurisprudencia que se cita en su libelo.

Añade que el artículo 25 de la Ley 19.880 no resulta aplicable en esta materia ya que es ajena a la realidad y a los principios laborales, no existiendo un vacío que deba ser suplido por el referido texto legal, al contemplar el artículo 506 ter del Código del Trabajo una regulación especial, por lo que no cabe sostener que el plazo se suspenda los días sábados, domingos o festivos.

Agrega que corrobora lo anterior, los dictámenes de la Contraloría General de la República Nº 64.985 de 20 de noviembre del 2009 y Nº 17.344 de 10 de marzo del 2014, que determinaron que el plazo en cuestión es de días corridos.

Considera, por tanto, que no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el accionar de la Inspección recurrida y que no se ha vulnerado garantía alguna, toda vez que no se ha establecido ningún trato desigual al encontrarse la decisión impugnada conforme a derecho, sustentando el organismo fiscalizador el mismo criterio respecto de todos los administrados, de acuerdo a las instrucciones del Servicio y de Contraloría General de la República, los cuales revisten fuerza obligatoria para los órganos de la administración.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1) Resolución de multa Ne 4483/2015/17-1, incluyendo guía certificada N° 127 recibida por Correos de Chile con fecha 29-09-2015; 2) Solicitud de sustitución de multa por programa de asistencia al cumplimiento presentada por la Empresa nombre reservado, ingreso de fecha 09.11.2015; 3) Ordinario N° 948 del Sr. nombre reservado, de fecha 11.11.2015, incluyendo guía de certificada N° 156 recibida por correos de chile con fecha 11.11.2015; 4) Sentencia de fecha 16.04.2014 dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, recaída en Recurso de Protección Rol N° 9115-2014; 5) Dictamen N° 64985 de la Contraloría General de la República, de fecha 20.11.2009; 6) Dictamen N- 17344 de la Contraloría General de la República, de fecha 10.03.2014.

A fojas 48, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que la recurrente estima como ilegal y arbitraria la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo adoptada mediante el Ordinario N° 948 de fecha 11 de noviembre del 2015, en virtud de la cual rechazó la solicitud de sustitución de las multas administrativas aplicadas por la asistencia obligatoria a los programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo, por estimar que había sido presentada en forma extemporánea, al no haber sido intentada dentro de los 30 días corridos contados desde la notificación de la resolución de multa, agregando que la interpretación que efectúa la autoridad administrativa resulta errónea, toda vez que no considera la normativa supletoria que debe aplicarse en esta materia, vale decir, el artículo 25 de la ley 19.880, precepto que regula el cómputo de los plazos en los procedimientos administrativos, estableciendo que no son hábiles los días sábados, domingos y festivos para tal efecto, por lo que la decisión recurrida vulnera la garantía del numeral N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por cuanto al resolver la solicitud ha dado un trato distinto respecto del conteo de plazos del recurso administrativo deducido.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida al informar expuso que el día 29 de Septiembre de 2015, se cursó a la recurrente la multa N° 4483/2015/17-1-2-3, por un monto de 10 UTM, por cada infracción, de lo prescrito en el Artículo 14 del D.S. N°40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Artículo 21 del Código del Trabajo y el Artículo 36 del D.S. 594 de 1999 del Ministerio de Salud, contravenciones que encuentran su fundamento en lo previsto en los artículos 184 y 506 del código del ramo, resolución que le fue notificada con fecha 06 de octubre del presente año, añadiendo que con fecha 09 de Noviembre último, la empresa solicitó sustitución de las multas administrativas aplicadas por la asistencia obligatoria a los programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo, por lo que habiéndose verificado la presentación de dicha solicitud fuera del plazo legal de 30 días corridos, el Inspector Provincial del Trabajo de nombre reservado, mediante Ordinario N° 984 de 11 de noviembre de 2015, informó a la empresa que no se admitiría a tramitación su solicitud por incumplimiento de requisitos legales.

QUINTO: Que el artículo 1° inciso 1° de la ley 19.880 dispone que este texto legal establece y regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la Administración del Estado, agregando que en caso de que la ley establezca procedimientos administrativos especiales, esta ley se aplicará con carácter de supletoria. Enseguida, en su artículo 2° previene que sus preceptos serán aplicables a los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa; y, en fin, el inciso 1° del artículo 25 del referido cuerpo normativo prescribe que los plazos de días establecidos en esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

SEXTO: Que la solicitud de sustitución de las multas administrativas intentada por la recurrente ante la Inspección del Trabajo constituye un recurso entablado en sede administrativa, de modo que al no existir norma expresa que disponga lo contrario, deben aplicarse supletoriamente las normas de la citada Ley N° 19.880 y, en el caso de autos, por consiguiente, efectivamente resulta aplicable su artículo 25, en lo relativo al cómputo de los plazos para la presentación de la aludida reconsideración. En consecuencia, sólo cabe concluir que el referido plazo no es de días corridos, como ha pretendido la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose como inhábiles, conforme al precepto aludido, los días sábados, los domingos y los festivos.

SÉPTIMO: Que del mérito de los antecedentes documentales allegados al recurso y de lo expuesto por los litigantes, se infiere que la Resolución de Multa N° 4483/2015/17-1-2-3 fue notificada a la accionante con fecha 06 de octubre del 2015 y que la reconsideración fue presentada el día 09 de noviembre del mismo año; en consecuencia, solo cabe concluir que el referido recurso administrativo fue interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la mencionada Resolución de Multa, vale decir, dentro del término contemplado en el artículo 506 ter del Estatuto Laboral, conforme lo dispuesto en el precitado artículo 25 de la Ley N° 19.880 dispone que en los procedimientos administrativos los plazos de días que se establecen son de días hábiles, quedando excluidos los días que la misma disposición indica.

OCTAVO: Que, atendido lo razonado precedentemente resulta palmario que la recurrida ha incurrido en una conducta ilegal y, asimismo, arbitraria, toda vez que la interpretación plasmada en el acto administrativo reprochado, esto es, el Ordinario N° 948 de 11 de noviembre del 2015, al negarse la tramitación de una reconsideración administrativa, no obstante haber sido presentada dentro del término legal, impidiendo de esta forma al recurrente el ejercicio de sus derechos, además, de consolidar el pago de la multa respecto de la cual se pretendía recurrir en virtud de la reconsideración deducida, circunstancia que, asimismo, afecta su garantía de igualdad ante la ley en relación a otros reclamos que se han deducido en casos como el de la especie.

NOVENO: Que, conforme a lo reflexionado en los motivos que anteceden, la acción constitucional deberá ser acogida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el nombre reservado deducido en lo principal de fojas 10, por don nombre reservado y, en consecuencia, se deja sin efecto el Ordinario N° 948 de fecha 11 de noviembre del 2015, debiendo la recurrida admitir a tramitación la sustitución de las multas administrativas aplicadas mediante Resolución de Multa N° 4483/15/17- 1,2,3,por la asistencia obligatoria a los programas de capacitación dictados por la Dirección del Trabajo.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 1765-2015.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y señor nombre reservado.

Jorge Colvin Trucco Secretario En La Serena, a veinticuatro de diciembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.