nombre reservado con CORPORACION MUNICIPAL GABRIEL nombre reservado VIDELA

nombre reservado

Corporación Municipal Gabriel nombre reservado Videla Recurso de Protección Rol N° 1764-2024.- La Serena, dos de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el siete de noviembre de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA.

Expone que el 01 de enero de 2024, por 5° año consecutivo, suscribió contrato de trabajo a plazo fijo con la recurrida, para realizar la función de médico cirujano en el Centro de Salud Familiar Doctor Emilio Schaffhauser Acuña, de La Serena, establecimiento dependiente de la Corporación Municipal (cláusulas primera y segunda). El contrato referido es a plazo fijo, regido por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, Ley N° 19.378, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024 (cláusula quinta).

Destaca que el 9 de octubre de 2024, estando con licencia médica, recibió por carta certificada una comunicación de su empleadora, fechada el 07 de octubre, suscrita por don nombre reservado, en su calidad de Secretario General de la Corporación Municipal, por medio de la cual se le comunicaba que había sido dictada la Resolución N° 1056, por la que se ponía término a su relación laboral desde el día en que fuera notificado de la resolución indicada, la cual se adjuntaba.

La resolución dispone, en lo pertinente que: “RESUELVO: 1. PONER TÉRMINO a la relación laboral entre la Corporación Municipal Gabriel nombre reservado Videla y don nombre reservado cedula de identidad N° RUT reservado, cuya autorización legal para ejercer como médico cirujano en Chile a la fecha se encuentra caduca.”

Invoca las garantías constitucionales del artículo 19 Nºs 16 y 24 de la Constitución.

Luego, cita el artículo 48 de la Ley N° 19.738 y el artículo 144 de la Ley N° 18.883. sostiene que ninguna de dichas causales fue invocada y ninguna de ellas concurre en la especie.

En este entendido, la recurrida con su actuar ha cometido las siguientes ilegalidades y arbitrariedades: no ha invocado causa legal para disponer la terminación anticipada del contrato de trabajo a plazo, con vigencia hasta el 31 de diciembre del presente, actuando por lo tanto en contra del texto expreso de la normativa que rige el contrato que nos vincula.

De esta forma, su actuar materializado en la Resolución N° 1056, de 07 de octubre de 2024, del Secretario General de la Corporación Municipal deviene en arbitrario, al no sustentarse en causa legal para poner término al contrato, y además careciendo de la debida fundamentación para respaldar su actuación.

Destaca el hecho que, al día de suscripción de su contrato, su empleadora conocía el hecho que la habilitación especial dispuesta por la Ley N° 21.274 y la Ley N° 21.502 podría caducar en el mes de agosto de 2024, sin perjuicio de lo cual decidió celebrar el contrato de trabajo cuya vigencia se extendería hasta el 31 de diciembre de 2024, no sujetándolo a ninguna condición en relación a la obtención de la habilitación por la aprobación del EUNACOM, regulado por la Ley N° 20.261.

Por lo tanto, ha desconocido su derecho de propiedad sobre el contrato y sus efectos, perturbando el legítimo ejercicio del derecho de percibir su remuneración y prestar sus servicios hasta la fecha de término del mismo, produciendo un trastorno al disfrute tranquilo que me pertenece.

Por estas consideraciones solicita que se deje sin efecto la Resolución N° 1056, de 07 de octubre de 2024, del Secretario General de la Corporación Municipal, reincorporándolo su empleadora en funciones dentro de la Corporación que no correspondan a atención primaria de salud. En subsidio de lo anterior, se paguen las remuneraciones a que tiene derecho de conformidad al contrato suscrito con la recurrida el 01 de enero de 2024, desde el mes de octubre al mes de diciembre de 2024, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Contrato de trabajo a plazo fijo de 01 de enero de 2024; 2.- Carta de 07 de octubre de 2024, SG N° 773/2024; 3.- Resolución N° 1056, de 07 de octubre de 2024, del Secretario General de la Corporación Municipal; 4.- Comprobante de envío de carta certificada, recibida en Correos de Chile el 08 de octubre de 2024, 14.50 horas, despachada a su domicilio el 09 de octubre de 2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado y MARCELO ESTEBAN RÍOS LOBOS, abogados, en representación convencional de la CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA.

Exponen que el recurso de protección no es la vía procesal pertinente para la discusión del asunto planteado por el recurrente; que no es efectivo que la resolución impugnada careza de fundamentación, ya que la decisión en ella formalizada tiene un sustento legal, y tal circunstancia se expuso debidamente en la misma, de tal suerte que no es ilegal ni arbitraria; por último, y considerando lo antes expuesto, no es posible que de un acto dictado dentro de marco legal y fundamentado, derive una vulneración de garantías fundamentales.

En efecto, la sede proteccional no es la idónea, ya que la recurrente, que pretende dejar sin efecto la resolución que dispone el término de su relación laboral con su representada, debió encausar su reclamo por otras vías.

Precisa que la Resolución N°1056 del Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel nombre reservado Videla, no fue impugnada ante esa institución.

Añade que la Resolución N°1056 era susceptible de recurso de reposición ante esta Corporación Municipal, e incluso, del recurso jerárquico previsto en la Ley 19.880, a ser conocido por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de La Serena. Esta correspondía a la vía de impugnación idónea de la resolución en cuestión, sin embargo, el recurrente no ejerció estos derechos, ni aun extemporáneamente, sino que recién ahora, a través del presente proceso proteccional viene a cuestionar la Resolución N°1056, estando la resolución referida ya firme y ejecutoriada administrativamente.

Asimismo, refiere la competencia de la Contraloría General de la República para conocer y pronunciarse sobre vicios de legalidad que afectaren al personal de la salud primaria, regido supletoriamente por la Ley N°18.883.

En el mismo sentido, destaca la competencia de la Dirección del Trabajo para conocer el reclamo del recurrente.

Por último, aduce que la nulidad de la Resolución N°1056 del Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel nombre reservado Videla debe ser declarada en un juicio de lato conocimiento.

Luego, hace presente que el recurrente hace referencia en su libelo a la falta de referencias a las causales de término de relación laboral que contempla la Ley 19.378 y la Ley 18.883, y, es más, niega que la resolución impugnada tenga fundamentos. Llama la atención que ninguna referencia haga don nombre reservado a la esencial circunstancia de no haber aprobado el EUNACOM, pese a rendirlo en múltiples oportunidades, y por ello, no tener autorización para ejercer la medicina en Chile, que, precisamente, es el fundamento desarrollado con el respaldo normativo pertinente, que se contempla en la Resolución N°1056.

Invoca el artículo 1° de la Ley N°20.261, que crea el Examen Único de Conocimientos en Medicina (EUNACOM); del texto legal contenido en el inciso primero del artículo antes transcrito, puede indicarse que, sin perjuicio de los demás requisitos que establezcan otras leyes, en la misma se estableció como exigencia para poder ingresar a prestar servicios a los organismos públicos que señala, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento.

Añade que mediante el Decreto N°4 de 5 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), se concede a los Servicios de Salud del país, en su artículo 4°, facultades extraordinarias para disponer ciertas medidas, entre ellas, la prevista en el numeral 7 de dicha norma, que se refiere a contratar médicos que hayan obtenido su título en el extranjero y que este título se encuentre revalidado, aun cuando no hayan finalizado su aprobación del EUNACOM.

Luego, mediante la Ley N°21.274, que habilita temporalmente a los médicos cirujanos que indica, para ejercer sus especialidades en el sector público, publicada el 10 de octubre de 2020, y modificada por la Ley N°21.502, que prorroga habilitación temporal consagrada en la Ley Nº21.274, se establece lo siguiente:

“Aquellas personas que han sido contratadas para ejercer una determinada profesión en virtud del decreto Nº4, de 2020, del Ministerio de Salud, que decreta alerta sanitaria por el período que se señala y otorga facultades extraordinarias que indica por emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV), podrán seguir ejerciendo en base a dicha autorización hasta por el plazo de un año contado desde el término del estado de Alerta Sanitaria. En todo caso, esta autorización caducará de pleno derecho si en los seis meses siguientes al término de la vigencia de dicho estado de Alerta Sanitaria, las personas que gozaren de esa habilitación temporal no se inscribieren para rendir el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), en los casos que corresponda. Para efectos de acreditar lo anterior, dentro del plazo señalado, el interesado o la interesada deberá presentar ante la entidad contratante el respectivo certificado de inscripción.”

Hace presente en este punto, que el artículo 10º del Decreto N°4 del año 2020 del Ministerio de Salud, dispone que los efectos de este decreto tendrán vigencia hasta el 31 de agosto de 2023, época en que llegó a su fin el estado de Alerta Sanitaria.

En la especie, en virtud de la autorización legal y provisoria concedida por la normativa citada, esa Corporación Municipal suscribió un contrato de trabajo a plazo fijo con don nombre reservado, quien posee el título profesional de Médico Cirujano otorgado por la Escuela Latinoamericana De Medicina, Cuba, pero a la fecha no ha aprobado el EUNACOM, por lo que su autorización e inscripción transitoria en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud como médico cirujano, caducó por el solo ministerio de la ley el 31 de agosto del año 2024.

Aclara que mediante el contrato de trabajo indicado, don nombre reservado se obliga a realizar la función de Médico Cirujano en el Centro de Salud Familiar Doctor Emilio Schaffhauser Acuña, en el marco de la Atención Primaria de Salud, y en conformidad a la Ley N°19.378. Estas funciones pudieron ser realizadas por el señor nombre reservado, gracias a la autorización legal y provisoria concedida por la normativa en comento, pero, como se expuso, y dada su falta de aprobación del EUNACOM, tal autorización caducó el 31 de agosto de 2024, razón por la cual no puede seguir realizando las funciones para las cuales se le contrató, esto es, médico cirujano para la Atención Primaria de Salud.

En este punto, puntualiza que el recurrente fue contratado específicamente como médico cirujano, para cumplir las funciones propias de tal profesión, y atender esa necesidad específica en la dotación. Como médico, era calificado, en conformidad al artículo 5° de la Ley 19.378, en la categoría funcionaria A (que corresponde a Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-Dentistas), y en razón de ello se le remuneraba.

Hace esta precisión, por cuanto el recurrente, livianamente, alega que la Corporación Municipal lo podría haber destinado a otras funciones al menos hasta terminar su contrato. Lo planteado no es posible, y es que, se debe recordar que la Corporación Municipal administra fondos públicos, que tienen un destino específico, en este caso, y siendo ilustrativos, existe un fondo específico para pagar la remuneración de un funcionario categoría A, médico cirujano, para la dotación del Centro de Salud Familiar Doctor Emilio Schaffhauser Acuña, esa es la necesidad de personal que se debe atender y está disponible, y no otra.

Como se puede apreciar, la Corporación Municipal Gabriel nombre reservado Videla no ha ejecutado o ejercido un acto u omisión de naturaleza ilegal o arbitraria que haya significado la vulneración a las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente. La decisión de poner término a la relación laboral con el recurrente tiene sustento legal, y tal fundamento consta y es desarrollado en la resolución impugnada.

Como se ha expuesto, la resolución impugnada tiene sustento legal, y se encuentra debidamente fundada, por lo que con tal acto administrativo no se pueden vulnerar garantías fundamentales.

Por estas consideraciones solicita el rechazo en todas sus partes la acción de protección deducida en contra de la Corporación Municipal Gabriel nombre reservado Videla, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Contrato de trabajo a plazo fijo, suscrito por la Corporación Municipal Gabriel nombre reservado Videla y don nombre reservado, de 01 de enero de 2024; 2. Resolución N°1056 del Secretario General de la Corporación Municipal Gabriel nombre reservado Videla, de 07 de octubre de 2024.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes y lo expuesto por los apoderados de las partes en audiencia, teniendo particularmente presente que no existe controversia sobre la circunstancia de no haber aprobado el recurrente el examen EUNACOM, como asimismo, en el hecho de haber sido contratado por la recurrida para realizar la función de médico cirujano, es que solo cabe concluir que la determinación de la Corporación denunciada, en orden a poner término a la relación laboral que lo ligó con el actor, no reviste el carácter de ilegal o arbitraria.

En efecto, la Ley N° 20.261, en su artículo 1°, establece como exigencia para ingresar a prestar servicios a organismos públicos rendir el examen único nacional de conocimientos de medicina (EUNACOM) y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento. Por su parte, el Decreto N° 4, de 5 de febrero de 2020, del Ministerio de Salud, en su artículo 4° N° 7, facultó a los Servicios de Salud del país a contratar médicos que hayan obtenido su titulo en el extranjero, aun cuando no hayan finalizado su aprobación del EUNACOM, precisando en su artículo 10 que los efectos de dicho cuerpo normativo tendrían vigencia hasta el fin del estado de Alerta Sanitaria, esto es, el 31 de agosto de 2023, plazo que fue prorrogado por un año en virtud de las leyes N° 21.274 y 21.502.

En este contexto y en base a las disposiciones citadas, se advierte que al no contar el recurrente con el examen EUNACOM aprobado al 31 de agosto de 2024 y, por ende, al haber caducado por aquella circunstancia de pleno derecho su autorización legal provisoria para ejercer como médico cirujano en un organismo de la naturaleza que tiene la recurrida (ente municipal), no cumple con la condición o requisito esencial para desempeñar el cargo para el cual fue contratado, siendo aquello precisamente el fundamento esgrimido por la recurrida en la resolución impugnada para proceder a la desvinculación del actor, por lo que desde tal perspectiva malamente cabe atribuir ilegalidad o arbitrariedad a su obrar, circunstancia que indefectiblemente determina el rechazo del recuso, al no verificarse su presupuesto básico de procedencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1764-2024 (Protección).