nombre reservado con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado y otros Secretaría Regional Ministerial de Salud de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 176-2021.- La Serena, once de junio de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

PRIMERO: Que comparecen 1.- nombre reservado, dueña de casa, cédula nacional de identidad N.º RUT reservado, por sí y en representación legal de sus hijos nombre reservado, cédula de identidad N.º RUT reservado, y nombre reservado, cédula de identidad N.º RUT reservado; 2.- nombre reservado, chilena, soltera, dueña de casa, cédula de identidad N.º RUT reservado, por sí y en representación legal de sus hijos nombre reservado, cédula de identidad N.º RUT reservado y nombre reservado, cédula de identidad N.º RUT reservado; 3.-nombre reservado, dueña de casa, cédula de identidad N.º RUT reservado, y nombre reservado, jubilado, cédula de identidad N.º RUT reservado; todos con domicilio en domicilio reservado; interponiendo acción constitucional de protección en contra de SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE COQUIMBO, persona jurídica de derecho público, Rol Único Tributario N.º 61.601.000-K, representado por don nombre reservado, en su calidad de Seremi de Salud, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto consistente en la dictación del Decreto Exento N.º 23, de fecha 29 de marzo de 2021, que dispone vacunación obligatoria contra la influenza para el año 2021 para grupo de población que indica. Como garantías vulneradas indican aquellas contenidas en los numerales 1, 2, 3 inciso quinto, 5 y 6 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Sostienen que el acto administrativo impugnado escoge arbitrariamente grupos de la población, entre ellos personas enfermas y con riesgo alto de mortalidad, para someterlos a vacunación obligatoria.

Exponen los recurrentes que todos ellos componen una familia integrada por sus padres, dos hijas, y cuatro nietos, que vive en la zona rural de Ovalle, que mantiene una vida sencilla y saludable. Afirman que ninguno de los integrantes de la familia desea ser vacunado a la fuerza, pues confían en su sistema inmunológico, y tienen conocimiento que las vacunas contienen materiales tóxicos como mercurio y aluminio, lo que se contrapone a los supuestos beneficios de la vacunación. Sostienen que los recurrente Nelly y Heraclio, son personas de avanzada edad, que tienen una calidad de vida óptima, y que al conocer el contenido del decreto sintieron inquietud y temor. Manifiestan que en el caso de sus hijos, los establecimientos educaciones a los que asisten los están presionando para vacunar a sus hijos. Aseveran que el decreto impugnado selecciona determinados grupos de personas, elegidas en forma cuidadosa, pero arbitraria, con un criterio que dista de ser científico. Arguyen, que conforme a estudios científicos que acompañan al recurso, existirían una serie de riesgos relevantes asociados a la vacunación contra la influenza, en particular en el contexto actual de pandemia por el virus SARSCOV2, que detallan latamente en su libelo, basados en los cuales, rehúsan someterse al proceso de vacunación, por estimar que debe operarse en base al principio de precaución ante los riesgos que exponen. Argumentan que el decreto cuestionado constituye amenaza a sus derechos constitucionales, puesto que la vacunación puede causar daño, trastornos y/o efectos colaterales tras su utilización, de manera que se pone en riesgo su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Asimismo se amenazaría su libertad de conciencia, toda vez que su creencia personal es que su bienestar y salud penden del equilibrio natural y cósmico de la naturaleza humana en su conjunto. Afirman que la Administración del Estado no se encuentra facultada por el estado de excepción constitucional para forzar la vacunación de determinados grupos humanos en virtud de un decreto exento que ni siquiera es objeto del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Sostienen que el decreto impugnado infringe el principio de razonabilidad y proporcionalidad, pues las medidas adoptadas son innecesarias y desmedidas para la finalidad de prevención, cuidado y trazabilidad que pretende alcanzar, toda vez que no se aviene con el propósito de precaver la Covid-19, obligar a grupos de personas a vacunarse, sin considerar el riesgo que ello envuelve. Estiman igualmente que son discriminados, afectándose su garantía de igualdad ante la ley, al obligarse a grupos de personas a vacunarse solo por “ser lo que son”, lo que no contaría con justificación legal ni científica. Consideran ser juzgados por una comisión especial, puesto que el Ministerio de Salud no tendría competencia para imponer arbitrariamente la vacunación, a través de un decreto exento, asimilando aquello a una sentencia condenatoria penal, sin derecho a objeción basada en el consentimiento informado. Aducen que se afecta su derecho a la protección de la vida privada, honra, y protección de datos personales, por los mismos argumentos antes expresados.

Previas citas de derecho solicitan acoger la acción intentada, y en definitiva dejar sin efecto la obligación de vacunarse. Acompañan a su recurso 1. Decreto exento Nº 23, que “Dispone vacunación obligatoria contra la influenza para el año 2021 para grupo de población que indica,” de fecha 29 de marzo de 2021. 2. Documento denominado “Posible causa de la pandemia por coronavirus: Interferencia inmunológica entre el POLISORBATO 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el SARS-CoV-2”. 3. Estudio denominado “Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide (“Asociación positiva entre las muertes por COVID-19 y las tasas de vacunación contra la influenza en personas mayores en todo el mundo”. 4. Estudio denominado Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season. 5.- Captura de pantalla dando cuenta de proceso de vacunación en escuela a la que asisten recurrentes menores de edad. 6. Certificados de nacimiento de los recurrentes y los menores de edad en cuya representación comparecen.

SEGUNDO: Adicionalmente, recurrió de protección nombre reservado, dueña de casa, cédula de identidad N. º RUT reservado, en representación de sus hijos nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado; nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado y nombre reservado, cédula de identidad N.º RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, Ruta D, (3 km. Al interior) Lote 9, Parcela 117, Sector Quilacán, comuna de La Serena, contra el mismo acto e invocando idénticas garantías constitucionales como vulneradas. En lo pertinente a su caso, expresó, en síntesis, que tiene a su cargo tres niños de su hija, los que se encontraban enfermos debido a mal nutrición, y ninguna vacuna contribuyó a mejorar su salud. Explica que con la ayuda del pediatra del mayor de los niños, unido a alimentación sana, biomagnetismo, reiki, músico-terapia, atención con la psicóloga infantil y suplementos vitamínicos, los niños equilibraron su sistema inmune y no volvieron a enfermar, hasta que llegó la instrucción de vacunarse contra la influenza el año 2019. Asevera que solo el más pequeño de los niños fue inoculado, pero acto seguido enfermó seriamente, por lo cual rehúsa que los niños sean vacunados, contra “la influenza”. Afirma que al niño mayor jamás le ha sido administrada alguna vacuna contra la influenza ni contra otras “gripes estacionales”. Sostiene que desde el inicio del confinamiento los niños no han enfermado, porque hacen deporte, y mantiene una vida saludable, por lo que estima injustificado vacunarlos contra “un supuesto virus”. Agrega que viven en una parcela en el Valle del Elqui, por lo que no existiría razón para administrarles vacunas a niños sanos, contra un virus al que no se ven expuestos. Manifiesta que es Terapeuta titulada de Biomagnetismo Bioenergético por el Centro Re-Nacer de Santiago, Maestra de Reiki Tradicional Usui, Maestra de Registros Akashicos, Terapeuta de Biodecodificacion Neuro Emocional y Neurolingüística, y que en ese carácter, puede sostener que en el siglo XXI se encuentra comprobado que las emociones humanos en desequilibrio causan enfermedades en la biología humana en, al menos, un 80% de los casos, y el otro 20% es genético, indica luego el estado de salud de los niños y los beneficios de las terapias que les aplica. Añade que sus hijos son saludables, y que, a su juicio, las vacunas no son necesarias para los humanos, al menos no las de tipo antiviral ni experimentales. Afirma que sus hijos cuentan con todas las vacunas al día, y que la vacuna contra la influenza no otorga inmunidad de ningún tipo, pudiendo el cuerpo liberarse de las toxinas acumuladas en caso de gripe. Solicita acoger la acción intentada, y en definitiva dejar sin efecto la obligación de vacunarse. Acompaña a su recurso, además de los estudios acompañados por los recurrentes mencionados en el considerando precedente. 1.-Certificados de nacimiento de sus hijos 2.-Certificados de Estudios de los niños, emitidos por la Directora del Colegio Intercultural ALTOVALSOL, Sra. nombre reservado, emitido en marzo de 2021. 3.- Certificado emitido por el Centro de Salud Integral RenaSer del curso de Biomagnetismo y Bioenergética, otorgado a la recurrente, de fecha 6 de septiembre de 2015; 4.-Certificado de realización del curso Maestría en Reiki Tradicional Japonés, emitido por el Centro LUMINA BHAS, de fecha julio de 2013 y julio de 2014; 5.- Certificado emitido por el Centro LUMINA BHAS, que acredita realización del curso Maestría Sistema Registros Akáshicos, de fecha julio de 2014. 6.- Sentencia de fecha 22 de abril de 2019, en Causa RIT 5657-2019 pronunciada por el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, en cuya virtud se concede el cuidado personal de los niños nombre reservado y MAXIMILIANO FERNANDO, ambos de apellidos nombre reservado, a la recurrente y su marido, TERCERO: Que comparece nombre reservado, empleado, cédula de identidad Nº RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, Ruta D, (3 km. Al interior) Lote 9, Parcela 117, Sector Quilacán, comuna de La Serena, interponiendo acción constitucional de protección contra el mismo acto, y esgrimiendo como vulneradas idénticas garantías que los anteriores recurrentes. En lo pertinente a su recurso, expone, que trabaja desde el año 2013 como Jefe de Turno de Mantención para la empresa contratista Ingeniería Civil Vicente S.A., que está obligado a realizar examen PCR cada vez que sube a la mina, lo que no le causa problema, no obstante, señala que no acontece lo mismo con la vacunación obligatoria contra la influenza. Manifiesta que en uso de su autonomía, rehúsa someterse a la vacunación, la que estima según su experiencia de vida que acarrea serio peligro. Cita latamente los mismos estudios que los anteriores recurrentes, así como sostiene idénticas argumentaciones, y finaliza solicitando acoger la acción intentada y ordenar a la recurrida dejar sin efecto la obligación de vacunarse contra la influenza, o contra el virus de la Covid-19. Acompaña, además del decreto impugnado, y los mismos estudios que los otros recurrentes, 1.- Certificado de relación laboral entre el recurrente y la empresa Ingeniería Civil Vicente S.A. 2.- Certificado Laboral de fecha 23 de marzo de 2021. 3.- Contrato de trabajo suscrito entre el recurrente y la empresa Ingeniería Civil Vicente S.A., vigente a contar del 9 de diciembre de 2013.

CUARTO: Que comparece CLAUDIA ANDREA ESPINOSA FARÍAS, abogada, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, psicóloga, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado; y de su hija nombre reservado, de 3 años en la actualidad, cédula nacional de identidad número RUT reservado, ambas domiciliadas en domicilio reservado, por el mismo acto y esgrimiendo las mismas garantías constitucionales como amenazadas. En lo pertinente a su caso, señala que la recurrente tuvo a su hija de 3 años, la que ha crecido sana, asiste a jardín infantil perteneciente a la Fundación Integra desde 2019, no ha enfermado desde que inicio el confinamiento, por mantener una vida sana, en contacto con la naturaleza, por lo cual no se justificaría vacunarla contra un “supuesto virus”, pues no mantiene contacto más que con sus padres. Afirma que los padres de la niña se auto definen como “amantes de la vida”, y consideran que en cuanto a tratamientos médicos debe primar el sentido común y la sabiduría, y desconfían de las medidas que ha estado aplicando el Gobierno, y el Estado en general. Sostiene que la madre de la niña es contraria a las vacunas antivirales o experimentales, y que la niña cuenta con todas las vacunas al día. Asevera que los progenitores saben que toda vacuna que no garantice el 99% de inmunidad sigue siendo experimental, que la vacuna contra la influenza no da ningún tipo de inmunidad, y que la gripe existe con el propósito de que el cuerpo pueda liberarse de las toxinas acumuladas. Explica que el jardín infantil al que asiste la niña ha comenzado a presionar para que los niños sean vacunados. Precisa que recibió por correo electrónico un documento denominado ““Vacunación contra la Influenza”, expedido el 06 de Abril de 2021, que transcribe en su libelo. Manifiesta que por convicciones personales de los recurrentes, estos se oponen a que su hija reciba la vacunación, la que estiman acarrea serios riesgos. Tras citar estudios contrarios a la vacunación contra la influenza, solicita acoger la acción, y en definitiva, ordenar se deje sin efecto la obligación de vacunar a la niña. Acompaña a su recurso 1.- Informativo “Planificación: Vacunación contra la Influenza”, de fecha 06 de Abril de 2021, confeccionado por la Subsecretaría de Salud Pública, División Prevención y Control de Enfermedades, Departamento de Inmunizaciones. 2.- Certificado de Nacimiento de nombre reservado. 3.- Certificado de alumna regular de nombre reservado, extendido por el Jardín infantil “Carita de Luna”, de Coquimbo, perteneciente a la Fundación Integra. 4.- Certificado médico extendido por la médica nombre reservado sobre el actual estado de salud de la niña nombre reservado. 5.- Estudio sobre Posible causa de la pandemia por coronavirus: Interferencia inmunológica entre el POLISORBATO 80 de la vacuna antigripal adyuvada y el SARS-CoV-2. 6.- Estudio Positive association between COVID-19 deaths and influenza vaccination rates in elderly people worldwide (“Asociación positiva entre las muertes por COVID-19 y las tasas de vacunación contra la influenza en personas mayores en todo el mundo”, por el Dr. Christian Wehenkel). 7.- Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season (“La vacunación contra la influenza y la interferencia de virus respiratorios entre el personal del Departamento de Defensa durante la temporada de influenza 2017-2018” , por el Dr.Greg G. Wolff).

QUINTO: Que informando la recurrida, solicita el rechazo de la acción con costas. Alega en primer término que la acción deducida es extemporánea puesto que el instrumento normativo por el cual se dispone la vacunación obligatoria no es el Decreto Exento N° 23, sino que el Decreto Exento N° 6 del año 2010, que fue publicado en el Diario oficial el 19 de abril del año 2010. Arguye que en consecuencia los recurrentes pretenden revivir un plazo fenecido. Precisa que la Excelentísima Corte Suprema, ha seguido un criterio análogo, rechazando recursos de protección en circunstancias similares. Sostiene que la población objetivo para la vacunación de la influenza para este año, se ha mantenido, pero en consideración al éxito del proceso de vacunación por Covid-19, se han incorporado otras personas para el proceso de vacunación contra la influenza, conforme a tabla que inserta en su recurso. Arguye que lo que se reprocha es una decisión adoptada más de 10 años atrás, como es el Decreto Exento Nº 6 de 2010 del Ministerio de Salud, que dispone la Vacunación Obligatoria contra Enfermedades lnmunoprevenibles de la Población del País, toda vez que el Decreto N° 23 de 2021, solo especifica una materia que ya estaba dispuesta desde el año 2010.

En segundo lugar, asevera que la acción de protección, no es una acción popular, como pretenden los recurrentes, al solicitar en forma general dejar sin efecto la obligación de vacunarse, lo que conlleva que los recurrentes carezcan de legitimación activa. Afirma que las acciones deducidas con ocasión de la pandemia por Covid-19, conforme a sentencias que cita, no pueden ser conocidos a través de la acción de protección, atendido su carácter excepcional, y por incidir en la generalidad de la población.

En tercer lugar, afirma que la acción constitucional de protección no es vía idónea para adoptar políticas públicas sanitarias, cuestión que en definitiva pretenden los recurrentes. Explica que la influenza es un problema de salud pública por su elevado potencial epidémico, asociado a su alta transmisibilidad, variabilidad antigénica, y posibilidad de intercambio genético entre los virus de origen humano y animal, que se traduce en aumentos de la demanda asistencial sanitaria ambulatoria y hospitalaria, así como en un aumento de morbimortalidad. Argumenta que tal es el motivo de determinar la población objetivo para la vacunación obligatoria contra esa enfermedad. Sostiene que la evidencia científica actual constata que la reducción de la transmisión viral es el enfoque más eficaz para minimizar la morbilidad y mortalidad por influenza. Expresa que incorporar la vacunación a niños en edad escolar, grupo etario con tasas de transmisión muy elevada, confiere protección indirecta a toda la población. Precisa que los niños en edad escolar amplifican las epidemias de influenza debido a su mayor susceptibilidad y altas tasas de infección, contribuyendo a la propagación del virus entre la población. Puntualiza que el uso de la vacuna inactivada reduce el riesgo de influenza en niños entre 2 y 16 años desde un 30% a un 11%, y podría reducir el riesgo de enfermedad tipo influenza (eti) de 28% a 20%, siendo uno de los grupos de mayor efectividad de la vacuna. Agrega que conforme a la OMS, se recomienda que "las mujeres embarazadas deben vacunarse con vacuna inactivada en cualquier etapa del embarazo. Esta sugerencia se basa en la evidencia de un riesgo sustancial de enfermedad grave en este grupo y evidencia de que la vacuna contra la Influenza estacional es segura durante todo el embarazo y eficaz en la prevención de Influenza en las mujeres, así como en sus hijos pequeños, en quienes la carga de enfermedad también es alta". Añade que el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de Estados Unidos de Norteamérica indica, el año 2013, “que la vacunación contra Influenza en la madre durante el embarazo se asoció con una reducción significativa del riesgo de infección por el virus de la Influenza (riesgo relativo: 0,59; IC 95% = 0.37-0.93) y hospitalización por enfermedad debida a Influenza entre lactantes de menos de 6 meses (riesgo relativo: 0.61; IC 95% = 0.45-0.84) en una cohorte prospectiva no aleatorizada. También se observaron títulos de anticuerpos elevados en lactantes de 2 a 3 meses de edad.”. Afirma que desde la implementación de la política pública de vacunación ha existido disminución en número y gravedad de casos que llegan a requerir asistencia médica, lo que fundamenta que se implemente nuevamente en los términos consignados en el decreto impugnado. Reitera que la política pública de vacunación no solo incide en los recurrentes sino que en toda la colectividad. Manifiesta que la política pública de que trata el recurso se encuentra radicada en la Administración del Estado, específicamente en el Ministerio de Salud al cual le “compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones.”, de manera que pretender que los Tribunales de Justicia se arroguen facultades que corresponden a la Administración. En apoyo de esta posición cita sentencias de la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 23315/2020; 24468/2020; y 24542/2020; y Ilma. Corte de Apelaciones de Valparaíso Rol N° 8843/2020, que sostendrían que “son hechos públicos y notorios que la autoridad administrativa competente ha ido adoptando las medidas que se han estimado necesarias para enfrentar la pandemia que nos afecta y, para ello, entre otros aportes, se ha apoyado en grupos de especialistas que, en conjunto con la autoridad administrativa con capacidad de decisión, han efectuado análisis permanentes y constantes de la situación de salud en el territorio nacional”. Agrega que se ha sostenido en los aludidos fallos que la actividad de la Administración del Estado “abona la sujeción del actuar de los recurridos a la Constitución y la Ley en el ámbito en análisis, pues lo que se les reclama dice relación con una supuesta omisión en el ejercicio de sus facultades legales, sin embargo, todo lo contrario sucede ya que, en cumplimiento del mandato constitucional […] es que se han ido adoptando las diferentes medidas sanitarias para enfrentar la crisis de salud que agobia al país, actuando dentro del ámbito de su competencia y prerrogativas legales. […].””.

Explica que dada la carga sobre la red asistencial que genera la influenza, su confluencia con la pandemia por Covid-19, hace necesario determinar la población objetiva para la vacunación obligatoria contra aquella. En sentido, sostiene que conforme lo han resuelto Tribunales Superiores “debe considerarse que la autoridad administrativa del Estado, cuyo superior es el Presidente de la República, cumple con la función que le es propia a través de los órganos administrativos creados para ello, dentro de los cuales destacan los Ministerios y, en concreto, en materia de salud y salubridad pública, aquello se materializa vía el Ministerio de Salud, según lo prescrito en el artículo 1 de su Ley Orgánica, en cuanto dice que a este “compete ejercer la función que corresponde al Estado de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona enferma; así como coordinar, controlar y, cuando corresponda, ejecutar tales acciones”. En ese contexto, también aparece del mérito de los antecedentes que la pretensión de la actora es improcedente en el marco de esta acción cautelar, pues derechamente se arroga potestades que el constituyente ha radicado de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo (…).”

En cuarto lugar, argumenta que la acción intentada pretende acabar con una política pública, que ha salvado a miles de personas. Sobre el particular, da cuenta latamente de la historia de la vacunación a nivel mundial, y en particular la adopción de la vacunación obligatoria en Chile, y de cómo gracias a la vacunación se ha logrado erradicar enfermedades graves.

En cuanto al fondo, alega que el recurso debe ser desestimado pues no se ha incurrido en ninguna acción u omisión que pueda ser tildada de ilegal o arbitraria, ni puede considerarse que exista vulneración de garantías constitucionales. Explica que el decreto impugnado ha sido dictado dentro de las facultades legales que el ordenamiento reconoce al Ministerio de Salud, en particular, en el DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud. que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley Nº 2.763, de 1979, y de las leyes Nº 18.933 y Nº 18.469. En concreto, respecto a la vacunación cita el artículo 32 del Cógio Sanitario, que en su artículo 32, prescribe que el Servicio Nacional de Salud – hoy Ministerio de Salud. Tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles, que el Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud –hoy Ministro de Salud- podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización, que podrá declararse obligatoria la vacunación de los animales contra las enfermedades transmisibles al hombre, y que el Servicio Nacional de Salud, podrá disponer de las medidas necesarias para que en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria. Argumenta que en base a tales facultades legales, es que el Ministerio de salud cumple concretamente el deber constitucional de garantizar la salud de la población. Explica que la vacunación obligatoria tiene una justificación científica que radica principalmente en la consecución de la inmunidad de grupo, colectiva o de rebaño, la que es definida como la protección de una determinada población ante una infección debido a la presencia de un elevado porcentaje de individuos inmunes en la misma, de forma que cuando se produce un brote, al avanzar la epidemia y aumentar el número de individuos inmunes, disminuye la probabilidad de contacto entre un susceptible y un infectado, hasta que llega un momento en el que se bloquea la transmisión del agente infeccioso. Arguye que la vacunación obligatoria de los niños, no es solo una facultad de los Estados, sino que una obligación impuesta por su interés superior. Expone que la Ley Nº 20.584 restringe el derecho a rehusar una determinada atención de salud, precisamente cuando “producto de la falta de esta intervención, procedimiento o tratamiento, se ponga en riesgo la salud pública, en los términos establecidos en el Código Sanitario. De esta circunstancia deberá dejarse constancia por el profesional tratante en la ficha clínica de la persona”. Prosigue citando sendos fallos de Tribunales Superiores, en los que se ha resuelto acoger recursos de protección respecto a personas que han rehusado la vacunación de sus hijos, y transcribe extensas consideraciones de la OMS por la cual se solicita encarecidamente a los Estados a vacunar contra la influenza a grupos de riesgo como los descritos en el decreto que se cuestiona en estos autos. Explicita que conforme a estudios en que se basa la política de vacunación, la influenza en especial en los grupos definidos como de riesgo, presenta mayor porcentaje de derivar en cuadros graves, además de generar recarga en la red hospitalaria. Controvierte los estudios citados por los recurrentes, y cita a su vez, estudios en respaldo de su posición, y en los que se concluye en síntesis, que las personas vacunadas contra la influenza durante la pandemia Covid 19 presentan menor tasa de mortalidad, y que la vacunación contra la influenza permite un uso más eficiente de los recursos durante la pandemia. Afirma la evidencia acumulada hasta ahora, indica que la vacunación contra la influenza puede beneficiar el manejo de la pandemia de coronavirus, debido a que puede facilitar el diagnóstico diferencial con otros virus de carácter respiratorios y evitaría una sobrecarga de servicios de salud debido a influenza, además de jugar un papel importante en la protección de los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, trabajadores de salud, entre otros, que son un grupo que es particularmente vulnerable a COVID-1946-47, concluyendo, en definitiva, que las vacunas son seguras, y no conllevan riesgo para la salud como se ha esgrimido por los actores.

Acompaña a su informe 1.-Wolff GG. Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season. Vaccine. 2020;38(2):350–4. 2.- Wolff GG. Letter to the Editor. Vaccine 2020;38(30):4651. 3.- Paget, J., Caini, S, et al. The impact of influenza vaccination on the COVID-19 pandemic? Evidence and lessons for public health policies. Vaccine, 2020, 38(42), 6485–6486. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.08.024. 4.-Pedote, P., Termite, S., et al. Influenza Vaccination and Health Outcomes in COVID-19 Patients: A Retrospective Cohort Study. Vaccines, 2021, 9(4), 358. https://doi.org/10.3390/vaccines9040358 5.-Arokiaraj MC. Correlation of Influenza Vaccination and the COVID-19 Severity (April 10, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3572814 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3572814 6.- Amato M, Werba JP et al. Relationship between influenza vaccination coverage rate and Covid-19 outbreak: an italian ecological study. Vaccines. 2020;8:535, http://dx.doi.org/10.3390/vaccines8030535. 7.- Fink G, Orlova-Fink N, et al. Inactivated trivalent influenza vaccine is associated with lower mortality among Covid-19 patients in Brazil. medRixv. 2020, http://dx.doi.org/10.1101/2020.06.29.20142505. 8.- Li Q, et al. Modeling the impact of mass influenza vaccination and public health interventions on COVID-19 epidemics with limited detection capability. Math Biosci. 2020;325:. https://doi.org/10.1016/j. mbs.2020.108378. Epub 2020 May 16108378. 9. Ministerio de Sanidad, gobierno de España. Nota informativa en relación a la vacuna frente a gripe y COVID-19. 2020. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/COVID-19_Vacunaciongripe.pdf 10.- Asociación Española de Vacunología. La AEV desmiente categóricamente la información sobre la asociación entre el Polisorbato 80 y la infección por SARS-CoV-2. 2020. (Acceso el 07 mayo 2021). Sitio web: https://www.vacunas.org/la-aev-desmiente-categoricamente-la-informacion-sobre-la-asociacion-entre-el-polisorbato-80-y-la-infeccion-por-sars-cov-2/ 11.- Ministerio de Salud, Subsecretaria de Salud Pública. Resumen lineamientos técnicos operativos vacunación Antiinfluenza 2021. Disponible en: https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/04/RESUMEN-LINEAMIENTO-T%C3%89CNICO-OPERATIVO-VACUNACI%C3%93N-ANTIINFLUENZA-2021.pdf 12.-Plotkin S, Orenstein W, Offit P, Edwards K. (2018). Plotkin's vaccines. Elsevier, page 479. 13.- Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD). Flu Vaccine Safety and Pregnancy. 2020. (Acceso el 10 mayo 2021). Disponible en: https://www.cdc.gov/flu/highrisk/qa_vacpregnant.htm 14.- World Health Organization. Weekly epidemiological record: Vaccines against influenza WHO position paper – November 2012. No. 47, 2012, 87, 461–476. Disponible en: https://www.who.int/wer/2012/wer8747.pdf?ua=1 15.- Thompson M, Kwong J, et al. Influenza Vaccine Effectiveness in Preventing Influenza-associated Hospitalizations During Pregnancy: A Multi-country Retrospective Test Negative Design Study, 2010–2016, Clinical Infectious Diseases, Volume 68, Issue 9, 1 May 2019, Pages 1444–1453, https://doi.org/10.1093/cid/ciy737 16.- Buchy, P., Badur, S., et al. Vaccinating pregnant women against influenza needs to be a priority for all countries: An expert commentary. International journal of infectious diseases. Vol. 92, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.12.01 17.- McMillan, et al. Influenza vaccination during pregnancy: a systematic review of fetal death, spontaneous abortion, and congenital malformation safety outcomes. Vaccine 2015, 33(18), 2108–2117. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.02.068 18.-Håberg, SE, Trogstad, L., et al. Risk of fetal death after pandemic influenza virus infection or vaccination. The New England Journal of Medicine 2013, 368 (4), 333–340. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1207210 19.- “Preparación para una gripe pandémica. Marco para el intercambio de virus gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios”, de la Organización Mundial de la Salud; 20.- “Consideraciones éticas en el desarrollo de una respuesta de salud pública a la gripe pandémica”, de la Organización Mundial de la Salud. 21.- Lineamientos Técnico Operativos de la Vacunación Anti Influenza 2021. 22.- Decreto N° 6, de 2010, del MINSAL. 23.- Decreto N° 12, de 2021 del MINSAL. 24.-Decreto N° 23, de 2021, del MINSAL.

SEXTO: Que con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se decretó la acumulación y vista conjunta de los recursos, y se trajeron los autos en relación.

SÉPTIMO: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio OCTAVO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que en primer lugar procede rechazar la alegación de extemporaneidad del recurso por cuanto se recurre en contra del Decreto N° 23 dictado en el mes de Marzo pasado, el que produce efectos permanentes.

DECIMO: Que en cuanto al fondo, en esta acción cautelar se recurre contra el Decreto Exento N.º 23, de fecha 29 de marzo de 2021, que dispone vacunación obligatoria contra la influenza para el año 2021 para grupo de población que indica, acto que estiman ilegal y arbitrario, señalándose como garantías vulneradas las contenidas en los numerales 1, 2,, 3 inciso quinto, 5 y 6 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Sobre el particular, cabe tener presente que conforme al artículo 32 del Código Sanitario “el Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles. El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización.”.

UNDÉCIMO: Que de la lectura del acto impugnado, se desprende que éste fue dictado por el Sr. Ministro de Salud por orden del Presidente de la República, amparado en la facultad legal previamente citada. Asimismo, se aprecia que en dicho acto administrativo se exponen latamente las razones por las cuales, desde una perspectiva sanitaria, es recomendable la vacunación en contra de la influenza, y se citan al efecto principalmente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Se aprecia, asimismo, que el enfoque de la vacunación de los grupos de personas que se consignan en el Decreto N° 23, se fundamenta en los mayores riesgos que esos grupos de personas tienen de desarrollar enfermedad grave, y en sus mayores tasas de mortalidad asociadas a influenza. Particularmente, en el caso de los niños, se expone que la vacunación en niños es relevante, por cuanto amplifican las epidemias de influenza.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, al informe de la recurrida se han acompañado estudios en apoyo de la fundamentación esgrimida en el decreto que se reprocha como ilegal y arbitrario por los actores. De este modo, se constatan las razones en que se fundamenta el acto administrativo, además de ser un hecho público, que la Organización Mundial de la Salud, y en general, la comunidad científica, han defendido inclusive por los medios de comunicación social, los beneficios de la vacunación, no solo contra la influenza, sino que en general respecto a una serie de enfermedades, que han sido controladas o erradicadas gracias a la vacunación DECIMO TERCERO: Que a su turno, el legislador ha reservado a la Administración del Estado, la evaluación de la pertinencia de declarar obligatoria la vacunación, siendo en consecuencia sus órganos los competentes para adoptar tal decisión, en la medida que aquella se encuentre fundada, y, lógicamente, existan beneficios para la salud de la población en general, que sean superiores a los posibles riesgos que para ese mismo bien jurídico pudiera significar la decisión.

DÉCIMO CUARTO: Que conforme se ha razonado, no se vislumbra que exista arbitrariedad ni ilegalidad en la forma en que ha procedido la entidad recurrida, por cuanto ha obrado previa habilitación legal, en base a motivos expuestos en el acto administrativo que se ejecuta, adoptando la decisión en forma razonada dentro del margen de apreciación, que el legislador le ha reservado.

DECIMO QUINTO:: Que, verificado que no existe un acto u omisión ilegal ni arbitrario por parte del recurrido no es necesario determinar si el recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza de un derecho constitucionalmente cautelado, toda vez que no concurriría en tal caso el presupuesto ineludible para que esta acción cautelar pueda ser acogida.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se resuelve que SE RECHAZAN, sin costas, los recursos de protección interpuestos en contra de Secretaría Regional Ministerial de Salud de Coquimbo.

Regístrese y archívese en su oportunidad Redacción de la Ministra Marta Maldonado Navarro Rol N° 176-2021 y acumuladas.-