nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDÉZ REGIÓN METROPOLITANA

nombre reservado

Compin Atacama Recurso de Protección Rol N°1758-2025 La Serena, diez de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Compin Región Atacama por haber rechazado las licencias folios N°21972607, N°22102798 y N°22263304, por la causal “reposo injustificado”. Como garantías vulneradas indica aquellas señaladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que desde el 25 de agosto de 2025 presenta un diagnóstico de “episodio depresivo grave”, lo que ha acarreado como consecuencia que se mantenga en tratamiento farmacológico y psicoterapia. Agrega que se le han prescrito sucesivas licencias médicas a raíz de esta dolencia y que Compin rechazó sus licencias N°21972607, N°22102798 y N°22263304 no obstante haberse acompañado antecedentes de su médico psiquiatra que justifican el diagnóstico y la necesidad del reposo.

Afirma que la resolución de Compin es arbitraria al no expresar ningún fundamento para sostener que su reposo no es procedente, contraviniendo de ese modo los artículos 11 de la Ley N°19.880 y 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas. Añade que asimismo las resoluciones son ilegales pues facultando la ley a la recurrida para requerir pericias, informes de otros médicos o fiscalizaciones nada ha hecho para corroborar la necesidad de su reposo médico.

Sobre la conculcación de sus garantías constitucionales, se refiere en primer término al derecho a la vida y a integridad psíquica, el cual indica verse infringido al rechazar arbitrariamente la recurrida su licencia médica esencial para el tratamiento de un episodio depresivo grave, lo que lo forzó a elegir entre cuidar su salud, con el riesgo de perder su empleo, o acudir a trabajar, exponiéndose a un daño mental inminente. En cuanto a la igualdad ante la ley es vulnerada al no realizar la recurrida algunas de las opciones que los literales del artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas le confiere antes de rechazar de plano su licencia, y no fundamentar su rechazo, lo que redunda y darle un trato discriminatorio en comparación con otros administrados. Por último, la garantía del derecho de propiedad se infringe por la recurrida cuando se rechaza sin fundamento sus licencias impidiéndole acceder al subsidio que por derecho le corresponde lo que afecta su estabilidad económica.

Finaliza su presentación solicitando acoger el recurso y, en definitiva, se ordene el pago del subsidio respectivo.

Acompaña a su recurso: 1. Captura de pantalla de extracto de licencia médica electrónica Folio N°21972607 que indica fecha de redictamen 09 septiembre de 2025; 2. Captura de pantalla de extracto de licencia médica electrónica Folio N°22102798 que indica fecha de redictamen 09 septiembre de 2025; 3. Captura de pantalla de extracto licencia médica electrónica Folio N° 22263304 que indica fecha rechazo 22 septiembre de 2025; y 4. Informes médicos Psiquiatra nombre reservado.

SEGUNDO: Que, evacuó informe la recurrida Compin Atacama solicitando el rechazo del recurso.

Expresa que el recurrente es un usuario de 41 años que inició con periodos de reposo traumatológico en enero de 2025 y a contar de julio del mismo año presenta reposo por salud mental continuo, acumulando un total de 197 días continuos. Agrega que el recurrente apeló del rechazo de sus licencias médicas y que “en lo relativo a la falta de argumentos en las resoluciones emitidas por esta Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Atacama sobre las licencias médicas (LMs), informo que los pronunciamientos se efectúan únicamente en la plataforma digital de Portal Contraloría Médica de propiedad de FONASA, SIF (Sistema Informático de Fonasa) y del Portal Contraloría Médica de ISAPRES (ISA), ninguna de ellas bajo la administración regional de esta Institución. En ellas se dictamina y resuelve, finalmente, materializándose en el documento -resolución o dictamen- que autoriza (deniega), rechaza (ratifica), amplía o reduce una licencia médica. Se trata de sistemas centralizados y automatizados desde el nivel central, por lo que al resolver el Médico Contralor de COMPIN una LM únicamente puede ingresar un código que informa de forma general y estandarizada, la causal de rechazo más idónea asociada a cada caso, no permitiéndole describir los argumentos que ha tenido a la vista y en que funda su decisión, pudiendo dejar constancia solamente, en la cartola médica, que es un registro interno que no queda evidenciado en el pronunciamiento. Dicho contenido si puede entregarse al usuario/a cuando así lo solicite a nuestra COMPIN”.

Expone que, atendida su naturaleza jurídica de organismo público desconcentrado, se ha solicitado a Departamento COMPIN Nacional, la mejora en este sentido de los sistemas de resolución de licencias médicas, sin embargo, se trata de procesos que exceden a las responsabilidades de la COMPIN Atacama.

Hace presente que esa repartición pública goza de privilegio de pobreza conforme al artículo 81 de la Ley N. º10.383 en relación con la Ley N°19.937, el artículo 32 del Decreto Supremo N136 y artículo 173 del Código Tributario.

Acompaña a su informe: Informe de licencia médica del 30 de octubre de 2025 emitido por el Presidente de la Compin de Atacama.

TERCERO: Que a folio 15 el 21 de noviembre de 2025, encontrándose el presente recurso agregado para su vista y fallo a la Segunda Sala, se resuelve como trámite indispensable para la vista del recurso, que la recurrida acompañe las resoluciones que rechazan las licencias médicas objeto del arbitrio, lo cual es cumplido a folio 18 el 02 de diciembre pasado.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de las Resoluciones de Compin de Atacama de 09 de septiembre y 08 de octubre, todas de 2025, por las cuales se rechazan las licencias médicas Nº21972607 emitida el 01 de agosto de 2025 por 21 días, N°22102798 emitida el 22 de agosto de 2025 por 25 días, y la N°22263304 emitida el 16 de septiembre de 2025 por 25 días, esgrimiendo el siguiente fundamento en todas: “Sin causa médica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican el reposo. Detalle causal: corresponderá el rechazo de la licencia médica, cuando no existe una causa médica que justifique el reposo, de acuerdo a lo establecido en artículo 1, 6 y 16 del Decreto Supremo N°3”.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que -a su juicio- pesaría sobre el paciente de demostrar éste la viabilidad de su reposo temporal. Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología buscar uno y otro profesional del área de especialidad que corresponda, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, conviene tener presente que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud establece que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1°)

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Enseguida, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente, lo que en el presente caso no se desprende de la resolución dictada por la recurrida y puesta en conocimiento del administrado, sino que del informe de licencia médica adjunto a presente recurso por la Compin.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de éste. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes o informes médicos, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

NOVENO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida por la recurrida.

Adicionalmente, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema, la que ha considerado en la causa Rol N°157.728-2022 -entre otras- que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

Teniendo en consideración que no se fundamentó el motivo del rechazo, por lo que, la eventual realización de pericias u otras medidas destinadas a esclarecer la procedencia del reposo no aparece justificada ni viable, máxime tenido en consideración que el actor durante todo ese periodo no ha contado con los ingresos asociados al reposo médico.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de Compin de Atacama y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámite, debiendo informar a esta Corte de Apelaciones el cumplimiento de lo resuelto dentro de un plazo máximo de treinta días corridos a contar de la ejecutoriedad de esta sentencia, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el N°15 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1758-2025 (Protección). -