nombre reservado con GENDARMERÍA DE CHILE Y OTRO

nombre reservado

Gendarmería de Chile y otro Recurso de Protección Rol N° 1757-2024.- La Serena, veinte de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el seis de noviembre de dos mil veinticuatro comparece VICENTE RAMIRO MOYA SUAREZ, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, por el acto ilegal y arbitrario de rechazar el pago de las licencias médicas de folios N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 180119618-8, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado y en contra de GENDARMERÍA DE CHILE, por el acto ilegal y arbitrario adoptado mediante ORD Nº04.20.01460/2024 de 7 de octubre de 2024 que comunica el ORD N° 14.13.201525/2024 de 2 de octubre de 2024, los cuales constituyen actos arbitrarios que vulneran, perturban y amenazan las garantías constitucionales de los numerales 1°, 2° y 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política.

Expone que su representada en el año 2017 quedó embarazada, recibiendo atención en Clínica Dávila con el Ginecólogo Dr. nombre reservado, quien decide realizar una ecografía transvaginal y confirmar un estado de embarazo de 9 semanas con una calificación de alto riesgo ordenando reposo para lo cual el facultativo extendió licencia médica por 15 días, haciéndola llegar a la Unida del Centro de Apoyo para la Integración Social Unidad (CAIS) de Gendarmería de Chile.

Destaca que durante el periodo de esta licencia médica, el 8 de junio del 2018, el médico informa de la interrupción del embarazo por una preclamsia dando origen a un aborto retenido, realizando el 1 de julio de 2018 un procedimiento de realización de un legrado (raspaje) con consecuencias infecciosas, aborto que fue inducido con el medicamento misotrol, siendo hospitalizada para realizar legrado uterino en el Hospital San Pablo de Coquimbo. Producto de dicha intervención y utilizando anestesia raquídea, después del post operatorio su clienta evolucionó con parestesias y sin sensibilidad de extremidad derecha, siendo deriva al anestesista de turno y posteriormente a una neurocirujana, quien determina ingresarla al policlínico de neurocirugía, siendo derivada a fisiatra y kinesiología.

Agrega que con el paso de los meses, a doña nombre reservado le diagnosticaron síndrome facetario lumbar, lumbago crónico, síndrome depresivo secundario severo, sintiendo dolores agudos, persistentes en la zona de la espalda, zona lumbar, dolor en el pecho, hombros, manos y muñecas, caderas en todo el cuerpo determinando tratamiento de tramadol con paracetamol, pregabalina, duloxetina y celecoxib, entre otros.

Añade que durante agosto de 2019, la doctora Parra, neurocirujana, decide realizar interconsulta a médico psiquiatra por su estado depresivo severo a consecuencia de lo ocurrido, pesquisado con anterioridad por médico tratante, situación que fue rechazada y no visada por policlínico de psiquiatría. En el mes de noviembre del 2019 la Dra. Parra le menciona que sería oportuno comenzar con trámite de pensión de invalidez, sin obtener resultados esperados ya que para configurar debía encontrarse en tratamiento con neurocirujana, psiquiatría, fisiatría, reumatología, por lo menos un año con cada uno y su respectivo tratamiento farmacológico.

Señala que durante el año 2020 mantuvo atenciones con la Dra. Parra quien en sus controles refiere un nuevo diagnostico en observación de fibromialgia, por los dolores y síntomas en diferentes puntos del cuerpo: fatiga, dolor muscular, alteración del sueño, dolor en pecho, cuello, espalda alta, hombros, muñecas, caderas, dolores crónicos de tipo quemante, que con el tiempo comenzaron a hacerse agudos, intentando con diferentes remedios que poco ayudaban. En marzo del año 2020 Dra. Parra realiza nueva interconsulta a psiquiatría, donde comenzó a ser atendida en marzo del año 2021 por el Dr. Claps con Diagnostico de episodio depresivo grave, siendo tratada con psicóloga, situación que hasta la fecha se encuentra en atención en Hospital San Pablo.

Posteriormente y con licencias continuas por médico tratante, fue derivada a fisiatra y reumatóloga, de quienes recibió atención por primera vez en el año 2022 las cuales determinan y certifican fibromialgia, quedando con tratamiento inicial y siendo derivada a la Unidad de Alivio del Dolor el 17 de octubre del 2022.

Indica que la Dra. nombre reservado renuncia al Hospital San Pablo de Coquimbo, quedando sin atenciones médicas en su especialidad, donde tuvo que solicitar nueva hora con un nuevo neurocirujano siendo atendida por el Dr. Tapia, con quien sostuvo sus controles.

Posterior a esto, fue atendida de forma presencial por una nueva neurocirujana la Dra. Rodas, quien entrega una licencia médica con reposo por 90 días, folio N° RUT reservado rechazada por COMPIN, por la causal “patología crónica”, cuyo reposo no cumple rol terapéutico. Asimismo, en nuevo control por telemedicina con la misma suscrita, Dra. Rodas determina nuevamente licencia médica, folio N° RUT reservado con reposo por nuevos 90 días, la cual nuevamente fue rechazada por COMPIN, por la causal misma causal anterior, “patología crónica”, cuyo reposo no cumple rol terapéutico. El 10 de octubre de 2023 SUSESO confirma el rechazo de ambas licencias.

Adiciona que el 13 de diciembre de 2024 la recurrente interpuso recurso de protección en los autos ROL Protección - 2355–2023, en contra de SUSESO por el acto ilegal y arbitrario de rechazar mediante Resolución Exenta N°R-01-UME-131283-2023 el pago de las licencias médicas folios RUT reservado y RUT reservado, el cual fue rechazado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, fallo que fue apelado. La Excelentísima Corte Suprema, conociendo en los autos ROL 5800-2024, el 8 de octubre de 2024, revoca la sentencia apelada y en su lugar se declara, que la Superintendencia de Seguridad Social recurrida, deberá “1.- Disponer el inmediato pago de todas las licencias médicas impugnadas en autos. 2.- Gestionar y coordinar con las instituciones correspondientes, a fin de que la parte recurrente sea sometida a una nueva evaluación respecto de su capacidad laboral, con el fin de determinar si le afecta algún grado de incapacidad y si la patología que dio lugar al reposo laboral denegado se vincula o no con la enfermedad calificada como crónica, lo que deberá cumplirse dentro del plazo de 30 días a contar de la fecha en que el fallo quede ejecutoriado”.

Hace presente que la recurrente intentó tramites de pensión de invalidez, específicamente en los años posteriores del 2020, 2021, 2022, teniendo presente la naturaleza de la licencia médica; en las tres oportunidades menos del 50% (sic), es decir, no alcanzando al porcentaje necesario para obtener pensión parcial o total, por no configurar los diagnósticos debido al tiempo que se lleve en tratamiento, lo que confirma la incapacidad temporal para trabajar.

Señala que el 28 de agosto del año 2023, se realiza nueva solicitud de pensión de invalidez, cuyo dictamen de 2 de noviembre de 2023 reconoce la enfermedad de fibromialgia, entregando una pensión parcial, en la cual reclamo a dicho dictamen el 1 de diciembre de 2023, no estando ejecutoriado dicho dictamen.

Expresa que su representada ha continuado con tratamiento psiquiátrico hasta la fecha la licencia con el Dr. Claps, quien ha emitido las siguientes licencias médicas que son objeto del presente recurso protección:

1.- N° RUT reservado con fecha de inicio del 20 de octubre de 2023 al 16 de noviembre de 2023 por un total de 28 días de reposo, que fue rechazada por la causal “reposo no cumple con el rol terapéutico”, teniendo que interponer su representada un recurso de reposición en COMPIN el 27 de diciembre de 2023.

2.- N° RUT reservado con fecha de inicio del 17 de noviembre de 2023 al 14 de diciembre de 2023 por un total de 28 días, que fue rechazada por la causal “reposo no cumple con el rol terapéutico”, teniendo que interponer su representada un recurso de reposición en COMPIN el 27 de diciembre de 2023.

3.- N° RUT reservado con fecha de inicio del 15 de diciembre de 2023 al 04 de enero de 2024 por un total de 21 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología”, teniendo que interponer su representada un recurso de reposición en COMPIN el 14 de febrero de 2024;

4.- N° RUT reservado con fecha de inicio del 05 de enero de 2024 al 01 de febrero de 2024 por un total de 28 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patología”, teniendo que interponer su representada un recurso de reposición en COMPIN el 14 de febrero de 2024.

5. N° RUT reservado con fecha de inicio del 02 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024 por un total de 28 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican reposo”, teniendo que interponer su representada un recurso de reposición en COMPIN el 17 de abril de 2024.

6. N° 180119618-8 con fecha de inicio 30 de abril de 2024 al 29 de mayo de 2024 por un total de 30 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican reposo”, teniendo que interponer su representada un recurso de reposición en COMPIN el 21 de junio de 2024.

7. N° RUT reservado con fecha de inicio del 30 de mayo de 2024 al 28 de junio de 2024 por un total de 30 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican reposo”, teniendo que interponer su representada un recurso de reposición en COMPIN el 21 de junio de 2024.

8. N°RUT reservado con fecha de inicio del 29 de junio de 2024 al 28 de julio de 2024 por un total de 30 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: No aporta antecedentes solicitados”, teniendo que interponer su representada un recurso de reposición en COMPIN el 10 de septiembre de 2024.

9. N°RUT reservado con fecha de inicio del 29 de julio de 2024 al 27 de agosto de 2024 por un total de 30 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: No aporta antecedentes solicitados”.

10. N° RUT reservado con fecha de inicio del 28 de agosto de 2024 al 26 de septiembre de 2024 por un total de 30 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: Antecedentes médicos aportados no justifican reposo”.

11. N° RUT reservado con fecha de inicio del 27 de septiembre de 2024 al 26 de octubre de 2024 por un total de 30 días, que fue rechazada por la causal “sin causa medica que justifique el reposo: Reposo prolongado para patologías”.

12. Nº RUT reservado con fecha de inicio de 27 de octubre de 2024 al 23 de noviembre de 2024 por un total de 28 días, que aún se encuentra pendiente para su pago o rechazo.

Destaca que mediante el ORD. Nº14.00.00.829/2024 de 11 de junio de 2024 emitido por el Director Nacional de Gendarmería de Chile y el ORD. Nº04.00.00000593/2024 emitido por el Director Regional de Gendarmería de Chile de la Región de Coquimbo, comunican que las licencias médicas son electrónicas. El 10 de octubre de 2024 su representada fue notificada a través de una carta en su domicilio del ORD. Nº04.20.01460/2024 de 7 de octubre de 2024 que comunica el ORD. N°14.13.201525/2024 de 2 de octubre de 2024 de Gendarmería de Chile, que es del siguiente tenor “1- A través del presente, la suscrita solicita a usted, informara la funcionaria Doña nombre reservado Rut: RUT reservado, que mantiene una deuda con el Servicio por motivo de licencias médicas no autorizadas, por lo tanto, se procederá a efectuar el reintegro de su remuneración. 2- El monto total a reintegrar asciende a la suma de $16.933.173, originado por el rechazo o reducción de las siguientes licencias médicas”.

Aduce que COMPIN actúa de manera ilegal y arbitraria, pues respecto de ambas licencias, se acompañan antecedentes que justifican el reposo laboral, en efecto en el informe médico constan los síntomas, diagnóstico, prescripción farmacológica, tratamiento médico y pronóstico.

De lo anterior se concluye, que el rechazo de las licencias médicas carece de una adecuada fundamentación que explique con certeza y claridad los motivos, por lo que la decisión de la recurrida deviene en arbitrariedad.

Respecto de Gendarmería, hace presente que el principio de la buena fe es un principio general del derecho, utilizado por la Contraloría General de la República como fuente jurídica cuando se afecten actuaciones realizadas bajo el convencimiento de que se ajustaba a la normativa. Es en el mismo artículo 67 de la Ley N°10.336 en su inciso cuatro y quinto que señala “Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error”. Como se ha expresado anteriormente, su representada pensaba que las licencias médicas se encontraban autorizadas debido a que estas habían sido pagadas.

Destaca que la autoridad ha resuelto que su representada debe restituir a Gendarmería de Chile un monto millonario. La suma que fija el municipio (sic), no se relaciona con las liquidaciones de remuneración acompañadas en un otrosí.

En consecuencia, se trata de una deuda pura y simple. En este caso, al tratarse de una deuda, es lógico suponer que el acreedor debe, al menos, indicar cuál es la base de cálculo, ítem, entre otros, de manera tal que se sepa qué es lo que se cobra y si es procedente oponer alguna defensa. No obstante, la suma señalada por Gendarmería de Chile no sólo adolece de dichos parámetros sino que simplemente se limitó a entregar una cifra sin fundamento alguno. Claramente, dicha omisión vulnera el principio de juridicidad, pues todo acto administrativo debe ser debidamente motivado, según regulan los artículos 11, 16 y 37 de la Ley Nº19.880, entre otros, situación que la pone en desigualdad ante la ley, vulnerando, además, su derecho de propiedad.

Expresa que las garantías constitucionales que han sido vulneradas por las recurridas, al rechazar las licencias médicas y por la determinación adoptada mediante ORD Nº04.20.01460/2024 de 7 de octubre de 2024 que comunica el ORD N°14.13.201525/2024 de 2 de octubre de 2024 de Gendarmería de Chile, son las contenidas en los números 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de Estado.

Por estas consideraciones solicita se ordene a la recurrida COMPIN autorizar las licencias médicas folios N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 180119618-8, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado,RUT reservado y RUT reservado, el pago inmediato del subsidio y cotizaciones correspondientes, y todas las licencias médicas extendidas hasta que se encuentre ejecutoriada la pensión de invalidez de la recurrente, y ordenar a la recurrida Gendarmería de Chile dejar sin efecto el ORD Nº 04.20.01460/2024 de 7 de octubre de 2024 que comunica el ORD N° 14.13.201525/2024 de 2 de octubre de 2024, como asimismo cualquier otra medida que este Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Licencias médicas y sus respectivas resoluciones; 2. Correo electrónico de 26 de marzo de 2024, notificación de estado de solicitud de audiencia AK006AW1542404; 3. Carta a Gendarmería Nacional de 3 junio de 2024, enviada ante Notario; 4. ORD Nº14.00.00.829/2024 de 11 de junio de 2024 emitida por el Director Nacional de Gendarmería de Chile; 5. ORD Nº04.00.00000593/2024 de emitida por el Director Regional de Gendarmería de Chile de la Región de Coquimbo; 6. ORD Nº04.20.01460/2024 de 7 de octubre de 2024 que comunica el ORD N° 14.13.201525/2024 de 2 de octubre de 2024 de Gendarmería de Chile; 7. Liquidación de remuneración de la recurrente desde octubre de 2023 a mayo de 2024; 8. E-Book de la causa Protección 2355-2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena; 9. Expediente médico de doña nombre reservado desde el año 2018 a 2024; 10. Solicitud de pensión de invalidez de 29 de agosto de 2023, Dictamen de Invalidez de 2 noviembre de 2023 y reclamo ante la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Administradora de Fondo de Pensiones;11. Resolución de evaluación de salud irrecuperable de Funcionario Público de 2 de enero de 2024.

SEGUNDO: Que, evacuó informe BEATRIZ MUÑOZ JARA, abogada, por la recurrida COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO.

Alega la falta de legitimación pasiva en la acción cautelar de autos. Toda vez que la presente acción debe ser informada por La COMPIN de la Región Metropolitana.

En la especie, revisadas las resoluciones que rechazan las licencias médicas Nºs RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 180119618-8, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, y RUT reservado, respectivamente, se observa claramente en ellas que quien las emitió fue la COMPIN de la Región Metropolitana, no haciéndose mención en ningún pasaje de su escrito a ese servicio o a alguna acción u omisión que hubiese sido generada por esa Comisión, concluyéndose claramente que la acción de protección fue interpuesta de forma errónea contra esa institución.

Por estas consideraciones solicita se rechace la acción de protección interpuesta en contra de su representada.

Acompaña copia del informe emitido por la unidad de recurso de reposición, de 12 de noviembre de 2024, mediante el cual se da cuenta del detalle de las licencias médicas recurridas, el cual certifica que estas corresponden a la Compin de la Región Metropolitana.

TERCERO: Que, evacuó informe nombre reservado, Director Nacional (S) de Gendarmería de Chile.

Expone, en lo pertinente, que mediante Oficio Ordinario N° 460 de 7 de octubre del año en curso, la Jefa del Centro de Apoyo para la Integración Social (C.A.I.S.) de La Serena notificó a la Srta. nombre reservado el Oficio Ordinario N° 1525 de 2 de octubre de 2024, de la Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto institucional.

En este último documento, la aludida Jefatura señala que doña nombre reservado mantiene una deuda con el Servicio que asciende a la suma de $16.933.173, por motivo de licencias médicas no autorizadas y que se procederá a efectuar el reintegro en su remuneración. Luego, se indica que, para el cálculo de esta cifra, se consideraron solo los días en que debió realizar desempeño efectivo de sus labores de acuerdo a la jornada asignada. Asimismo, ofrece detalle, para mejor ilustración de los descuentos a efectuar.

Invoca el artículo 72 del Decreto con Fuerza de Ley N° 29 de 2004, que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, el cual instruye que por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse rentas, salvo que se trate, entre otros motivos, de licencias médicas. Enseguida, según lo dispuesto en el artículo 111 del citado estatuto, la licencia médica es el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir su jornada de trabajo por un determinado lapso, con el fin de atender al restablecimiento de su salud, en cumplimiento de una prescripción profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda, autorizada por la entidad competente, agregando que durante su vigencia, aquel continuará gozando del total de sus remuneraciones. Esto guarda concordancia con lo expresado en el artículo 63 del Decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que señala, en lo que interesa, que es obligatorio el reintegro de los estipendios indebidamente recibidos por el beneficiario de un reposo no autorizado, rechazado o invalidado, debiendo el empleador adoptar las medidas conducentes al inmediato cumplimiento de ello.

Sin embargo, tal como se indica en el dictamen N° 48.847, de 1999, no existe disposición expresa en relación al momento desde el cual se hace exigible el reintegro de tales sumas, por lo que resulta necesario determinar la oportunidad en que la autoridad se encuentra facultada para ello.

En consecuencia, y tal como señaló el Ente Contralor en su dictamen N° 56.059, de 2016, el descuento de remuneraciones originado por una licencia médica rechazada o reducida, solo puede efectuarse una vez que esa decisión sea ratificada por el COMPIN respectivo, o luego de transcurrido el pertinente plazo de reclamo, puesto que este acto administrativo pone fin al procedimiento de reclamo dispuesto en el citado Decreto, el cual no contempla el recurso de apelación ante una instancia superior.

Señala que la conclusión presentada en el párrafo precedente se puede deducir a partir de lo preceptuado en el inciso final del artículo 3° de la Ley N° 19.880, norma que establece que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, salvo que mediare una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional, no presentándose ninguna de estas últimas circunstancias en el caso en análisis. A su vez, el inciso primero del artículo 51 del mismo texto legal prescribe que “Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior”. Además, el inciso primero del artículo 57 de la antedicha Ley N° 19.880 prevé que la interposición de los recursos administrativos no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Finalmente, puntualiza que no existe normativa alguna que permita suspender lo resuelto por la COMPIN al pronunciarse sobre una licencia médica.

Enseguida, cita el dictamen N° 56.059, de 2016, de la Contraloría General de la República, el cual señaló que la intervención de la SUSESO, en el ámbito de las licencias médicas, se enmarca en su calidad de autoridad técnica de control de las entidades de salud como las COMPIN, por lo que, si se solicita su pronunciamiento, puede dejar sin efecto o modificar las resoluciones de las anotadas comisiones, aun cuando no forma parte del procedimiento de impugnación que se encuentra en el referido reglamento.

En este aspecto, hace presente el Oficio N° E82937, de 2021, mediante el cual el Organismo Fiscalizador ha determinado que la SUSESO no es el superior jerárquico de las COMPIN y que la Circular N° 2.434, de 2008, de esa Superintendencia, que regula el recurso de reposición ante las anotadas comisiones, no contiene un plazo determinado en cual se pueda interponer el reclamo ante esa entidad fiscalizadora, no resultando aplicable el anotado artículo 155 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, que se refiere al plazo de 6 meses en que se puede impetrar el subsidio por incapacidad laboral y que es el mismo que tienen los empleadores para recuperar las sumas que hubieren pagado a sus trabajadores con licencia médica, de los servicios de salud.

Agrega el citado Oficio que la posibilidad de efectuar un ulterior reclamo ante la SUSESO no puede privar a los empleadores de la facultad y el deber de iniciar el proceso de recuperación de remuneraciones por reposos médicos rechazados o reducidos, por cuanto se produciría una incertidumbre no tolerada por el ordenamiento jurídico. Lo anterior, sin perjuicio de que se efectúen reintegros de rentas una vez que la SUSESO haya emitido su pronunciamiento.

Finalmente, hace presente que, como parte de la Administración Centralizada, Gendarmería de Chile se encuentra en el imperativo de dar cumplimiento a los informes jurídicos emitidos por el Ente Contralor, los que son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización. Dichas características encuentran su fundamento en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República; 2° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, así como en los artículos 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General (aplica criterio contenido en los dictámenes N°s 67.119, de 2010 y 92.889, de 2014, entre otros).

Así las cosas, conforme a lo preceptuado en los artículos 72, 95 y 111 del Estatuto Administrativo; artículos 2°, 16, 30 y 63 del Decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional; y artículos 3°, 51 inciso 1° y 57 inciso 1° de la Ley N° 19.880, ese Servicio se encuentra plenamente legitimado para efectuar los descuentos de lo pagado por licencias médicas rechazadas, razón por la cual la ilegalidad reclamada en ese aspecto por la recurrente debe ser absolutamente descartada.

Sin perjuicio de ello, mediante correo electrónico de 19 de noviembre de 2024, el Jefe del Subdepartamento de Remuneraciones, perteneciente al Departamento de Contabilidad y Presupuesto de Gendarmería de Chile, informó que a la fecha no se han realizado descuentos correspondientes a la deuda que mantiene la protegida, dando pleno cumplimiento a la orden de no innovar decretada en autos en resolución de 11 de noviembre del año en curso.

En lo que respecta a una supuesta vulneración de la garantía constitucional del derecho de igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental), sostiene que el actuar del Servicio no puede ser catalogado como discriminatorio; por el contrario, en el caso de marras se procedió conforme a la normativa vigente, de la misma forma en que se procede en todos los casos donde se ha enterado el pago a funcionarios por concepto de licencias médicas rechazadas en la sede administrativa correspondiente. Por ende, al ser enervadas en el informe las eventuales irregularidades en el proceso de descuento del pago de licencias médicas rechazadas, la supuesta vulneración al derecho de igualdad ante la ley debe ser desestimada.

En segundo lugar, en lo atingente a la eventual conculcación del derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 del Código Político, hace presente que, del tenor de los artículos 72, 93 y siguientes del Estatuto Administrativo, se colige que si no hay servicio por parte de un funcionario no hay remuneración, toda vez que la remuneración constituye una retribución por su labor, una contraprestación pecuniaria a que tiene derecho quien ejerce dichas funciones, en virtud del principio retributivo; razonamiento recogido por la jurisprudencia administrativa emergido de los dictámenes N°s 31.164, de 1992; 17.850 y 29.975; de 1994; y 36.292, de 2005 (entre otros), del Órgano Fiscalizador. Por ende, una vez desestimada como legítima la causa que habilitó el pago de remuneraciones por días no trabajados -véase, las licencias médicas-, la funcionaría ha experimentado un enriquecimiento sin causa, cuestión que el derecho repugna y, por ende, la Administración debe disponer de todas las prerrogativas que tiene a su alcance para lograr el restablecimiento de las condiciones económicas, tal como se comunicó en el aludido Oficio Ordinario N° 1525, y que se ejercerán en la eventualidad de que la presente acción cautelar sea rechazada y se alce la orden de no innovar vigente.

En tercer lugar, respecto a la supuesta vulneración al derecho a la integridad física y psíquica (artículo 19 N° 1 de la Carta Magna) con ocasión del descuento aplicado a la protegida, hace presente que, habida cuenta de la licitud del mismo, cabe recordar que no basta con que un individuo sufra un daño en su persona o bienes para que dicho daño sea ilícito y, por consiguiente, deba ser reparado, sino que es menester que éste provenga de un hecho ilícito y que la obligación de reparar el daño sea expresamente consagrada por una norma de rango legal. En ese orden de ideas, y habiendo quedado demostrado y ampliamente fundamentado que la decisión comunicada a través del Oficio Ordinario N° 1525 de 2 de octubre de 2024 fue adoptada conforme a derecho, resulta evidente la desestimación del reclamo sobre la supuesta vulneración del derecho consagrado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Magna.

Concluye que no ha existido actuación u omisión arbitraria o ilegal por parte del Servicio al comunicar el descuento del monto pagado a la protegida por concepto de licencias médicas rechazadas que pudiese ser objeto de reproche o que signifique una vulneración de las garantías constitucionales que estima la peticionaria han sido vulneradas, razones por las que el presente recurso de protección debe ser rechazado, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.

Ficha personal de la protegida, Srta. nombre reservado; 2.

Oficio Reservado N° 460 de 7 de octubre de 2024, de la Jefa del C.A.I.S. de La Serena; 3.

Oficio Ordinario N° 1525 de 2 de octubre de 2024, de la Jefa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto de Gendarmería de Chile; 4.

Dictamen N° 56.059, de 2016, de la Contraloría General de la República; 5.

Oficio N° E82937, de 2021, de la Contraloría General de la República; 6. Correo electrónico de 19 de noviembre de 2024, del Jefe del Subdepartamento de Remuneraciones, perteneciente al Departamento de Contabilidad y Presupuesto de Gendarmería de Chile; 7. Resolución Exenta RA N° 142/2990/2024 de 5 de septiembre de 2024, del Director Nacional, que me nombra como Subdirector Operativo de Gendarmería de Chile CUARTO: Que, evacuó informe nombre reservado, en su calidad de mandatario judicial del SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD DE LA REGIÓN METROPOLITANA (SEREMI DE SALUD R.M.), y a su vez en representación de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA (COMPIN R.M), organismo dependiente de esa secretaria regional Ministerial de Salud.

Expone que usuaria presentó recurso de reposición al rechazo de las licencias médicas N° 446-1, 4901-0, 4972-2, 8695-3, 7676-2. Por esta razón, se reconsideró esto, y autorizan dichas licencias médicas solamente porque las posteriores se encuentran están autorizadas, de acuerdo a lo descrito en cartola. Esto, para mantener coherencia en los pronunciamientos. Sin embargo, usuaria ha realizado ya un cuarto (4) trámite de pensión de invalidez (TPI), siendo estos los resultados de sus primeros tres (3): PRIMER TPI: iniciado el 30 de octubre de 2019, ejecutoriado el 17 de septiembre de 2020. Con un menoscabo de capacidad de trabajo (MCT) de un 14%, por Hipertensión arterial. SEGUNDO TPI: iniciado el 08 de marzo de 2021, ejecutoriado el 16 de febrero de 2022. Con MCT de un 25%, por Lumbago crónico. TERCER TPI: iniciado el 3 de marzo de 2022, ejecutoriado el 09 de agosto de 2023. Con MCT de un 34%, por Lumbago crónico. CUARDO TPI: es el último, iniciado el 29 de agosto de 2023. Este tiene resolución de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (CMC) el 10 de junio de 2024, que confirma invalidez parcial por un 55%, pero que está pendiente, ya que encuentra con recurso de reposición. En acta de sesión de invalidez, se registra que “Portadora de trastorno depresivo con un intento de autolisis en mayo del 2023 que requirió hospitalización y ajuste de fármacos. Fue evaluada por perito psiquiatra, considera que la terapia recibida puede optimizarse. Impedimento no configurado”.

Por lo anterior, se decidió autorizar también las licencias médicas N° 9618-8, 8689-0, 8232-7, 3227-k, 2421-6, 9706-9, 3085-5, 2409-3. Esto, considerando que el trastorno depresivo está bajo observación y tratamiento de acuerdo a la evaluación de la Superintendencia de Pensiones.

Añade que, independiente de lo anterior, se debe solicitar a la usuaria en futuras licencias, actualización del último TPI por el que presentó un recurso de reposición.

Por tanto, y tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por esa COMPIN R.N., al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan en los parámetros objetivos que se han dispuesto por la ley y las normativas vigentes. Todo esto, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Acompaña copia de listado maestro de usuaria.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, atendido el mérito de los antecedentes y lo expuesto por el apoderado de la recurrida en audiencia, teniendo particularmente presente el informe evacuado en estos autos por la COMPIN de la Región Metropolitana y los documentos acompañados al mismo, los cuales dan cuenta que, a la fecha, la totalidad de las licencias materia del presente recurso se encuentran aprobadas, es que solo cabe concluir que, respecto de aquella recurrida, el recurso ha perdido oportunidad, al haberse satisfecho la pretensión de la actora y por ende al no vislumbrarse medidas de resguardo susceptibles de ser adoptadas por esta vía.

OCTAVO: Que, respecto de la recurrida Gendarmería de Chile, estiman estos juzgadores que el acto impugnado, correspondiente a aquel que dispuso el reintegro de remuneraciones de la actora por motivo de licencias medidas no autorizadas, malamente puede ser calificado de ilegal o arbitrario, en atención al deber legal impuesto a la administración de iniciar los procesos de recuperación de remuneraciones por reposos médicos rechazados o reducidos, derivado de los artículos 72 y 111 del Estado Administrativo y 63 del Decreto N°3 de 1984 del Ministerio de Salud, en relación con la abundante jurisprudencia administrativa emanada de Contraloría General de la República y latamente expuesta en el informe evacuado por el órgano penitenciario, circunstancia que indefectiblemente determina el rechazo de la acción.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por VICENTE RAMIRO MOYA SUAREZ, en representación de nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ y de GENDARMERÍA DE CHILE.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1757-2024 (Protección).