Protección contra prefecto de la Prefectura de Carabineros Coquimbo

nombre reservado

Prefectura de Carabineros de Coquimo Recurso de Protección Rol No.1755-2025 La Serena, seis de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto y considerando.

Primero. Que el abogado Cristian Alejandro Sobarzo Sanhueza recurre de protección en favor de nombre reservado, ex cabo segundo de Carabineros, domiciliada en domicilio reservado, en contra del prefecto de la Prefectura de Carabineros Coquimbo, por haber dictado la Resolución Exenta 566, de 11 de septiembre de 2025, que dispone la baja de las filas de la institución, alegando vulneración de sus garantías constitucionales de los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Expone que su representada se desempeñaba como funcionaria de Carabineros de Chile, de dotación de la Sexta Comisaría Las Compañías, con buen desempeño en sus funciones profesionales, sosteniéndose la resolución impugnada en cuanto “(…) conforme a los antecedentes remitidos por el Departamento Control y Prevención de Drogas de la Dirección de Salud de Carabineros de Chile, mediante Documento Electrónico (S) Nro. 237177008, de fecha 04.09.2025, que da cuenta del resultado positivo registrado en una de las muestras Test de Detección de Drogas Orina, efectuado al personal de esta Prefectura y Unidades dependientes, realizado por profesionales del Departamento de Control y Prevención del Consumo de Drogas, con fecha 28 de agosto del 2025, correspondiendo la muestra screening realizada en el examen de orina efectuado al Cabo 22 nombre reservado, del cual resulto POSITIVO A "THC (CANABINOIDES) y KETAMINA", resultado que fue confirmado a través de la contramuestra informada mediante Documento Electrónico (S) Nro. 237721531 de fecha 11.09.2025, del Departamento Control y Prevención de Drogas DISALCAR, cuya conducta constituye una grave infracción a la normativa reglamentaria Institucional y contrarias al régimen Disciplinario, dado que la función policial es incompatible con el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas, resultando inadmisible que sus propios integrantes, responsables de combatir dicho fenómeno delictivo, practiquen dichas conductas con infracción a las normas legales y reglamentaria, y a los principios éticos institucionales, conductas que, además deterioran su capacidad física y mental que lo hace vulnerable y corruptible ante organizaciones criminales, deteriorando la imagen institucional, infringiendo con ello las claras y precisas instrucciones contenidas en la Circular Digcar Nro.1.784 de fecha 20.10.2015, publicada en el Boletín Oficial Nro. 4326, del 05.10.2015 que reitera instrucciones sobre el examen de drogas de personal de Carabineros”

Agrega que estos hechos no se condicen con la verdad, encontrándose una investigación pendiente, sin que se haya instruido previamente un sumario administrativo, que le permita ofrecer prueba de descargo, declarar, impugnar determinados actos, por lo que deviene en arbitraria e ilegal, al carecer de fundamentación.

Precisa que la baja por conducta mala se encuentra prevista en el artículo 127 número 4 del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros No.8, en cuanto se requiere el establecimiento de un sumario o investigación simple o que la falta investigada fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución y el inculpado haya confesado su responsabilidad, o bien, ésta sea evidente.

Argumenta que los hechos no están reconocidos por su representada, ofreciendo, en la etapa procesal administrativa, antecedentes que den cuenta de no haber cometido falta alguna, desconociendo la denuncia que antecede a la sanción y un test de drogas positivo, concluyendo que no concurre el supuesto de que la falta investigada sea evidente ni fuera confesada, como ha resuelto la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Explicando que la decisión que impugna dispone que no tiene derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, lo que atenta contra su derecho de propiedad, precisando que las remuneraciones o sueldo de una persona son inembargables, conforme dispone el artículo 57 del Código del Trabajo, pide que se declare que la Resolución Exenta 566, de 11 de septiembre de 2025, es arbitraria e ilegal y se ordene a la recurrida la urgente e inmediata reincorporación a la institución de Carabineros de Chile, debiendo revocarse el acto administrativo, con costas.

Segundo. Que informa nombre reservado, prefecto de Carabineros de Chile, quien pide el rechazo de la acción, con costas.

Arguye que el actuar administrativo se encuentra ajustado a derecho, por cuanto la medida impuesta estuvo sometida a la reglamentación y potestades que otorgan al recurrente todas las instancias reglamentarias y legales para ejercer los derechos que estime pertinentes, respetándose cada una de sus garantías con estricto apego a los principios de defensa, del debido proceso y legalidad.

Relata que el 28 de agosto de 2025, profesionales del Departamento de Control y Prevención del Consumo de Drogas, en cumplimiento al Plan Anual de Control de Consumo de Drogas para el personal de Carabineros de Chile, y a las disposiciones reglamentarias en la Orden General No.2370 2015, que aprueba el Manual de Procedimientos, realizó una muestra al personal de la Prefectura de Coquimbo número 6 y unidades dependientes, mediante prueba de orina, arrojando la muestra de la recurrente positivo a THC y ketamina.

Indica que el artículo 127 número 4, letras a) y b), inciso quinto del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros número 8, previene que el examen positivo al consumo de drogas o estupefacientes constituye una grave falta a la disciplina institucional, que podría revestir además caracteres de delito, según lo prescrito en el artículo 14 de la Ley 20.000, dada su condición de agente del orden y la seguridad pública, y que la función policial es incompatible con el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas, por lo que el Mando de Repartición, de acuerdo con las atribuciones y facultades que le confiere el ordenamiento jurídico institucional, se formó la convicción de que los hechos, y en consecuencia, las conductas eran de tal gravedad y trascendencia que hacían meritoria la aplicación de una medida administrativa de tal entidad como la baja de las filas de la institución por conducta mala, con efectos inmediatos.

Refiere que el razonamiento quedó materializado en la Resolución Exenta No.566 de 11 de septiembre, encontrándose sujeta al resultado final del sumario administrativo ordenado instruir, asistiéndole a la recurrente el derecho de ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la vista fiscal, precisando que la resolución previene que, si se le aplica en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrada a la institución, percibiendo las remuneraciones devengadas durante el tiempo que duró su licenciamiento y, hecha efectiva la sanción disciplinaria expulsiva, la recurrente será desvinculada de las filas de la institución, por lo que no tiene derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, en sus Dictámenes 53.449 y 60.053, ambos de 2019, y 31.214 de 2011, entre otros.

Destaca que se dispuso la instrucción de un sumario administrativo el 1 de octubre de 2025 con la finalidad de establecer la forma, causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos descritos y se dio cuenta a la Fiscalía Militar Letrada de la Serena, por hechos previstos en la Ley 20.000, donde quedando la denunciante a espera de citación.

Argumenta que, concluida la citada causa, se reanudará el proceso administrativo, de lo cual será formalmente notificada la actora para aporte los antecedentes pertinentes, donde podrá ejercer las alegaciones y defensas, así como interponer los recursos administrativos que establece el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile No.15.

Argumenta que el recurso no es la vía idónea para conocer de la materia, en cuanto se requiere de un juicio de lato conocimiento, careciendo la funcionaria de un derecho indubitado, en cuanto los hechos se encuentran en investigación.

Invoca, asimismo, la normativa que sostiene la medida, precisando que ésta puede ser dispuesta aun cuando el proceso disciplinario no se encuentre afinado, teniendo la eliminación el carácter de condicional, siendo una consecuencia lógica el cese en el pago de la remuneración al extinguirse la causa legal de dicho pago por su exclusión de la institución, lo que descarta un atentado a su derecho de propiedad.

Tercero. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Cuarto. Que, en la especie, impugna la recurrente la Resolución Exenta 566, de 11 de septiembre del presente año, de la Prefectura de Coquimbo, que dispuso su baja inmediata por conducta mala, con efectos inmediatos.

Quinto. Que, del mérito de los antecedentes, ha de tenerse presente que el 28 de agosto se dispuso la práctica de un examen de orina, en el contexto de un plan de prevención de la institución respecto del consumo de estupefacientes, arrojando positivo la funcionaria por THC y ketamina, lo que motiva que la Prefectura recurrida dispuso su baja inmediata, inició sumario administrativo el 1 de octubre del presente año y, por configurarse ilícitos de la Ley 20.000, se remitieron dichos instrumentos a la Fiscalía Militar de esta ciudad.

Sexto. Que, en primer término, no concurre un actuar ilegal por parte de la institución, en cuanto detenta facultades para la aplicación de la medida reprochada, conforme previene el numeral cuarto del artículo 127 del Reglamento número 8, encontrándose debidamente motivada al tener sustento en el examen de orina positivo a estupefacientes, con contramuestra, lo que infringe los deberes institucionales de forma grave.

Séptimo. Que, asimismo, no se configura una infracción a la garantía constitucional del debido proceso, teniendo además presente que el acto administrativo tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeto al resultado final del sumario administrativo -que retomará su tramitación luego del procedimiento seguido ante la Fiscalía militar respectiva- y que, por tanto, queda supeditado a lo que se resuelva en él.

Octavo. Que, además, corresponde tener presente que el Capítulo VIII, del mencionado Reglamento, que trata sobre “Eliminaciones”, dispone en el inciso quinto del número 4) del artículo 127, que “No obstante lo anterior, cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por “conducta mala”, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación”.

Noveno. Que es relevante consignar que el procedimiento administrativo se encuentra en tramitación, sin perjuicio de haberse dispuesto la instrucción interna del sumario administrativo, cuya tramitación se encuentra suspendida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en el que el recurrente puede hacer uso de su derecho a defensa presentando prueba y los recursos que estime pertinentes, para su debida defensa.

Décimo. Que, en consecuencia, la autoridad que dictó el acto administrativo se encuentra jurídicamente habilitada para adoptar la decisión que motiva la acción constitucional impetrada, la que, según se lee de su texto, aparece fundamentada, e importa el ejercicio de una facultad especial, en la que la separación de la institución no tiene el carácter de definitiva.

Undécimo: Que, por lo razonado, se concluye que la desvinculación transitoria dispuesta antes de ordenar la instrucción del sumario administrativo, actualmente suspendido, no constituye una separación ilegal, toda vez que se encuentra amparada en las normas antes citadas, y tampoco es arbitraria desde que encuentra su fundamento en hechos objetivos y suficientemente corroborados para dar sustento a la decisión en los términos que exige el artículo 127 número inciso quinto del Reglamento número 8 de Selección y Ascenso del Personal de Carabineros.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de del prefecto de la Prefectura de Carabineros de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Protección No.1755-2025.