nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE VICUÑA

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Vicuña.

Recurso de Protección.

Rol N° 1754-2020 La Serena, quince de diciembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don Eduardo Alberto Cortes Toro, abogado, en representación de nombre reservado, cirujano dentista, casado, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, representada por su alcalde don Rafael Vera Castillo, afirmando que se han afectado las garantías constitucionales de su mandante en lo referido a la igualdad ante la ley, el derecho a un racional y justo procedimiento, y el de propiedad.

Señala que el señor nombre reservado ingreso a la administración publica en el año 1988, prestando servicios para el Servicio de Salud de Reloncaví. Luego, en el 03 de marzo de 1990 comenzó a prestar servicios, en los términos del Código del Trabajo, y luego según la ley 19.378 ingresó como funcionario de salud de la administración pública en carácter de indefinido. En virtud de esta ley, el señor nombre reservado quedo encasillado en la categoría “A” nivel 14 con una experiencia de 4 años. El primer nombramiento fue el 22 de mayo de 1997, por decreto alcaldicio según la ley 19.378, bajo el N°1035 del mismo año, que dejo constancia que nombre reservado había ingresado el 3 de marzo de 1990, con 33 horas semanales, dejándose constancia que nombre reservado había ingresado el 03 de marzo de 1990 con 33 horas semanales.

Agrega que el 3 de febrero de 2006, su mandante ganó un concurso público por las 11 horas restantes, quedando de esa forma como funcionario con 44 horas semanales de trabajo, y en categoría “A” nivel 9 con un puntaje total de 5.603 puntos.

Seguidamente, afirma que el 1 de mayo de 2017 nombre reservado alcanza la categoría “A” nivel 3 al lograr 10.117 puntos, reconocidos a través de Decreto Alcaldicio número 2649 de 18 de mayo 2017. A la fecha continúa prestando servicios al departamento de salud de la Ilustre Municipalidad de Vicuña como Director del Departamento de Salud.

Afirma que la Contraloría General de la Republica de Coquimbo, a través de oficio numero 1242 informa a la Municipalidad de Vicuña de irregularidades en que había incurrido el Departamento de Salud en el sistema acumulativo de puntaje de la carrera funcionaria, como una aplicación incorrecta de la normativa que podría alterar la determinación del puntaje para efectos de la carrera funcionaria por concepto de capacitación. Ante esta situación, el 08 de noviembre de 2019 la Ilustre Municipalidad de Vicuña envió a dicha repartición el ordinario número 811 solicitando un pronunciamiento acerca de si la facultad de invalidar los puntajes de la carrera funcionaria se debían aplicar de forma estricta, “modificando los puntajes de la carrera funcionaria de aquellos funcionarios que se hubiere determinado de manera incorrecta e ilegal y consecuencialmente corrigiendo el nivel que le corresponda dentro de la respectiva categoría”; y si correspondía “invalidar dichos actos administrativos, sin importar la fecha de su dictación o notificación, o si por el contrario corresponde aplicar dicha facultad solo respecto de los actos que han sido notificados y publicados hace menos de dos años”.

El órgano Contralor a través del oficio E4893 de 11 de mayo de 2020 señalo – en resumen – que si a los funcionarios se les reconoció erróneamente actividades de capacitación sin cumplir con las exigencias, debían ser reubicados en el nivel al que debían pertenecer, y que – atendido que se trató de un error de la administración - no procedía exigir el reintegro de las remuneraciones percibidas. A raíz de aquello, la Ilustre Municipalidad de Vicuña ordenó se recalcularan los puntajes y por ende la carrera de los funcionarios del departamento de salud, perjudicando a algunos de ellos, principalmente a los más antiguos, entre ellos, el recurrente. A este último, mediante Decreto Alcaldicio número 2231 – notificado el 27 de agosto de 2020 – lo ubica en el nivel 4 de la categoría A, siendo que desde el 01 de mayo de 2017 estaba ubicado en la categoría 3.

Señala, que uno de los límites a la invalidación de los actos administrativos lo constituye el principio de la confianza legítima, “esto es, que frente a la antijuridicidad de un acto administrativo debe prevalecer el valor de la seguridad o certeza jurídica, especialmente cuando ella es acompañada de la buena fe”.

Alega que el decreto alcaldicio indicado adolece de falta de fundamentación, de los hechos y el derecho, lo que atenta contra el deber de la administración de fundamentar sus decisiones conforme lo establecen la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado en su artículo 13. Además violenta las garantías de los números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la Republica, esto es la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y el derecho de propiedad, respetivamente.

En cuanto a la primera de ellas, la funda en la supuesta discriminación que sufre nombre reservado “en relación al resto de los funcionarios del Departamento de Salud, aplicando solo a él, a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, la determinación de invalidar los actos que le habían reconocido puntaje y experiencia, no así al resto de los funcionarios”.

Respecto a la garantía del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, señala que su mandante “no fue oído ni se le dio la posibilidad aportar antecedentes, resolviendo de plano el ente recurrido, y extendió sus efectos más allá del plazo que establece la ley.”

Por su parte, en cuanto al derecho de propiedad, señala que el acto impugnado afecta la carrera funcionaria de don nombre reservado, y el derecho a las remuneraciones adquiridas a lo largo de ella, y que su nuevo encasillamiento implica una menor remuneración a la que recibe hasta ahora.

Finamente pide que se acoja la acción de protección, se declare el actuar de la recurrida al dictar el Decreto Alcaldicio 2231 es ilegal y arbitrario y vulnera “el derecho de igualdad ante la ley, el derecho a un racional y justo procedimiento y el derecho de propiedad”; se ponga término a las actuaciones del recurrido dejando sin efecto el señalado decreto alcaldicio y que se disponga de todas aquellas medidas que se juzguen necesarias para el restablecer el imperio del derecho, con costas.

Para acreditar sus dichos, acompaño la siguiente documentación:

1.- Oficio N°1242 de Contraloría Regional de Coquimbo de fecha 11 de marzo de 2019.

2.- Ordinario N°811 de la Municipalidad de Vicuña fecha 8 de noviembre de 2019.

3.- Oficio N°E4893 de Contraloría Regional de Coquimbo de fecha 11 de marzo de 2020.

4.- Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Vicuña N° 2231 de fecha 25 de agosto de 2020.

5.- Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Vicuña N°2649 de fecha 18 de mayo de 2017.

6.- Certificado N°8 de variación de remuneración del Departamento de Salud de Vicuña.

7.- Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Vicuña N° 1035 de 1997.

8.- Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de Vicuña N°125 de fecha 13 de enero de 2020.

9.- Certificado N°86 de Carpeta Funcionaria que contiene Decreto Alcaldicio N°2649 de fecha 18 de mayo de 2017.

Por su parte, con fecha 08 de octubre de 2020 comparece el abogado don Sebastian Andres Vicuña Valdivia, en representación de don Rafael Vera Castillo, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, persona jurídica de derecho público, todos con domicilio en domicilio reservado informando el recurso deducido, en los términos siguientes.

En cuanto a los antecedentes de hecho, afirma don nombre reservado, Odontólogo, tiene un primer nombramiento con fecha 22 de mayo del año 1997, el que consta en el decreto alcaldicio N°1.035. En el acto administrativo en cuestión, es nombrado conforme a la ley 19.378 en calidad de titular, categoría A, Nivel 14, por 33 horas. Luego, en diciembre del año 2005 es nombrado de acuerdo a la ley 19.378 en calidad de titular, categoría A, Nivel 10, por 11 horas, teniendo desde esa fecha 2 nombramientos, haciendo un total de 44 horas para el Departamento de Salud Vicuña.

Afirma que, producto de una fiscalización, la Contraloría Regional de Coquimbo emitió el oficio N°1.242, de fecha 11 de marzo del año 2019, en el que informó a la Municipalidad de Vicuña sobre eventuales irregularidades que existirían en el sistema acumulativo de puntaje para la carrera funcionaria en el Departamento de Salud. Existía una errónea aplicación de la normativa que podría alterar la determinación del puntaje para efectos de la carrera funcionaria por conceptos de capacitación. Específicamente, por una falta de reconocimiento de las horas reales y de prácticas. Ello trajo como consecuencia que mediante decreto alcaldicio número 4.277, del 9 de octubre del año 2018 se dispuso una investigación sumaria, con el objeto de determinar eventuales responsabilidades administrativas, y trajo como resultado que se sancionaran a 3 funcionarios - entre los cuales está el ex jefe de recursos humanos, don nombre reservado, quien fue destituido por varias infracciones al deber de probidad.

Seguidamente, a través del oficio N°811, de fecha 8 de noviembre del año 2019, la Ilustre Municipalidad de Vicuña solicitó a la Contraloría Regional de Coquimbo, su pronunciamiento respecto de dos cosas: a) Si la facultad de invalidar se debía aplicar de forma estricta, modificando los puntajes de la carrera funcionaria de aquellas personas que se hubiere determinado de manera incorrecta e ilegal y consecuencialmente corrigiendo el nivel que le corresponda dentro de la respectiva categoría en los casos; b) Si correspondía invalidar dichos actos administrativos, sin importar la fecha de su dictación o notificación o si por el contrario corresponde aplicar dicha facultad solo respecto de los actos que han sido notificados y publicados hace menos de dos años. La respuesta del órgano Contralor indico: “…que si se reconoció erróneamente a los funcionarios de salud, actividades de capacitación que no cumplían con las exigencias referidas precedentemente, debían ser reubicados en el nivel al cual debían pertenecer, una vez descontados los cursos y los bienios equivocadamente reconocidos, sin perjuicio de que no procede exigir el reintegro de sus remuneraciones percibidas, por cuanto se debió a un error de la administración…”.

En base a dicho pronunciamiento comenzó la tarea de recalculo de la carrera funcionaria de los trabajadores del departamento de salud, produciéndose movimientos en la carrera de los funcionarios, incluyendo algunos que se vieron perjudicados con el retroceso en su nivel, principalmente los más antiguos del departamento de Salud, señores nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado; nombre reservado y nombre reservado.

Continua señalando que el 01 de septiembre de 2020 don nombre reservado dedujo recurso de reposición, previsto en el artículo 59 de la ley 19.880, respecto del decreto N°2.231, de fecha 25 de agosto del año 2020. Atendida la dificultad técnica de las materias planteadas, se abrió un expediente con el objeto de resolver el recurso y mediante el oficio N°726, de fecha 29 de septiembre del año 2020, se solicitó el pronunciamiento de la Contraloría Regional de Coquimbo sobre las siguientes materias: a) Método para calcular la carrera de los funcionarios que tienen dos nombramientos de fechas distintas, por niveles distintos, atendiendo a que producto del pronunciamiento contenido en el oficio N°E4893/2020, de la Contraloría Regional de Coquimbo, la carrera funcionaria de ellos se vería afectaría de manera distinta para cada nombramiento y; b) Para efecto de calcular la carrera de un funcionario y reubicarlo conforme establece la ley, forma de determinar el puntaje de ingreso a la carrera funcionaria respecto de aquellas personas sobre los cuales no existe antecedentes en su hoja de vida del puntaje con el que ingresaron a la dotación de un departamento de salud.

Asimismo, alega infracción al artículo 54 de La ley 19.880, en cuanto este señala que interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquélla no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Por otro lado, si respecto de un acto administrativo se deduce acción jurisdiccional por el interesado, la Administración deberá inhibirse de conocer cualquier reclamación que éste interponga sobre la misma pretensión. A su entender, lo que intenta el legislador a través del artículo 54° de la ley 19.880, es evitar exponer al interesado a fallos judiciales y resoluciones administrativas contradictorias, de tal modo que si se recurre administrativamente contra el acto invalidatorio, no se puede deducir reclamación judicial mientras dicha solicitud no sea desestimada. Por su parte, si se reclama judicialmente, no es posible interponer recursos administrativos paralelamente. De esta forma, a su juicio es necesario esperar el pronunciamiento de la Contraloría y del Municipio de Vicuña, ya que con la presentación del recurso de reposición se expusieron una serie de antecedentes en torno a la naturaleza de los nombramientos del recurrente, de los cuales debe dictar el respectivo acto administrativo que se pronuncie de su carrera y de otras circunstancias.

Seguidamente y en cuanto a las garantías supuestamente vulneradas al recurrente, sostiene que en lo referido a la igualdad ante la ley, niega que la medida impugnada hubiere sido aplicada solo al recurrente y a otra funcionaria, argumentando que lo fue a todo el personal, resultando perjudicados con un retroceso en su carrera un total de 6 funcionarios. En tanto otros funcionarios, que se mantuvieron en sus respectivos niveles, a los que también se les descontó la capacitación calculada de forma incorrecta, pero atendido al tiempo transcurrido desde la fiscalización y las capacitaciones realizadas en este periodo, lograron mantenerse, pero también se vieron perjudicados, ya que, en las condiciones anteriores, dicha experiencia y capacitación les hubiera servido para acceder a un mejor nivel. Por ello, la supuesta infracción resulta inexistente.

Por su parte, en lo referido a la supuesta infracción del artículo 19, en su numeral 3, hace presente que solo se encuentran tuteladas las infracciones al inciso quinto. Asimismo hace presente que el mismo señor nombre reservado que dedujo un recurso de reposición, exponiendo los mismos antecedentes que ahora fundamentan su acción constitucional de protección, sin esperar la resolución del procedimiento administrativo.

En cuanto al derecho de propiedad, niega su afectación en cuanto a que el decreto alcaldicio impugnado no pone termino a su carrera funcionaria ni a sus remuneraciones, sino que solo las modifico. Asimismo, las labores del recurrente corresponden a un empleo público; “característica que les viene dada tanto por la naturaleza como por las finalidades propias del ente empleador, definidas en el artículo 1° de la Ley N°18.695, según el cual, las municipalidades son corporaciones de derecho público, cuyo cometido institucional se orienta a satisfacer las necesidades colectivas de la comunidad local”, característica esta última que lleva a descartar que la función de tales servidores públicos pueda ser objeto de una apropiación patrimonial como aquélla que proporciona el dominio, puesto que las facultades que dicha disposición reconoce a sus titulares no se avienen con la naturaleza de la función pública y de los cargos destinados a servirla, para cuya protección y resguardo el ordenamiento consagra otros derechos. En efecto, la relación jurídica del señor nombre reservado se encuentra normada, en cuanto a sus relaciones con la administración por la Ley N° 19.378 y de forma subsidiaria por la ley 18.883, las que consagran en su favor, un conjunto de derechos, algunos de los cuales corresponden a beneficios de contenido económico y otros conciernen a su relación estatutaria propiamente tal, mereciendo citarse, entre estos últimos, los derechos a la estabilidad en el empleo, al ascenso y a la defensa por sus actuaciones funcionarias. Ellos no tienen no tienen el carácter de absolutos y están sujetos al cumplimiento de los requisitos que la ley establece.

Ahora bien, en cuanto a la confianza legítima, señala que ella ha sido adoptada y desarrollada como principio por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, especialmente como límite a la potestad invalidatoria de la Administración activa; luego, desde que el propio Bermúdez asumiera como Contralor General, comenzó a ser aplicada con particular importancia para controlar la atribución de los órganos administrativos para no renovar la designación de funcionarios a contrata. Afirma que en dicho contexto, la Municipalidad de Vicuña mediante el oficio N°811, de fecha 8 de noviembre del año 2019, expresamente solicitó a la Contraloría Regional de Coquimbo, su pronunciamiento sobre si se debía entender o no, que los funcionarios habrían constituido una confianza legítima en cuanto a la manera que se determinaba su carrera, lo que fue desechado por el órgano fiscalizador. Desde el punto de vista judicial, señala que la convicción íntima del administrado de que la Administración actuara tomando una dirección y no en la que en los hechos tomó debiese ser conocida y resuelta por el tribunal caso a caso.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe, y desestimar la acción constitucional deducida por no existir en ilegalidad, ni arbitrariedad alguna.

Para abonar sus dichos, acompañó la siguiente documentación: 1.- Recurso de reposición de fecha 01 de septiembre del año 2020, presentado por don nombre reservado, respecto del decreto 2.231. 2.-Oficio N°811, de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, de fecha 08 de noviembre del año 2019. 3.- Oficio N°726, de la Ilustre Municipalidad de Vicuña, de fecha 29 de septiembre del año 2020. 4.- Informe en derecho, sobre las materias que se solicitó pronunciamiento de la Contraloría, en el oficio N°726.

Por resolución de fecha seis de 30 de octubre de 2020 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó con el propósito de otorgar tutela judicial efectiva a los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala, permitiendo a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente, reclamando su amparo cuando estos derechos se encuentren amagados, privados, amenazados o perturbados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se encuentren conculcadas.

SEGUNDO: Que constituye un supuesto forzoso para la prosperidad de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia actual o futura de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario. Sobre este punto la jurisprudencia ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

TERCERO: Que se trata – entonces - de un mecanismo de tutela judicial efectiva destinado a solventar el amparo de ciertos derechos que se ven conculcados y cuya necesidad de cautela requiere de una actividad urgente de la judicatura para evitar o subsanar el agravio y restablecer el imperio del derecho, sin perjuicio de otros mecanismos legales que el amparado pueda ejercer en resguardo de aquellos. Entonces, si bien es cierto el constituyente describe el presente recurso como una forma de brindar tutela judicial efectiva a la persona que vea conculcado alguno de sus derechos o garantías constitucionales establecidas en el artículo 20 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que tal remedio urgente requiere, en todo caso, la existencia de un derecho cierto e indubitado, que por un acto u omisión de otro, se encuentre amenazado, privado o perturbado.

CUARTO: Que corresponde, entonces establecer si la conducta denunciada por el recurrente vulnera los derechos referidos en los números 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la Republica, esto es 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la Republica, esto es la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, y el derecho de propiedad, respetivamente.

QUINTO: Que, en cuanto a la primera garantía supuestamente vulnerada, esto es, la igualdad ante la ley, necesario es tener presente ella consiste en el trato igual que deben recibir las personas que se encuentren en las mismas circunstancias, y consecuencialmente diverso para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes. Implica necesariamente un acto comparativo entre la persona afectada por la actuación supuestamente ilegal y/o arbitraria que motiva el recurso, con otra que se encuentre en igual o similar escenario. En el caso sublite, dicha comparación no aparece posible, desde que no existen antecedentes allegados por las partes referidos a situaciones similares en que el recurrido hubiese tomados decisiones diferentes, que no sean los dichos del propio recurrente, los que han sido negados por la Ilustre Municipalidad de Vicuña.

Así las cosas, no es posible apreciar un trato diferente dado a la recurrente por los hechos expuestos en la presente acción constitucional, que pueda sancionarse por esta via, como se dirá en lo resolutivo.

SEXTO: Que en cuanto a la garantía del número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, es dable consignar que el recurso de protección no se encuentra instituido para resguardar el derecho al debido proceso en general, salvo en lo referente a ser juzgado por un juez natural, y a la prohibición de serlo por comisiones especiales, como lo alega la Ilustre Municipalidad de Vicuña.

De esta forma, la acción interpuesta no podrá prosperar en cuanto a esta alegación.

SEPTIMO: Que seguidamente - en cuanto al derecho de propiedad – hemos de tener presente algunas consideraciones previas.

Primeramente, el acto impugnado es un acto administrativo, toda vez que es una decisión escrita adoptada por la Administración, o sea, una decisión formal emitida por un órgano de la Administración del Estado que contiene una declaración de voluntad, realizada en el ejercicio de una potestad pública. Consecuencialmente, debe cumplir con los requisitos de un acto administrativo, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley 19.880, el cual en su inciso segundo dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Por su parte, el inciso cuarto del artículo 41 de la misma Ley dice “Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

OCTAVO: Que, como se ve es un requisito de la decisión que se emite sobre la procedencia de un acto administrativo como el impugnado su fundamentación, la que debe abarcar los hechos y el derecho, y aquello está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder de la Administración- en este caso la Ilustre Municipalidad de Vicuña - y la comprensión de su actuar por los administrados, por lo que esta fundamentación, si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto, en otras palabras, este ha de ser completo y bastarse a sí mismo.

NOVENO: Que, del análisis del Decreto Alcaldicio impugnado es posible verificar que este contiene una relación genérica de cuerpos legales, precisando algunas disposiciones de aquellos y da cuenta de sendos dictámenes de Contraloría General de la República, procediendo a invalidar los actos administrativos anteriores que reconocieron erradamente los puntajes por concepto de capacitación y experiencia del recurrente don nombre reservado y concluir encasillando a este último en una nueva categoría y nivel, según un puntaje de capacitación y experiencia.

DECIMO: Que fundamentar, según el Diccionario de la Lengua Española, es “Establecer la razón o el fundamento de una cosa” y es aquello precisamente de lo que adolece el Decreto Alcaldicio impugnado pues en él no se contiene la razón de la decisión adoptada, no siendo posible entender cumplido el requisito legal que se extraña con una cita genérica de textos legales y menos con consideraciones de hecho, también, genéricas, todo lo que hace imposible comprender el acto atacado e imposibilita su debido control. En efecto, una medida como la que se analiza, en los términos descritos, no permite entender la decisión que contiene más aún si dicho Decreto Alcaldicio no precisa como se vinculan las normas legales, decisiones del ente contralor y supuestos facticos en que ella se sustenta con la situación concreta de la recurrente, no se dice porque resultan aquellos aplicables a esta, amén que en lo resolutivo del mentado acto se hace una referencia genérica de los actos administrativos que se invalidan, no se identifican, en otras palabras, no explicitan las razones por las cuales entiende que la reclamante se encuentra en las hipótesis fácticas que hacen aplicables las normas jurídicas y dictámenes a que alude y aquello tampoco es posible desprenderse del tenor del decreto cuestionado.

DECIMO PRIMERO: Que, a partir de lo antes expuesto es dable colegir que la recurrida ha actuado en forma ilegal al no respetar en su obrar una norma general y obligatoria de su ámbito de acción como lo son las normas legales citadas toda vez que el acto atacado carece de fundamentos, o sea, no es fundada. A su vez, dicho actuar de la recurrida, esto es, dictar el decreto alcaldicio impugnado en los términos en que lo hizo, resulta arbitrario al carecer dicha decisión de fundamentos que la sustenten.

DECIMO SEGUNDO: Que, tal como se viene señalando la conducta de la Ilustre Municipalidad de Vicuña afecta y lesiona el derecho de propiedad del recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Ley Fundamental, toda vez que el actuar cuestionado le priva de parte de su remuneración, de la que se encontraba gozando con anterioridad.

DECIMO TERCERO: Que así las cosas, la acción constitucional deducida, en lo relativo al derecho de propiedad del recurrente será acogida, como se dirá.

Y VISTO, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución política de la república y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo de este arbitrio, SE ACOGE – con costas - el recurso de protección interpuesto por el recurso de protección deducido por don Eduardo Alberto Cortes Toro en representación de nombre reservado, en contra de Ilustre Municipalidad de Vicuña y, en consecuencia, se declara que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio número 2231 fechado al 25 de agosto de 2020, y todo acto que de él se derive.- Se previene que el abogado integrante señor Gutierrez, concurre al acuerdo, no obstante fue de la opinión de eximir de la imposición de costas a la recurrida, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Patricio Gutiérrez Gajardo.

Rol Nº 1754-2020 Protección.