nombre reservado con nombre reservado

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Recurso de Protección Rol N° 175-2021.- La Serena, dos de julio de dos mil veintiuno.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio uno y con fecha 20 de abril de 2021, comparece don nombre reservado, abogado, por si y por doña nombre reservado, chilena, soltera, ingeniero, ambos domiciliados en domicilio reservado, y deduce recurso de protección en contra de nombre reservado, Rut. RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, como persona natural y en su calidad de presidenta del Grupo Organizado de Allegados La Herradura Sur, de su mismo domicilio en base a los siguientes antecedentes.

Señala primeramente que doña nombre reservado es dueña, como consta en certificado de dominio vigente, de derechos equivalentes a dos sitios, los que consensualmente en acuerdo de la propia organización Grupo Organizado de allegados La Herradura Sur se le ha asignado como el 22 y 23 en la Parcela Cuarenta y Cinco 2 de la etapa D del Proyecto de Parcelación de la Comunidad de La Herradura, ubicada en la comuna de Coquimbo, singularizada en el plano que se encuentra agregado bajo el número cuarenta y nueve, al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 1985.

Relata que el 12 de abril del presente año, en horas de la noche, desconocidos ingresaron a la propiedad desmantelándola por completo, obedeciendo órdenes de doña nombre reservado, quien había manifestado su derecho a realizar tal acción porque “había ganado un juicio”.

Precisa que en la referida propiedad, estaba instalada una pequeña casa de madera destinada a la habitación y guarda de enseres domésticos y de trabajo, de la recurrente, siendo además su residencia, pues la propiedad se encuentra en trámite de regularización por Bienes Nacionales.

Agrega que sacaron de cuajo la pequeña casa llevándose con ella todo lo habido en su interior. El ingreso se hizo por el deslinde frontal de los sitios que está en proceso de cierre.

Afirma que al día siguiente, concurre al lugar un equipo de limpieza del sitio recogiendo los desechos y arreglando la propiedad para otros u otro propietario. Consultado el conductor y presunto dueño del camión la acción de “limpieza” se lleva a cargo por orden de la recurrida nombre reservado.

Asevera que el actuar de la emplazada se basa en una afirmación falsa, esto es “obtener sentencia favorable en una querella criminal por usurpación seguida en el Juzgado de Garantía de Coquimbo contra de nombre reservado RIT N° O-6519-2018”. Acción en la que manifestó siempre su intencionalidad de “desocupar los sitios 22 y 23”, lo que no pudo, pues la causa terminó por sobreseimiento definitivo del imputado nombre reservado, ella figuraba querellante del delito de usurpación.

Continúa haciendo alusión al fallo pronunciado por esta Corte en recurso de protección rol N° 29-2021, donde ha establecido que las acciones de autotutelas constituyen actos ilegales y arbitrarios.

Reclama una afección con los hechos denunciados a la garantía de propiedad, que recibe protección constitucional en el artículo 19 N° 24.

Finalmente solicita se dé lugar al recurso de protección en todas sus partes disponiendo que se debe restablecer la propiedad, posesión, tenencia y lo que ellos contenían, de los sitios 22 y 23 de la Parcela 45 de la Etapa D del proyecto de Parcelación de la Comunidad de La Herradura, todo a su costo, con expresa condenación en costas.

Acompaña al recurso: 1.- Certificado de vigencia de los derechos que su representada posee en la propiedad y 2.- Dos set de fotos el uno incluye la caseta instalada y el segundo después del robo.

SEGUNDO: Que a folio 9, y con fecha 10 de mayo de 2021, evacuando el informe requerido, doña nombre reservado, solicita el rechazo del arbitrio.

Narra la historia de la parcela, que comienza cuando en al año 1992 el 2° Juzgado de Letras de Coquimbo en los autos Rol N° 15.172, adjudicó al Grupo Organizado de Allegados Herradura Sur, la denominada Parcela 45 Etapa D, del Proyecto de Parcelación de la Comunidad La Herradura.

El dominio de la parcela, en ese entonces, quedó inscrito a Fojas 6.107 N° 2.505 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 1993.

Luego de haberse adjudicado la Parcela, el 6 de septiembre del año 1994, mediante escritura pública otorgada ante don nombre reservado, Notario Público de Coquimbo, subdividió el dominio de la Parcela en 146 títulos (146 derechos), los que cedió a sus asociados mediante dicha escritura. El dominio a nombre de todos los socios quedó inscrito a Fojas 5.299 Nº 2.385 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 1996. (La Parcela 45 Etapa D hoy figura con el rol de avalúo fiscal Nº 878-49, de la comuna de Coquimbo), en consecuencia la Parcela dejó de ser de la organización.

Refiere que cada socio o comunero quedó inscrito con un derecho a su nombre; y la organización se quedó con cuatro derechos y dos socios adquirieron cinco derechos cada uno.

Uno de los comuneros que adquirió cinco derechos en el año 1996 fue don nombre reservado, fallecido, estos derechos son actualmente de su cónyuge, doña nombre reservado, y son los causantes del presente conflicto.

El plano se subdividió en tantos lotes como derechos hay. El Servicio de Impuestos Internos, por su parte, en el año 2017 procedió a asignar un pre-rol a cada uno de los 146 lotes. En consecuencia, se trata de un derecho por cada lote. Si el “dominio vigente” de un socio dice que posee una ciento cuarenta y seisava parte es que ese derecho está asociado a un lote, y no a dos como pretende la recurrente. Ella posee un 1/146, y no 2/146, como indica.

Recién en el año 2018 la organización procedió a la asignación de cada uno los lotes a los asociados por intermedio de un documento privado llamado “Adjudicación para Regularizar”. Este documento es la prueba que cada socio tiene su lote de modo regular por la organización. Hasta entonces la recurrente de protección no era dueña de ningún derecho. El suyo lo adquirió después, el 23 de noviembre de 2018, de parte de don nombre reservado, imputado por el delito de usurpación.

En otro orden de cosas, expone que el 12 de diciembre del año 2018 junto a doña nombre reservado, en representación del Grupo Organizado De Allegados Herradura Sur, interpuso una querella criminal por el delito de usurpación en contra de nombre reservado, por haber cercado con panderetas los lotes 22 y 23 de la Manzana 2 la Parcela, los que habían sido asignados a la comunera nombre reservado hacía más de seis meses.

La organización asignó los lotes 22 y 23 a la señora nombre reservado el día 27 de mayo de 2018, mediante documento privado. El documento tenía como fin principal acreditar ante el Ministerio de Bienes Nacionales la ubicación de su lote, para efectos de obtener un título ante esa repartición pública, tal como a la fecha lo han hecho más de 20 comuneros.

Expresa que el 9 de junio de 2020 la Fiscalía Local de Coquimbo, en la carpeta investigativa RUC 1810056612-1, que dio lugar a los autos RIT O-6519-2018, del Juzgado de Garantía de Coquimbo, procede a formalizar al imputado, por un delito de usurpación previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal.

La usurpación se realizó solo 10 días antes de vender a la recurrente el título de derecho (1/146) que da lugar a este conflicto, y solo 3 meses después de haberlo adquirido.

Con fecha 14 de diciembre del año 2020 la Fiscalía Local de Coquimbo acusa al imputado por los mismos hechos.

Reitera que el imputado de usurpación el 31 julio de 2018 compró en 8 millones de pesos un derecho a doña nombre reservado, para vendérselo 3 meses después en 6 millones de pesos a la recurrente de estos autos.

Dice desconocer a que lote está asociado el derecho que compró don nombre reservado, si es que está asociado a un lote, porque hay lotes tomados que tienen un título vacío, por decir. Alguien perfectamente puede comprar un derecho que no tenga un lote donde hacerlo valer. Este podría ser un caso.

Afirma que en la causa penal el encartado aceptó un acuerdo reparatorio. Hasta entonces sobre los lotes tomados solo había puesto panderetas de modo que no había nada al interior de ellos. Al interior de los lotes no había ningún bien, ni caseta ni nada; solo el terreno vacío.

Enseguida, el 13 de enero de 2021 se celebró la audiencia por la cual se llegó al Acuerdo Reparatorio cuya resolución, en lo pertinente, es la siguiente: “El Tribunal tiene presente que existe acuerdo entre las partes, consistente en que el imputado está de acuerdo en que se retiren las panderetas que habrían alterado los deslindes del terreno. Se fija un plazo de 30 días, debiendo en este caso el abogado querellante informar el cumplimiento a fin de decretar el sobreseimiento definitivo en la presente causa”. (sic)

Para evitar demoras la organización quedó en asumir ella el costo del retiro de las panderetas. El día que se intentó sacar las panderetas no fue posible por la oposición activa de terceras personas. Se solicitó el auxilio de la fuerza pública, para lo cual se celebró una audiencia el 12 de febrero de 2021.

En dicha audiencia se dictó la siguiente resolución: “Asimismo, siendo de carga de la querellante efectuar los trabajos, a fin de asegurar la ejecución de los trabajos, se ordena oficiar a Carabineros de Chile, a fin de que el querellante concurra en su compañía a ejecutar los trabajos de remoción de la pandereta y así evitar que terceras personas lo impidan”. (sic)

Un par de días antes de realizarse el retiro de las panderetas con la fuerza pública, los terceros que antes se opusieron al retiro de las panderetas procedieron a instalar una pequeña pieza de madera al interior de unos de los lotes cercados. Custodiados por carabineros, se intentó proceder a retirar la pieza de madera, los terceros que observaban el retiro de las panderetas se opusieron.

Adiciona que en una tercera audiencia por el Acuerdo Reparatorio se celebró el 5 de marzo de 2021, en que ya comenzaba a haber cierta molestia entre los jueces por el alargamiento de algo tan simple.

El cumplimiento del Acuerdo se complicó más cuando la recurrente en estos autos de protección procedió a presentar una tercería de posesión. Considerando la Tercería y la circunstancia de que el imputado no asistió a la audiencia y que el juez que tomó la audiencia no conocía el caso, la resolución, en lo que importa, es la siguiente: “El Tribunal verifica que los términos del acuerdo reparatorio fueron descritos en una forma y cada interviniente tiene una interpretación diferente del sentido de este. Se ordena a la Jefa de Unidad de Causas del Tribunal la transcripción de lo resuelto con fecha 13 de enero del presente año por la Magistrada Carolina Baroncini. Se deja constancia que, estando de acuerdo los intervinientes, la administración del Tribunal deberá priorizar la asignación de la audiencia a la Jueza que aprobó el acuerdo, o en caso de quedar para el Juez que dirige la presente audiencia deberá avisársele con la anterioridad debida para un estudio más acabado de los antecedentes”. (sic)

Indica que se reprogramó audiencia para el 23 de marzo. Y en esa oportunidad nuevamente no asistió el imputado, por cuanto se reprogramó en el siguiente sentido:

“Se reprograma la presente audiencia a fin si procede revocar el acuerdo reparatorio, y para ello debe estar presente el imputado. Se otorga un plazo de 3 días al abogado don Luis Alfaro Aravena a fin de que rectifique la tercería, o se tendrá por no presentada. Se hace presente que esta causa no debe quedar radicada en esta Juez de Garantía, la puede tomar cualquier Juez, atendido el acuerdo reparatorio en su oportunidad fue transcrito”. (sic)

En la cuarta y última audiencia la molestia del juez era manifiesta por cuanto le parecía que esto ya no se podía seguir alargando más, y luego de un debate, dictó la siguiente resolución: “Por cumplido el acuerdo reparatorio. Declara sobreseimiento definitivo”. (sic)

Así las cosas, quedando en un limbo respecto de la pieza de madera, y entendiendo que era improcedente, y hasta ridículo, presentar otra acción legal para el retiro de la pieza, y sabiendo que la tercería había sido desechada, procedieron a retirarla.

Hace hincapié en que según su interpretación el acuerdo reparatorio era volver las cosas al momento anterior a que fueran tomados y cercados los lotes. Las personas que desarmaron las piezas son las mismas a las que se les pagó para poner las nuevas panderetas, que se pusieron para evitar que los lotes fueran tomados nuevamente. La pieza de madera fue dejada afuera del lote, tal como antes habían sido dejados fuera del lote las panderetas que retiraron. Nunca actuaron fuera de la ley.

Agrega que la recurrente de protección en estos autos también inició un juicio de designación de árbitro partidor ante el 2° Juzgado de Letras de Coquimbo en contra de la organización, junto con pedir una medida precautoria en su contra. Esta medida, otorgada por el Tribunal, causa graves perjuicios, pues dificulta continuar con el saneamiento de los títulos, entre otras cosas.

No es efectivo lo que dice la recurrente en el Punto 1, en cuanto a que los lotes le fueron asignados por la organización, pues no la conoce, y se enteró de su existencia recién con ocasión de la interposición de la tercería en el procedimiento criminal.

Es absolutamente falso que la recurrente tuviera su residencia en alguno de los lotes, tal como señala en el Punto 3. La mejor prueba de esto es que a su abogado le otorgó las correspondientes facultades por medio de un mandato judicial en que consta que su domicilio está en la comuna de Maipú, Santiago, misma comuna en que tuvo su domicilio don nombre reservado según su extracto de filiación que consta en la Carpeta Investigativa.

Señala que en la pieza que sacaron no había absolutamente nada.

Expone que la Actora reclama 2 lotes (22 y 23) cuando el título que acompaña dice con toda claridad que ella es dueña solo de un derecho.

Tampoco no es efectivo que haya sido afectado o conculcado el derecho de propiedad de la recurrente. Ella adquirió un derecho y nada ni nadie le impide vender ese derecho. Aún más, ella no ha hecho valer los derechos establecidos en la cláusula cuarta de su contrato de cesión de derechos, en la que se establece la obligación del cedente del saneamiento de la evicción conforme a la ley. Es posible que la recurrente haya sido estafada, de lo que no serían responsables.

Solicitando que por lo anterior se rechace el presente recurso.

Acompaña al informe: 1.- Acta de Acuerdo Reparatorio del Juzgado de Garantía de Coquimbo, Rit 6519-18, de fecha 09 de abril de 2021, por medio del cual el imputado, nombre reservado acepta devolver los lotes 22 y 23, tomados por él; 2.- Acusación fiscal por la usurpación de lotes 22 y 23. Fiscalía Local de Coquimbo, en la carpeta investigativa RUC 1810056612-1, 09 de junio de 2020; 3.- Fotografía que muestra los lotes tomados; 4.- Fotografía que muestra a carabineros supervisando el cumplimiento del Acuerdo Reparatorio; 5.- Copia de inscripción sin vigencia que indica la cantidad de comuneros de la Parcela 45 Etapa D, lo mismo que la cantidad de derechos de cada uno; 6.- Certificado de dominio que muestra los 5 derechos que posee doña nombre reservado en la Parcela 45 Etapa D; 7.- Certificado de matrimonio entre doña nombre reservado y don nombre reservado, siendo este último quien adquirió los 5 derechos en el año 1996; 8.- Documento titulado “Adjudicación para Regularizar”, con el cual el Grupo Organizado de Allegados Herradura Sur asigna el 27 de mayo de 2018 a la Sra. nombre reservado el lote 22 de la Parcela 45 Etapa D; 9.- Documento titulado “Adjudicación para regularizar”, con el cual el Grupo Organizado de Allegados Herradura Sur asigna el 27 de mayo de 2018 a la Sra. nombre reservado el lote 23 de la Parcela 45 Etapa D; 10.- Certificado de Directiva vigente del Grupo Organizado de Allegados Herradura Sur; 11.- Certificado de aprobación de Factibilidad de agua potable y de alcantarillado otorgado por la empresa Aguas del Valle N° 32.222, de fecha 13 de enero de 2021, dirigido al Grupo Organizado de Allegados Herradura Sur; 12.- Oficio del Ministerio Bienes Nacionales, de fecha 16 de abril 2021, dirigido al Grupo Organizado de Allegados Herradura Sur dando cuenta de que acogió a tramitación saneamiento de título de dominio del socio nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, es preciso tener presente que por la naturaleza de la acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección debe ser evidente, resultando necesario que de la sola lectura de los antecedentes allegados aparezca una manifiesta privación de un derecho indubitado garantizado por la Constitución Política de la República, y que por ello requiere ser amparado mediante la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho; y, enseguida, asimismo, conveniente es recordar que el recurso de protección está destinado a resolver situaciones inequívocas, de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo.

En la especie, del mérito de lo expuesto por los accionantes y los recurridos, además, de la revisión de los elementos de juicio incorporados a los autos, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, la accionante no acreditó tener derechos respecto del lote en el cual se habrían producido los hechos ni tampoco probó fehacientemente la titularidad de las especies que habrían sido removidas de este lote.

Que así las cosas, no resulta posible inferir la existencia indubitada de un derecho constitucional amagado o vulnerado por los recurridos, sino que la existencia de diferencias relacionadas con el ejercicio de derechos en la regularización de un loteo, Proyecto de Parcelación de la Comunidad de La Herradura, controversia que no es procedente dilucidar por medio de esta acción constitucional.

QUINTO: Que, en consecuencia, atendido lo reflexionado en los motivos precedentes, la acción constitucional intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA la acción constitucional de protección interpuesta por don nombre reservado, abogado, por si y por doña nombre reservado, y en contra de de nombre reservado, Rut. RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, como persona natural y en su calidad de presidenta del Grupo Organizado de allegados La Herradura Sur.

Redacción de la ministro Sra. Maldonado.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 175-2021.