INMOBILIARIA CPS S.A con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO Y OTRO

Inmobiliaria CPS S.A.

Ilustre Municipalidad de Coquimbo y otro Recurso de protección Rol N°1747-2024.- La Serena, veintitrés de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que comparece don Claudio Rojas Laulié, abogado, en favor de Inmobiliaria CPS S.A., deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, representada por su alcalde don Alí Manouchehri Moghadam Kashan Lobos; y de doña nombre reservado, Directora (S) de Obras Municipales de Coquimbo, señalando como acto ilegal y arbitrario el inicio del procedimiento de invalidación de la resolución de aprobación de subdivisión número 0518, de 30 de agosto de 2022, otorgada a la recurrente, lo que representa una vulneración a los derechos consagrados en el artículo 19 N°3 inciso 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Sostiene que la actora es una sociedad anónima cuyo principal objetivo es la realización de todo tipo de actividades de carácter inmobiliario, contexto en el que fue la gestora del edificio Altamar, ubicado en domicilio reservado, comunidad que originalmente –en el año 2010– fue proyectada en dos etapas, mediante la construcción de dos edificios, cada uno de ellos con 120 unidades vendibles.

Refiere que el Reglamento de copropiedad inmobiliaria de la comunidad Altamar fue otorgado por escritura pública de 24 de diciembre del año 2010, inscrito en el año 2011, instrumento que en el artículo 7 transitorio dispuso, en lo que interesa, que la recurrente “conserva y se reserva (…), solicitar la modificación de los permisos de edificación y copropiedad inmobiliaria otorgados por la autoridad municipal una vez formalizados, otorgados y archivados en los competentes registros, y para prorrogarlos y para solicitar nuevos permisos con el fin de efectuar nuevas construcciones o complementar las ya existentes en el inmueble en donde se emplaza específicamente el Condominio de la presente escritura, sin requerir autorización alguna por parte de quienes hayan adquirido inmuebles del Condominio”.

Añade el documento que “(…) A mayor abundamiento, éstos adquirientes, y sin necesidad de Asamblea de Copropietarios alguna, se entenderá que otorgaron para todos los efectos legales y contractuales, un mandato gratuito, especial e irrevocable, en los términos del artículo doscientos cuarenta y uno del Código de Comercio (…) y en general para dar correcto cumplimiento a las modificaciones o adiciones a los proyectos originales; o para solicitar al Director de Obras de la Municipalidad respectiva, la subdivisión unilateral del predio”.

Expone que, en ese orden de ideas, el 30 de agosto de 2022, mediante resolución del Director de Obras Municipales de la época, se otorgó a la actora la resolución de aprobación de la subdivisión número 0518, la que autorizaba la subdivisión del denominado Lote Uno -donde originalmente se emplazaba la comunidad Altamar- en dos inmuebles denominados Lote 1-A y Lote 1-B, por lo que el año pasado efectuó una modificación parcial del Reglamento de copropiedad, sólo en lo que respecta a la segunda etapa del condominio que no fue construida.

Esgrime que el pasado 4 de octubre, se notificó vía correo electrónico al arquitecto de la recurrente, la resolución N°148, de 2 de octubre del presente año, que iniciaba un procedimiento de invalidación de la aprobación de subdivisión previamente otorgada, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N°19.880.

Argumenta que la resolución que por esta vía se reprocha ha sido dictada de forma extemporánea, pues el plazo para invalidar una resolución previamente aprobada es de dos años, contados desde la notificación o publicación del acto, plazo que ha transcurrido íntegramente. En cuanto al fondo, indica que el acto es ilegal, por cuanto la Dirección de Obras Municipales carece de facultades y competencia para invalidar un permiso de subdivisión. En efecto, en la autorización número 0518 tal entidad dio por cumplidos todos estos requisitos y autorizó a vender, ceder, transferir o enajenar lo lotes resultantes de la subdivisión denominados Lote 1-A y Lote 1-B, lo que consta en el plano que fue archivado en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo correspondiente al año 2022 y anotado al margen de la inscripción de dominio respectiva, archivos e inscripciones que generan importantes cambios registrales y que no pueden ser dejados sin efecto por meras resoluciones administrativas, sino que requieren sentencias judiciales, firmes y ejecutoriadas que así lo dispongan.

Afirma que la Dirección de Obras Municipales de Coquimbo no es un tribunal y no tiene competencia o facultad legal alguna para dilucidar una controversia de derecho sobre la validez del Reglamento de copropiedad y la modificación efectuada, ya que estas controversias son de competencia exclusiva de los Tribunales Ordinarios de Justicia, los que deben conocer estas en materias de fondo.

Finaliza solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de los recurridos, ordenándoles dejar sin efecto la decisión de iniciar un procedimiento de invalidación de la resolución de aprobación de subdivisión, con costas.

Acompaña a su recurso: 1. Reglamento de copropiedad del condominio Altamar; 2. Modificación parcial del Reglamento de copropiedad del condominio Altamar; 3. Inscripción de la modificación parcial del Reglamento de copropiedad; 4. Inscripción del Reglamento de copropiedad, con su respectiva anotación marginal; 5. Inscripción de dominio del lote de mayor cabida; 6. Certificado de asignación de roles del Servicio de Impuestos Internos respecto al Lote 1-B, resultante de la subdivisión 0518, de 30 de agosto del año 2022; 7. Certificado de dominio vigente y certificado de hipotecas y gravámenes, prohibiciones e interdicciones respecto al Lote 1-B; 8. Plano de subdivisión aprobado; 9. Resolución número 148, de 2 de octubre de 2024, dictada por la Dirección de Obras Municipales de Coquimbo; y 10. Resolución número 0518, de 30 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Obras Municipales de Coquimbo.

SEGUNDO: Que a folio 9, comparece don nombre reservado, en representación de la recurrida Ilustre Municipalidad de Coquimbo, solicitando el rechazo del arbitrio intentado, con costas.

Indica, en primer término, la improcedencia del recurso de protección, por cuanto la resolución reclamada se trata de un acto trámite o intermedio, de aquellos orientados a dar curso progresivo al procedimiento administrativo, careciendo absolutamente de la aptitud para ser considerado como decisorio o producir indefensión. En efecto, el acto recurrido es la resolución N°148, de 2 de octubre de 2024, que dio inicio a un procedimiento de invalidación, a solicitud de una persona jurídica, respecto de la resolución N°0518, de 30 de agosto de 2022, que aprueba una subdivisión o fusión.

Añade que en el referido proceso la recurrente evacuó descargos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N°19.880, esgrimiendo argumentos idénticos a los del presente arbitrio, los que están siendo ponderados por la entidad edilicia, la que aún no resuelve en definitiva la invalidación iniciada.

En segundo lugar, manifiesta que el recurso de protección no es la vía idónea para cautelar derechos que no tienen el carácter de indubitados, como en la especie se verifica, argumentando que como una forma de garantizar que el ejercicio de la potestad invalidatoria no se haya realizado arbitrariamente, el legislador consideró la posibilidad de impugnar el acto de invalidación ante los Tribunales de Justicia competentes.

Finaliza insistiendo que en el presente caso sólo se ha iniciado un procedimiento de invalidación, no existiendo un acto administrativo terminal, por lo que no se verifica privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio a alguno de los derechos esenciales garantizados en la Constitución, sino que sólo el ejercicio de sus facultades legales en la materia.

Acompaña a su informe: 1. Resolución N°148, de 2 de octubre de 2024, de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo. 2. Solicitud de invalidación, de 28 de agosto de 2024, de don Pablo Álvarez Hernández, abogado, en representación del domicilio reservado. Descargos de 17 de octubre de 2024 en procedimiento de invalidación N°002/2024.

TERCERO: Que a folio 14, comparece doña nombre reservado, Directora (S) de Obras Municipales, requiriendo el rechazo del recurso incoado, con costas, evacuando el informe requerido en idénticos términos a la recurrida Ilustre Municipalidad de Coquimbo.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que por la presente acción constitucional se recurre en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo y de doña nombre reservado, Directora (S) de Obras Municipales de Coquimbo, por el acto ilegal y arbitrario consistente en iniciar un procedimiento de invalidación de la resolución de aprobación de subdivisión número 0518, de 30 de agosto de 2022, lo cual la actora refiere vulnera los derechos consagrados en el artículo 19 N°3 inciso 5°, 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Por su parte, los recurridos ha indicado en su informe que la acción intentada no puede prosperar, por cuanto versa respecto de un acto trámite careciendo absolutamente de la aptitud para ser considerado como decisorio o producir indefensión.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, conviene tener en consideración que el acto administrativo que se acusa de ilegal y arbitrario es aquel que da inicio al ejercicio de la potestad invalidatoria de la Administración del Estado, de conformidad a lo estatuido en el artículo 53 de la Ley N°19.880, procedimiento que aún se encuentra en tramitación, de conformidad a lo reconocido por el propio recurrente en audiencia.

De esa forma, según fluye de los antecedentes, es dable concluir que lo reprochado por esta vía cautelar de emergencia es un acto trámite o intermedio, por cuanto la autoridad administrativa aún no ha emitido una decisión terminal respecto del fondo del asunto, circunstancia que impide a esta Corte pronunciarse sobre la ilegalidad o arbitrariedad, conforme a las alegaciones de la parte recurrente y, en consecuencia, adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado, motivo suficiente para desestimar el arbitrio intentado.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, cabe relevar que el recurso de protección como acción cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que sólo ampara derechos indubitados, circunstancia que no se verifica en la especie, dado que la resolución del asunto sometido a conocimiento importa analizar un antecedente técnico referido a si la autoridad ejerció la potestad invalidatoria dentro de plazo y si es o no competente para ello, resultando palmaria la existencia de una controversia que impide la concurrencia de los presupuestos exigidos en el presente arbitrio, motivos por los que se rechazará el recurso intentado conforme se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Inmobiliaria CPS S.A. en contra de la Ilustre Municipalidad de Coquimbo y de doña nombre reservado, Directora (S) de Obras Municipales de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1747-2024 Protección.-