nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA Y OTRO

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Combarbalá y otro Recurso de Protección Rol N° 1738-2024.- La Serena, seis de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el uno de noviembre de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ COQUIMBO (COMPIN), en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ.

Expone que por razones de acoso laboral y un sumario administrativo se enfermó y fue diagnosticada de trastorno ansioso depresivo, derivado de estresores ambientales laborales y es por lo que se le otorgaron por los médicos especialistas licencias médicas con reposo absoluto, de lo cual a la fecha se encuentra en tratamiento y medicamentada.

Sin embargo, la COMPIN y luego la SUSESO rechazaron sus dos primera licencias médicas en forma ilegal e injustificadas, y la COMPIN le ha rechazado una tercera, (Licencias N°s 10477851 de 16 de julio de 2024; 105793035 de 6 de agosto de2024 y 106468102 de 27 de agosto de 2024) también sin fundamento legal de respaldo, por lo cual apeló a la SUSESO -se encuentra en trámite -y ninguna de ellas está afinada en su procedimiento.

Agrava lo anterior, la circunstancia de que el Municipio recurrido, sin encontrarse aún afirme y ejecutoriado el rechazo de todas las licencias, en forma arbitraria y abusiva, ha dispuesto mediante Decreto Alcaldicio que así lo avala, el descuento de las tres licencias médicas fundado solamente en que el rechazo de éstas basta para ello, a lo que debe sumarse la circunstancia de que dicho Municipio dispone un descuento mensual superior al cincuenta por ciento de su sueldo, lo que es muy grave para su persona y grupo familiar de su dependencia.

Puntualiza que la enfermedad la obligó a ausentarme de su labor habitual, ya que no se ha podido recuperar, debido a que se encuentra sometida indebidamente a diversas acciones ilegales que constituyen acoso laboral y maltrato laboral por su empleador, agravado con el rechazo indebido e injustificado de sus licencias médicas, que le fueran otorgadas por médicos especialistas que las avalaron, ya que se mantiene agravado su diagnóstico de trastorno personal generalizado, derivado de estrés ambiental y laboral, a la que se ha visto sometida y sigo siéndolo.

Aduce que la COMPIN no se ajustó a la legalidad vigente, desde que no justificó ni desvirtuó debidamente -debiendo haberlo hecho- la incapacidad laboral temporal diagnosticada por el médico tratante, teniendo en consideración que como paciente acompañó precisamente informes de éstos, que justificaban el reposo, de manera que los fundamentos plasmados resultan insuficientes para resolver el rechazo, y más aún, hacer peligrar su trabajo y dañar gravemente su salud, por cuanto ahora la entidad laboral para la que trabaja, sin estar concluido el trámite para la validación definitiva de lo resuelto por la SUSESO, ha procedido en forma ilegal y arbitraria a descontar de su sueldo, mediante Decreto Alcaldicio, el total de ellas, con los graves perjuicios y daños que a su persona reviste.

De todo lo expuesto se colige que la mencionada institución con su conducta reiterada, ilegal y arbitraria ha infringido las garantías constitucionales que se contemplan en los números 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución, al haber rechazado de manera reiterada e infundada, y de modo ilegal dichas licencias.

Invoca también el derecho a la salud, debido proceso, igualdad ante la ley y derecho al trabajo.

Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa que rige la materia, es factible sostener que la COMPIN directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, omitido injustificadamente en el actual litigio.

Que, en consecuencia, la conducta de los organismos recurridos, no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, vulnerar la ley, al no encontrarse firme la resolución que determinó el rechazo de dos de las licencias y con respecto a una de ellas, encontrándose en trámite de apelación respecta de la última, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud de la recurrente.

Es así como, de igual modo, se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

Por estas consideraciones solicita se acoja el recurso en todos sus términos con expresa condena en costas, restableciendo sus derechos vulnerados sin más trámite, disponiendo se suspenda el descuento ordenado, por ilegal y arbitrario, y se disponga además del pago de todas y cada una de las licencias médicas.

Acompaña los siguientes documentos: 1) Decreto de la SUSESO de rechazo de las dos primeras licencias; 2) Apelación de la tercera licencia; 3) Copia de resolución definitiva de sumario administrativo; 4) Decreto Alcaldicio que dispone el descuento ilegal; 5) Colilla de pago en que consta descuento; 6) Certificado médico emitido por psiquiatra.

SEGUNDO: Que, evacuó informe GISELLA FERNANDA nombre reservado nombre reservado, abogada, por la parte recurrida Ilustre Municipalidad de Combarbalá.

Expone que doña nombre reservado, desde el 29 de febrero de 2024 ha hecho uso de 10 Licencias Médicas. De estas, tres se encuentran rechazadas, así se deprende de la planilla de licencias médicas que adjunta. Es por ello que, el 21 de agosto de 2024, se le envía a la recurrente oficio N°450 por parte del Jefe del Departamento de Educación Municipal, don nombre reservado, informando dos licencias médicas rechazadas del año 2024, esto es Licencia Médica N° 104772851 y Licencia Médica N° 105793035, solicitando la regularización de dichas licencias. Doña nombre reservado no presenta documentación que acredite haber realizado algún proceso de regularización.

Se le envía también, Decreto Alcaldicio N°4807 de 14 de octubre de 2024, en donde se establece el descuento de tres licencias médicas, licencia médica N° 104772851, licencia médica N° 105793035 y licencia médica N° 106468102 por un total de $1.501.896 (un millón quinientos un mil ochocientos noventa y seis pesos) este reintegro se hará efectivo descontando de sus remuneraciones del mes que se notifica el decreto Alcaldicio la suma de $425.131 (cuatrocientos veinticinco mil ciento treinta y un pesos) de forma mensual, y sucesivamente hasta obtener el monto total adeudado.

Hace presente que la jurisprudencia administrativa en forma reiterada ha precisado que tratándose de inasistencias al trabajo derivadas de licencias médicas reducidas o rechazadas por las respectivas instituciones de salud previsional, procede el descuento o retención de las remuneraciones correspondientes, u obligan a la devolución de las sumas percibidas indebidamente, por tratarse de ausencias injustificadas a las labores. Aplica dictamen N°7021/2008, N°10627/2003, N°24790/2007 y N° 43760/2015. Por lo tanto, en razón de la jurisprudencia administrativa citada, su representada no estaría incurriendo en ningún acto ilegal y arbitrario en contra de doña nombre reservado, ya que, las municipalidades están facultadas para retener directamente de las remuneraciones de los funcionarios de su dependencia, las sumas que hayan percibido indebidamente por el tiempo que no trabajaron amparados en licencias médicas que hayan sido rechazadas. Finalmente, hace presente que del Dictamen N° 82937/2021 de la Contraloría General de la República se desprende que el descuento en las remuneraciones por licencias médicas rechazadas o reducidas resulta del todo procedente desde el momento que la COMPIN emite su pronunciamiento, puesto que este acto administrativo pone fin al procedimiento de reclamo dispuesto en el decreto Nº 3, de 1984, del Ministerio de Salud, el cual no contempla el recurso de apelación ante una instancia superior. Añade que la normativa vigente como la Ley N°18.883 del Ministerio del Interior que aprueba Estatuto Administrativo para funcionarios municipales en su artículo 69 indica que no podrán percibirse remuneraciones por el tiempo no trabajado.

Por su parte, el Decreto Supremo N°3 de 1984 que Aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en su artículo 63 dispone: “La devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos.”

En el mismo sentido, el artículo 67 de la Ley N° 10.336 indica el descuento desde la remuneración de los valores percibidos indebidamente por los funcionarios, asimismo, indica la posibilidad de pactar la deuda ante el Organismo Contralor.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso interpuesto en todas sus partes, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Mandato Judicial otorgándole personería; 2. Decreto Alcaldicio N° 4807 de 14 de octubre de 2024; 3. Cálculo de licencias médicas días efectivos; 4. Declaración de empresa, determinación de la base de cálculo de subsidio por incapacidad laboral para funcionarios del sector público afectos a la Ley N° 18.883 (Licencias números 10477851, 105793035 y la 106468102); 5. Planilla de licencias médicas; 6. Liquidaciones de remuneraciones de los meses de julio, agosto y septiembre de 2024; 7. Ord. N°7255 enviado por Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez a la I.M. de Combarbalá de 13 de septiembre de 2024; 8. Ord. N°450 enviado por don nombre reservado, Jefe DAEM, a doña nombre reservado; 9. Licencias médicas pagadas/rechazadas, Caja de Compensación Los Héroes; 10. Copia de correo enviado por doña nombre reservado, encargada licencias médicas, DAEM-Combarbalá, a doña nombre reservado.

TERCERO: Que, evacuó informe ANDREA CISTERNAS TIEMANN, Abogada, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de la alegación anterior, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Consta en el expediente administrativo que acompaña al informe, que la Sra. nombre reservado, por presentación de 3 de octubre de 2024, reclamó ante ese servicio por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 104772851-3, 105793035-3, extendidas por un total de 42 días a contar del 16 de julio de 2024, por reposo no justificado.

Con la finalidad de resolver la antedicha presentación, la Superintendencia procedió a recabar los antecedentes médicos del caso de la COMPIN respectiva, a saber, el registro histórico de licencias médicas (FONASA) y la CARTOLA MEDICA del Servicio de Salud.

En razón de lo anterior, esa Superintendencia, previo estudio de los antecedentes por parte de los especialistas de este servicio, y con su mérito se concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica señalada precedente no se encontraba justificado, mediante Resolución Exenta N° R-01-UNRA-158986-2024, de 10 de octubre de 2024, que dictaminó lo siguiente:

“Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 104772851-3, 105793035-3, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 105 días de reposo ya autorizados por la misma patología.

Que, resulta relevante además señalar que la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado de psiquiatra que indique evolución cronológica del cuadro clínico y compromiso funcional que le ocasiona la patología, plan farmacológico y/o ajustes de terapias, fecha probable de alta médica; copia de interconsulta o derivación a especialidad (psiquiatría). Cabe agregar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, no consta derivación a GES ni copia de carnet de psicoterapias realizadas y/o informe emitido por psicólogo(a) tratante”.

Agrega la referida Res. Ex., en su parte resolutiva, que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 104772851-3, 105793035-3, de acuerdo a lo anteriormente expuesto. Se deja constancia que, en contra de la presente resolución, se podrá interponer con nuevos antecedentes un recurso de reposición ante esta Superintendencia, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, contados desde el día siguiente de la fecha de notificación de la presente Resolución, de acuerdo a lo señalado en los artículos 59 y 25, de la Ley N°19.880 sobre procedimientos administrativos. Dicho recurso debe interponerse a través de la Página Web de la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)”.

Ahora Bien, la Sra. nombre reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, sobre Bases del Procedimiento Administrativo, pudo interponer recurso de reposición ante esa Superintendencia, acompañando los antecedentes necesarios para la justificación del reposo reclamado, situación que no ocurrió.

Agrega que el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las patologías mentales, establece en su artículo 4 número II, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “Siempre es otorgado por médico psiquiatra cualquier diagnóstico o de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal. Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días, cuando existen circunstancias especiales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente). - Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: Tratamiento farmacológico, Psicoterapia e Intervenciones Psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual), teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud, en su sitio”.

Observa que la Sra. nombre reservado, antes de las licencias médicas rechazadas, ya había cumplido reposo por 105 días autorizados, por patología psiquiátrica, no cuenta con derivación a especialista en psiquiatría, ni con informe de refractariedad o resistencia a tratamiento, ni con tratamiento farmacológico adecuado a patología por la extensión de reposo y tampoco acredita asistencia regular a terapia psicológica e intervenciones psicosociales durante toda la extensión de su reposo.

Señala que el médico tratante de la Sra. nombre reservado, doña nombre reservado, quien ha emitido las licencias médicas reclamadas, no posee la especialidad de psiquiatría, que corresponde al diagnóstico por las cuales fueron emitidas, según consta el certificado emitido por la Superintendencia de Salud, que adjunta su presentación, por tanto la Sra. nombre reservado, ya acumuló 60 días de licencias médicas, llegando al límite establecido por el Decreto Nº 7, de 2013, al tratarse dicho cuadro de salud con médico general.

Asimismo, observa que la recurrente no ha presentado las correspondientes derivaciones para acogerse a beneficio de Garantías Explícitas en Salud (GES) por salud mental, a la fecha de las licencias médicas reclamadas, por lo cual no estaría generando medidas destinadas a la recuperación de su salud en torno a un mejor manejo de la patología, según lo dispuesto por artículo N°21 del Decreto N°3, de 1984 y artículo N°4 del Decreto N°7 de 2013.

En consecuencia, con los documentos acompañados al reclamo se acredita que las decisiones objetadas se ajustan al Reglamento Sobre Guías Clínicas Referenciales, Relativas a los Exámenes, Informes y Antecedentes que deberán respaldar la Emisión de Licencias Médicas, según el tipo de patología y duración de reposo laboral, motivo por el cual procede descartar la arbitrariedad en las conductas cuestionadas lo que permite concluir, asimismo, que su representada, en cuanto organismo técnico en la materia, actuaron en el marco de sus atribuciones legales y con estricto apego a los criterios médicos de orden general, previamente definidos.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado dentro del ámbito de su competencia, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita se rechace en todas sus partes la acción, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

CUARTO: Que, evacuó informe RAMÓN ZAMBRANO BUSTOS, abogado, en representación de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO.

Solicita el rechazo del recurso, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al Sistema de Seguridad Social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que revisados los antecedentes en poder de su representada, efectivamente las licencias médicas Folio Nº 104772851, periodo del 16 de julio de 2024 al 05 de agosto 2024; 105793035, periodo del 6 de agosto de 2024 al 26 de agosto de 2024; y la 106468102, periodo del 27 de agosto de 2024 al 16 de septiembre de 2024, fueron rechazadas por considerarse que no existe causa médica que justifique el reposo; reposo prolongado para la patología, todo ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 1°, 6° y 16 del Decreto Supremo Nº 3. Tal decisión, se estampó en cada una de las resoluciones de rechazo de las licencias médicas, como puede observarse en las resoluciones que acompaña.

Informa que con anterioridad a las citadas licencias, la recurrente presenta 4 licencias médicas, periodo del 1 de abril de 2024 al 15 de julio de 2024 (105 días), todas extendidas por un médico general y por el mismo diagnóstico (trastorno de ansiedad generalizada), que las que son materia del presente recurso.

Añade que, según datos de la cartola médica de la recurrente, que acompaña, las licencias por cuyo rechazo se recurre, dan cuenta de un trastorno de ansiedad en tratamiento y episodio depresivo moderado, con mala respuesta y difícil manejo. Sin embargo, no existe un ajuste de tratamiento ni derivación a especialista, pese al prolongado reposo, sin que existan antecedentes que justifiquen la prolongación de un reposo mayor al otorgado ya, que es de 105 días.

Concluye que el actuar de su representada se ajustó al marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios administrativos y médicos dispuestos para determinar el pronóstico, lo que excluye de plano el que se esté en presencia de un acto arbitrario e ilegal. En tanto, como se ha expuesto y de acuerdo con las normas que rigen la materia, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Al efecto, el D.S. Nº 7, de 2013, del Ministerio de Salud, respecto a las patologías mentales, en su artículo 4°, número II establece, en relación con el reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “Siempre es otorgada por el médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal. Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquiatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias ocasionales que impiden un acceso a psiquiatra más frecuente). Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual). Teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud en su sitio.”

Finalmente, y en estrecha vinculación con lo anterior, la pretensión de la recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo a los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige de la expresión usada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por acto ilegal o arbitrario, sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19, numerales que indica. En el caso de la recurrente, claramente su derecho a licencia médica, y consecuentemente el subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras la revisión de esta COMPIN, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las Licencias Médicas Folios 104772851; 105793035; y 106468102, luego de estudios y análisis técnicos-administrativos realizados por expertos en la materia.

Por estas consideraciones solicita se rechace la acción de protección interpuesta en contra de su representada, en virtud de toda la información aportada, que da cuenta del actuar ajustado a la ley por parte de la COMPIN respecto de las resoluciones que rechazaron las licencias médicas Folios 104772851; 105793035; y 106468102.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de cartola médica correspondiente a la recurrente de autos, doña nombre reservado; 2. Copia de los antecedentes médicos e informes, presentados por la recurrente de autos, doña nombre reservado; y 3. Copia de las resoluciones emitidas por la COMPIN, respecto de las Licencias Médicas N.º 3-104772851-105793035-106468102 QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción esgrimida por la recurridas Superintendencia de Seguridad Social y COMPIN Región de Coquimbo, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, es relevante tener presente que este recurso se dirige, por una parte, en contra de la Resolución Exenta N°R-01-UNRA-158986-2024, de 10 de octubre de 2024, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo dispuesto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, respecto de las licencias médicas N°s 104772851-3, 105793035-3, extendidas por un total de 42 días a contar del 16 de julio de 2024, por reposo no justificado, como asimismo, respecto del rechazo dispuesto por este último organismo, respecto de la licencia médica N° 106468102, mediante dictamen de 4 de octubre de los corrientes.

A su vez, la acción impugna la determinación de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, contenida en el Decreto Alcaldicio N° 4807, de 14 de octubre de 2024, que dispone el descuento de las tres licencias médicas previamente individualizas de las remuneraciones de la actora.

NOVENO: Que, en cuanto al primer capítulo de impugnación, relativo al rechazo de las licencias médicas de la protegida, cabe hacer presente que del mérito de los antecedentes, en particular, del propio tenor de los dictámenes evacuados por las entidades de seguridad social recurridas, no cabe duda de que la argumentación otorgada devela la obligación que pesaría sobre la paciente de demostrar la viabilidad de su reposo.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología mental, de buscar uno y otro profesional del área que sea de su confianza y por el que, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante “el o los profesionales”, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante “Compin”, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante “Seremi”, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador”.

De todo lo anterior, fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de estas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren lo derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

DÉCIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada a la paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando a la paciente en una situación compleja, en que debe ser ésta quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron.

UNDÉCIMO: Que, por su parte, en relación al segundo capítulo de impugnación, relativo a los descuentos efectuados a la remuneración de la actora por su empleadora, cabe señalar que el presente recurso, por mandato constitucional, no se circunscribe únicamente a analizar la legalidad de un determinado acto, sino también su razonabilidad, y desde aquella perspectiva, sin perjuicio de las normas legales y jurisprudencia administrativa que se invoca en el informe y que eventualmente avalaría el proceder de la municipalidad recurrida, no es menos cierto que efectuar un descuento de remuneraciones por el rechazo de licencias médicas cuyo procedimiento de autorización aun no se encuentra afinado constituye un acto arbitrario, lo que amerita acoger el recurso también en relación a este acápite.

DUODÉCIMO: Que, este actuar de las recurridas atenta evidentemente contra las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta la vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que la trabajadora, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ COQUIMBO (COMPIN) y en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL, solo en cuanto se dispone que la Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer la realización a la recurrente, por el órgano que corresponda, de todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 10477851, 105793035 y 106468102, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de disponerse derechamente el pago de las referidas licencias médicas, en el evento de no darse cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo previamente indicado.

III.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COMBARBALÁ, solo en cuanto se ordena que la recurrida previamente individualizada deberá dejar sin efecto los descuentos de las remuneraciones de la recurrente, que tienen su origen en el rechazo de las licencias médicas materia del presente recurso, dispuesto mediante Decreto Alcaldicio N° 4807 de 14 de octubre de 2024, como asimismo proceder a la devolución de todas las sumas que hayan sido descontadas por tal concepto, en su caso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1738-2024 (Protección).