nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol N°1737-2024.- La Serena, diez de diciembre dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que a folio 1, el 01 de noviembre de 2024, comparece don Sebastián Araya Bonilla, abogado, en favor de don nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región de Coquimbo, representada por doña nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la aplicación de la sanción de multa de 10 unidades tributarias mensuales, no obstante haber remitido los antecedentes solicitados, lo que indica vulnera los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso mencionando en que el recurrente es médico cirujano de profesión y que el 17 de septiembre de 2024 recibió un correo electrónico de la recurrida COMPIN en que se adjunta el Ordinario N°2404412261, en virtud del cual le solicitaron la entrega de informes médicos, fichas clínicas y copia de bono o boleta de la atención médica relacionados con una nómina de 17 pacientes. Agrega que se le ordenó remitir la información mediante un formato preestablecido, que exige la recopilación y análisis de la situación particular de cada paciente, implicando un trabajo dispendioso que, además, exige la digitalización de la documentación junto con las fichas y copias de bonos o boletas, cumpliendo con la entrega de la información solicitada.

Añade que posteriormente se le remite ñor la entidad y por la misma vía copia de la Resolución Exenta N°240441226102 de fecha 03 de octubre de 2024, mediante la cual se le aplican las siguientes sanciones a) Multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales; y b) suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas por un plazo de 15 días, a contar del 09 de octubre de 2024. Lo anterior bajo el fundamento el informe médico de 8 pacientes no cumple con los datos requeridos en el modelo de informe médico de COMPIN. Respecto de los restantes pacientes no se formula ninguna observación y se señala que se encuentran validadas las fichas clínicas y boletas o bonos de todos los pacientes, procediendo en forma inmediata a remitir la información, lo que conllevó a que fuera dejada sin efecto la sanción de suspensión de emisión de boletas, manteniéndose vigente la de multa.

Manifiesta que dicho acto es ilegal y arbitrario, por cuanto infringe el artículo 17 letra f) de la ley N°19.880, que impone a la autoridad la obligación de tratar a los administrados con respecto y deferencia, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones. Lo anterior por cuanto, pese a haber cumplido con la entrega de toda la documentación solicitada, le fueron impuestas sanciones debido únicamente a una discrepancia en el formato de los informes médicos presentados.

Añade que no existe un fundamento objetivo para la sanción inicial.

Alega igualmente infracción a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20.585, precepto que contempla la posibilidad de la recurrida de solicitar antecedentes, por cuanto el plazo para responder un requerimiento de información de esta naturaleza se concibe para un caso concreto, en que exista sospecha cierta de emisión de licencia sin fundamento, no para un conjunto copioso de licencias como el caso sub-lite.

Menciona igualmente infracción del artículo 13 de la Ley 20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, existiendo confidencialidad de la ficha clínica, sin que el artículo 2 de la ley N°20.585, habilite a las COMPIN para requerirla, siendo su actuar contrario a la legalidad, situación que se replica respecto de los bonos o boletas de atención.

Acota que, además, el actuar de la recurrida es arbitrario, por cuanto se ha ejercido la facultad dispuesta en el artículo de la Ley N°20.585, en forma desmesurada, sin permitir al administrado dar respuesta satisfactoria en el plazo que establece la ley, exigiendo además la entrega de información sensible.

Alega igualmente que el actuar de la Comisión también contraviene el principio de proporcionalidad que rige la actuación de la Administración, el cual exige que las sanciones sean adecuadas y razonables en relación con los hechos que las motivan, por cuanto la única objeción fue de carácter formal y no afectaba la validez ni el contenido de la información, por lo que la sanción impuesta resulta arbitraria y desproporcionada.

Indica que los hechos en comento vulneran y/o amenazan los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Respecto de la vida y la integridad física y psíquica, más allá del perjuicio evidente a la integridad de mi representado, se está arriesgando la vida de sus pacientes. Aclara en este punto que, si bien la sanción aplicada por la COMPIN de suspensión de venta de talonarios y de la facultad de emitir licencias médicas fue dejada sin efecto, existe una amenaza de que nuevamente la recurrida pueda iniciar otra fiscalización y aplique sanciones, con las consecuencias que ello genera en su persona y pacientes.

En cuanto a la igualdad ante la ley, menciona que se encuentra en una hipótesis de desigualdad frente a otros profesionales a quienes no los hostigan con solicitudes de información de este tipo y cuestionamientos del formato del informe médico entregado.

En lo relativo a la libertad de trabajo se ve gravemente amenazada, porque puede verse privado nuevamente de una herramienta fundamental para la atención de sus pacientes, en caso de que se produzca otra fiscalización similar que aplique sanciones de suspensión de venta de talonarios y de su facultad de emitir licencias médicas.

Finalmente, respecto del derecho de propiedad indica que el derecho de su representado como profesional de la medicina para emitir licencia médica es parte de su patrimonio y está siendo amenazado.

Pide tener por interpuesto recurso de Protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, y se ordene: 1°Que deje sin efecto todos los requerimientos de información remitidos a su representado mediante correos electrónicos o cartas certificadas relacionados con la fiscalización, incluyendo las resoluciones ya dictadas y, especialmente aquellas que aplicaron sanciones de suspensión de facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios y/o multas. 2° Que se abstenga en el futuro de efectuar requerimientos similares, limitando su actuación a una menor cantidad de informes requeridos, a la cantidad de 3 por requerimiento o lo que S.S. I. estime prudente y razonable. 3° Que se adopten las medidas necesarias que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos vulnerados y amenazados. 4° Que se condene en costas a la recurrida.

Acompaña a su presentación, los siguientes documentos: 2.- Copia del Ordinario N°2404412261, de fecha 17 de septiembre de 2024, dictado por la COMPIN COQUIMBO.3.- Copia de la Resolución Exenta N°240441226102, de fecha 03 de octubre de 2024, dictado por la COMPIN COQUIMBO.4.- Certificado de deuda relacionado con la multa aplicada por la COMPIN COQUIMBO.

SEGUNDO: Que, a folio 9, el 28 de noviembre de 2024, don Ramón Zambrano Bustos, abogado, en representación de la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez región de Coquimbo, evacúa el informe requerido.

Alega, en primer término, la pérdida de oportunidad del recurso. Al respecto explica que mediante Resolución Exenta N° 24441226103, de fecha 07 de octubre de 2024, la COMPIN de la Región de Coquimbo, puso término a la sanción de venta de talonarios de licencias médicas y de la facultad de emitirlas, en atención a los antecedentes complementarios presentados por el recurrente. Indica que dicha información permitió completar el procedimiento instruido en virtud de lo dispuesto en la Ley 20.585.

Acota que lo anterior no obsta a que no habiéndose cumplido con lo ordenado dentro del plazo dispuesto se proceda a cursa la multa, en virtud de la aplicación del Artículo 2 de la Ley 20.585, que en lo atingente establece “…Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso. La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales.”

Conforme a lo anterior indica que el presente recurso de protección debe ser rechazado por falta de oportunidad, por cuanto el supuesto acto ilegal o arbitrario que lo motivo, esto es, el procedimiento administrativo por el cual se impuso una sanción indicada en el numeral 1, ha sido dejada sin efecto, y por otro lado la multa cursada se encuentra fundamentada en los hechos y el derecho, por lo que no hay medida alguna que se adoptar para restablecer el imperio del derecho, en el evento que así haya ocurrido.

En subsidio y en lo relativo a la imposición de la multa aplicada, refiere que aquello es una facultad dispuesta en el artículo 2 de la Ley 20.585, que es procedente al caso de autos, por haberse retardado la entrega de los antecedentes solicitados, todo dentro del marco de fiscalización de la Compin, en el resguardo de la correcta focalización de los recursos públicos.

Indica que el actuar referido no corresponde a una conducta antojadiza, caprichosa o arbitraria, como se ha insinuado sistemáticamente por el recurrente en la presente acción de protección, por cuanto ha sido ejercida en una hipótesis claramente fundada, pues acá se parte de un presupuesto razonable y perfectamente acotado, cuál es, la necesidad de verificar si determinados usuarios recibieron los beneficios de salud que se financiaron a través del sistema público de salud; habida consideración que al menos una muestra de dichos usuarios, denunciaron o declararon, dentro de un procedimiento administrativo de fiscalización, no haber recibido beneficios del sistema a través de prestaciones de la recurrente.

En lo referente a la solicitud de la ficha clínica, arguye que la ley faculta al Ministerio de Salud y por consecuencia a la COMPIN, que, para la determinación y otorgamiento de beneficios de salud pueda “requerir de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, la información que fuere necesaria”; todo ello conforme, con lo prescrito en el artículo 4 N° 5 del Decreto Ley N° 1, del año 2005.

Respecto del plazo concedido a los prestadores fiscalizados para que entreguen los antecedentes solicitados, se encuentra expresamente regulado en el artículo 2 de la ley 20.585, el cual establece que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos”. Atendido a que la norma específica contempla un cómputo del plazo distinto al indicado en la Ley N° 19.880, es que este cuerpo legal, no puede ser considerado a estos efectos Culmina indicando que, en síntesis, esta Comisión médica ha actuado conforme a derecho, con ausencia total de ilegalidad o arbitrariedad alguna. Ello, porque todo el actuar cuestionado cuenta con respaldo en sus atribuciones constituidas de forma previa y por ley, lo que trae como consecuencia un respeto irrestricto de las garantías constitucionales con especial apego a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia en PFD del Ordinario N°2404412261, de fecha 17 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante el cual se inicia proceso de fiscalización y solicita remisión de antecedentes e informes complementarios, 2. Copia en PFD del Ordinario N° 240441226101, de fecha 25 de septiembre de 2024, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante el cual se reitera remisión de antecedentes e informes complementarios. 3. Copia en PFD de la Resolución Exenta N° 240441226102, de fecha 03 de octubre de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se aplica multa y suspende facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios. 4. Copia en PFD de la Resolución Exenta N° 240441226103, de fecha 07 de octubre de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se pone término a la sanción de venta de talonarios de licencias médicas y de la facultad de emitirlas. 5. Copia de envió de notificación de la resolución que pone termino a la sanción, comprobante de Correos de Chile N° 6000251727958, de fecha 07 de octubre de 2024. 6. Copia de mail de fecha 07.10.2024, que informa cierre recepción informes. 7. Copia en PFD de los reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU, que permite analizar el comportamiento del fiscalizado de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas por don nombre reservado. 8. Copia de Dictamen N°E369310/2023 de fecha 18/07/2024, emitido por la Contraloría General de la República, 9. Copia de Circular SUSESO N°3523, de fecha 21-07-2020, mediante la cual se imparte instrucciones para la aplicación de la ley n° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Deja sin efecto circular n° 2827 de fecha 14 de mayo del año 2012 de la Superintendencia de Seguridad Social6; y 10. Copia de publicación realizada por FALMED en su página web www.falmed.cl, mediante la cual exponen en la gaceta jurídica pública, dedicada a la asesoría de médicos en Chile, respecto del objeto y las particularidades de forma pormenorizada del procedimiento cuestionado en la presente acción. ¿Cuáles son las sanciones que arriesgan los profesionales que emiten licencias médicas sin fundamento médico? La Ley N° 20.585, publicada el 11 de mayo de 2012, establece la aplicación de medidas de control, fiscalización y sanciones para profesionales médicos y contralores de Isapres, ante conductas fraudulentas, ilegales o abusivas en la emisión y evaluación de las licencias médicas.7 11. Mandato judicial, otorgado en la Notaría Reinoso de La Serena, de fecha 25 de agosto del 2023.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por el presente recurso se cuestiona la Resolución Exenta N°240441226102 de 03 de octubre de 2024, emitida por la recurrida y en cuya virtud se sancionó al recurrente con la suspensión de la facultad de emitir licencia médica por el plazo de 15 días y con una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales, por no haber dado cumplimiento a la remisión de los antecedentes requeridos en el ordinario N° 2404412261.

SEXTO: Que, previo al análisis del fondo del asunto, resulta necesario pronunciarse respecto de la alegación de la recurrida en cuanto a haber perdido oportunidad el presente recurso.

Que, teniendo presente que el recurso deducido cuestiona la legalidad y razonabilidad de la sanción de multa impuesta, la que se mantiene no obstante el haberse dejado sin efecto la suspensión de la facultad de emitir licencia, no es posible concluir la pérdida de oportunidad alegada, al mantenerse hasta hoy la decisión impugnada y parte de sus efectos, motivo por el cual se desechará dicha alegación.

SÉPTIMO: Que, ahora bien, según lo dispone el artículo 2 de la Ley 20.585 las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

OCTAVO: Que, de la normativa expuesta y tal como ha sostenido esta Corte en otras oportunidades, es posible desprender que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez cuenta con amplias facultades para fiscalizar a los profesionales que emitan licencias médicas, ya sea a través de citaciones, entrevistas o requerimientos de información, lo que se ve reforzado, además, por la posibilidad de imponer sanciones como aquellas que son objeto del presente arbitrio constitucional.

Sin embargo, no cualquier incumplimiento de parte del prestador fiscalizado habilita para la aplicación de las multas y suspensiones contempladas en el artículo 2 inciso segundo de la Ley 20.585. En efecto, la normativa en análisis establece como hipótesis que torna procedente la imposición de una multa, que exista un incumplimiento reiterativo, al señalar como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”. De concurrir cualquiera de estas situaciones, la Ley habilita a la Comisión para imponer multa de hasta 10 Unidades Tributarias Mensuales, mediante resolución fundada.

Más estricto aún ha sido el legislador para permitir que la Comisión proceda a la suspensión de la venta de formularios de licencias médicas, así como de la facultad para emitirlas, caso en el cual se exige que, además de los requisitos precedentemente referidos, se trate de un “caso calificado”.

Adicionalmente, tratándose en la especie de un acto administrativo sancionador, el deber de fundamentación se encuentra reforzado por el principio de imparcialidad previsto en el artículo 11 de la Ley N°19.880, que prescribe que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares. En similares términos discurre el artículo 41 del mismo cuerpo legal el que, además, ordena que la resolución respectiva exprese los recursos que proceden en su contra, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieren de presentarse y el plazo para su interposición.

NOVENO: Que, según se colige del ordinario Nº 2404412261 de 17 de septiembre de 2024, fue requerido al recurrente la remisión de antecedentes e informes complementarios, de un total de 17 pacientes, solicitándole un informe médico de acuerdo con formato que en el requerimiento se anexa, la ficha clínica de cada paciente -junto con información de ésta- y copia del bono o de la boleta de la atención médica correspondiente, en un plazo de siete días corridos.

Luego, con fecha 25 de septiembre en curso se dicta un nuevo Ordinario en el que se le requiere precisar de mayor información sobre “algunos” de los 17 pacientes mencionados previamente. De esto es dable concluir que el recurrente cumplió con la remisión de la información solicitada, aunque alguna de ella fue reparada por la entidad recurrida.

Finalmente, el 3 de octubre de este año se dicta el acto recurrido y el 7 de ese mismo mes y año se dicta un nuevo Ordinario, en el que se deja sin efecto la sanción de suspensión de emitir licencias, perviviendo la multa.

DÉCIMO: Que los hechos antes expuestos han resultado suficientemente acreditados, por no mediar oposición sobre la ocurrencia en la forma en que ambas partes los reconocen.

Lo que corresponde a esta Corte, entonces, radica en analizar si la intervención de la entidad recurrida ha sido arbitraria y/o ilegal o, por el contrario, ha obrado en la esfera de sus atribuciones.

Al respecto digamos que, como se sostuvo en el motivo octavo precedente, la ley ha otorgado a la Compin la facultad de requerir información y, ante determinadas conductas típicas, el poder de cursar multas o aplicar otras sanciones.

Nada diremos respecto de la sanción que fue dejada sin efecto, pues a su respecto no hay medidas que esta Corte pueda arbitrar.

Pero, en relación a la imposición de la multa, ella procede ante la ocurrencia de un incumplimiento reiterativo, al señalar la norma del art. 2 de la Ley N°20.585 como presupuestos “la inasistencia injustificada y repetida a las citaciones”, “la negativa reiterada a la entrega de los antecedentes solicitados” y “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto”.

Si consideramos los hechos no controvertidos, es dable consignar que el actor cumplió con las exigencias cursadas por la recurrida y no puede predicarse de él que ha incumplido de forma reiterada, pues dio respuesta al oficio de 17 de septiembre, que requería información de 17 pacientes conforme a una modalidad administrativa impuesta por Compin y luego, el 25 de ese mes, se reitera la petición, debido a que parte de la información recibida no estaba conforme a lo solicitado. Dicha exigencia fue satisfecha. Tanto es así que aquello llevó a dejar sin efecto la sanción más gravosa aplicada al actor, cual es la suspensión de emitir licencias. Y si dicha sanción fue dejada sin efecto, no aparece congruente que ante los mismos hechos una de las dos sanciones se mantenga cuando, insistimos, no media “incumplimiento reiterado”.

UNDÉCIMO: De esta forma la conducta de la entidad recurrida, al mantener la multa impuesta, se ha verificado fuera del ámbito de sus competencias, al producirse bajo hechos ajenos a las causales legales que ameritan su imposición, lo que hace posible calificarla de ilegal.

Y además su actuar es arbitrario, pues decide alzar una y mantener la otra sanción, a pesar de haberse cumplido las exigencias cursadas. Cumplido, porque aquello justificó el alzamiento de la sanción más gravosa y, sin mayor explicación y ante mismos hechos, se mantiene la sanción pecuniaria, no obstante no mediar “incumplimiento reiterado”.

Dicha conducta afecta los derechos y garantías del actor, al menos en su integridad psíquica y su propiedad; la primero, por cuanto resulta sancionado el profesional fuera de los márgenes de la ley y de la razonabilidad y, la segunda, pues el pago afecta su patrimonio.

DUODÉCIMO: Lo anterior permite acoger el libelo, aunque en parte.

En efecto, de la lectura del petitorio, gran parte de las medidas que requieren resultan improcedentes, pues importaría sostener que la Compin requirió información al actor sin estar facultada para ello o discutir cuándo ésta ejecuta tal labor. Y aquello no es acorde a derecho.

Ya hemos sostenido previamente que la entidad sí cuenta con tal poder sancionatorio, por lo que impedir que, en lo sucesivo, le requiera información, es alejarse de la norma, brindándole una suerte de impunidad al actor de la que carece. Cosa distinta es que las facultades se ejecuten dentro de sus competencias, lo que no ocurrió acá y será corregido como se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez región de Coquimbo, solo en cuanto se deja sin efecto la multa impuesta por Resolución Exenta N° 240441226102 de 03 de octubre de 2024.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el Ministro señor Felipe Pulgar Bravo.

Rol N°1737-2024 Protección.-