nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES Y OTRO

nombre reservado

Subsecretaría del Interior y otro.

Recurso de protección Rol N°173-2025 La Serena, siete de abril de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Luis Thayer Correa, y en contra de la Subsecretaría del Interior, representada por su titular, don nombre reservado, fundado en la emisión del acto administrativo contenido en la Resolución Exenta N°28.336, de fecha 1 de agosto de 2024, notificada el 7 de enero de 2025, que rechazó la solicitud de regularización extraordinaria contemplada en artículo 155 N°9 la ley 21.325, presentada por la recurrente.

Refiere que doña nombre reservado motivada por la difícil situación socioeconómica de su país de origen, ingresó al país por paso fronterizo no habilitado. Agrega que, en nuestro país, inició su proyecto de vida, junto con formar su familia nuclear en virtud del nacimiento de sus hijos de nacionalidad chilena nombre reservado e nombre reservado, de dos y un año, respectivamente.

Indica que, el 23 de febrero de 2024, presentó una solicitud de regularización extraordinaria en los términos del artículo 155 N°9 de la Ley 21.325, acompañando antecedentes que acreditaban arraigo familiar, social y laboral, tales como certificados de nacimiento de sus hijos, oferta laboral, certificado de afiliación a FONASA, antecedentes penales apostillados, declaración de ingreso clandestino y comprobante de empadronamiento exitoso.

Explica que, sin embargo se rechazó su postulación sin la debida fundamentación, lo que e impide a la recurrente regularizar su situación migratoria, encontrándose condenada a la irregularidad como consecuencia de esta decisión que no ha sido resuelta conforme a derecho, vulnerando sus derechos humanos.

Indica que la recurrente desde su ingreso ha mantenido una conducta intachable, no teniendo sanciones administrativas o penales, como tampoco lo tiene su país de origen, además realizó la declaración voluntaria de ingreso clandestino y participó en el empadronamiento, teniendo arraigo familiar y sus hijos de nacionalidad chilena.

Señala que en el caso de marras, se reclama respecto de la decisión caprichosa y arbitraria de la recurrida en resolver la solicitud del recurrente de acuerdo al artículo 155 N°9, en virtud de que no efectuó una debida ponderación de los antecedentes aportados, por lo que la decisión de la recurrida deviene en arbitraria e ilegal, siendo que no se encuentra sustentada jurídicamente. Explica que la resolución impugnada señala lo siguiente:

““[…]Que, sin perjuicio de lo anterior, y según se desprende del análisis de los antecedentes acompañados al requerimiento de regularización migratoria efectuado por la parte solicitante, es posible apreciar que aquella no ha aportado antecedentes suficientes que permitan a esta autoridad considerar que se está ante un caso calificado o humanitario, por cuanto se limita a pedir a la autoridad que regularice su condición migratoria, aludiendo a situaciones que no son de especial consideración, sino más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares[…]”.

Indica que, sin embargo, la recurrida no señala cuales son los antecedentes necesarios para acreditar la hipótesis humanitaria o los casos calificados; no realiza un análisis de los antecedentes que se acompañaron durante la solicitud de regularización extraordinaria, por lo tanto, incurre en una manifiesta falta de fundamentación, lo que representa la inobservancia en el artículo 41 de la Ley 19.880 arriba desarrollado.

Agrega que, lo anterior vulnera las garantías fundamentales señaladas en el artículo 19 N°2 y N°3 de la Constitución Política de la República, referente al debido proceso siendo que el procedimiento administrativo tiene que ser racional y justo, a efectos de desenvolverse de forma lógica y acorde a la ley, carente de arbitrariedades y justo, en tutelar los derechos fundamentales de los administrados, por lo tanto, al no señalarse los antecedentes y más aún, el rechazar la solicitud, vulnera el debido proceso, con el agravante de desmembrar a una familia, al separar al recurrente de sus dos hijos, doña nombre reservado de 2 años e nombre reservado de 1 año y 1 día de nacido, ambos de nacionalidad chilena.

Por todo lo expuesto, solicita acoger el recurso de protección, declarando la ilegalidad y arbitrariedad de la resolución impugnada Resolución Exenta 28336 de fecha 01 de agosto de 2024 y notificada con fecha 07 de enero de 2025, dictada por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, acogerlo a tramitación, ordenando dejar sin efecto la resolución que se recurre por ilegal y arbitraria, disponiendo a realizar un nuevo estudio documental, a los fines de decidir conforme a derecho la solicitud formulada.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N° 28336; 2. Cédula de identidad del país de origen del recurrente don nombre reservado; 3. Certificado de nacimiento de sus hijos de nacionalidad chilena que acreditan el vínculo con nombre reservado; 4. Oferta de trabajo de doña nombre reservado; 5. Antecedentes penales apostillados del país de origen de nombre reservado; 6. Tarjeta de extranjero infractor de nombre reservado

SEGUNDO: Que, a folio 4 informa el recurso don Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, en representación de la Dirección Regional de Coquimbo.

Explica que doña nombre reservado, recurre de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, por la dictación de la Resolución Exenta 28.336 de fecha 01 de agosto de 2024, de la Subsecretaría del Interior, que rechazó su solicitud de regularización extraordinaria.

En virtud de lo anterior alega la incompetencia del Servicio Nacional de migraciones para informar sobre los hechos narrados por la recurrente señalando que es la subsecretaría del interior a la que le corresponde informar el fondo del recurso.

TERCERO: Que informa el recurso don Alejandro Santana Castillo, abogado, en representación de la Subsecretaria del Interior.

En primer lugar, reseña antecedentes de derecho sobre la solicitud impetrada, señalando, en síntesis, que la normativa actual contempla dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y, otra, de carácter excepcional, de aplicación particular, para casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario ya referido.

Manifiesta que la acción de protección es de naturaleza cautelar, excediendo el presente recurso las materias que deben ser conocidas en esta sede, por cuanto no es pertinente declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas, como acontece en la especie con las solicitudes de regularización de la condición migratoria de una persona extranjera. En efecto, en el ordenamiento jurídico nacional existen otras vías idóneas administrativas de lato conocimiento, como lo establece el artículo 139 de la Ley N°21.325, el que reconduce a los recursos establecidos en la Ley N°19.880.

Expresa, asimismo, que la recurrente pretende cuestionar aspectos del ejercicio de atribuciones de tal autoridad administrativa, lo que escapa del sentido y alcance propio de este remedio judicial.

Argumenta que, en el caso concreto, la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por el recurrente y en virtud de ellos, consideró que a su respecto no se configura un caso excepcional, calificado o humanitario, lo que se indica expresamente en la parte considerativa de la resolución que por esta vía se reprocha. Lo anterior, por cuanto quien recurre fundamenta su petición de regularización migratoria en situaciones fácticas de carácter genérico, relacionadas con su bienestar económico, laboral y/o personal, que no logran configurar una afectación en concreto, lo suficientemente especial, como para que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia.

Explica que el solo hecho de solicitar el otorgamiento de un permiso de residencia temporal, por caso calificado o humanitario, significa que la persona extranjera ha incurrido previamente de manera voluntaria en una o más contravenciones a la normativa migratoria, que normalmente podrían ser sancionables incluso con la expulsión del país, no pudiendo imputar las consecuencias que de ello deriven a la Administración ni al rechazo de la solicitud.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso con costas.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, en primer término el presente recurso se rechazará respecto del Servicio Nacional de Migraciones en atención a que no fue el órgano que dictó la resolución impugnada en estos autos, no existiendo, en consecuencia, un acto ilegal o arbitrario a su respecto.

SÉPTIMO: Que, de otro lado, por la presente acción constitucional, se recurre en contra de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, por la dictación de la Resolución Exenta 28.336, de fecha 01 de agosto 2024, que rechazó la petición de regularización extraordinaria, la cual es calificada de ilegal y arbitraria.

Por otra parte, cabe hacer presente que el órgano recurrido manifestó que no existe tal ilegalidad ni arbitrariedad, por cuanto ponderó debidamente los antecedentes aportados y en virtud de ellos consideró que respecto del recurrente no se configura un caso excepcional, calificado o humanitario.

OCTAVO: Que, se debe tener presente que la principal razón planteada por la recurrente dice relación con que la actora se convirtió en madre de dos niños nacidos en territorio nacional, lactantes de actuales 2 y 1 año respectivamente, por lo que la decisión de la autoridad administrativa de rechazar la solicitud de regularización migratoria presentada por la recurrente, deja en evidencia que el Ministerio del Interior no consideró el interés superior del niño, como estaba obligado, dejando sin aplicación la normativa migratoria actualmente vigente, que impone al Estado el deber de considerar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, migrantes, con independencia de la situación de sus padres, tal como lo establece el inciso final del artículo 2 de la ley 21430 que impone al Estado “adopte todas las medidas administrativas, legislativas o de otro carácter para la defensa y protección, particular y reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes provenientes de grupos sociales específicos, tales como migrantes, pertenecientes a comunidades indígenas o que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, garantizando su pleno desarrollo y respeto a las garantías especiales que les otorgan la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, los demás tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes y las leyes.”, por lo que es dable concluir que rechazo de los antecedentes por parte de la Subsecretaria resulta ilegal puesto que no dio cumplimiento a dicha obligación.

En particular, la Resolución impugnada de 01 de agosto 2024, señala en el considerando 8° “Que, sin perjuicio de lo anterior, y según se desprende del análisis de los antecedentes acompañados al requerimiento de regularización migratoria efectuado por la parte solicitante, es posible apreciar que aquella no ha aportado antecedentes suficientes que permitan a esta autoridad considerar que se está ante un caso calificado o humanitario, por cuanto se limita a pedir a la autoridad que regularice su condición migratoria, aludiendo a situaciones que no son de especial consideración, sino más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares”.

Que, en el mismo sentido, se consideran suficientes razones humanitarias los derechos de los niños, hijos de la recurrente, derechos consagrados no solo en nuestra legislación interna sino también en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, norma que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como consideraciones primordiales, criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas, lo que determina que todas las decisiones que se tomen por cualquier autoridad - incluida la judicial - y que afecten a un niño, niña o adolescente, deben ir orientadas a su bienestar y pleno ejercicio de sus derechos.

Además, en el orden del ordenamiento jurídico nacional estas garantías están reconocidas en el ámbito del principio de fortalecimiento y protección de miembros de la familia, lo que se encuentra en el artículo 1 de la Constitución Política de la República, al reconocer que: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, en los artículos 68 a 80 bis de la Ley de Tribunales de Familia, que concretan la protección de los miembros vulnerados de la familia mediante el fortalecimiento de las relaciones familiares.

Que, enseguida, el arraigo familiar se relaciona con el principio de unidad familiar, que consiste en el derecho de toda persona a no ser separada de su familia por decisión del Estado, el que debe abstenerse de realizar acciones tendientes a tal separación forzada y propender a la protección y fortalecimiento de la familia, tal como lo reconoce el citado artículo 1 de la Carta Fundamental.

NOVENO: Que, conforme a la normativa migratoria actualmente vigente, que impone al Estado el deber de considerar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, con independencia de la situación de sus padres, es dable concluir que el rechazo a la solicitud de regularización migratoria fue arbitrario al no haber ponderado como suficientes razones humanitarias el interés superior de los niños, hijos lactantes de la recurrente, lo que la deja en una situación de indefensión, expuesta a que se notifique una orden de expulsión a la recurrente en caso de existir, y sin haber adoptado medida alguna para garantizar los derechos de los hijos de la recurrente, lo que lleva a acoger el recurso, según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, el recurso de protección deducido en contra del Servicio Nacional de Migraciones y SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior, dependiente del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública y el Servicio Nacional de Migraciones, por lo que se deja sin efecto la Resolución Exenta N°28.336, de fecha 1 de agosto de 2024, notificada el 7 de enero de 2025, que rechazó la petición de la actora y en su lugar se dispone que deberá acogerse la solicitud de regularización extraordinaria contemplada en artículo 155 N°9 la Ley 21.325, presentada por la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°173-2025 Protección.-