Recurso de protección

nombre reservado

nombre reservado

Recurso de protección Rol N°1726-2026 La Serena, veintiuno de octubre de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, doña nombre reservado, chilena, casada, abogada, cédula nacional de identidad N°NUM000, actuando por sí, domiciliada domicilio reservado, deduce recurso de protección en contra de doña nombre reservado

nombre reservado, Fiscal Judicial de la Primera Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de La Serena, domiciliada en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en una serie de graves imputaciones en efectuadas en su contra, consignadas en el Informe de Fiscalización confeccionado el 25 de junio de 2026, firmado el 2 de julio del presente, con motivo de la fiscalización efectuada al Conservador de Bienes Raíces, Comercio, Minas, Aguas y Archivero Judicial de las comunas de Los Vilos y Canela, el día 2 de junio de 2026, informe que se ordenó publicar en la página web institucional del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos a partir del día 28 de agosto de 2026, informe de libre acceso al público, respecto de lo cual tomó conocimiento el 1 de septiembre de 2026, actuar que vulnera las garantías constitucionales establecidas en los numerales 4 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refiere que, durante la visita efectuada por la recurrida en el Conservador de Los Vilos, el 2 de junio de 2026, se efectuaron entrevistas a diversos funcionarios, y, en el informe realizado al respecto, en el acápite VIII denominado Observaciones Generales, Malas Prácticas, se concluye que “Durante la visita de fiscalización se realizaron entrevistas reservadas a distintos funcionarios del oficio, cuatro de ellos manifestaron que doña nombre reservado, quien se presenta como abogada del Conservador de Bienes Raíces concurre habitualmente a las dependencias del oficio e imparte instrucciones verbales y escritas al personal. Asimismo, señalaron que participa en reuniones con los funcionarios, incluso fuera de las dependencias del oficio, en las que comunica decisiones atribuidas al Conservador y aborda incluso materias relacionadas con la continuidad de la relación laboral de funcionarios… Los funcionarios entrevistados manifestaron que la intervención de dicha persona quien es reconocida como la pareja del Conservador y Archivero Judicial, ha generado un deterioro del clima laboral, atribuyéndole episodios de trato inadecuado por las órdenes que les da aun cuando no es parte de la dotación del oficio, se señaló que el Conservador tiene conocimiento de estas situaciones, sin adoptar medidas para corregirlas”.

Agrega que, al momento de efectuarse la visita, no se encontraba el titular del oficio, señor Mario Lopomo Olmos, así como tampoco ella, ya que no es trabajadora dependiente del Conservador, sino que presta servicios profesionales como abogada independiente.

Señala que las imputaciones efectuadas en su contra transgreden limites infranqueables, excediendo la calificación de los hechos la constatación objetiva, proyectando un abuso de autoridad que no ha existido, recalcando agresiones y malos tratos hacia funcionarios, además, sostiene que mantendría una relación amorosa con el señor nombre reservado, desacreditando su honra y calidad profesional, conculcando sus derechos a la honra y salud mental, impactando gravemente la percepción de su trayectoria profesional de más de 20 años, lo cual evidencia la falta de prolijidad de la recurrida en la investigación.

Prosigue citando antecedentes de derecho e indica que el actuar denunciado, consistente en la instrucción emitida por la recurrida al Conservador, en orden a publicar su informe de fiscalización sin medir las consecuencias que puede provocar en terceros, resulta arbitrario e ilegal, exponiéndola a un menoscabo reputacional que exceden las facultades fiscalizadoras de la recurrida, ya que los respectivos informes no pueden contener opiniones ni recomendaciones, identificándola personalmente y enunciando actos y conductas poco profesionales.

Concluye solicitando, se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida tarjar o suprimir del informe disponible en la página web del Conservador de Bienes Raíces, Comercio, Minas, Aguas y Archivero Judicial de las comunas de Los Vilos y Canela, en el cual se haga referencia a doña nombre reservado, Acápite VIII. Observaciones Generales. N°2 Malas Prácticas Detectadas o disponer cualquier otra medida que esta Corte estime necesaria para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, a folio 11, doña nombre reservado, fiscal judicial de esta Corte, evacúa el informe.

Señala que, conforme lo previsto en los artículos 353 N°2 y 353 bis del Código Orgánico de Tribunales, relativos a la obligación de supervisar la conducta funcionaria del personal de la segunda serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial y con el objeto de promover los procedimientos disciplinarios frente a la detección de faltas, abusos o incorrecciones, el 2 de junio de 2026, se constituyó en las dependencias del Conservador de Bienes Raíces y Archivero Judicial de Los Vilos, oportunidad en la cual ejercía como Conservador suplente don Julián Andrés Herrera Horta, efectuándose la fiscalización conforme la respectiva pauta y, en relación al personal del oficio, se cotejó la nómina de personal, las declaraciones de parentesco, los certificados del sistema PREVIRED, contratos de trabajo y anexos de contrato de todo el personal, entre los que no figura la recurrente.

Refiere que, en relación al clima laboral, se informó a los miembros del oficio la disponibilidad para ser oídos, garantizándose confidencialidad en caso que así se requiera, instancia en la que funcionaros pidieron hablar, exponiendo un relato concordante en cuanto a desconocer la labor de la recurrente, ya que asistía al oficio, daba instrucciones verbales y escritas, citando, en algunas ocasiones, a reunión fuera del oficio a las funcionarias, a fin de dar a conocer decisiones atribuidas al Conservador y abordar materias sobre la continuidad de la relación laboral, situaciones que tenían confundidos a los funcionarios, añadiendo que tal circunstancia ha generado un deterioro del clima laboral, atribuyéndole episodios de trato inadecuado, señalando que el Conservador tiene conocimiento de la situación, sin adoptar medidas para corregirla, por lo que se le instruyó, en la pauta de fiscalización, que deberá limitar la participación de terceros en la gestión del oficio, procurando que las instrucciones al personal y las decisiones relativas a la organización interna sean impartidas por quien cuente con una vinculación formal y facultades claramente definidas y, adoptar medidas destinadas a fortalecer el clima laboral, establecer canales formales de comunicación y atender oportunamente las situaciones que puedan afectar la convivencia y el adecuado funcionamiento del oficio.

Prosigue señalando que el informe fue puesto en conocimiento del Conservador, don Mario Lopomo Olmos, mediante correo electrónico de 6 de julio de 2026, quien acuso recibo el 7 de julio del año en curso. Además, el hecho fue puesto en conocimiento del Pleno de esta Corte, indicándose que los hechos pueden ser abordados y subsanados por la vía de instrucciones particulares del fiscalizador. Asimismo, el Fiscal Judicial de la Excelentísima Corte Suprema, dispuso que, en atención a la gravedad de la situación, la cual implica una delegación de funciones propias del titular del oficio en una persona ajena, sin autorización alguna, se deberá realizar la inspección siguiente a la brevedad, no posterior al 2 de septiembre de 2026, verificándose la persistencia de la anomalía detectada, instrucción en base a la cual, se constituyó el 25 de agosto de 2026, y con relación al seguimiento observado se indicó que el Conservador tomó las medidas correctivas y doña nombre reservado no ha concurrido más al oficio.

Hace presente que la recurrente se presenta en la web con acceso público como abogada del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos, alusión que a la fecha del informe fue eliminada.

Concluye señalando que las actuaciones realizadas se encuentran aparadas por la Ley N°21.772, no existiendo ilegalidad ni arbitrariedad, considerando, además, que la información se publica no por orden de la fiscalía, sino que por mandato legal conforme lo dispone el artículo 401 bis N°4 del Código Orgánico de Tribunales, no efectuando el Conservador, observaciones ni reparos, por lo que solicita el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la presente acción se dirige en contra de la Fiscala Judicial de esta Corte, en virtud de lo señalado, respecto a la recurrente, en el informe de fiscalización elaborado conforme la visita realizada el 2 de junio de 2026, específicamente en el acápite VIII denominado Observaciones Generales, Malas Prácticas.

SEXTO: Que, para resolver, resulta pertinente tener presente que el artículo 353 bis del Código Orgánico de Tribunales dispone que “Corresponde al fiscal judicial de la respectiva Corte de Apelaciones supervisar la conducta funcionaria de los funcionarios y las funcionarias de la segunda serie del Escalafón Secundario del Poder Judicial, para lo cual ejercerá las facultades que la ley le encomienda”. A su turno, el numeral 4 del artículo 401 bis de dicha norma, establece que, para cumplir con sus funciones, los notarios deberán mantener la infraestructura, equipamiento e insumos que permitan contar con un sitio web que contenga, entro otros, los últimos tres informes de supervisión elaborados por el respectivo fiscal judicial.

SÉPTIMO: Que, conforme lo expuesto, el actuar de la recurrida se encuadra dentro de sus funciones, quien procedió a constituirse en el Conservador y Archivero Judicial de Los Vilos, con la finalidad de promover los procedimientos disciplinarios frente a la detección de faltas, abusos o incorrecciones, escenario en el cual, se informó a los funcionarios la posibilidad de ser oídos, quienes ejercieron dicha facultad, exponiendo que desconocían la labor de la recurrente, quien asistía al oficio, daba instrucciones citaba a reunión, situaciones que tenían confundidos a los funcionarios, generando un deterioro del clima laboral, lo que fue consignado en el respectivo informe, limitándose la recurrida a transcribir los dichos efectuados por terceros, el cual se instruyó publicar en la pagina web del respectivo Conservador, de lo cual no se observa un actuar ilegal o arbitrario, sino que, a contrario sensu, responde al cumplimiento de sus funciones y de la normativa vigente, por lo que la acción deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1726-2026 Protección.