Protección contra Dirección Regional de Coquimbo de la Superintendencia de Educación

Sociedad Educacional nombre reservado Lorenzo Limitada Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo Recurso de protección Rol N° 1725-2015.- La Serena, veintinueve de diciembre de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 14, comparece don Vicente Moya Suarez, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en nombre de Sociedad Educacional nombre reservado Lorenzo Ltda., sostenedora del Colegio San Lorenzo R.B.D 13.504-3, cuya administradora es doña nombre reservado, profesora, ambas domiciliadas en domicilio reservado, quien en tal calidad recurre de protección en contra de la Dirección Regional de Coquimbo de la Superintendencia de Educación, en razón de las amenazas a los derechos constitucionales que le asisten a su representada, derivados de los actos administrativos emanados del acta de fiscalización Nº 150401474 de fecha 26 de octubre del año 2015.

Expresa, que doña nombre reservado fue notificada con fecha 30 de octubre del presente, el acta de fiscalización Nº150401474 cuyo objeto era verificar la legalidad de los gastos efectuados con cargo a la Ley Nº 20.248 de la Subvención Escolar Preferencial, realizada en el establecimiento educacional que representa en el mes de octubre del año en curso, oportunidad en que fueron rechazados los gastos rendidos por el establecimiento educacional, y que dicen relación con la adquisición de cámaras filmadoras para el apoyo pedagógico por la cantidad de $2.098.600.-, y por la adquisición y mantención (patente, seguros, repuestos, revisiones técnicas) de un minibus para la movilización de docentes y estudiantes con motivos de salida a terreno pedagógicas, deportivas, culturales e institucionales por la suma de $23.159.443.-.

Señala, que ni en la fiscalización ni en el acta respectiva se señalaron ni se dejó constancia de las razones de la objeción, ni cuáles eran las disposiciones legales infringidas. Agrega, que mediante resolución exenta N°3399 de 14 de octubre de 2008, la Secretaría Regional del Ministerio de Educación Región de Coquimbo aprobó el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa entre el Ministerio de Educación y el Colegio San Lorenzo de la Sociedad nombre reservado Lorenzo Ltda., que fue renovado por Resolución Exenta N°050 de 10 de Enero del 2014 de la misma repartición, a partir del inicio del año escolar del 2014 y, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 1° de la Ley 20.248, para incorporarse al Régimen de Subvención Escolar Preferencial se exige que cada sostenedor suscriba con el Ministerio de Educación ese Convenio, que constituye una Ley para las partes, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, desde que el mencionado convenio fue legalmente celebrado y no ha sido invalidado por resolución judicial alguna, ni menos dejado sin efecto por consentimiento mutuo, de tal manera que los gastos efectuados no pueden ser objetados o rechazados unilateralmente, como ha ocurrido en la especie, y de estimarse que son ilegales, ello debe ser objeto de una declaración judicial, a través de los Tribunales de Justicia.

Estima, que la Superintendencia de Educación al objetar unilateralmente y en forma arbitraria los gastos expresamente establecidos en un contrato legalmente celebrado se transforma en una comisión especial que con su actuar vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la Ley en el ejercicio de los derechos que garantiza el artículo 19 N°3 inciso 4° de la Constitución Política de la República e, igualmente, vulnera el derecho de propiedad al ordenar la devolución de la suma de $25.258.043.- recibida por concepto de subvención escolar preferencial.

Igualmente, señala que la fiscalización recurrida ha violado la garantía constitucional de Igualdad ante la Ley contemplada en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que en una publicación efectuada en el diario El Día de La Serena de fecha 15 de junio de 2012, se informa que el Colegio San Martín de Porres usó dineros de la Subvención Escolar Preferencial, para comprar un minibús, publicación que manifiesta la opinión favorable de nombre reservado, Jefe Provincial de Educación de Elqui, respecto a los beneficios pedagógicos que tendría su uso, el que se encuentra en la misma situación que su representada, y fue adquirido con los mismos objetivos por la recurrente.

Estima que el accionar de la Superintendencia infringe los numerales 2 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al constituir la fiscalización un acto arbitrario e ilegal, que ha provocado una perturbación y amenaza de los legítimos derechos de la recurrente.

Explica que las cámaras de vigilancia fueron adquiridas para ser utilizadas con fines pedagógicos y colocadas en las aulas con la anuencia de los profesores y de los apoderados de los alumnos, ya que su uso era determinar como realizar mejor la función educativa determinando a través de las filmaciones cuales eran las falencias que se producían al impartir las clases, las que eran analizadas tanto por los maestros como por los especialistas que se contrataban al respecto. No se utilizan como vigilancia del comportamiento de los alumnos ni de los profesores.

En lo que respecta al minibús, refiere que este vehículo se adquirió también con fines pedagógicos para las salidas a terreno de los alumnos y los profesores, a fin de determinar y demostrar cómo funcionan los diversos estamentos de nuestra sociedad para incentivar a los alumnos al desarrollo de una actividad. En este caso especial sostiene que la arbitrariedad se vio agravada ya que si se aprobaron los gastos de otro establecimiento educacional como es el Colegio San Martín de Porres, no comprende el razonamiento contrario en su caso.

Pide, en mérito de lo dispuesto en los artículos 19 Nº 2, 3, 24 y 20 de la Constitución Política de la República tener por interpuesto recurso de protección en contra del Acta de Fiscalización Nº 150401474 de la Superintendencia de Educación de la Región de Coquimbo, notificada el 30 de octubre del año 2015, que objetó la adquisición de 32 cámaras filmadoras para apoyar el trabajo docente y la adquisición de un minibús para la movilización de docente y estudiantes, dejándola sin efecto con costas.

Adjunta a su recurso los siguientes antecedente: 1.-Fotocopia de Acta de Fiscalización Nº150401474 notificada en fecha 30 de octubre del año 2015 de los fiscalizadores de la Superintendencia de la Educación de Coquimbo, doña nombre reservado y don nombre reservado. 2.- Fotocopia del artículo publicado en el diario El Día de 15 de junio del año 2012 en que se destaca la adquisición de un minibús por el Colegio San Martin de Porres con dinero del SEP. 3.- Fotocopia de informe elaborado por el pedagogo don nombre reservado, Director Ejecutivo de GESCIT Consultores de Gestiones Educativas, respecto del rechazo de las cámaras filmadores para apoyo pedagógico.

A fojas 64, comparece don nombre reservado, Director Regional Superintendencia de Educación, quien en tal calidad evacúa el informe requerido y solicita el rechazo del recurso.

Expresa, que entre los días 26 y 30 de octubre de 2015, se realizó una visita de fiscalización al establecimiento educacional Colegio San Lorenzo, RBD N° 13.504-3, levantándose el acta de fiscalización N° 150401474 del 30 de octubre último, mediante la cual se rechazaron los gastos relativos a cámaras de seguridad instaladas en las salas de clases y por la adquisición de un minibús y su mantención. Posteriormente con fecha 16 de noviembre de 2015 el sostenedor del establecimiento educacional realizó una presentación de impugnación del acta de fiscalización antes señalada, la cual fue rechazada por no indicar la vía de impugnación en que se sustentaba y, a la fecha del presente informe, el sostenedor no ha realizado presentaciones en tiempo y forma a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación para someter a revisión el acta de fiscalización que rechazó los gastos por los que se interpone el presente recurso de protección.

Indica, que el inciso primero del artículo 48 de la Ley N° 20.529 previene que: "El objeto de la Superintendencia será fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante "la normativa educacional". Añade que "fiscalizará la legalidad del uso de los recursos por los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal y, respecto de los sostenedores de los establecimientos particulares pagados, fiscalizará la referida legalidad sólo en caso de denuncia. Además, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá las denuncias y reclamos de éstos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda". Por su parte, el artículo 49 letra b) del mismo cuerpo normativo, indica que: "Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones: b) Fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos, públicos y privados, de acuerdo al Párrafo 30 de este Título, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados. Dichas rendiciones consistirán en un estado anual de resultados que contemple, de manera desagregada, todos los ingresos y gastos de cada establecimiento. Dichos antecedentes estarán, también, a disposición de la comunidad educativa a través del Consejo Escolar". Plantea que en el mismo sentido, el Decreto N° 469 de 2013 del Ministerio de Educación, que Aprueba Reglamento que establece las características, modalidades y condiciones del mecanismo común de rendición de cuenta pública del uso de los recursos, que deben efectuar los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del estado, indica en su artículo 60.- "La rendición de cuentas presentada por los sostenedores y regulada por el presente reglamento, será fiscalizada por la Superintendencia, sin perjuicio de las facultades propias de fiscalización que corresponden a la Contraloría General de la República". Expone que el mismo decreto indica en su artículo 7° que: "Si producto de la fiscalización de la rendición de cuenta pública, que efectúe la Superintendencia de Educación, uno o más gastos del estado anual de resultados rendido por el sostenedor resultan rechazados, el sostenedor quedará obligado a restar dichos gastos del estado anual de resultados correspondiente, y del informe consolidado, si procede; sólo una vez que esto haya ocurrido se entenderá cumplida la obligación de rendir cuenta del período respectivo".

Explica que la normativa educacional designa a la Superintendencia de Educación, como ente fiscalizador del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, y no constituye una excepción a dicha facultad el hecho de que se haya celebrado el Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa entre el Ministerio de Educación y el Colegio San Lorenzo, el que constituye un compromiso mediante el cual el sostenedor del establecimiento, que ha postulado a recibir fondos de la Subvención Escolar Preferencial, se compromete a cumplir una serie de responsabilidades, requisitos y obligaciones, entre ellos, respetar los beneficios para los alumnos prioritarios, elaborar y ejecutar un Plan de Mejoramiento Educativo, establecer metas de rendimiento académico en función de los estándares nacionales y rendir cuenta públicamente de los gastos efectuados con los recursos que se le han entregado mediante la mencionada subvención.

Añade, que la Subvención Escolar Preferencial, creada por la Ley No 20.248 es un monto en dinero que el Estado entrega a los establecimientos educacionales subvencionados ya sean particulares o municipales por cada alumno prioritario que estudie en ellos y que curse primer o segundo nivel de transición de educación parvularia (prekínder o kínder), educación básica y enseñanza media. El objetivo es mejorar la calidad de la educación que estos establecimientos entregan y, en el caso sub-lite, la acción de rechazar un determinado gasto se da cuando éste no se ajusta al uso y destino de la subvención de que se trate. Al efecto expresa que en la Fiscalización del Programa de Recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial) 2013-2014, el resultado fue "Acta con Observaciones" a la que se adjuntaron las correspondientes hojas de trabajo, en las que se consignaron los gastos señalados por el sostenedor y en las que se indican como fundamento del rechazo, que los gastos no se encuentran autorizados en el marco regulatorio de la Subvención Escolar Preferencial de la Ley N° 20.248. En lo relativo a las cámaras adquiridas por el establecimiento educacional, se han considerado las disposiciones del Dictamen N° 6 de la Superintendencia de Educación que considera que el artículo 3 letra b) de la Ley General de Enseñanza, define la Calidad de la Educación en el sentido que ésta "debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley". En este sentido, la prioridad de los establecimientos educacionales debe favorecer, por medio del proyecto educativo institucional y la planificación curricular, estrategias para generar resultados de calidad pero siempre en el marco del respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y las leyes. Lo propio debe hacerse en los aspectos relacionados con la seguridad del estudiante, la convivencia y el clima escolar, los que deben ser asumidos desde el robustecimiento de los objetivos de aprendizaje transversales, que también forman parte del currículum nacional, de lo que colige que el legislador educacional y la jurisprudencia laboral -esta última esgrimiendo garantías constitucionales que también acoge nuestro sistema educacional-, han restringido el uso de cámaras en la sala de clases a cuestiones de carácter excepcional, directriz crucial en la interpretación de normativa de carácter público y, en base a ello es que se estimó como pertinente rechazar dicho gasto, el que además de no estar relacionado con las finalidades de la Ley N° 20.248, infringe garantías constitucionales.

Respecto de la compra y mantención del minibús, señala que dichos gastos deben ser cubiertos con la Subvención General, según se desprende del artículo 5° de la Ley de Subvenciones. Asimismo, no es posible lograr convicción de que con la adquisición de dicho vehículo se cumplan de manera efectiva los objetivos de la Subvención Escolar Preferencial, en cuanto al deber de destinar la subvención y los aportes que contempla la Ley N° 20.248 a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico. Ello debido a que es probable que dicho traslado se destine a todo el alumnado en general, desvirtuándose el objetivo mencionado.

En este sentido, sostiene que las orientaciones entregadas por el Ministerio de Educación indican que el objetivo fundamental de la SEP es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Así, la acción propuesta por el establecimiento educacional (salidas a terreno pedagógicas, deportivas y extracurriculares) sólo complementa aquellas estrategias pedagógicas permanentes que debe implementar la unidad educativa. Entendidas de esta forma, las salidas pedagógicas están limitadas en el tiempo y por tanto se pueden desarrollar en base al arriendo de vehículos (tal como lo autoriza expresamente el Ministerio de Educación) y no a través de la adquisición de los mismos. En este mismo sentido la compra de vehículos supone un conjunto de gastos adicionales, como lo reconoce el sostenedor (mantención periódica, patente, repuestos, revisión técnica, seguros, reparaciones y otras), gastos que se alejan completamente de la finalidad de la SEP. Al respecto el Ministerio de Educación señala que debe existir autorregulación en el uso de los recursos de la Subvención Escolar Preferencial, entendiéndose por tal la capacidad para discernir el nivel de impacto que tendrá una acción y/o gasto determinado en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y en el logro de los estándares de aprendizaje establecidos por la Agencia de Calidad de la Educación.

En cuanto a la vulneración de la igualdad ante la ley, basado en una publicación periódica que emite declaraciones realizadas por una autoridad de otro servicio (Jefe Provincial de Educación de Elqui) expresa que éste carece de facultades para emitir un pronunciamiento en cuanto a pertinencia de un gasto, facultad que corresponde a la Superintendencia de Educación.

Por no existir ningún acto u omisión arbitraria e ilegal, solicita se rechace en todas sus partes el recurso, con expresa condenación en costas.

Adjunta los siguientes documentos: 1.- Copia Acta de Fiscalización N° 150401474 de fecha 30 de octubre de 2015, Programa de Fiscalización Recursos SEP 2013-2014. 2.- Papeles de trabajo Visita de fiscalización Programa de Fiscalización Recursos SEP 2013-2014. 3.- Ordinario N° 324 de fecha 27 de septiembre de 2013, del Superintendente de Educación Escolar, que Instruye sobre el Uso de Recursos de la Subvención escolar Preferencial.

A fojas 70, se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben decretar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías –preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: Que en el presente caso el recurrente impugna el acta de fiscalización con observaciones N° 150401474 de la Superintendencia de Educación relativa al Programa Recursos SEP 2013-2014, del Colegio San Lorenzo de la comuna de Coquimbo, indicándose como gastos rechazados para el año 2013 $2.098.600 y de septiembre de 2014 por la suma de $23.159.413, los primeros por la adquisición de cámaras para las salas de clases y los segundos, derivados de la adquisición y mantenimiento de un bus de transporte escolar. Argumenta que en la ejecución de la Fiscalización y específicamente en esa acta, la recurrida ha actuado como comisión especial, vulnerando la garantía constitucional prevista en el inciso 5° del numeral tercero del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Añade que también se ha infringido la igualdad ante la Ley porque ha sido discriminado el colegio respecto de otro de la misma especie de la zona, al que se le habría permitido adquirir un bus para transporte escolar. Finalmente, plantea que el acto cuestionado perjudica su derecho a la propiedad sobre los dineros de la subvención utilizados para adquirir los bienes cuestionados.

CUARTO: Que la recurrida al evacuar su informe señaló que la Fiscalización la realizó acorde las facultades que le reconoce el inciso primero del artículo 48 y el artículo 49 letra b) de la Ley N° 20.529. Asimismo, indicó que el Decreto N° 469 de 2013 del Ministerio de Educación, que Aprueba Reglamento que establece las características, modalidades y condiciones del mecanismo común de rendición de cuenta pública del uso de los recursos, que deben efectuar los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del estado, en su artículo 60, establece expresamente que: "La rendición de cuentas presentada por los sostenedores y regulada por el presente reglamento, será fiscalizada por la Superintendencia, sin perjuicio de las facultades propias de fiscalización que corresponden a la Contraloría General de la República". Acotó que la Subvención Escolar Preferencial, creada por la Ley N° 20.248 es un monto en dinero que el Estado entrega a los establecimientos educacionales subvencionados ya sean particulares o municipales por cada alumno prioritario, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación que estos establecimientos entregan y, en el caso sub-lite, la acción de rechazar un determinado gasto se da cuando éste no se ajusta al uso y destino de la subvención y en la especie, el resultado de la Fiscalización del Programa de Recursos SEP (Subvención Escolar Preferencial) 2013-2014, fue plasmado en un "Acta con Observaciones" a la que se adjuntaron las correspondientes hojas de trabajo, en las que se consignaron los gastos objetados señalados por el sostenedor, indicándose como fundamento del rechazo, que dichos desembolsos no se encuentran autorizados en el marco regulatorio de la Subvención Escolar Preferencial de la Ley N° 20.248. Al efecto añadió que el legislador educacional y la jurisprudencia laboral -esta última esgrimiendo garantías constitucionales que también acoge nuestro sistema educacional-, han restringido el uso de cámaras en la sala de clases a cuestiones de carácter excepcional, directriz crucial en la interpretación de normativa de carácter público y, en base a ello es que se estimó como pertinente rechazar dicho gasto, el que además de no estar relacionado con las finalidades de la Ley N° 20.248, infringe garantías constitucionales. Respecto de la compra y mantención del minibús, señala que dichos gastos deben ser cubiertos con la Subvención General, según se desprende del artículo 5° de la Ley de Subvenciones, y no es posible lograr convicción de que con la adquisición de dicho vehículo se cumplan de manera efectiva los objetivos de la Subvención Escolar Preferencial, en cuanto al deber de destinar la subvención y los aportes que contempla la Ley N° 20.248 a la implementación de las medidas comprendidas en el Plan de Mejoramiento Educativo, con especial énfasis en los alumnos prioritarios, e impulsar una asistencia técnico-pedagógica especial para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos con bajo rendimiento académico. Ello debido a que es probable que dicho traslado se destine a todo el alumnado en general, desvirtuándose el objetivo mencionado.

QUINTO: Que teniendo en consideración lo antes razonado procede analizar si de los antecedentes reunidos en estos autos es posible tener por establecido que se ha configurado un acto u omisión arbitrario o ilegal, que implique una afectación del principio que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, el de la igualdad ante la ley, ni la privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio del derecho de propiedad que tendrían los recurrentes respecto del monto de la subvención escolar preferencial.

SEXTO: Que, de la normativa citada por la Superintendencia, resulta indubitado que ésta ostenta facultades fiscalizadoras de los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, para que se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la propia recurrida. Así el artículo 49 letra b) de la Ley N° 20529, previene que: "Para el cumplimiento de sus funciones, la Superintendencia tendrá las siguientes atribuciones:…. b) Fiscalizar la rendición de la cuenta pública del uso de todos los recursos, públicos y privados, de acuerdo al Párrafo 30 de este Título, a través de procedimientos contables simples generalmente aceptados. Dichas rendiciones consistirán en un estado anual de resultados que contemple, de manera desagregada, todos los ingresos y gastos de cada establecimiento". En el mismo sentido, el artículo 60 del Decreto N° 469 de 2013 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento que establece las características, modalidades y condiciones del mecanismo común de rendición de cuenta pública del uso de los recursos, que deben efectuar los sostenedores de establecimientos educacionales subvencionados o que reciban aportes del estado, indica que: "La rendición de cuentas presentada por los sostenedores y regulada por el presente reglamento, será fiscalizada por la Superintendencia, sin perjuicio de las facultades propias de fiscalización que corresponden a la Contraloría General de la República". Al efecto cabe consignar que la Subvención Escolar Preferencial, (artículo 1° de la Ley N° 20.248) es un monto en dinero que el Estado entrega a los establecimientos educacionales subvencionados ya sean particulares o municipales por cada alumno prioritario que estén cursando primer o segundo nivel de transición de la educación parvularia, educación general básica y enseñanza media. Asimismo el artículo 7° de la Ley N° 20.248, en su letra a) dispone que el sostenedor se obligará a presentar anualmente a la Superintendencia de Educación, dentro de la rendición de cuenta pública del uso de los recursos, y a la comunidad escolar, un informe relativo al uso de los recursos percibidos por concepto de subvención escolar preferencial y de los demás aportes contemplados en esa ley. Ese informe deberá contemplar la rendición de cuentas respecto de todos los recursos recibidos por concepto de esa Ley.

De este modo, la Superintendencia de Educación al fiscalizar al Colegio San Lorenzo, no ha hecho más que ejercer las facultades que le reconoce la ley y siendo así, no puede imputársele que se haya atribuido facultades jurisdiccionales actuando como una comisión especial, en consecuencia, no ha infringido la garantía fundamental prevista en el numeral tercero del artículo 19 de la carta primera.

SEPTIMO: Que, se ha reprochado al acta de fiscalización que carece de fundamentos, y que en ese sentido sería arbitraria, al efecto cabe considerar que la arbitrariedad se encuentra definida como “el acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho”. Analizados los antecedentes que se han puesto en conocimiento de esta Corte, no se observa en el actuar de los recurridos, alguna de las características señaladas en la motivación precedente, puesto que no aparece que estos hayan procedido por mero capricho sino por el contrario en resguardo de los intereses educacionales que están obligados a proteger. A mayor abundamiento, el acta si contiene justificación en cuanto se indica que no se acepta el gasto por no ser imputable a ese tipo de subvención, antecedente que ha servido al actor constitucional para fundar a cabalidad su recurso.

OCTAVO: Que, asimismo, tampoco se aprecia que se haya vulnerado el derecho de propiedad, porque no se le ha privado del dominio de las cámaras y del bus de transporte escolar, lo único que se ha hecho es rechazar la imputación del gasto a la subvención escolar preferencial, lo que no obsta a que la cargue a otras subvenciones, según lo autoriza el artículo 5° de la Ley de subvenciones (decreto con fuerza de ley nº 2, de 1996, sobre subvención del estado a establecimientos educacionales),razón por la que se rechazará también el recurso en cuanto da por violada dicha garantía fundamental. En suma, con el acta de fiscalización, no se ha ejecutado ninguna conducta cercenadora de sus derechos dominicales sobre los bienes cuya rendición ha sido objetada, lo único que se le ha impedido es la utilización en esos gastos de una subvención destinada al apoyo del alumnado prioritario, que para esa finalidad, no han sido dispuestos en la Ley N° 20.248.

NOVENO: Que, finalmente, se desestimará el recurso en el acápite que estima conculcada la igualdad ante la ley, alegación que se ha basado en una publicación de internet, desde que dicha información, además de no contener todos los antecedentes para su cabal comprensión y para equipararla a la actual situación, de ella se desprende que el comentario de aquiescencia o beneplácito por la adquisición de un bus de transporte escolar, lo habría formulado el jefe provincial de educación de Elqui y no la Superintendencia de Educación, como ocurre en la especie, de tal suerte que no puede atribuírsele a ésta haber hecho una diferencia o discriminación en el trato de situaciones semejantes.

Y vistos, además, lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado don Vicente Moya Suarez en nombre de Sociedad Educacional nombre reservado Lorenzo Ltda., sostenedora del Colegio San Lorenzo R.B.D 13.504-3 y en contra de la Dirección Regional de Coquimbo de la Superintendencia de Educación, de fojas 14 y siguientes.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro don Vicente Hormazábal Abarzúa.

Rol Protección Nº 1725-2015.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor Vicente Hormazábal Abarzúa y el abogado integrante señor Marcos López Julio.

nombre reservado Colvin Trucco Secretario En La Serena, a veintinueve de diciembre de dos mil quince, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.