Protección contra enfermedad hepatitis B

Clínica Reñaca S.A. nombre reservado y otro Recurso de protección Rol N°1724-2025 La Serena, diez de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, en representación de la CLÍNICA REÑACA S.A., interponiendo acción constitucional de protección en favor del hijo recién nacido de nombre reservado y nombre reservado, por la negativa de ambos progenitores a la aplicación de la vacuna para la prevención de la hepatitis B.

Como garantía vulnerada indica aquella contenida en el numeral 1 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 9 DE SEPTIEMBRE de 2025 la recurrida nombre reservado, quien se encontraba en estado de embarazo pronto a término, suscribe consentimiento informado en el establecimiento de salud de la recurrente, instrumento en el cual rechaza expresamente la vacunación del Programa Nacional de Inmunización del Ministerio de Salud, en específico la vacuna anti-hepatitis B (VHB). Agrega que, posteriormente, se le informó por personal de salud de la recurrida, acerca de los beneficios y riesgos de la falta de vacunación, además de su obligatoriedad de ser aplicada por los recintos sanitarios, según lo dispuesto por el Decreto N°68 Exento del Ministerio de Salud de 2021, lo que imposibilitaría su ingreso de forma programada, por tanto, la madre accedió en ese momento a suscribir una revocación de su rechazo inicial a la inoculación de su hijo. Señala que, ese mismo día doña nombre reservado ingresó a la clínica y se realizó una cesárea con éxito.

Prosigue relatando que tras el parto el recurrido nombre reservado se opuso verbalmente a la vacunación aduciendo un engaño a la madre del recién nacido. Indica que el personal de salud explicó a ambos padres la importancia de la vacunación, no obstante, estos la rechazaron nuevamente alegando que ella pudiera causar daño a su hijo, específicamente, riesgo de padecer autismo, además de creer, erradamente, que no existía riesgo de contagio, por lo anterior sólo pudieron aplicar las vacunas BCG y Nirsevimab.

Alega que, la negativa de los recurridos a suministrar la vacuna al lactante constituye un acto ilegal y arbitrario, por cuanto esta se encuentra contemplada en el Decreto Exento N°68 del año 2021 del Ministerio de Salud dentro de aquellas cuya aplicación resulta obligatoria para la población según la facultad que otorga a ese Ministerio el artículo 32 inciso primero del Código Sanitario. Agrega que, además, la Ley N°21.430 garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser vacunados contra las enfermedades prevenibles como acontece en este caso, lo que se encuentra en concordancia con el derecho a la vida e integridad física y psíquica que le reconoce al hijo de los recurridos el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.

Señala que, la aplicación de la mentada vacuna es de vital importancia para la salud del recién nacido, tanto desde el punto de vista neonatal, infectólogo y de la salud pública, puesto que queda expuesto a contraer peligrosas enfermedades que pueden llegar a amenazar directamente su vida o conllevar a secuelas o patologías crónicas a largo plazo, como daño hepático crónico por virus hepatitis B, y que, su aplicación contribuye también a generar el denominado efecto rebaño lo que permite una mejor prevención personal como para toda la población. Invoca jurisprudencia de esta Corte Rol N°737-2025 y de la I.C.A. de Concepción Rol N°1367- 2025.

Concluye solicitando, acoger el recurso interpuesto y, en definitiva, ordenar la inmediata aplicación de la vacuna anti-hepatitis B (VHB) al hijo de los recurridos.

Acompaña a su recurso: 1.- Consentimiento informado suscrito por la recurrida el 9 DE SEPTIEMBRE de 2025.; 2.- Revocación suscrita por la recurrida el NUM000 de 2025.; 3.- Epicrisis del recién nacido en el recinto clínico de su representada; 4.- Certificado de nacimiento del recién nacido; y 5.- Ficha clínica del recién nacido en el recinto clínico.

SEGUNDO: Que, a folio 18 evacuaron informe los recurridos señalando, en lo pertinente, que en el presente caso no se está ante un rechazo absoluto a la vacunación, sino que ante “una postergación controlada y médicamente guiada de una dosis en etapa neonatal, sin desconocer el deber de proteger la salud del menor, y sin colocar al niño fuera de todo sistema de inmunización”. Desarrolla en su escrito las consideraciones médicas que ambos padres han tenido en vista para no inocular aún a su hijo, y que existe una pauta de vacunación propuesta por la pediatra tratante del lactante.

Indican el riesgo de administrar la vacuna contra Hepatitis B en periodo neonatal, refiriendo que, este no radica en que “la vacuna produzca necesariamente daño neurológico”, ni que “la vacuna sea en sí misma peligrosa”, lo que sería una afirmación general y científicamente impropia, sino que en el neonato la tolerancia a respuestas inflamatorias sistémicas y eventos adversos inespecíficos puede ser distinta, y por eso se solicita una postergación acotada y médicamente vigilada. Añade que, debe considerarse que el sistema nervioso central del recién nacido está en desarrollo acelerado, que la neuro inmunología del neonato (interacción entre sistema inmune y sistema nervioso) es un campo especialmente sensible y, por ello, la pediatría suele ser más conservadora con exposiciones evitables en los primeros días de vida cuando el riesgo basal es bajo y existe alternativa razonable.

Arguyen que, lo anterior se relaciona con el principio de precaución clínica individual, es decir, cuando el beneficio marginal inmediato de una intervención es reducido (por ejemplo, si no hay riesgo perinatal conocido de Hepatitis B) y el costo clínico potencial de eventos adversos inespecíficos es relativamente más complejo de manejar en etapa neonatal, una alternativa prudente puede ser diferir la dosis a un momento cercano posterior, manteniendo la continuidad del plan de inmunizaciones, lo cual precisamente es la lógica de una postergación acotada, es decir, no es “evadir la vacuna”, sino optimizar el momento para reducir incertidumbre clínica y ansiedad familiar, sin desproteger al niño de forma indefinida.

Destaca que la jurisprudencia citada por la contraria, descansa en hechos típicos, esto es, padres que se niegan a vacunas obligatorias sin contraindicación acreditada, dejando al menor sin inmunización, exponiéndolo a enfermedades inmunoprevenibles y afectando la inmunidad de grupo, y que, en ese contexto, prevalece el bien común y el interés superior del niño por sobre la autodeterminación parental.

Sin embargo, afirma que en este caso no se configuran esos presupuestos fácticos ya que existe seguimiento médico; existe pauta alternativa; no hay “negativa absoluta”; y el debate se limita a una ventana temporal acotada y clínicamente explicable.

Alega que la decisión de no vacunar a su hijo no puede ser catalogada de arbitraria, pues se sustenta en una recomendación profesional de la pediatra tratante y se traduce en un plan concreto de vacunación. Podría discutirse si el plan es óptimo o si se ajusta a lineamientos públicos; pero, en términos de control de constitucionalidad cautelar, la existencia de una base médica y de un calendario verificable desplaza el conflicto desde la esfera de la “arbitrariedad” hacia la esfera de la “ponderación” y de la “adecuación de la medida”, donde el estándar no puede ser el mismo que en la negativa total.

En cuanto al interés superior del lactante, señala que es un principio de optimización que exige escoger, entre las alternativas posibles, aquella que maximice el bienestar del niño y minimice daños colaterales. Por tanto, si una inoculación inmediata en período neonatal aumenta, aunque sea en términos de percepción y carga clínica, la probabilidad de episodios de fiebre, irritabilidad severa, consultas de urgencia, estudios invasivos (punciones, exámenes) o medicalización innecesaria, mientras una postergación breve y controlada mantiene el objetivo inmunizador, es razonable sostener que el interés superior puede realizarse mejor con una solución gradual, y no con una imposición inmediata.

Hace presente, que en este asunto no se promueve la desobediencia sanitaria, no se niega el valor de la vacunación como política pública, ni se pretende una excepción genérica, si no que se solicita que el tribunal resuelva conforme a los hechos reales del caso, en donde existe una diferencia acotada sobre el momento de administración neonatal de una vacuna específica, con un calendario alternativo propuesto por su médica pediatra tratante, y con voluntad de cumplimiento progresivo, cuestión que, precisamente, aparta el caso del patrón jurisprudencial construido sobre negativas absolutas y exposición directa de la salud pública.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

Acompañan a su informe: 1.- Copia del calendario/esquema de vacunación propuesto por la pediatra tratante; 2.- Exámenes maternos y paternos de Hepatitis B (HBsAg), con resultado negativo; y 3.- Artículo Mecanismos de barrera en el cerebro en desarrollo del doctor Norman Ruthven Saunders, neurobiólogo de la Universidad de Melbourne, Australia.

TERCERO: Que a folio 24, el 23 de febrero pasado, agregado el presente recurso para su visto y fallo, se resuelve previo a su vista pedir informe a la pediatra del hijo de los recurridos al tenor de los hechos expuestos en el libelo de protección, acompañando todos los antecedentes que obren en su poder.

A folio 27 cumple lo ordenado la pediatra doña nombre reservado, quien expone que, realiza controles de salud de niño sano de manera regular al hijo de los recurridos, desde que tenía un mes y 12 días.

Señala que, el lactante es producto de un primer embarazo de su madre, nacido, por cesárea, sano y que se ha criado con pecho materno, y no presenta antecedentes hereditarios relevantes. Añade que, en el último control realizado, a los 5 meses de vida del lactante, advierte que es sano, con un muy buen crecimiento en peso y talla, y un desarrollo psicomotor normal. Agrega que, el lactante goza de excelentes cuidados en cuanto a su salud y crianza, por parte de sus padres.

Indica que al nacer el lactante recibió la vacuna BCG contra la tuberculosis y el anticuerpo para el virus respiratorio sincitial (VRS) en recién nacidos, Nirsemivab, solicitando los padres postergar la implementación de la vacuna hepatitis B, ya que no existía riesgo de transmisión vertical en este caso. Indica que, la decisión de los padres fue sopesada, coincidiendo con la decisión de un panel de asesores estadounidenses sobre vacunas, que actualmente votó para rescindir una recomendación de que todos los recién nacidos deberían recibir una vacuna contra la hepatitis B al nacer en los Estados Unidos. A lo cual suma que, la madre salió negativa contra hepatitis B, lo que apoya con argumentos médicos, que está fue una decisión razonable y adecuada.

Señala que, como pediatra informa a los padres sobre el esquema de vacunación según el Programa Ampliado de Inmunizaciones del gobierno de Chile (RAI), lo cual es un deber de todo médico consciente. Además, considera importante hacer sugerencias en relación a los cuidados en el hogar, para lograr tener un sistema inmune fuerte, que contribuyan a proteger su salud. Afirma que, si estos cuidados se cumplen a cabalidad y el niño está en su casa al cuidado de sus padres, puede proponerse un esquema acotado diferido de vacunación.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado es la negativa de los padres del lactante, cuyo nombre nombre reservado, nacido el NUM000 de 2025, a su inoculación con la vacuna para la Hepatitis B, la cual se encuentra dentro de las señaladas en el programa nacional de inmunización, alegando vulneración de la garantía consagrada en el numeral primero del artículo 19 de la Carta Magna, por parte de los padres del niño, de actuales NUM001 meses y NUM002 días de edad.

Por su parte los padres refieren que su actuar no es arbitrio ni ilegal, en atención que no rechazan el programa nacional de vacunación en su totalidad, sino más bien sólo respecto de la vacuna para la Hepatitis B, pues hay estudios que lo avalan, los padres han salido negativos para la Hepatitis B, y se encuentran siendo guiados por la pediatra del lactante para tomar esta decisión, pudiendo postergar su inoculación, estableciéndose un calendario para su implementación.

SÉPTIMO: Que, sobre este asunto, resulta pertinente tener presente que el artículo 32 del Código Sanitario establece que “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.”; y agrega que “El Presidente de la República a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para las cuales existan procedimientos eficaces de inmunización”.

Por su parte, el Decreto N°6 Exento, de 29 de enero de 2010 del Ministerio de Salud, dispuso la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país, y entre ellas la relativa a la enfermedad denominada hepatitis B, la que las recurridas niegan sea administrada a su hijo.

A su turno, la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, establece en su artículo 14 que “Toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su voluntad para someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud, con las limitaciones establecidas en el artículo 16”. A reglón seguido, en el artículo 15 del mismo cuerpo legal se señala que “No obstante lo establecido en el artículo anterior, no se requerirá la manifestación de voluntad en las siguientes situaciones: a) En el caso de que la falta de aplicación de los procedimientos, tratamientos o intervenciones señalados en el artículo anterior supongan un riesgo para la salud pública, de conformidad a lo dispuesto en esta ley, debiendo dejarse constancia de ello en la ficha clínica de la persona”.

OCTAVO: Que, al hilo de lo razonado, resultan hechos relevantes para la acertada resolución de esta acción, que la vacunación para recién nacidos es obligatoria en contra de la enfermedad hepatitis B; que las recurridas han rechazado la inoculación de la misma respecto de hijo lactante, y que se amparan para ello en estudios y la supervisión de la pediatra del niño, pudiendo ser inoculada en una fecha posterior, según un calendario al que aluden los padres haberse confeccionado para tal efecto.

NOVENO: Que tal cual se ha sostenido en otro fallo de protección, confirmado por la Corte Suprema, “como regla general, las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero existen casos excepcionales en que la potestad parental intenta imponer propias creencias, poniendo en riesgo la salud del niño, como en este caso, al privar al lactante de la inmunidad que el plan de vacunación aporta, actuando en contra de su interés superior, cuestión que justifica la intervención del aparato público. Así, en la especie, nos encontramos ante un conflicto entre la voluntad de los padres y el interés superior del niño, en el que este último debe primar, particularmente si con la decisión que se denuncia por el recurrente, se vulnera la garantía constitucional consagrada en el N°1 del artículo 19 de la Carta Fundamental, respecto de su derecho a la vida y su integridad física, decisión que, además, resulta ilegal, contraria al ordenamiento jurídico, en este caso, al mentado Decreto exento N°6, amenazando la garantía en análisis, ya que la niña, al no ser vacunada, se encuentra expuesta a contraer enfermedades inmunoprevenibles ” (Sentencia C. de Apelaciones de Arica, Rol 702-21).

DÉCIMO: Que, lo anterior, aparece hoy robustecido en nuestro derecho interno a través de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N°21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que representa un cambio de paradigma en cuanto a consolidar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y es en este marco que se consagra el Derecho a la salud y a los servicios de salud, que se erige como una pieza fundamental para el bienestar infantil, abarcando de manera categórica el derecho a la inmunización como una de sus manifestaciones esenciales. Es así que en su párrafo octavo se señala que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. El Estado debe asegurar programas gratuitos de vacunación obligatoria dirigidos a todos los niños, niñas y adolescentes. En estos programas, el Estado debe suministrar y aplicar las vacunas, mientras que los padres, madres o responsables legales de su cuidado deben garantizar que los niños, niñas y adolescentes sean vacunados oportunamente.”.

La ley no se limita a garantizar un estándar mínimo de salud, sino que aspira al "más alto nivel posible". Este principio, de raigambre internacional en derechos humanos, obliga al Estado a realizar esfuerzos continuos y progresivos para mejorar la salud infantil. En este contexto, la inmunización, al prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales, es una herramienta indispensable para alcanzar este "más alto nivel". La omisión de programas de vacunación o su debilitamiento constituiría una violación directa de esta disposición.

El artículo analizado mandata al Estado a asegurar un sistema de salud con acceso universal y gratuito a la atención primaria, y en Chile, los programas de inmunización se han implementado a través de la atención primaria de salud (APS). Al garantizar el acceso universal y gratuito a la APS, la ley asegura indirectamente que todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar su previsión de salud (FONASA o ISAPRE) o su condición socioeconómica, tengan acceso a las vacunas contempladas en el Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). De esta manera se enfatiza la "promoción" y "prevención" en salud. La inmunización es, por definición, la principal estrategia de prevención primaria en salud pública.

Al destacar este aspecto, la ley refuerza la obligación del Estado de mantener y fortalecer programas como el PNI, que busca activamente evitar la aparición de enfermedades infecciosas.

UNDÉCIMO: Que si no bastase con lo anterior, se advierte un abuso de la potestad parental que está detrás de esta negativa de vacunación, “(…) a mayor abundamiento, y en lo que se refiere a la salud pública, la administración de vacunas, como herramienta de política pública, a juicio de estos sentenciadores se encuentra dentro de la excepción de la regla del artículo 14 que limita el derecho del paciente para otorgar o rechazar un tratamiento médico, dado que ello está enmarcado dentro del principio más general que señala que la libertad de un individuo en uso de su autonomía personal, de hacer o no hacer determinada cosa, está limitado cuando ello afecta la libertad o los derechos de otra persona, en este caso del colectivo social, pues al rechazar la vacunación se está poniendo en riesgo a la población ante posibles brotes de enfermedades que décadas atrás causaron la muerte de personas, y que en la actualidad, se encuentran controladas gracias al programa de inmunización del Estado” (Sentencia C. de Apelaciones de Arica, Rol 702-21).

El límite está entonces cuando ello afecta la libertad o los derechos de otra persona, en este caso del colectivo social, pues al rechazar la vacunación se está poniendo en riesgo a la población. Es más, desde el punto de vista ético, se justifica la obligatoriedad por el principio de solidaridad, que va más allá del derecho a decidir sobre la vacunación individual, destacando el bien superior de proteger a la totalidad de la población gracias a una alta cobertura.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, del marco normativo antes transcrito, como de las citas jurisprudenciales invocadas, se advierte que la razón expuesta por los recurridos para sustraer a su hijo del cumplimiento de la ley, en general, y del sistema de inmunización dispuesta por la autoridad sanitaria, en particular, además de resultar incompatible con ella, contraviene el principio del interés superior del niño que la informa, como quiera que el Estado de Chile debe velar por la salud de éste último, no habiéndose entregado fundamentos que permitan entender la necesidad de sustraer al niño, conforme al principio citado del programa de inmunización, respecto de la enfermedad Hepatitis B, más cuando no se advierte la existencia del calendario aludido por los padres, del cual tampoco se refirió la pediatra del lactante, para no inocular con la vacuna rechazada al niño en las fechas establecidas por el programa de vacunación. A lo cual se suma, que actualmente el niño tiene casi seis meses de edad, y aún no es vacunado, según refirieron los recurridos sería realizado en una fecha acotada.

De esta manera, desprovista de antecedentes que la sustenten, la decisión aparece arbitraria y provoca la inejecución de los derechos y garantías del niño, siendo aquello contrario a su interés superior y, por lo demás, incumplen los progenitores su principal rol de custodios del ejercicio de las prerrogativas de su hijo, propias de la corresponsabilidad parental que hay a la base de sus roles paterno-filiales.

DÉCIMO TERCERO: Así las cosas no encontrándose, la negativa prestada por los recurridos para inmunizar a su hijo, fundada o amparada en la legislación vigente, forzoso y necesario resulta concluir que su actuar resulta ilegal y, además, arbitrario, desde que no expone motivo más que la posibilidad de efectos colaterales de la vacuna, argumento que en este caso cede ante los derechos que nuestra normativa nacional e internacional establecen en favor de los niños en temas sanitarios, por lo que no corresponde sino acoger la acción constitucional que nos ocupa, en los términos que se dirá en la parte resolutiva de este fallo.

Abona a dicha conclusión lo mandatado por la Observación General N°14 del Comité sobre derechos del niño, en orden a la evaluación y determinación del interés superior de éste, lo que tiene corroboración en el sistema interno en lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley N°21.430. En tal sentido, corresponde identificar cuál decisión resulta más favorable para el niño, en la lógica de que la que se adopte le permita gozar y disfrutar de las garantías a él otorgadas.

Y, en este ejercicio, podemos identificar como elementos centrales su edad, la estructura familiar, la carencia de razones objetivas y comprobadas para privarlo de su derecho a ser inmunizado, los riesgos que aquello conlleva -y que se extrapolan para todos los demás sujetos que compartan con él en el evento de resultar afectado por la enfermedad que se intenta evitar-, su salud e integridad física y la imposibilidad de recoger su voluntad -por su edad- es posible afirmar que la inoculación resulta ser la opción que, de mejor forma, garantiza los derechos en juego y, por tanto, su interés superior.

En este marco, la obligación de los padres de asegurar la vacunación de sus hijos se enmarca en el cumplimiento del contenido esencial de la protección de la salud como un derecho social, cuya efectividad no depende sólo de la voluntad individual, sino que constituye un deber jurídico orientado a la protección del interés superior del niño y de la salud pública en su conjunto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, el recurso de protección interpuesto por la CLÍNICA REÑACA S.A., en favor del niño nombre reservado, en contra de sus padres nombre reservado y nombre reservado, ordenándose que los padres deberán concurrir con su hijo al Servicio de Salud que corresponda, con el fin de permitir la vacunación contra la hepatitis B, dentro del plazo de treinta días corridos desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1724-2025 (Protección).