Protección contra Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S

nombre reservado y otros Sociedad Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A.

Recurso de Protección (Rol Corte N° 1724-2017-Civil)

La Serena, a uno de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS:

Comparecen don nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, quienes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, deducen recurso de protección en contra de Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A., representada por su directorio compuesto por doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado; doña nombre reservado, doña nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quienes solicitan se acoja con costas el recurso que deducen, y se tomen las medidas urgentes necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los recurrentes.

En cuanto a los hechos en que sustenta su acción constitucional, refieren que la recurrida es dueña del terreno ubicado en domicilio reservado, inscrito a su nombre a fojas 2.064 N°1.403 en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo. Este inmueble, se encuentra dividido en 180 puestos o locales.

Agregan que, con fecha 1 de noviembre del año 2013, los recurrentes suscribieron un contrato de arrendamiento con la recurrida respecto de los puestos números 74, 75, 76 y 121 donde figura como arrendatario el recurrente nombre reservado; puestos números 39, 40, 41 y 131 donde figura como arrendatario la recurrente nombre reservado; puestos números 82 y 83 donde figura como arrendatario don nombre reservado; puesto número 2, 58 y 73 donde figura como arrendatario don nombre reservado y puesto N° 149 donde figura como arrendatario doña nombre reservado. Agrega que el precio de las rentas de arrendamiento acordadas para el goce del espacio físico antes señalado era de $60.000 por puesto, razón por la cual, al recurrente don nombre reservado le correspondía el pago total mensual de $240.000; doña nombre reservado la suma total mensual de $240.000; don nombre reservado la suma de $120.000; don nombre reservado, por el puesto N° 73, $60.000 mensuales y por los puestos N° 2 y N° 58 la suma de $70.000 por cada uno; por su parte la Sra. nombre reservado, la suma de $60.000 mensuales por su puesto.

Indican que todos los contratos antes mencionados, en su cláusula cuarta disponía que tenían vigencia de un año, renovable en forma tácita y sucesiva por períodos iguales en tanto ninguna de las partes dé aviso de término del mismo mediante carta certificada o notificación notarial realizada con una anticipación máxima de 2 meses al vencimiento de la anualidad respectiva.

Señalan que el objeto del contrato, según se señala en la cláusula 2° consiste en el desarrollo de la actividad comercial de los arrendatarios, específicamente la comercialización de Frutas y Verduras, y por último, en la cláusula 13° se señala que para todos los efectos legales del contrato, las partes fijan su domicilio en la ciudad y comuna de Coquimbo y prorrogan la competencia para ante sus tribunales de justicia.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario que motiva la interposición de la acción constitucional que nos ocupa, los recurrentes señalan que, respecto de don nombre reservado y don nombre reservado, con fecha 11 de agosto del presente año, y respecto de don nombre reservado con fecha 16 de agosto del presente año, se les comunica por carta remitida por la recurrida que “… se le aplicará la siguiente medida: “suspensión del ingreso a la Feria Modelo ubicada en domicilio reservado, del uso de sus locales, se le dará el plazo de 10 días para concurrir a la Administración para regularizar su situación.

El motivo de esta decisión es por el incumplimiento reiterado en el pago de las cuotas de arriendo, uso del local y demás estipendios obligatorios….”

Respecto a la recurrente nombre reservado se le efectúa por el recurrido la misma comunicación, pero de manera verbal el día 16 de agosto del presente año.

En cuanto a la materialización del acto ilegal y arbitrario, indican los recurrentes que el día domingo 27 de agosto al momento de llegar los recurrentes a sus puestos, entre las 6 y 7 de la mañana, como se acostumbra para esta actividad, los guardias del recinto objeto del contrato, por instrucciones de su Presidenta doña nombre reservado ya individualizada, les impidieron el ingreso al recinto y sus respectivos puestos a los arrendatarios, quienes se disponían a ingresar con sus mercaderías (frutas y verduras perecibles) a desempeñar su actividad económica diaria, dicha oposición según los dichos de los propios guardias se debía a deudas por rentas de arrendamiento. Un hecho llamativo es que en dicho instante había en el sector abundante personal policial y de Seguridad Ciudadana acompañando a la recurrida, la Sra. nombre reservado.

Agregan que luego de este impedimento forzado de ingreso, de manera inmediata, los recurrentes concurrieron a la Segunda Comisaría de Carabineros de Coquimbo a dejar constancia de lo ocurrido, y a las 8 de la mañana aproximadamente fueron sin sus vehículos al recinto, que es abierto al público y sin que los guardias se percataran, a ver el estado de sus locales, encontrándose con la sorpresa que todos sus locales se encontraban clausurados; que en el caso de la recurrente, la Sra. nombre reservado que tiene sus locales “abiertos” estos se encontraban cercados por rejas metálicas; en el caso de los demás recurrentes, quienes tienen locales cerrados con candados, estos se encontraban sellados con soldadura, así como también parte de la puerta metálica se encontraba adosada con soldadura a la estructura general del local.

Añaden que el día jueves 31 de agosto, doña nombre reservado, forzó uno de los locales de don nombre reservado, abriéndolo y haciendo ingreso al mismo, incurriendo en el delito de violación de domicilio con violencia, sancionado en el artículo 144 del Código Penal, respecto del cual ya han sido remitidos los antecedentes a la Fiscalía de Coquimbo.

Sostienen asimismo que en semanas previas a dichas privaciones ilegales y arbitrarias la recurrida había ejercido constantes acosos en contra de los recurrentes, por citar un caso la Sra. nombre reservado publicó en el recinto en un letrero de aproximadamente 50 centímetros de alto por 1 metro de ancho, color amarillo, donde se comunica de manera pública que en conformidad a lo dispuesto en el “artículo 42 de la Ley 18.046” se le caducó el contrato de arrendamiento a los recurrentes por “morosos”, individualizándonos con nombres y apellidos, salvo a la Sra. nombre reservado.

Sostienen que la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido radica en que la conducta de la recurrida perturba y amenaza el legítimo derecho que tenemos consagradas en la Constitución Política de la República de Chile, las cuales se encuentran amparadas por el recurso de protección que se analiza.

En primer término, sostienen que la recurrida vulneró su legítimo derecho de propiedad sobre un bien incorporal constituido por el derecho personal de gozar del bien arrendado, consagrado en el artículo 19 N° 24 de nuestra Constitución Política de la República, igualmente se vulnera el derecho de dominio respecto de los bienes muebles consistentes en las mercaderías perecibles, la estructura del local dañada con soldadura y otros mobiliarios que se encontraban al interior de los locales clausurados.

En segundo lugar, sostienen los recurrentes que al impedírseles el ingreso al recinto y al clausurar sus locales, se infringió el derecho a desarrollar una actividad económica, el cual se encuentra consagrado en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, toda vez que la actividad que desempeñan es absolutamente legítima, no contraria a la moral, orden público o las leyes.

En tercer lugar, afirman que se vulnera su derecho de igualdad ante la ley, consagrada en el N° 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, ya que sin mediar resolución judicial alguna, la recurrida los ha privado del goce del inmueble arrendado y de los bienes muebles que allí guarnecen, impidiéndoles el ingreso a los locales e instalaciones. Añaden que la igualdad ante la ley se hace efectiva de momento que se obliga a las partes a que resuelvan sus conflictos para la ejecución o cumplimiento del contrato, en este caso, de arrendamiento, poniendo en conocimiento a un Tribunal de Justicia, a través del ejercicio de las acciones judiciales que correspondan, sancionando cualquier actuación que signifique la "autotutela" de cualquiera de las partes del contrato.

En cuarto lugar, sostienen los recurrentes que la actitud de la recurrida atenta contra lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 de la Constitución Política, toda vez que ha resuelto por sí misma hacer justicia por su propia mano, constituyéndose en una comisión especial. Indica que sin perjuicio de encontrarse al día en los pagos de rentas de arrendamiento y que, probablemente, es inminente que sean los tribunales ordinarios competentes quienes deban conocer del cumplimiento o incumplimiento del contrato y los eventuales perjuicios, lo que esta acción busca es que se restablezca el imperio del derecho, ya que las privaciones y arbitrariedades de que son objeto son graves y requieren una resolución urgente y eficaz.

Agregan que es necesario que se mantenga el statu quo que ha sido perturbado por la recurrida a través de vías de hecho, ejerciendo la autotutela al tomar la justicia por su propia mano, desplegando actitudes antijurídicas, ilegales y arbitrarias, pretendiéndose juez en su propia causa.

Previa cita doctrinaria y jurisprudencial, concluyen los recurrentes afirmando que es urgente e indispensable que se acoja el recurso, declarando arbitrario e ilegal los actos ejecutados por la recurrida, ordenando cesar de inmediato los obstáculos impuestos a los recurrentes por la recurrida o sus dependientes, para el ingreso a sus instalaciones y de ejercer en su contra cualquier acto que signifique privar, perturbar o amenazar los derechos constitucionales que se han denunciado como trasgredidos ordenando remover los obstáculos ya impuestos, como lo son, las soldaduras y el sello de los candados y retirando los cierres metálicos de manera inmediata o en el plazo que esta judicatura determine.

Acompañan a su recurso documentos consistentes en copia de contrato de arrendamiento del recurrente don nombre reservado; copia de contrato de arrendamiento del recurrente doña nombre reservado; copia de contrato de arrendamiento del recurrente don nombre reservado; 3 copias de contratos de arrendamiento del recurrente don nombre reservado; copia de contrato de arrendamiento de la recurrente nombre reservado; copia de carta dirigida a don nombre reservado; copia de carta dirigida a don nombre reservado; copia de carta dirigida a don nombre reservado; copia de carta dirigida a doña nombre reservado; 5 páginas con diversos pagos efectuados en el año 2017 por concepto de rentas respecto del recurrente nombre reservado; 4 páginas con diversos pagos efectuados en el año 2017 por concepto de rentas respecto del recurrente nombre reservado; 6 páginas con diversos pagos efectuados en el año 2017 por concepto de rentas respecto del recurrente nombre reservado; 9 páginas con diversos pagos y 1 declaración jurada de pago efectuados en el año 2017 por concepto de rentas respecto del recurrente nombre reservado; 1 página con diversos pagos efectuados en el año 2017 por concepto de rentas respecto de la recurrente nombre reservado; set de 2 fotografías que ilustran el cartel de morosos publicado por la recurrida; set de 10 fotografías que ilustran los cierres mediante soldadura de candados y los cierres con rejas metálicas a los locales de los 4 recurrentes y copia de 2 constancias policiales.

Por su parte, y previa notificación del recurso deducido en estos antecedentes, por la recurrida Sociedad Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A., comparece don nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien informa al tenor del recurso.

Señala que es menester señalar que la recurrida es una Sociedad Anónima constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Coquimbo, servida por don nombre reservado, de fecha 10 de julio de 1995 actualmente vigente e inscrita a fojas 133 Nº 92 en el Registro de Comercio del año 1995 llevado por el Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo.

Señala que actualmente la sociedad está compuesta por 213 accionistas que representan 312 acciones, y es dirigida por un directorio compuesto por 5 de sus accionistas. Agrega que son diversos cuerpos estatutarios y legales, los que regulan el actuar de la recurrida para con sus accionistas, destacando entre ellos, el estatuto social actualizado y acordado en la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de septiembre del año 2016, reducido a escritura pública del 10 de febrero de 2017 en la Notaría de Coquimbo de don nombre reservado, además de su reglamento interno, todo esto en el contexto de la ley 18.046. Señala asimismo que los recurrentes son todos accionistas vigentes de la recurrida, y que incluso todos ellos, salvo nombre reservado, han sido directores de la Sociedad Anónima en periodos anteriores.

En cuanto a los hechos en que se funda el recurso, indica que efectivamente el día 27 de agosto de 2017 y en el contexto de lo estipulado en la cláusula Cuarta, Séptima y Décima del Reglamento Interno y en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos sociales, ambos de la Sociedad Anónima Feria de Abastos Coquimbo Costanera S.A., que regulan las relaciones de la sociedad y las obligaciones de sus accionistas, y tras el requerimiento previo efectuado por escrito a los recurrentes tal cual lo describen en su recurso, se dispuso el no uso de los puestos en la feria, derivados de los incumplimientos reiterados de los actores de una serie de obligaciones pecuniarias, establecidas en dichos cuerpos normativos.

Sostiene que la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Constitución, tiene por objeto tutelar efectiva y oportunamente los derechos fundamentales señalados en la misma disposición, ante actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de aquéllos, causando agravio a sus titulares, y que, en este orden de ideas, el actuar de la recurrida no constituye un acto ilegal ni menos arbitrario que violenta las garantías enunciadas por el recurrente y tutelados en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuanto a la ilegalidad del acto impugnado, señala que el recurrente omite señalar de qué forma o en particular cuál cuerpo normativo o disposición legal ha sido vulnerada para asilar la ilegalidad del acto recurrido, consistente en el cierre de los locales, haciendo ver que las relaciones que median entre actor y recurrido, solo encuentran asidero exclusivo en un contrato de arriendo, omitiendo de forma conveniente, señalar que el contexto del cierre de los locales, se da a propósito de ser todos los recurrentes accionistas de la sociedad anónima, y que entre ellos median, distintos tipos de obligaciones sociales, derivadas todas del contrato de sociedad.

En cuanto a la arbitrariedad del acto impugnado, señala que el acto cuestionado además, carece del carácter arbitrario, pues la recurrida no ha actuado de manera caprichosa y menos desproporcionada, al aplicar el cierre de los locales, ya que mediando diversos tipos de avisos o advertencias a los recurrentes por ellos mismos reconocidas en su libelo, aplicó una consecuencia jurídica procedente y asilada en su estatuto y reglamento interno, a través de un procedimiento propio para tal finalidad y por un órgano competente que es el directorio de la sociedad.

Añade que el recurso por sí solo sería indiciario de un ánimo caprichoso de la recurrida, pues pareciera haberse buscado exhaustivamente cualquier reparo que permitiera excluir a los recurrentes de ejercer su actividad económica como feriantes, fundado en un contrato de arriendo. Señala que, en tal sentido, y previa cita de jurisprudencia emanada del tribunal Supremo Español, la recurrida, fundándose en un poder jurídico que detenta derivado del contrato social suscrito por los mismos actores, en nada ha excedido el ejercicio de sus facultades, ya que no ha violado ni la ley ni la Constitución y menos vulnerado los derechos fundamentales que la recurrente alega.

En cuanto a la privación en el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en el catálogo del artículo 19 Nº 2, 3, 21 y 24 de la Constitución, sostiene que no ha sido capaz el recurrente en su libelo de señalar de qué forma específica han sido lesionadas las garantías constitucionales de cuyo ejercicio legítimo se alegan haber sido privadas por una supuesta conducta ilegal y arbitraria de la recurrida, limitándose solamente a enumerarlas, lo cual no satisface ni justifica la acción cautelar excepcionalísima que constituye el recurso de protección.

Concluye solicitando se desestime el recurso de protección interpuesto en estos antecedentes, con costas.

Acompaña a su informe documentos consistentes en copia de la escritura pública de constitución de la Sociedad Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A.; copia de la junta extraordinaria de accionistas de fecha 30 de septiembre del año 2016 de la Sociedad Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A., reducida a escritura pública del 10 de febrero de 2017 en la Notaría de Coquimbo de don nombre reservado; copia del Reglamento Interno de la Sociedad Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A.; y mandato judicial otorgado mediante escritura pública de fecha 21 de Febrero de 2017, otorgada en la Notaría de Coquimbo de don nombre reservado.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, como cuestión previa, es preciso dejar asentado que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza, debiendo la Corte adoptar las medidas de resguardo o providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección al afectado.

SEGUNDO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, esto es, contrario a Derecho, en el sentido de vulnerar un precepto legal aplicable al caso concreto, o bien, que dicho obrar no ofrezca razones que la justifiquen; y que en cualquiera de estos casos provoque alguna de las lesiones mencionadas a las garantías protegidas, circunstancia que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha planteado en autos.

TERCERO: Que, los recurrentes han fundado su recurso en la circunstancia que se les ha impedido acceder al recinto en el cual mantienen emplazados sus puestos de trabajo, hecho que, por lo demás, ha sido expresamente reconocido por la recurrida en su informe, la que justifica su actuación en razones contractuales y estatutarias.

CUARTO: Que, atendido lo anterior, la discusión planteada ha de centrarse en determinar si tal actuación de la recurrida, efectivamente configura una actuación ilegal o arbitraria, que además vulnere alguno de los derechos o garantías fundamentales que se denuncian en el recurso.

QUINTO: Que, en el sentido propuesto, y siguiendo el orden en que se invocan en el recurso las distintas garantías constitucionales que el recurrente denuncia como infringidas, corresponde analizar si la conducta desplegada por la recurrida ha infringido la del artículo 19 N° 24, esto es, el derecho de propiedad sobre un bien incorporal constituido por el derecho personal de gozar del inmueble arrendado, como también el derecho de dominio respecto de los bienes muebles consistentes en las mercaderías perecibles, la estructura del local dañada con soldadura y otros mobiliarios que se encontraban al interior de los locales clausurados.

En esta parte, y no existiendo controversia entre las partes en cuanto a la ocurrencia de los hechos que motivaron el recurso, consistente en la clausura de los locales que ocupaban los recurrentes en calidad de arrendatarios y de la recurrida, se debe tener presente entonces, que existiendo un contrato de arrendamiento suscrito entre las partes, de dicho vínculo contractual surgen derechos subjetivos de carácter personal entre los contratantes, derechos que, conforme a nuestra legislación sustantiva, concretamente el artículo 576 del Código Civil, tienen la calidad de bienes incorporales, y que pasan a incorporarse al patrimonio de los contratantes, existiendo sobre ellos también una especie de propiedad, conforme lo señala el artículo 583 del mismo cuerpo normativo. En la especie, el derecho que corresponde al arrendatario es gozar el bien objeto del contrato de arrendamiento, en este caso, los puestos ubicados al interior de los terrenos de propiedad de la recurrida, ubicados en domicilio reservado, de la comuna de Coquimbo.

SEXTO: Que, establecido lo anterior, y habiendo ingresado al patrimonio de los recurrentes el derecho a gozar de los inmuebles arrendados a la Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A., detentando en consecuencia sobre tales derechos una especie de propiedad, resulta procedente invocar la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental, que precisamente asegura a todas las personas el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes, corporales o incorporales, sin que nadie pueda ser privado de ella, del bien sobre el cual recae o de alguno de sus atributos o facultades esenciales, sino en virtud de ley general o especial expropiatoria.

En la especie, dicha garantía se ha visto conculcada, a juicio de estos sentenciadores, desde el momento en que la recurrida, mediante vías de hecho y sin que mediara ley que lo autorizara, procede a impedir el ejercicio por parte de los recurrentes del derecho a gozar de los puestos que fueron objeto del contrato de arrendamiento que cada uno de ellos celebró con la recurrida, desde el momento mismo en que se les ha impedido incluso el poder ingresar a los terrenos en que se emplazan dichos puestos, terrenos que son de propiedad de la recurrida, según se ha señalado precedentemente. Tal circunstancia conduce necesariamente a acoger el recurso.

SÉPTIMO: Que no obsta a la conclusión anterior, lo sostenido por la recurrida en su informe, en el sentido que las medidas adoptadas respecto de los recurrentes, se enmarcarían dentro de la potestades que a la sociedad le confieren sus estatutos y el reglamento interno, dada la calidad de socios que tienen los recurrentes respecto de ella. En efecto, las disposiciones internas que se ha dado a sí misma la recurrida, no pueden superponerse a las disposiciones de rango legal que establezcan derechos irrenunciables para las partes, como ocurre precisamente en la especie, en que, por tratarse de arrendamiento de inmuebles urbanos celebrados entre los recurrentes y la recurrida, tales contratos se rigen por la Ley N° 18.101, que regula la materia, y que establece, en su artículo 19, el principio de la irrenunciabilidad de los derechos que ella misma confiere a los arrendatarios, derechos entre los cuales puede mencionarse precisamente que el término del contrato de arrendamiento debe solicitarse por la vía judicial, lo que en la especie no ha ocurrido.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de haber constatado la infracción denunciada, lo que conlleva, como se ha señalado, a acoger la acción constitucional deducida, para el solo efecto de agotar el análisis de los fundamentos señalados por los recurrentes, y en relación a la referencia que hace el recurso a la presunta vulneración de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política, que consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, sólo cabe indicar que no se avizora cómo las medidas aplicadas a los recurrentes han podido afectar dicha garantía constitucional, toda vez que sólo se les impide el ingreso a los terrenos de la recurrida, pero no les impide desarrollar la actividad económica que ellos deseen, sea la misma que efectuaban en los puestos ubicados dentro de los terrenos de la recurrida, o en un lugar distinto.

NOVENO: Que, en lo que dice relación con la vulneración a la garantía constitucional de igualdad ante la ley, prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, señalan los recurrentes que ella se produce por cuanto la recurrida les impide el goce del inmueble arrendado y de los bienes muebles, impidiéndoles el ingreso a sus locales e instalaciones, en tanto que la igualdad ante la ley se hace efectiva desde el momento en que se obliga a las partes a resolver sus conflictos para la ejecución o cumplimiento del contrato de arrendamiento en sede judicial, evitando las acciones de autotutela. Analizada la conducta de la recurrida, queda claro que ha optado por aplicar sanciones directamente a los afectados, desatendiendo con ello las normas legales que la obligan, tratándose del arrendamiento de un inmueble urbano, a plantear sus pretensiones a través del ejercicio de acciones que han de conocerse y resolverse en instancias judiciales, lo que implica en definitiva una conducta de autotutela. Tal conducta vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, estableciendo un tratamiento diferenciado tratándose de los recurrentes, no permitiéndoles debatir sus derechos en un juicio que sea conocido por un tribunal de justicia.

DÉCIMO: Finalmente, respecto de la eventual vulneración de la garantía contemplada en el artículo 19 N° 3, respecto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se encuentre establecido por ésta con anterioridad la perpetración del hecho, se debe tener presente que, tal como consta en la copia del Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la recurrida, de fecha 30 de septiembre de 2016, se aprobó en ella la modificación a los estatutos sociales, confiriéndole mayores atribuciones al Directorio y a su representante legal, y entre las cuales se menciona el “poder caducar contratos unilateralmente mediante carta certificada al no cumplir con las exigencias interpuestas”(sic); como se ha señalado precedentemente, tratándose de arrendamiento de bienes raíces urbanos, como ocurre precisamente respecto de los contratos celebrados entre los recurrentes y la recurrida, debe aplicarse la Ley N° 18.101, que establece derechos irrenunciables para los arrendatarios, lo que implica que el término del contrato de arrendamiento no puede declararse unilateralmente, sino que por la vía judicial, y lo mismo corresponde tratándose de las solicitudes de restitución del inmueble arrendado.

Asimismo, debe tenerse presente lo dispuesto en el Reglamento Interno de la Sociedad Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A., también incorporada en estos antecedentes por la recurrida al evacuar su informe; en tal sentido, en el Título VIII de dicho cuerpo normativo, se contempla la existencia de una Comisión de Disciplina y se regulan las sanciones, cobrando relevancia lo señalado en el artículo vigésimo séptimo del Reglamento, que en sus incisos segundo y tercero señala: “La Comisión de Disciplina conocerá de todas las infracciones cometidas, aun cuando ellas por su envergadura sean además de conocimiento de la Justicia Ordinaria.

La Jurisdicción de la Comisión comprenderá tanto a accionistas, arrendatarios o a terceros que estuviesen involucrados en un hecho que signifique infracción cometida dentro del recinto la Plaza Mercado.”

En cuanto a su composición y objeto, esta misma disposición señala que la Junta de Accionistas debe designar cinco miembros de entre los accionistas para que conformen esta Comisión de Disciplina, la que es el órgano jurisdiccional que velará por el cumplimiento del Reglamento.

UNDÉCIMO: Que, analizados estos antecedentes, y teniendo presente el contenido de las cartas por medio de las cuales se puso en conocimiento de los recurrentes la sanción de suspensión de ingreso a la Feria, se evidencia, como primera observación, que no queda claro el autor de la comunicación, ya que no se indica nombre ni tiene firma, sino sólo la leyenda “P.P. Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A. RUT RUT reservado”; posteriormente, en el informe evacuado en estos antecedentes por la recurrida, ella misma ha reconocido que ha sido el Directorio de la sociedad el órgano que ha procedido a aplicar la sanción señalada y no la Comisión de Disciplina, por lo que también ha quedado acreditada la infracción a la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 7° de la Carta Magna, ya que el Directorio se ha erigido en un verdadero tribunal o comisión especial que, sin tener competencia normativa para conocer de la aplicación de sanciones disciplinarias, las ha aplicado al margen de la normativa que rige a la institución, lo que torna en ilegal su resolución.

Por estas consideraciones y atendido, además, lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado, doña nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de la Sociedad Feria de Abastos La Costanera de Coquimbo S.A., representada por su Directorio compuesto por doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado; doña nombre reservado, doña nombre reservado y nombre reservado, debiendo cesar de inmediato los obstáculos impuestos a los recurrentes, sea por ella o por sus dependientes, para el ingreso a sus instalaciones y de ejercer en contra de los recurrentes cualquier acto que signifique privar, perturbar o amenazar la garantía constitucional transgredida, debiendo remover los obstáculos ya impuestos, como lo son, las soldaduras y el sello de los candados y retirando los cierres metálicos de manera inmediata.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del abogado integrante don Claudio Fernández Ramírez.

Rol Corte N° 1724-2017-Civil.

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro señor Juan Pedro Shertzer Díaz, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Claudio Fernández Ramírez. (No firma señor nombre reservado por encontrarse en comisión de servicio, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa).

La Serena, a uno de diciembre de dos mil diecisiete, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.