Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol Corte N° 172-2019 y acumulado Rol N° 181-2019 La nombre reservado, a cinco de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado cédula de identidad NºRUT reservado, domiciliada en domicilio reservado de la nombre reservado, en el Ingreso de esta Corte N° 172-2019, e interpone, mediante correo electrónico, con fecha 18 de febrero de 2019, recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo (en adelante nombre reservado), domiciliada en domicilio reservado, en atención, al parecer, que no le han pagado las siguientes licencias médicas: N° 2-57841722, del 15 de noviembre de 2018, por 30 días; Nº 2-57843621, del 15 de diciembre de 2018, por 30 días y, la Nº 2-58504979, del 17 de enero de 2019, por 30 días.

Pretendiendo fundar su libelo, expresa, textualmente, que el recurso lo interpone: “…debido a que no he podido apelar mis Licencias Médicas de Diciembre 2018 y Enero 2019, no me han hecho llegar ninguna documentación con respecto a las RESOLUCIONES EXENTAS que deben ser enviadas por esa Institución cada vez que se Rechaza una Licencia Médica, por lo que he tenido que acudir a ustedes solamente con los antecedentes de La Caja Los Andes de la Pagina WEB, en donde también me llama mucho la atención que las LICENCIAS AUTORIZADAS DESDE MAYO A SEPTIEMBRE 2018 aún aparecen Autorizadas con Requisitos Pendientes en Caja”. Agrega, enseguida: “Como no tengo número de Resolución Exenta, les voy a informar de todos mis Derechos Vulnerados Y Amenazados por ésta Institución, más aún ahora que no han Pagado los RECURSOS DE PROTECCION 990 Y 1174 DE 2018 POR ORDEN DE LA CORTE. nombre reservado (nombre reservado) cada vez me pone más y más inconvenientes para yo poder realizar mis Tramites, siendo que a ellos les consta que estoy Realizando Mis Tramites de Invalidez en la Comisión Medica Regional y mi AFP CUPRUM y que todos los antecedentes que he logrado conseguir es por transparencia o por páginas web de cada Institución…Como dije anteriormente han vulnerado todos mis derechos constitucionales, me han omitido información arbitrarias e ilegales, me falsificaron un PERITAJE jamás realizado, por lo que he sufrido como consecuencia, he sufrido privación a la información que por ley me corresponde y amenazas a todos mis derechos y garantías constitucionales…Que ahora como no tengo las Resoluciones Exentas del nombre reservado he visto en la página web de la Caja Los Andes que ahora según ellos no tengo Vínculo Laboral, si eso fuese así no podría estar tramitando mi Invalidez ya que no tendría cotizaciones como debe de ser… Que estoy cubierta por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, pero nombre reservado no quiere aceptar que no hay Finiquito sino, desvinculación, por lo tanto, no hay término de relación laboral, según ese razonamiento ellos se sienten con el Derecho el cual no corresponde Rechazar las Licencias Médicas… Que, así las cosas, los actos dictados, CARECEN de todo fundamento fáctico, apareciendo entonces que la autoridad que los dictó a incurrido en una mera arbitrariedad, pues en ello se ha prescindido de la exigencia legal en cuanto a que el acto administrativo debe ser Fundado suficiente, atendiendo portal, que adolece de sustentación lógica, o es injusto, caprichoso o arbitrario. Deben atenerse estrictamente a la norma civil vigente. Es lo contrario a Derecho o a la Ley.

En consecuencia, la RECURRIDA al no emitir las Res. Exentas y al no enviar documentación a mi domicilio está agravando mi BIPOLARIDA CON DEPRESION SEVERA, más ahora que mi PAPÁ FALLECIÓ hace tan solo 4 meses (30 SEPTIEMBRE 2018) de un CANCER PULMONAR GRADO IV y para mí ha sido DEVASTADOR, por lo que ahora vivo absolutamente sola y no tengo ningún apoyo familiar ni de mis hermanas ni de mis hijas, por lo que debo resolver todos mis problemas sola. Como por ejemplo medicarme, y a veces abuso de los medicamentos porque no soy capaz de entender por qué mi papá partió tan joven y me dejó sola, él era mi apoyo incondicional, mi amigo, mi confidente y ahora quede sola Me medico sola, voy al psiquiatra con mucho esfuerzo, al igual que cuando debo ir a retirar is medicamentos al Hospital de La Serena, que es mi vecina quien me orienta con l que debo hacer”.

Acompaña a su recurso documentos consistentes en el Certificado de Defunción de don nombre reservado; Certificado de afiliación al Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, Certificado de Pensión en Trámite de A.F.P. Cuprum, de fecha 07 de febrero de 2019 y Certificado de continuidad de licencias médicas emitido por Fonasa el 20 de diciembre de 2018.

Asimismo, con fecha 21 de febrero de 2019, en los autos sobre recurso de protección, Rol ingreso de esta Corte N°181-2019, mediante correo electrónico, la misma compareciente deduce nuevo recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, manifestado que desconoce las resoluciones exentas que se pronunciaron sobre las licencias médicas Nº2-55204376 y 2-55774429 de enero y febrero de 2018, respectivamente, por 30 días cada una, reiterando como fundamentos, textualmente lo que se acaba de consignar en el párrafo ante anterior respecto del primer recurso y acompañando los mismos documentos.

En ambos recursos sostiene que la nombre reservado falsificó un peritaje médico.

Mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2019, se dispuso la acumulación y vista conjunta y simultánea de ambos recursos.

Por su parte, con fecha 27 de marzo de los corrientes, la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo (nombre reservado), a través de su abogado don Sergio Ansieta Calderón, comparece informando el recurso Rol 172-2019, y expone:

Que la recurrente fue contratada en 2013 por la Corporación Gabriel González Videla de la Serena, para desempeñarse como ingeniera en prevención de riesgos, cosa que hizo hasta julio de 2014, fecha en que fue desvinculada, sin firmar finiquito, luego de haber sido denunciada por ejercicio ilegal de la profesión.

Relata que desde enero de 2014 a la fecha ha estado presentando licencias médicas continuas relacionadas con la misma patología de salud mental.

Indica que ante la negativa de la Corporación antes referida de tramitar sus licencias, éstas son entregadas a la Inspección del Trabajo, quien las envía al nombre reservado para su autorización y pago conforme al procedimiento establecido en el artículo 64 del D.S. Nº3, de 1984 del Ministerio de Salud, y en la circular Nº126 de Superintendencia de Seguridad Social o SUCESO de 25 de abril de 1989.

Manifiesta luego, que a fines de 2017 la nombre reservado ordenó realizar un peritaje médico a la señora nombre reservado, el cual concluyó que el reposo asociado a sus licencias médicas no se encontraba justificado. Rechazando las licencias por las causales “reposo prolongado” y/o “debe iniciar trámites de pensión de invalidez”. Esto ha motivado la presentación de diversos recursos de protección por la recurrida, siendo los primeros acogidos, por razones formales, pero, en cambio, los últimos vienen siendo rechazados sistemáticamente por adolecer de extemporaneidad y falta de fundamentación, tal como aconteció en la última sentencia de fecha 21 de marzo de 201, Rol 1336 y acumulada, año de ingreso 2018.

Afirma que la recurrente mediante la falsificación de un título profesional, logró ser contratada como ingeniera, ejerciendo de manera ilegal su profesión en la Corporación González Videla, hasta que fue descubierta. Precisa que durante ese periodo y hasta la fecha, ha presentado diversas licencias médicas, con el mismo diagnóstico, lo que le ha permitido percibir un subsidio por incapacidad laboral cuyo origen es espurio, ya que el contrato de trabajo del cual provienen es ilegal, agregando que en causa RIT 2296-2016 del Juzgado de Garantía de La nombre reservado, fue condenada por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Y da cuenta, además, del prontuario policial de larga data, de la recurrente.

Pone de manifiesto que incluso la actora se ha hecho pasar por la ex Presidenta de la República, por su jefa de gabinete, incluso por el Fiscal Nacional, enviando correos electrónicos a las autoridades del nombre reservado y SEREMI de Salud, bajo amenaza de desvinculación si se oponen al pago de los subsidios respectivos.

Refiere, también, que ha presentado diversas solicitudes de pensión de invalidez, hasta que la Superintendencia de Pensiones informó que no cumplía los requisitos para obtener una pensión de este tipo, lo que se acredita con certificados otorgados por dicho organismo, con fecha 13 de febrero de 2017, lo que se encuentra ejecutoriado.

Señala que es absolutamente falso que la nombre reservado haya falsificado el último peritaje de la recurrente, que ésta, incluso, no asistió a la citación para efectuar un nuevo peritaje. Añade que ella acciona directamente de protección sin siquiera utilizar los recursos administrativos y/o esperar la tramitación de los actos administrativos, lo cual da cuenta de su desdén por los procedimientos administrativos.

A continuación, indica que se debe proceder al rechazo del recurso, conforme a los siguientes argumentos:

Primero, que los correos que motivaron la tramitación de los procedimientos proteccionales son confusos e ininteligibles, no señala los actos ilegales y arbitrarios de sus representada ni las garantías o derechos conculcados, y de qué forma se verían vulnerados, lo que pone a su representada en un estado de indefensión.

Sostiene que la acción de protección exige que quien lo deduzca señale cuales son los hechos en que se fundamenta con indicación de las fechas de su acaecimientos, las garantías que supone afectadas, lo que permita su acertada resolución, lo que no se verifica en estos autos.

Expone que la situación no es nueva ya que la recurrente acostumbra, luego de entregar las licencias en la Inspección del Trabajo, a enviar correos electrónicos de protección en contra de la COMPIM, expresando desconocer el acto administrativo contra el cual recurre. Reclama que este modus operandi constituye un abuso de los procedimientos, obligando tanto a esta Corte, como a su representada, a realizar esfuerzos para reconstruir los hechos e intentar dilucidar cuáles son los actos ilegales o arbitrarios, imponiendo una carga adicional para su defensa. Hace presente que esta misma Corte ha resuelto rechazar los recursos de protección promovidos por la misma persona por falta de fundamentación, en recursos rol 387, 596 1336 y acumulada 1364, todas de 2018.

En segundo lugar, indica que el rechazo debe fundarse en la existencia de pronunciamiento previo de esta misma Corte, específicamente en causas roles 990 y 1174 de 2018, las que se encuentran ejecutoriadas.

En tercer lugar, señala que se debe rechazar el recurso pues, pues dice relación a un derecho perteneciente a la seguridad social establecida en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República no amparado por la acción constitucional promovida.

Sostiene que la acción de protección es un procedimiento de urgencia de carácter, excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República; que debido a dicho carácter, debe dársele una aplicación restringida únicamente para aquellos casos de violación flagrante de los derechos constitucionales, que por su naturaleza y características requieren un pronunciamiento judicial especialmente rápido, que ponga pronto remedio a actos u omisiones arbitrarios o ilegales, y que tratándose en consecuencia de una materia integrante del Derecho a la Seguridad Social, no es admisible de protección, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma, por cuanto como ya se explicó, el artículo 20 de la Constitución Política no lo admite respecto de esa garantía constitucional, consagrada en el N° 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En cuarto lugar, promueve el rechazo en base a la inexistencia de un derecho indubitado, presupuesto esencial para la procedencia de una acción de protección. Sosteniendo que la jurisprudencia uniforme consignada en los últimos fallos de los tribunales superiores de Justicia, ha establecido, a propósito del rechazo de licencias médicas efectuadas por la nombre reservado, que no existe derecho alguno incorporado al patrimonio de la afectada recurrente, cuando le ha sido denegado el pago de los subsidios reclamados por estimar que las licencias médicas contienen un reposo injustificado, transcribiendo parte de las sentencias que señala, indicando que al no existir un derecho indubitado, el recurso de protección en contra del rechazo efectuado por la nombre reservado, no puede prosperar ya que no reúne los requisitos de procedencia del mismo, al no contar la actora con un derecho de carácter indubitado que pueda ser tutelado por esta vía.

En subsidio de lo anterior, sostiene que el rechazo debe prosperar por no existir fundamentos médico-administrativos que justifiquen los reposos médicos de la recurrente.

Refiere que el D.S. N° 3/84, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la nombre reservado o de la ISAPRE, en su caso, ejercer el control técnico de las licencias médicas; que a su vez, el artículo 16 señala que tanto la nombre reservado, y la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas, reducir o ampliar el periodo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Cita el concepto de licencia médica que señala el artículo primero del D.S. N° 3/84, indicando que es un reposo de carácter temporal que supone necesariamente la posibilidad cierta y real de recuperar la capacidad de trabajo y en condiciones de reincorporación al trabajo, y que en esta situación, la suspensión transitoria de la capacidad de ganancia, el trabajador o trabajadora debe hacer uso de la licencia médica, reposo que, unido en la mayoría de los casos a un tratamiento médico farmacológico de otro tipo, debe conducir a que el trabajador recupere su salud y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo.

Manifiesta que en el caso particular la recurrente entre los años 2014 a 2018 ha presentado un total de 1.261 días de licencias médicas, de los cuales 931 fueron autorizados por la nombre reservado-hasta el 18 de enero de 2018-, las licencias de 2018 y 2019 han sido rechazas por dos causales, “reposo prolongado, por no ameritar reposo según peritaje realizado por profesional del área de salud mental y pautas referenciales del MINSAL” y “finiquitado sin vínculo laboral”. Encontrándose justificados los rechazos.

Arguye luego que la recurrente fue evaluada para una pensión de invalidez, y la Contraloría Médica de la Superintendencia de Pensiones, rechazó dicha solicitud mediante dictamen ejecutoriado, lo que es concluyente con las conclusiones del peritaje de la nombre reservado.

Indica que de lo expuesto se colige que la nombre reservado Coquimbo ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, con estricto apego a los criterios médicos dispuestos para llevar a cabo la labor de Contraloría Médica, establecidas tanto en el D.S. N° 3 y Decreto N° 7, entre otras, lo que excluye de plano que se esté en presencia de un acto arbitrario o ilegal.

Concluye solicitando el rechazo de la acción de protección y acompaña a su informe los siguientes documentos:

1.- Peritaje médico-psiquiátrico, efectuado a la recurrente por la doctora nombre reservado.

2.- Copia Licencia Médica N°57843621 y Nº5804979.

3.- Declaraciones juradas simples tramitadas por la recurrente en la Inspección del Trabajo de La nombre reservado, los días 02 y 29 de enero de 2019.

4.- Ordinarios 569 y 3128 de la nombre reservado, ambas de 2019, que comunican a la Corporación G.G.V. el rechazo de las licencias médicas N°57843621 y Nº5804979.

5.- Cartola médica de la recurrente.

6.- Sentencia dictada en causa Rit 2296-2016 del Juzgado de Garantía de La nombre reservado.

7.- Resolución CMC13175/2017, de fecha 25.01.18, de la Superintendencia de Pensiones, que confirmó dictamen que rechazó la invalidez de la recurrente.

8.- Citación a peritaje.

9.- Listado maestro de licencias médicas, que contiene el historial de licencias médicas, periodo 2014-2019.

10.- Contratos de trabajo suscritos por la recurrente con la Corporación G.G.V.

11.- Set de correos electrónicos, publicaciones de la prensa regional y nacional y fotografías.

A su vez, comparece el 27 de marzo del año en curso, don Sergio Abarca Vargas, abogado en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y evacuando el informe que le fue solicitado, manifiesta que su representada recibió y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación en la nombre reservado Coquimbo–La nombre reservado, para las licencias médicas N°2-57841722, 2-57843621, 2-58504979 y 2-57852478, correspondientes a la señora nombre reservado, RUN N°RUT reservado.

Expresa que la nombre reservado Coquimbo rechazó las licencias médicas N°2-57841722 y 2- 57843621, por el periodo que va desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 13 de enero de 2019 por el motivo “Rechazada sin vínculo laboral”.

Aclara que, con respecto a la licencia médica N°2-58504979, por el periodo desde el 17 de enero hasta el 15 de febrero de 2019, la referida nombre reservado rechazó esta licencia médica por el motivo “Rechazo reposo injustificado”.

Finalmente, la licencia médica N°2-57852478, por el periodo desde el 16 de febrero hasta el 17 de marzo de 2019, fue rechazada por dicho organismo por el motivo “No asistió a peritaje”

Comparece, con posterioridad, nuevamente el mandatario de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo, complementado su informe anterior, expresando que los antecedentes esgrimidos para solicitar el rechazo de ambos recursos son básicamente los mismos, pero agregando que el recurso de protección vinculados a las licencias médicas N° 55204376 de fecha 19 de enero de 2018 N° 55774429 19 de febrero de 2018 (Rol 181-2019), debe ser desechado por extemporáneo, ya que éstas fueron rechazadas por reposo prolongado, frente a lo cual la actora interpuso recurso de reposición, siendo desestimado por resolución exenta N° 1139 de 4 de abril de 2018 por la causal “no ameritar reposo de acuerdo a peritaje realizado por médico especialista, por reposo prolongado”, resolución que fue notificada con fecha 12 de abril de 2018, por lo que el plazo para interponer el recurso de protección venció el día 12 de mayo de 2018.

Adiciona, en relación al recurso 172-2019, que el rechazo de la licencia médica N° 57841722 fue notificado a la recurrente mediante carta certificada enviada el 28 de noviembre de 2018, ante lo cual no interpuso recurso de reposición, por lo que también la acción intentada es extemporánea mientras que respecto de las licencias médicas N°57841722 por 30 días a contar del 15.11.18, b) N'57843621 por 30 días, a contar del 15.12.18 y c) N°58504979 por 30 días, a contar del 17.01.19, no existe derecho indubitado. Indica que de los documentos que acompaña, queda en evidencia que la Sra. nombre reservado interpone recursos de protección, incluso antes de ser notificada del rechazo de sus licencias, situación que pone de manifiesto el uso abusivo de una acción cautelar que por su naturaleza es excepcional; que en el coso particular, la recurrente declara no haber sido notificada por su representada, por lo que debe interponer este recurso, pero ello no es efectivo, pues consta del registro denominado "Historial por `RUT", que en el caso de la licencia médica N°57843621 ésta fue notificada por la nombre reservado el 18 02.19, esto es, dos días después de que la Sra. nombre reservado había interpuesto el recurso que dio origen a la causa rol N°172.

Coincidente con lo anterior, la Sra. nombre reservado, señala, ha tenido una actitud rebelde no sólo con la autoridad, sino también con los procedimientos administrativos, ya que no sólo ha acusado a su mandante de haber falsificado el peritaje realizado, sino también no asistió a la última citación para una reevaluación de su estado de salud, razón por la cual debe entenderse vigente el último peritaje realizado por la Dra. nombre reservado, fundamento último para el rechazo de sus licencias médicas.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que habiéndose dispuesto la acumulación y vista conjunta y simultánea de los recursos de protección deducidos en estos antecedentes, Roles 172-2019 y 181-2019, y existiendo en ambos procedimientos las mismas peticiones de la recurrente y los mismos argumentos de defensa de la recurrida, se procederá al análisis conjunto de ambos recursos.

SEGUNDO: Que como cuestión preliminar, conviene tener presente que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

TERCERO: Que, se desprende de lo expresado, que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, por otra parte, ha de tenerse presente que la acción de protección, por su propia naturaleza, exige que quien la impetre deba señalar con claridad y precisión los hechos, actuaciones u omisiones que estima arbitrarios e ilegales, que le causan privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de algunos de los derechos y garantías protegidos en la citada disposición constitucional, pues solo con dicho conocimiento esta Corte podrá tomar las providencias pertinentes y necesarias para poner pronto remedio a dicha vulneración. Así lo exige perentoriamente el Acta 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, que fija el texto refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de este recurso, en cuanto le impone al Tribunal examinar en cuenta tanto la oportunidad de interposición del libelo así como la mención de los hechos constitutivos de la vulneración de las garantías protegidas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, bajo sanción de declararse desde luego su inadmisibilidad, para el caso de no cumplirse con alguna de tales exigencias.

QUINTO: Que analizado los libelos recursivos deducidos por doña nombre reservado, a la luz de dichas exigencias, se puede inferir que en la confusa exposición de los hechos que ésta hace en ambos escritos, sólo se pudo desentrañar por esta Corte, que en ambos casos la actora reclama en contra de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez, por una conducta reiterada de ésta de no hacerle llegar ninguna documentación con respecto a las resoluciones exentas que habrían rechazado las licencias médicas objeto de los recursos, lo que la obligó a acudir a la página web de la Caja Los Andes para informarse de ello, pudiendo constatar allí que las licencias autorizadas desde mayo a septiembre de 2018 aún se encuentran pendientes de pago. A continuación, en cada uno de los libelos, luego de singularizar las licencias médicas en cuestión, acto seguido afirma que se vulneraron y amenazaron todos sus derechos y garantías constitucionales, con falsificación de un peritaje médico, que nunca se le practicó, y que en la Caja de los Andes se enteró que están negando su vínculo laboral, no obstante que ella está tramitando una pensión de invalidez, lo que solo es posible teniendo cotizaciones. Añade que “nombre reservado no quiere aceptar que no hay finiquito, sino desvinculación, por lo tanto, no hay termino de la relación laboral”, por lo que estima que los actos de la recurrida carecen de todo fundamento lo que demostraría la arbitrariedad con la que ha actuado, actitud ésta que está agravando su bipolaridad con depresión severa.

SEXTO: Que, como se ve, la recurrente, no precisa en ninguno de los recursos la o las actuaciones de la nombre reservado que habrían supuestamente vulnerado sus garantías, que no sea la de denunciar de modo genérico la omisión en que habría incurrido la nombre reservado de enviarle las resoluciones exentas relativas al rechazo de las licencias médicas que indica, absteniéndose de precisar, sin embargo, las circunstancias de tiempo de tales omisiones y, en todo caso, la o las garantías afectadas, así como la manera en que dicha vulneración se habría producido. De esta forma, dicha supuesta omisión, de ser tal, tampoco aparece vinculada a la afectación de algunas de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental, lo que tampoco se ha podido esclarecer con los antecedentes que arrimó a cada una de sus demandas, tales como certificado de defunción de su padre, certificado de la Caja Los Andes, certificado de sus cotizaciones previsionales, que en nada aportaron al efecto.

SÉPTIMO: Que la confusa y en gran parte ininteligible exposición de los hechos de los libelos pretensores, con falta de determinación nada menos que de los actos que se afirman arbitrarios e ilegales y causantes de violación o conculcación de garantías —tampoco mencionadas—, no puede considerarse apta para colmar las exigencias de fundamentación mínima de la acción constitucional impetrada en ambas demandas, con lo que las mismas se ven desprovistas de los sustratos fácticos necesarios para que esta Corte, de acogerse los recursos, pueda adoptar alguna medida conservativa de urgencia, de resguardo de derechos.

OCTAVO: Que por lo expuesto, resulta forzoso concluir que ambos arbitrios de protección de la actora, deben desestimarse, en razón de su falta de inteligibilidad y, por tanto, su evidente falta de fundamentos.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, de decide:

A.-Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en el Ingreso 172-2019; y B.-Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en el Ingreso 181-2019.

Redacción del Ministro Suplente, Juan Carlos Espinosa Rojas.

Notifíquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Roles Nº 172-2019 y acumulado Rol 181-2019 Protección.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas. No firma el Ministro señor Espinosa no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso.

En La nombre reservado, a cinco de junio de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.