Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°1719-2025.- La Serena, treinta de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don nombre reservado

nombre reservado, abogado, quien actúa en beneficio de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado legalmente por su Director Nacional, por la negativa a dar una debida tramitación de la solicitud de refugio de la recurrente, con sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, regulado lo anterior en el artículo 26 y siguientes de la Ley N°20.430.

Expone que su representada se vio forzada a abandonar Venezuela debido al contexto de violencia generalizada, vulneraciones masivas de derechos humanos y grave perturbación del orden público existente en dicho país, saliendo de su territorio el 9 de noviembre de 2021 e ingresando a Chile por paso no habilitado el 19 del mismo mes.

Señala que, ya en territorio nacional y tras informarse respecto de los mecanismos de regularización migratoria, el 18 de octubre de 2024 concurrió personalmente a dependencias de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Migraciones de La Serena, oportunidad en la cual formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, fue entrevistada por funcionarios del servicio y acompañó la documentación requerida para dar inicio al procedimiento administrativo respectivo.

Indica que, desde dicha fecha no ha recibido comunicación alguna por parte de la autoridad recurrida, ni se le ha otorgado la visación de residente temporario prevista en el artículo 32 inciso primero de la Ley N° 20.430, manteniéndose su situación migratoria en un estado de indefinición prolongada.

Alega que tal omisión infringe el marco normativo nacional e internacional que regula el derecho a solicitar refugio, en particular el principio de no devolución consagrado en la Ley N°20.430 y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, destacando que la función de los funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones se limita a recepcionar la solicitud y remitirla a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, careciendo de atribuciones para impedir o paralizar su tramitación.

Finalmente, solicita se acoja la acción constitucional, se declare que la recurrida ha actuado en forma ilegal y arbitraria, y se ordene dar curso efectivo al procedimiento de refugio, disponiendo además el otorgamiento de la visa temporaria correspondiente mientras se resuelve su solicitud, con orden de no innovar destinada a impedir cualquier medida de expulsión durante la tramitación del recurso.

SEGUNDO: Que informa Roberto Ignacio Castillo Toro, abogado de la Dirección Regional Coquimbo del Servicio Nacional de Migraciones, y pide el rechazo de la acción.

En primer lugar, indica que la recurrente dedujo previamente recurso de protección Rol N°530-2025 ante esta misma Corte, el cual fue rechazado por sentencia de fecha 21 de abril de 2025, resolución que se encuentra firme y ejecutoriada. Indica que en dicho proceso se resolvió exactamente la misma pretensión: obligar a la autoridad migratoria a tramitar y acoger la solicitud de refugio y conceder visa temporaria. Hace presente, que concurren copulativamente los requisitos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por lo que procede acoger la excepción de cosa juzgada y rechazar la acción.

En cuanto al fondo, expone que la actora fue debidamente notificada por correo electrónico del requerimiento de subsanación de antecedentes mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 3 de marzo de 2025, otorgándosele un plazo de quince días hábiles para cumplir con los requisitos formales exigidos por la Ley N°20.430, bajo apercibimiento legal de tenerla por desistida, lo que finalmente ocurrió al no presentar la documentación solicitada, dictándose en consecuencia la Resolución Exenta N°NUM001 de 27 de marzo de 2025, que declaró desistida su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada.

Agrega la recurrida que la actora tampoco interpuso recurso administrativo alguno contra dicha resolución, encontrándose el acto firme y ejecutoriado, descartándose cualquier omisión o ilegalidad imputable al Servicio.

Finalmente, el Servicio Nacional de Migraciones sostiene que no existe vulneración de garantías constitucionales, pues el procedimiento se ajustó estrictamente a la normativa vigente, Ley N°20.430, su Reglamento y Ley N°19.880, actuando la autoridad dentro de sus competencias legales, razón por la cual solicita el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas por su carácter reiterativo y temerario.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, previo a abordar el análisis de fondo del presente arbitrio constitucional, resulta indispensable pronunciarse respecto de la excepción de cosa juzgada opuesta por la recurrida, desde que de los antecedentes que obran en autos se desprende que la legalidad del acto administrativo impugnado ha sido objeto de un pronunciamiento jurisdiccional previo, firme y ejecutoriado.

En efecto, la controversia relativa a la omisión del Servicio Nacional de Migraciones en dar tramitación efectiva a la solicitud de refugio de nombre reservado fue ya conocida y resuelta por esta Corte de Apelaciones en los autos caratulados “nombre reservado/nombre reservado”, en el marco de un recurso de protección, Rol Corte N°530-2025, cuya sentencia fue dictada con fecha 21 de abril de 2025 y se encuentra actualmente firme y ejecutoriada.

En consecuencia, concurren en la especie los requisitos copulativos de identidad legal de partes, identidad del objeto pedido e identidad de la causa de pedir, exigidos por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil para la configuración de la excepción de cosa juzgada, resultando improcedente que, mediante la interposición de una nueva acción constitucional, se pretenda reabrir un debate jurídico que ha sido resuelto de manera definitiva por un tribunal competente. Admitir lo contrario importaría desconocer el principio de seguridad jurídica y desnaturalizar el carácter cautelar, excepcional y subsidiario del recurso de protección, transformándolo en una vía revisora de decisiones jurisdiccionales firmes, lo que resulta jurídicamente inadmisible.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, SE ACOGE la excepción de cosa juzgada, formulada por la recurrida Servicio Nacional de Migraciones y, consecuencialmente, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol N°1719-2025 Protección.-