Protección contra SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

nombre reservado

Servicio de Registro Civil e Identificación Recurso de Protección Rol N° 1715-2024.- La Serena, veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro comparece nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, por el acto ilegal y arbitrario consistente en oponerse a su solicitud de omisión de una anotación penal de la hoja de vida del conductor, en circunstancias que aquella se encuentra omitida de su certificado de anotaciones penales. Lo cual vulnera la garantía constitucional prevista en el N° 2 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Expone que el 20 de septiembre de 2020, fue condenado por el delito de conducción en estado de ebriedad en la causa RIT N° 6125-2020, RUC N° 2000667051-3, del Juzgado de Garantía de Coquimbo, a las penas de 41 días de prisión en su grado máximo, multa de 1 de unidades tributarias mensuales, suspensión de la licencia de conducir por 2 años y suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena. La pena privativa de libertad la cumplió con la pena sustitutiva de remisión condicional, la multa fue íntegramente pagada y la suspensión de licencia de conducir cumplida.

Destaca que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales y, especialmente, en virtud del cumplimiento íntegro de la condena, se omitió aquella de su extracto de filiación y antecedentes. No obstante, el 14 de octubre de 2024, concurrió ante la recurrida para solicitar la omisión de la condena de su hoja de vida del conductor, manifestándosele, verbalmente, que la solicitud sería rechazada por improcedente, lo cual afecta de manera directa al recurrente más aun que en estos momentos se encuentra con contrato a plazo con posibilidad de pasar a indefinido y se le está solicitando hoja de vida del conductor para manejar camioneta en faena, motivo por el cual este antecedente causa un claro menoscabo pasando totalmente por alto el espíritu de reinserción social de la norma.

Señala que debe concluirse que la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación de negarse a eliminar la condena en cuestión de la hoja de vida del conductor es un acto ilegal y arbitrario.

Es ilegal por cuanto: a) El artículo 38 de la ley 18.216 no hace ninguna distinción acerca de cuáles son los registros desde los cuales debe eliminarse dicha anotación; b) Y por lo demás apuntando la ley 18.216 a la reinserción efectiva de los condenados, es que es un total despropósito ahora que el servicio recurrido proceda a eliminar solo parcialmente la referida condena, de mantenerse la condena en la hoja de vida de conductor no se cumple el espíritu y propósito de la ley, ya que es en la conducción donde precisamente muchas personas consiguen un trabajo y reinsertarse laboralmente; c) Que lo ilegal del acto recurrido emerge también del hecho que las únicas excepciones a la eliminación de antecedentes conforme al artículo 38 de la ley 18.216 está contemplado en el inciso final y lo es respecto del prontuario para agregarlo a algún proceso penal, o los que se otorguen para los fines allí indicados y que son para las fuerzas de orden y seguridad.

Agrega que la arbitrariedad se evidencia desde el momento en que si bien es cierto el Registro Civil había informado haber cumplido lo ordenado al Juzgado de Garantía, sin embargo, ello no era cierto ya que mantiene el registro de dicha condena en la hoja de vida del conductor, el cual se solicita por las Direcciones de Tránsito y Juzgados de Policía Local a fin de evaluar la procedencia de la renovación u obtención de licencia de conducir, y lo cierto es que la recurrida decidió mantener esa inscripción pero sin entregar ninguna razón lógica ni jurídica.

Refiere que lo grave de todo esto es que ya cumplió con una suspensión e licencia de conducir por 2 años y ahora que la recurrida se niega a cumplir con la ley y con una resolución judicial para la eliminación del referido antecedente se ha visto impedido de obtener licencia de conducir, pese a que no la tiene suspendida ya, se trata de una suspensión de facto dispuesta ilegal y arbitrariamente por la recurrida sin ningún tipo de soporte o fundamento legal.

Invoca como garantía constitucional vulnerada la igualdad ante la ley (artículo 19 N˚ 2 de la Constitución). Reitera que conforme lo dispone el artículo 38 inciso 1° de la ley 18.216 la referida condena ni siquiera debía ser anotada en sus registros, pero peor aún una vez cumplida la referida condena la recurrida se niega contumazmente a eliminarla, pese a que la ley y una resolución judicial así se lo han ordenado, lo que importa un trato diferenciado y discriminatorio.

Invoca también la Garantía al honor y honra de la persona (artículo 19 N° 4 de la Constitución). El mantener ilícita y arbitrariamente una anotación por la comisión de un delito cuya condena no solo esta cumplida sino que la a propia ley ordena omitirla y eliminarla importa una trasgresión al honor y la honra de su persona ya que con dicha anotación se le considera como no idóneo moralmente para optar a una renovación de su licencia de conducir, pese a haber cumplido satisfactoriamente con dicha condena.

Del mismo modo, aduce infracción al derecho a la libre elección de un trabajo y no discriminación en el (artículo 19 N˚ 16 de la Constitución). El mantener dicha anotación por un delito cuya condena esta cumplida que su anotación no solo tuvo que omitirse sino que demás eliminarse, coarta, le impide y perturba para optar a un trabajo e incluso poder postular a alguno en donde se le exige contar con licencia de conducir. Actualmente en su trabajo le están exigiendo la licencia de conducir como requisito para pasar a contrato indefinido.

Por último, denuncia infracción a la garantía de libre ejercicio de una actividad económica licita (artículo 19 N˚ 21 de la Carta Fundamental). Le negativa arbitraria e ilegal de la recurrida de omitir y eliminar la mencionada condena le impide ejercer una serie de actividades licitas entre las que se encuentran las de chofer.

Por estas consideraciones solicita se decrete la omisión de la condena impuesta en la causa RIT N° 6152-2020, RUC N° 2000667051-3, del Juzgado de Garantía de Coquimbo, de la hoja de vida del conductor de nombre reservado.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Certificado de antecedentes penales; 2. Hoja de vida del conductor; 3. Certificado de cumplimiento de sentencia; 4. Certificado de estudios, titulo y cursos posteriores; 5. Anexo contrato de trabajo; 6. Contrato de trabajo; 7. Copia cedula de identidad SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, Subdirector jurídico del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Expone que consta en el presente recurso de protección, que el recurrente ha solicitado, indistintamente, la omisión o eliminación de su hoja de vida del conductor de las anotaciones indicadas precedentemente. En efecto, consta en pasajes del recurso el uso de estas expresiones como si fueran sinónimos, lo cual constituye un evidente error conceptual, que deriva en la existencia de dos requerimientos manifiestamente diferentes.

Agrega que, en lo que se refiere a la omisión de las anotaciones contenidas en la Hoja de Vida del Conductor, o del Registro Nacional de Conductores, este no se encuentra contemplado en nuestra legislación, toda vez que la normativa que rige las omisiones de anotaciones tiene relación con las anotaciones penales, esto es, aquellas realizadas en el Registro General de Condenas. Dichas normas, por tratarse de normas de carácter público y derecho estricto, no es posible aplicarlas por analogía a otras materias.

En lo referente a la eliminación de anotaciones de la hoja de vida del conductor, invoca el artículo 217 del D.F.L. N°1 de 2009, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, que Fija el texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito. De acuerdo a dicha disposición, cuando una causa resulte anotada tanto en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados como en el Registro General de Condenas, se debe proceder primero a su eliminación del Registro de General de Condenas, luego de lo cual podrá eliminarse del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, previo pago de los derechos correspondientes.

Destaca que, del tenor de la norma citada, se desprende que estamos frente a dos cuestiones manifiestamente diferentes. Respecto de la omisión, esta no se encuentra establecida legalmente, mientras que, en cuanto a la eliminación, para que esta proceda, debe practicarse previamente, conforme a derecho, la eliminación de dichas anotaciones en el Registro General de Condenas.

Luego, señala que revisada la base de datos del Registro General de Condenas, se ha establecido que a la fecha de hoy don nombre reservado, RUN N°RUT reservado, registra las siguientes anotaciones: causa Rol N°6152-2020 RUC N° 2.000.667.051-3 del Juzgado de Garantía de Coquimbo por el delito de conducción en estado de ebriedad. Por sentencia de 20 de septiembre de 2022 es condenado a 41 días de prisión en su grado máximo más multa de 1 Unidad Tributaria Mensual. Pena remitida. Pena corporal cumplida. Añade que se otorgó beneficio de omisión de antecedentes penales en certificados para ingresar a la Administración Pública, para fines particulares y para fines especiales, de acuerdo al artículo 38 inciso 1° de la Ley N°18.216, sobre Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad. En virtud de lo dispuesto en el artículo 210 de la Ley N°18.290 (Ley de Tránsito) y siguientes, no procede omitir anotaciones penales en certificados para obtención o renovación de licencia de conducir.

En lo referente a la solicitud de beneficios a la cual se hace referencia en el recurso, el recurrente, solicitó al Registro Civil e Identificación la “omisión” de los antecedentes penales que figuraban en su Hoja de Vida del Conductor, respecto a las causas que fue individualizada precedentemente.

Posteriormente, el Servicio de Registro Civil nombre reservado, mediante oficio F.P. ORD. N°50407, de 28 de septiembre de 2022, en respuesta a la Solicitud de Beneficios N°63 de la Oficina de Coquimbo, se le comunicó lo siguiente:

“En causa 6152 - 2020 del Juzgado de Garantía de Coquimbo, se otorgó beneficio de omisión de antecedentes penales en certificados para ingresar a la Administración Pública, para fines particulares y para fines especiales, de acuerdo al art. 38 inciso 1° de la Ley N° 18.216, sobre Penas Sustitutivas a las Penas Privativas o Restrictivas de Libertad. En virtud de lo dispuesto en el art. 210 de la ley 18.290 (Ley de Tránsito) y siguientes, no procede omitir anotaciones penales en certificados para obtención o renovación de licencia de conducir”.

En virtud de todo lo anterior, ese Servicio no incurre en ningún acto ilegal o arbitrario, ya que la omisión de los antecedentes de la hoja de vida del conductor se fundamenta en los preceptos e instituciones legales ya explicadas latamente.

En cuanto al fundamento del recurso en comento, basado en el presunto hecho que la decisión de la administración afecta los derechos o garantías constitucionales del recurrente, hace presente que el Servicio no incurre en discriminación al aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene una normativa que señala claramente las formas de omitir antecedentes penales y antecedentes de la hoja de vida del conductor, por lo que no resultaría procedente para este Servicio hacer distinciones de ninguna especie. Las normas jurídicas son iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.

Por estas consideraciones solicita se rechace el presente recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: Hoja de Vida de Conductor del recurrente, Extracto de filiación del recurrente y oficio F.P. ORD. N°50407, de 28 de septiembre de 2022, en respuesta a la Solicitud de Beneficios N°63 de la Oficina de La Serena.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para decidir sobre el asunto controvertido, se debe tener presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en los roles 17-239-2024 y 22.843-2024, que abordan la misma hipótesis planteada por el recurrente.

En particular en los respectivos fallos se señala que: “resulta pertinente señalar que, el artículo 210 del DFL N° 1 de 2009 que Fija el Texto Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.290 (en adelante Ley de Tránsito), dispone que, el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, tiene por objeto, entre otros, “reunir y mantener los antecedentes de los conductores de dichos vehículos e informar sobre ellos a las autoridades competentes”, así debe registrar las sentencias ejecutoriadas por delitos, cuasidelitos y faltas —incluidos los de conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos del alcohol—, como también la cancelación o suspensión de la licencia de conducir. El Registro, además, comunicará a los Juzgados de Policía Local, los antecedentes que sirvan para la cancelación o suspensión de la licencia de conductor en caso de reincidencia y trasmitirá a los Tribunales de Justicia, Carabineros de Chile y los Departamentos de Tránsito municipales la información que les sea requerida.

Se añade por el artículo 217 de la Ley de Tránsito, acerca de la eliminación de las condenas en el Registro de las Sentencias que: “Las anotaciones en el Registro de las sentencias ejecutoriadas de condenas por infracciones gravísimas o graves podrán eliminarse una vez trascurridos tres años, en el caso de infracciones gravísimas, y dos años, en el caso de infracciones graves. Estos plazos se computarán y podrán hacerse valer separadamente para cada una de dichas categorías de infracciones, y se contarán desde la fecha de la anotación de la última infracción de la respectiva categoría.

Las demás anotaciones en el registro, que también figuren en el Registro General de Condenas, se borrarán, según corresponda, cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley.

La eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago de un derecho cuyo monto se determinará anualmente mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia”.

Por último, el inciso primero del artículo 38 de la Ley 18.216, dispone: “La imposición por sentencia ejecutoriada de alguna de las penas sustitutivas establecidas en esta ley a quienes no hubieren sido condenados anteriormente por crimen o simple delito tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria. El tribunal competente deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación al efecto”.

SEXTO: Que, de la normativa transcrita y conforme a la controversia planteada, es necesario asentar, en primer lugar, que las anotaciones registrales y las comunicaciones que deban enviarse a las autoridades competentes sobre su contenido, no podrán eliminarse del registro pertinente sino en los casos establecidos por la propia Ley del Tránsito en su artículo 217 que, según se transcribió, es admisible para el caso de las sentencias penales ejecutoriadas, en la medida que: “también figuren en el Registro General de Condenas, […], cuando se haya procedido a la eliminación de las anotaciones prontuariales o del prontuario penal mismo, en conformidad con la ley”, agregando en su inciso tercero que, dicha eliminación se solicitará directamente al Servicio, el que la practicará previo pago del derecho correspondiente.

SÉPTIMO: Que, por consiguiente, para que proceda la eliminación de una anotación en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, por haber sido el conductor condenado por sentencia firme y ejecutoriada por un tribunal competente en materia penal, es necesario que, la anotación correspondiente en el Registro Nacional de Condenas haya sido eliminada de conformidad con lo establecido al efecto por el Decreto Ley N° 409, sobre eliminación de antecedentes penales, y demás disposiciones legales aplicables (SCS Rol N° 69.723-2022).

OCTAVO: Que, el actor solicita omitir de su hoja de vida de conductor la sanción penal impuesta en la causa RIT O-6125-2020 del Juzgado de Garantía de Ovalle, puesto que la misma fue cumplida.

Sobre el particular, se debe tener presente que, tratándose de condenados cuyas penas privativas de libertad han sido sustituidas por una de las establecidas en la Ley 18.216, es posible aplicarse lo dispuesto en el artículo 38 de dicho cuerpo legal, el que establece que ello “tendrá mérito suficiente para la omisión, en los certificados de antecedentes, de las anotaciones a que diere origen la sentencia condenatoria”.

En consecuencia, “el correcto sentido y alcance del artículo 217 de la Ley N°18.290, debidamente enlazado con los incisos primero y tercero del artículo 38 de la Ley N°18.216, y con los artículos 1, 8, 9, 10 y 12 letra a) del Decreto Supremo N°64, además de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley N°409 de 1932, es que, si resulta posible el beneficio de la omisión para el caso del Certificado de Antecedentes Penales, con mayor razón es procedente el mismo beneficio tratándose del Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados, también llamado "Hoja de Vida del Conductor". Concluir lo contrario no sólo implicaría desatender el tenor literal de las normas transcritas, sino también su espíritu, al impedir y obstaculizar en alto grado la efectiva reinserción del penado a la sociedad”, de forma que correspondía acoger la acción impetrada ordenando la omisión por parte del Servicio recurrido de la anotación referida en el recurso” (SCS Rol N° 37.573-2019).

NOVENO: Que, por tanto, teniendo presente que la omisión de antecedentes en un certificado extendido para conocimiento de terceros no conlleva su destrucción permanente, sino que opera exclusivamente en el documento que se entrega al solicitante, manteniéndose la inscripción en el Registro correspondiente para su comunicación a las autoridades pertinentes hasta su eliminación en los casos establecidos por la ley, corresponde acoger la acción constitucional interpuesta en esos términos, porque lo contrario, como ocurre en la especie, vulnera las garantías fundamentales del actor contempladas en los numerales 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, solo en cuanto la recurrida emitirá los certificados de anotaciones del interesado en el Registro Nacional de Conductores de Vehículos Motorizados del recurrente omitiendo y no comunicando al público las condenas de las que se ha hecho referencia en estos autos, conforme lo disponen los artículos 38 de la Ley 18.216 y 21 de la Ley 19.628 en relación al artículo 217 de la Ley de Tránsito.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1715-2024 (Protección).