nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

nombre reservado, nombre reservado

Ilustre Municipalidad de La Serena Recurso de protección Rol Nº175-2025.- La Serena, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el treinta de enero de dos mil veinticinco don nombre reservado, egresado de Derecho, en favor de don nombre reservado, chileno, contador auditor, cédula nacional de identidad número RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Serena, persona jurídica de derecho público, RUT RUT reservado, representada legalmente doña nombre reservado, Alcaldesa de la comuna de La Serena, por el acto ilegal y arbitrario de no renovar su contrata, lo que fue resuelto por decreto número 4.901 de 29 de noviembre de 2024, y ejecutado el 1 de enero de 2025.

Como antecedentes del recurso señala que, el recurrente fue funcionario a honorarios de la recurrida desde el 02 de enero de 2013 al 30 de abril de 2021, para luego desde el 01 de mayo de 2021 al 31 de diciembre de 2024 en calidad de contrata cumpliendo funciones en el Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración Municipal.

Luego expone que, el 29 de noviembre de 2024, de manera pública y abierta, el recurrente fue notificado del decreto número 4.901 del día 29 de Noviembre de 2.024, de manera personal por un funcionario de la Dirección de Personas, lo anterior, en presencia de sus colegas de la Dirección de Servicio a la Comunidad, donde realiza sus funciones para las que fue destinado, quienes se dieron por enterados de este proceso que le afectaba, habiendo esperado privacidad o un contacto previo, o la aplicación de los procedimientos contemplados en el artículo 46 de la ley 19.880, que respetara su legítima privacidad para recibir dicha comunicación, en la que se señala la no renovación de su contratación transitoria, sin explicar los motivos ni menos desarrollar los mismos, ni fundamentando la realización de este acto arbitrario, sin considerar el respectivo proceso de calificaciones que se realizan a los funcionarios contratados en la calidad de contrata en el Municipio de la Comuna de La Serena.

Señala que, el texto legal que regula las contratas, en su definición legal, sus atribuciones, su forma de desempeño y su forma de término es la Ley 18.883 denominado Estatuto Administrativo; y que, el empleo a contrata, al igual que el cargo de planta, es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa, por tal razón rigen todas las normas estatutarias correspondientes, como por ejemplo el Estatuto Administrativo que contempla obligaciones y derechos funcionarios, calificaciones, prohibiciones e incompatibilidades, responsabilidad administrativa y su extinción, cesación de funciones o la ley de bases del procedimiento administrativo N°19.880.

Agrega que, el artículo 87 de la Ley 18.883 garantiza a todo funcionario, incluidos aquellos bajo la modalidad de "contrata", el derecho a la estabilidad en el empleo, derecho respaldado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para proteger al trabajador de despidos arbitrarios, por lo que señala, que aunque el artículo 2 de la misma ley establece que los empleos a contrata duran como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año, esta disposición no puede ser interpretada como un permiso para despedir sin justificación. El axioma del derecho laboral indica que, si una relación laboral supera un año o se renueva constantemente, se transforma en indefinida, principio que debería aplicarse también a los empleados del Estado.

Añade que, El artículo 144 de la Ley 18.883 enumera las causales de cesación en el cargo, como la destitución o el término del período legal de designación, e indica que la primera es una sanción extrema, solo puede aplicarse tras una investigación que acredite la responsabilidad del funcionario. Además, señala que, el principio de razonabilidad, recogido en el artículo 11 de la Ley N°19.880, impide que la terminología "como máximo" sea interpretada como un arbitrio del empleador. La creación de empleos que transgreden el artículo 65 N°2° de la ley, que reserva esta facultad al Presidente de la República, es ilegal, y el Estado no puede luego invocar su propia ilegalidad para justificar despidos.

Indica que el cese de la contratación es ilegal y arbitrario, ya que vulnera el derecho a la estabilidad laboral consagrado en el Artículo 19 N°24 de la Constitución, que protege los intereses anexos al empleo como parte del patrimonio personal, social y pecuniario del individuo. El trabajo es fundamental para el crecimiento y la realización personal, y su estabilidad debe ser respetada y en la práctica, las contratas no son cargos excepcionales, sino que constituyen la mayoría del empleo público, con vínculos laborales que suelen prolongarse por años, por ello, es esencial que se respeten los derechos de estos trabajadores, garantizando su estabilidad y protección.

Señala que, la arbitrariedad de la recurrida resulta evidente, pues es posible apreciar por medio de una simple lectura, la ausencia de fundamento racional evidente en el acto impugnado, señalando que, dentro del Derecho Administrativo, existe como principio básico, la garantía de la fundamentación motivación del acto administrativo.

Arguye que, la fundamentación de la desvinculación del recurrente, no se origina en la necesidad del servicio ya que las funciones siguen siendo necesarias, por lo que ni siquiera es posible intuir qué criterio justifica el acto administrativo, señala que se puede inferir motivaciones políticas o de confianzas, a pesar de que el recurrente no ejerce un cargo de confianza, pero en un Estado moderno tal ejercicio debe quedar fuera de plano y responderse netamente con el cumplimiento de la legalidad.

Indica que, la Contraloría General de la República mediante los dictámenes N°024807N19 de fecha 12-09-2019 y E156769N21 de fecha 18-11-2021, ha reconocido la posibilidad de computar el periodo servido a honorarios a objeto de acceder a la aplicación del principio de confianza legitima en la prórroga del nombramiento a contrata, por lo que el periodo de 5 años exigidos por los tribunales superiores de justicia se encontraría en exceso satisfecho.

Refiere que se ha conculcado, el derecho de igualdad ante la ley establecido en el artículo 19 N°2 de nuestra Constitución, pues como se aprecia de la resolución que dispone el término anticipada de la contrata del funcionario toma como argumentos conceptos vagos e imprecisos, no quedando clara la justificación o motivación de la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, y por lo demás, conforme a los requisitos que debe reunir todo acto administrativo, en especial, aquel que conculca garantías fundamentales de los trabajadores, por lo que, de este modo la resolución impugnada carece de justificación racional o razonable. Por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia irracional o contraria al bien común de la más mínima motivación, por lo que su despido del servicio, concretado por medio de un término anticipado de la contrata, deviene en discriminatorio.

Además, señala haberse vulnerado la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24, el derecho de propiedad, indicando que es dable recordar en este plano que la estabilidad en el empleo constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, del patrimonio social y del patrimonio pecuniario del sujeto. Refiere que existe nutrida jurisprudencia sobre la materia y las vulneraciones al derecho de propiedad que dichos actuares significan en el patrimonio del afectado, por el actuar arbitrario de la administración del Estado, y en la especie se ha dispuesto una terminación anticipada de contrata, maquillada de un supuesto actuar dotado de formalidad, pero que en los hechos es flagrantemente ilegal, carente de lógica y arbitrario.

Concluye solicitando, que se acoja el recurso y en consecuencia se invalide la no renovación de la contrata del recurrente, ordenar su reintegro y el pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y la de su efectivo reingreso con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso bajo folio 3: 1. Decreto 4.901 de 29 de noviembre de 2.024 de Ilustre Municipalidad de La Serena; 2. Decreto 2.702 de 08 de agosto de 2023 de Ilustre Municipalidad de La Serena; 3. Contrato de prestación de servicios a honorarios de 11 de enero de 2.019; 4. Contrato de prestación de servicios a honorarios de 19 de enero de 2.021; 5. Contrato de prestación de servicios a honorarios de 14 de enero de 2.020; 6. Certificado de fecha 06 de enero de 2.022 (antigüedad); 7. Decreto 796 de 06 de mayo de 2.021 de Ilustre Municipalidad de La Serena; 8.- Decreto 1.081 de 13 de julio de 2.021 de Ilustre Municipalidad de La Serena; 9. Decreto 157 de 20 de enero de 2.022 de Ilustre Municipalidad de La Serena; 10. Decreto 2.420 de 01 de agosto de 2.022 de Ilustre Municipalidad de La Serena; 11. Decreto 3.330 de 08 de noviembre de 2.022 de Ilustre Municipalidad de La Serena; 12. Decreto 321 de 30 de enero de 23 (3 páginas) de Ilustre Municipalidad de La Serena; y 13. Decreto 1.125 de 26 de febrero de 2.024 de Ilustre Municipalidad de La Serena.

SEGUNDO: Que, a folio 9, comparece la abogada Silvia Patricia Fuentes Rosas, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, señalando que tanto del contenido del recurso, como en la certificación que se acompaña, se extrae que la notificación de la decisión alcaldicia de no renovar el nombramiento transitorio del recurrente, contenida en decreto número 4.901 de fecha 29 de noviembre de 2.024, acaeció el mismo 29 de noviembre de la anualidad pasada, no obstante, el recurso se interpuso el 30 de enero de 2025, transcurrido con creces el plazo establecido en el artículo 1° del Auto Acordado N°94-2015, que fija el Texto Refundido del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

Por lo que solicita el rechazo de la acción constitucional impetrada, por extemporánea, con costas.

Prosigue evacuando el informe ordenado y expone que, la acción impetrada por el recurrente podría ser rechazada en base a sus propios argumentos, pues indica en su recurso que se realizaron sendas renovaciones de su contratación transitoria, dando origen, a lo que la doctrina y jurisprudencia denomina como confianza legítima, pero arguye que eso es un error, pues tal como menciona el recurrente, luego de servir para el municipio en calidad de honorarios, pasó a formar parte de la planta municipal bajo contrataciones breves, y por tanto accidentales y transitorias, el recurrente fue sujeto de contrataciones sucesivas, de dos meses al principio, seis meses luego, tres meses después, un año finalmente, por un total de tres años y ocho meses, por lo que en este escenario se puede entender que el municipio de La Serena siempre lo consideró un colaborador temporal, cuya recontratación estuvo supeditada a la necesidad del servicio, y la cual, al tenor de las pruebas y argumentos que esgrime el señor nombre reservado, fue variando en el tiempo, tanto es así que en el intertanto de las sucesivas contrataciones transitorias, fue asignado a una unidad distinta, toda vez que sus servicios ya no eran requeridos en el primitivo departamento que se desempeñaba, por lo que en el caso sub lite no se reúnen las condiciones para que entender que al reclamante le asiste el beneficio de confianza legítima.

Argumenta que, resulta útil tener presente que la Excma. Corte Suprema, ha considerado que la confianza legítima se produciría respecto de aquellos funcionarios (as) que al menos han sido empleados(as) en modalidad transitoria por a lo menos 5 años consecutivos, y no 2 como sostiene Contraloría General de la República, e invoca fallos de la Excma. Corte Suprema en aquel sentido Rol N°26.112-2022, N°26.131-2022, N°26.196-2022, N°26.279-2022 y N°26.301-2022, entre otras.

Añade que, el recurrente no ha referido argumentos acerca de su desempeño funcionario, ya fuere adecuado o sobresaliente, limitándose únicamente a indicar que le asiste confianza legítima, y que existe un actuar caprichoso por parte de la administración del municipio, no obstante, prescinde de analizar el acto administrativo impugnado, sin que establezca con meridiana claridad cómo es que los argumentos desarrollados en el cuerpo de decreto alcaldicio no cumplen con el estándar de motivación exigido.

Expone que, la decisión que se recurre se fundamentó en límites presupuestarios y la necesidad de evaluar una reestructuración interna, lo que llevó a determinar que sus servicios "no serán considerados para el año 2025", y que, esta decisión está debidamente fundamentada y respaldada por la normativa vigente, específicamente los artículos 2° y 5° de la Ley 18.883.

Agrega que, el decreto N°1.125, del 26 de febrero de 2024, que aprobó la contratación de nombre reservado, estableció claramente que su nombramiento era en calidad de contrata, asimilado al grado 12° de la escala municipal, y que su vigencia se extendía desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta que sus servicios fueran necesarios dentro del plazo máximo legal, por lo tanto, no se requiere un aviso previo para dar por finalizado su contrato, ya que, según la ley, los nombramientos de este tipo terminan por el solo ministerio de la ley, salvo que exista una hipótesis de confianza legítima, situación que, en este caso, no aplica.

Indica que, la fundamentación de la decisión de reducir personal a contrata y prestadores de servicios a nivel institucional, consta en certificado emitido el 28 de noviembre de 2024 por el Director de Administración y Finanzas, el que evidenció que la municipalidad enfrenta una necesidad urgente de reducir gastos, tanto en personal como en otras áreas, siendo una de las principales responsabilidades de la autoridad asegurar que el gasto institucional se ajuste a las normativas vigentes, y aunque es comprensible que los integrantes de la dotación municipal aspiren a mantener sus relaciones contractuales, resulta insostenible mantener una dotación de personal a contrata que supera en un 8,1% el límite legal permitido, por lo que señala que la sobre dotación, que incluye también a prestadores de servicios bajo la modalidad de honorarios, ha generado un compromiso financiero que la recurrida no puede sostener; es por lo anterior que se tomó la decisión de priorizar la reducción de gastos en insumos, servicios y personal, para ello se optó por poner término a los contratos de aquellos funcionarios que no contaban con confianza legítima, ejerciendo las potestades discrecionales que el legislador ha otorgado a las jefaturas de servicio.

Refiere que la autoridad del servicio que representa está consciente de los problemas personales y económicos que puede conllevar una decisión como hacer efectivo el término de una contratación transitoria a los funcionarios y funcionarias que se han comprometido con la municipalidad, pero que no se puede revertir una decisión como la tomada, toda vez que aquello implicaría superponer o dar preeminencia del interés particular por sobre el interés general o el de la comuna, cuestión que está vedada a los jefes de servicio.

Arguye que, un acto arbitrario es aquel contrario a la justicia o a la razón, producto de la sola voluntad o capricho del que lo comete, y que el Decreto Alcaldicio N° 4913 de 29 de noviembre de 2024, no puede entenderse como tal por cuanto fue dictado conforme a las atribuciones de la Alcaldesa, al haberse amparado en la legislación que rige las relaciones estatutarias con funcionarios municipales, por lo que no se advierte cómo la actuación del municipio podría configurar un acto arbitrario que pueda servir de fundamento para la interposición del recurso de autos, dado que el decreto impugnado no se realizó de manera caprichosa, no motivada o irreflexiva, realizándose el análisis propio de los actos administrativos de la misma u otra naturaleza.

Indica que la recurrente no interpuso las acciones en sede administrativa que le franquea la ley, reposición ante la recurrida, y reclamo ante la Controlaría General de la República.

Por lo que solicita el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: Copia Decreto N°796 del 06 de mayo de 2021 que ordena contratación transitoria desde el día 01 de mayo de 2021 hasta el 30 de junio del mismo año; Copia Decreto N° 1.081 del 13 de julio de 2.021, que ordena contratación transitoria entre el día 01 de julio de 2021 al día 31 de diciembre de 2.021; Copia Decreto N° 157 del día 20 de Enero de 2022, que ordena contratación transitoria entre el día 01 de Enero de 2.022 y el día 30 de Junio de 2.022; Copia Decreto N°2.410 del día 01 de agosto de 2022 que ordena contratación transitoria entre los días 01 de julio de 2.022 hasta el día 30 de septiembre de 2.022; Copia Decreto N°3.330 de 2.022 que ordena contratación transitoria entre el 1 de octubre de 2.022 y el día 31 de diciembre de 2.022; Copia Decreto N° 321 de 2.023 que ordena contratación transitoria entre los días 01 de enero de 2.023 y el día 31 de diciembre de 2.023; Copia Decreto N° 1.125 de fecha 26 de febrero de 2.024 que ordena contratación transitoria entre los días 01 de enero de 2.024 al 31 de diciembre de 2.024; Copia Decreto N°4.901 de fecha 29 de noviembre de 2.024, que ordena la no renovación de la contratación transitoria; Copia Certificado emitido con fecha 28 de noviembre de 2024, sobre exceso en el porcentaje de dotación a contrata, suscrito por el director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de La Serena; y Copia Constancia de notificación emitido por el Jefe del Departamento de Personas de la Municipalidad de La Serena (folio 14 el último).

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la recurrida, y según consta de lo señalado por el recurrente y del documento acompañado por la recurrida a folio 14 de la presente carpeta digital, el actor fue notificado personalmente de la resolución que dispuso la no renovación de su contrata el 29 de noviembre de 2024, por lo que resulta evidente que desde aquella fecha el actor tomó conocimiento del acto que reconoce como ilegal y arbitrario, y consecuentemente se inició en aquella fecha el plazo para recurrir en contra de lo resuelto por la recurrida, interponiendo su recurso el 30 de enero de 2025, lo cual supera con creces el plazo señalado por Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, por lo que la alegación deberá ser acogida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se decide, que no habiendo sido discutida la fecha de la notificación del acto recurrido, se RECHAZA, por extemporánea el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de la Serena.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°171-2025 (Protección)