nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

Cuerpos de nombre reservado

Recurso de Protección Rol N° 1705-2020.- La Serena, veinte de noviembre de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, Mario Alejandro Rivera González, Abogado en representación judicial de nombre reservado, empleado, bombero voluntario del nombre reservado, miembro de la Sexta Compañía de esta ciudad, chileno, domiciliado en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de nombre reservado y los consejeros de disciplina del nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado , nombre reservado , nombre reservado , nombre reservado, todos representados por el Sr. nombre reservado de dicha comuna, Angelo Pizarro Saavedra, domiciliado, para estos efectos, en el nombre reservado, Avenida Balmaceda sin número esquina Avenida Francisco de Aguirre, en virtud de los siguientes antecedentes.

Indica que el actor ha pertenecido al nombre reservado desde aproximadamente 10 años en calidad de voluntario, con una hoja de vida de excelencia y sin ninguna sanción previa, actualmente en el cargo de capitán, gozando de un prestigio y una irreprochable conducta anterior. A su vez su hermano Edwards también es bombero de la Sexta Compañía de Bomberos y él mantuvo una relación sentimental (pololeo) con la Srta. nombre reservado, también bombera voluntaria de la misma compañía, para luego terminar esa relación sentimental por desavenencias que involucró a la familia de ambos, fue en ese contexto que habló con la expareja de su hermano para que dejara de hostigar con acusaciones infundadas, y debido a la confianza y la relación que habían sostenido fue que le envió un mensaje mediante la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp graficándole que terminara con los actos en contra de su hermano, producto de lo cual ésta formuló reclamo en bomberos, en contra de su representado y su hermano Edwards, desconociéndose ante quien lo hizo.

Sostiene que en el reclamo y declaraciones de la ofendida introducida en la resolución sancionatoria, es clara y determinante en señalar que "En ningún momento he hablado de abuso sexual, había un acoso porque nunca me quisieron y siempre me dijeron te vamos a echar", refiriéndose a otros bomberos de la compañía (nombra a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado) quienes la hacían sentir mal; y pese a que la propia afectada no se refiere a que su representado haya desplegado conductas sexuales hacia nombre reservado, el Órgano Disciplinario encasilló y enmarcó, con inquina deliberada en un tema de índole sexual, asunto que no fue recalcado en su renuncia y en sus declaraciones por nombre reservado. Considerando solo un mensaje enviado por WhatsApp, se generó un proceso en Bomberos en contra de su representado y otro en contra de su hermano Edwards y con fecha 17 de febrero nombre reservado, entregó la renuncia Voluntaria a la Corporación, haciendo entrega de la misma al miembro Honorario nombre reservado, consignando la carta de renuncia en el libro de novedades. Fue en ese contexto que el super intendente Ángelo Pizarro, usurpa facultades constitucionales y estatutarias al rechazar la renuncia de la bombera obligándola continuar en Bomberos, contra su legítima voluntad.

Posteriormente, relata que se le impuso una medida cautelar, con fecha 20 de febrero de 2020, consistente en apartarlo de la institución, medida no contemplada como norma estatutaria, luego se le hizo llegar una citación, a objeto de declarar ante el órgano disciplinario sin que se señalara la motivación o los hechos sobre los cuales recae o motivan la citación, como lo dispone el único cuerpo normativo interno, el Estatuto, con respecto a la citación a comparecer ante el Consejo de disciplina, el art. 4lro." Se entenderá practicada desde el día siguiente a la fecha de su envío, debiendo contener los hechos que motivan la citación.".

Señala que el 27 de febrero de 2020 asistió a la citación, siendo objeto de interrogatorio estresante desde las 22:00 horas hasta pasada la media noche, constituyéndose la sala del consejo de disciplina, solo cuatro de cinco consejeros, lo que infringe el estatuto al contemplar que el quórum requerido es la totalidad de sus miembros, y la totalidad de sus miembros titulares son Cinco y no cuatro. La norma Estatutaria dispone en su Art.36to. " el quórum requerido para su funcionamiento será la mayoría en sala de sus integrantes "y la mayoría de sus integrantes se señala en el art. 36to. inciso segundo "el Consejo Superior de Disciplina estará compuesto por cinco miembros titulares, y dos suplentes,", el proceso fue iniciado por cuatro integrantes y finalizado la tramitación y mágicamente en la resolución sancionatoria se incorporó un quinto sujeto que no estuvo presente en el inicio del procedimiento y tampoco asistió en la audiencia de interrogatorio del día 27 febrero 2020, por lo que considera que fue víctima de abuso de poder y exceso innecesario por parte de los interrogadores, impidiéndole y negándole acceso al expediente para ejercer su defensa, también se negó acceso a conocer los hechos y conocer la denuncia, negándole, además, el derecho a recusar a un miembro y el permiso para asistir al servicio higiénico, en momentos de estrés y cansancio producto de la situación, haciéndole firmar mediante engaño dos actas, hecho que detallará.

Refiere que en esta tramitación el consejo superior instrumentalizó y encasilló a su representado como un "abusador sexual" causándole desprestigio entre sus pares y en la familia bomberil, aplicando para la tramitación y para la sanción un Protocolo, denominado " Protocolo de denuncias ante casos de acoso sexual hostigamiento y violencia" " documento que presenta solamente supuestas firmas, sin señalar la identidad de sus autores , transformándose en un papel apócrifo, anónimo, privando de esa manera a su representado de conocer la identidad de los responsables de la firma, además la posibilidad de inhabilitar recusar y perseguir responsabilidades, por cuanto desconoce quiénes son los autores, de hecho hasta la fecha existe total y absoluto hermetismo y anonimato de sus creadores, sumado a todo ello que este "protocolo" no cuenta con los estándares necesarios para que sea vinculante y pueda ser aplicado como instrumento sancionatorio, no se ha autorizado, por ningún miembro del nombre reservado, su creación y redacción y tampoco el Directorio General. Este documento ha incorporado normas contrarias a la legislación chilena y en el evento que se pretenda elevar a la categoría de reglamento, debe cumplir con las formalidades estatutarias, es decir, debe ser aprobado por la asamblea general (lo que no ocurrió).

Manifiesta que el nombre reservado solo cuenta con un Estatuto, quedando pendiente la creación de un reglamento general, por lo que el nombre reservado no cuenta con reglamento, para señalar los procedimientos a seguir por el órgano disciplinario, por cuanto para que un reglamento sea legal y vinculante debe ser aprobado por la asamblea general convocada en sesión extraordinaria, como mandata la norma estatutaria de nombre reservado. El crear un protocolo y elevarlo a calidad de reglamento en cuanto formular y aplicar sanciones es absolutamente ilegal y arbitrario.

Por otro lado, alega que la resolución sancionatoria y actas, de cinco consejeros que lo conforman, solo dos llevan la identidad, observándose solo tres firmas que dan cuenta de personas anónimas, oculta, al no conocer el autor del acto personalísimo como es la identidad, impide y obstaculiza en derecho a defenderse a recusar.

Además, señala que en cuanto al Tribunal de apelaciones, estos iniciaron la tramitación con tres consejeros titulares, pero al final del proceso proceden a cambiar la integración de la sala, sacando al secretario Francisco Pérez e instalando a un suplente, del que se ignora la identidad, por cuanto solo concurre con la firma, sin previa notificación a su representado, impidiéndole el derecho de poder recusar y eventualmente obtener responsabilidad, al nuevo integrante lo que contraviene el estatuto en su art. 36to, cuarto. cito, "Los suplentes solo actuarán para reemplazar a un miembro titular desde el inicio de un proceso, hasta su término".

Arguye que lo más grave, se advierte en la resolución del Consejo superior de disciplina rol 03/2020 de fecha 7 de mayo de 2020, en su considerando Undécimo, sentencia que para adecuar y tipificar la conducta y aplicarla a la norma supuestamente infraccionada, fueron consideradas y citadas las de un reglamento General, es decir, su representado es sancionado por infringir el reglamento General y el Código de Ética, instrumentos inexistentes en el nombre reservado, señalando el considerando undécimo "Por esas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos octavo letra "j" y letra " n" , el artículo vigésimo séptimo, articulo trigésimo octavo letra "g" articulo cuadragésimo letra "f" del Estatuto del nombre reservado, Se resuelve.. sancionar....:". Las normas que se aplican a su representado están en el Estatuto vigente y señalan:

ARTICULO OCTAVO: Los Voluntarios, tanto en su calidad de activos como honorarios, tendrán las siguientes obligaciones:

n) En general, cumplir fielmente todas las obligaciones que contraen en su carácter de Bomberos, impuestas por el Reglamento General del nombre reservado o de la Compañía y su código de ética.

ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO: Corresponde al Consejo Superior de Disciplina, conocer y resolver de las siguientes materias: g) Las demás atribuciones que el Reglamento General y Código de Ética determine.

Sostiene que en definitiva a su representado se le reprocha una supuesta conducta desplegada y esta conducta se encuentra tipificada y sancionada en el Reglamento General y Código de ética, es decir, la infracción cometida esta descrita en el Reglamento General norma que el nombre reservado aún no tiene puesto que este esencial instrumento aún no ha sido propuesto ante el Directorio General y aprobada por una asamblea, como lo exige el propio Estatuto del nombre reservado.

Entiende que al no existir reglamento que regule los procedimientos, como esso, se está ante el arbitrio y mero caprichos personas que ejercen potestades jurisdiccionales sin objetividad, interna, infringiendo normas constitucionales y estatutarias, por ser un procedimiento ilegal y arbitrario que priva, perturba y amenaza el legítimo derecho garantizado en la constitución Política de la Republica, cita el artículo 6, 7 y 19 N°3 de la Constitución Política del Estado.

En efecto, indica que el Estatuto vigente, NO faculta al Honorable Directorio General para dictar un protocolo y reglamento, solo lo faculta para estudiar y proponer a la Asamblea y esta en votación popular decide si se aprueba o se rechaza.

Luego el recurso analiza el protocolo utilizado en cuanto a la oportunidad para hacer la denuncia en menores de edad, la revictimización de la ofendida, en relación a la creación de normas y medidas cautelares, por considerar que atenta contra la indemnidad de la afectada y limita la formulación de denuncia, además acusa falta de contención, y recalca la independencia de estatutos de los Cuerpos de Bomberos de Chile con la Junta Nacional de Bomberos con sede en Santiago, ya que las disposiciones emanadas de la Junta Nacional a los cuerpos de bomberos del país, son recomendaciones y no vinculantes, por lo que no se puede invocar como regla obligatoria alguna disposición Junta Nacional de Bomberos, como ocurrió en la especie en el considerando octavo y noveno de la resolución sancionatoria.

Alega que en el evento que se pretenda argumentar que el protocolo fue aprobado por mayoría absoluta del Honorable Directorio General, como reza el considerando 8° de la resolución sancionatoria, es falso, pues, al leer el encabezado del citado protocolo de sesión 26 de abril de 2019, se observa tres timbres y nueve firmas, sin singularizar a la persona que firmo del Honorable Directorio, cuando este lo componen quince personas, por lo que tampoco fue visado y supuestamente aprobado por la mayoría absoluta. En todos los pasajes de la resolución sancionatoria se asilan en el citado protocolo y el Tribunal de Apelación no se queda atrás, en los Vistos, punto tres se refiere al protocolo “Que afecten la imagen y que infrinjan gravemente el reglamento de protocolo de hostigamiento y acoso a integrantes…”. Así las cosas, de manera caprichosa, arbitraria e ilegal se da por restablecido la vigencia de un estatuto que carece de legitimidad y atenta contra el debido proceso.

Así las cosas, señala que el Consejo Superior de disciplina y Tribunal de Apelación, al valerse de un documento arbitrario e ilegal, amenazó, privó y restringió las garantías constitucionales de su representado en el artículo 19, Nro. 3 en lo tocante al debido proceso por lo que el acto debe ser declarado Nulo.

Por otra parte, alega falta de emplazamiento legal al no contemplar los hechos que motivan la citación, desde que la citación para comparecer ante el Consejo de disciplina no cuenta con el fundamental requisito de legalidad y de validez, señalado en el art. 41° del estatuto, el documento que recibió su representado no señala los hechos que motivan la citación ante el consejo superior, lo que evidentemente atenta contra el derecho a la defensa.

Indica que el no exponer los hechos que motivan la comparecencia obstaculiza gravemente el derecho que todo ciudadano tiene a conocer los hechos sobre los cuales se le imputan y a defenderse de los mismos. Nunca conoció de los hechos sobre los cuales recaía la tramitación, ni si quiera en la sesión de toma de declaración, el día 27 de febrero de 2020, por cuatro le fue negado ese vital derecho. Tampoco se le otorgo conociendo a la pieza sumarial para evacuar una adecuada apelación requisito esencial para interponer esta acción constitucional, la apelación. El órgano sancionador, a saber, el Consejo Superior de Disciplina del nombre reservado, al alejarse de las reglas mínimas de juzgamiento que le rigen se transforma, por mero capricho, en la práctica, en una comisión especial, lo que constituye una infracción a lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de nuestra Carta Fundamental, al debido proceso.

Asimismo, alegó falta de quorum exigido en el estatuto por parte del consejo superior de disciplina y del tribunal de apelación para sesionar y llevar el proceso.

Sostiene que el art. 36° del estatuto en lo tocante al Régimen disciplinario dispone que “El Tribunal de Apelación estará compuesto por tres miembros titulares y dos suplentes y el Consejo Superior de Disciplina estará compuesto por cinco miembros titulares, y dos suplentes, elegidos por el Directorio General según sea el caso. El quórum requerido para su funcionamiento será la mayoría en sala de sus integrantes. Los suplentes solo actuarán para reemplazar a un miembro titular desde el inicio de un proceso, hasta su término.” Sin embargo, en la audiencia del día 27 de febrero de 2020, en donde se interroga a su representado Don nombre reservado, se le entregaron dos actas donde figuran CUATRO personas, correspondiente a dos consejeros, el presidente y la secretaria y NADIE MAS, existe un consejero que no integró esta importante audiencia. En consecuencia, los cuatro consejeros, fueron los que percibieron, interrogaron, opinaron y razonaron, claramente no existió quórum de cinco consejeros, razón por la cual se evidencia una infracción en el estatuto se colige que también sé infringe el debido proceso. Lo que nos lleva a establecer claramente que este Tribunal se constituyó como Comisión Especial, sumado a la clandestinidad y aseguramiento que no existieran testigos esto se expresa en la hora que fue celebrada la audiencia (22:00 hrs hasta pasada 00:00hras). Al darse cuenta del grave error cometido el consejo de disciplina, en vez de reconocerlo y adoptar otra determinación, por mero capricho, tomaron la inverecunda determinación de engañar al sistema, ósea defraudarlo para que pasara desapercibido, y que mejor idea que integrar a un consejero más, y para que el engaño pasara desapercibido, decidieron que el nuevo integrante solo firmara y no señalara su identidad, solo basta con observar las firmas de los consejos en la última hoja de la resolución sancionatoria.

Pero para que el engaño pasara desapercibido y nadie lo pudiera notar, idearon otra fórmula casi rayando en lo delictivo, cual fue que los agentes o consejeros solamente firmaran los documentos sin señalar sus nombres, su cedula de identidad y rangos, Lo anterior para evitar ser recusados, derecho legítimo que su representado pues al no conocer la identidad de los integrantes no tuvo la oportunidad de hacerlo.

Refiere que se ha conformado una Comisión Especial en el Tribunal de Apelación sustituyendo un consejero titular por un suplente. Como ya se mencionó, el tribunal de apelaciones inicia su proceso con dos conejeros Don nombre reservado y Don Francisco Pérez Flores y conforme a conversaciones sostenidas con el consejero Don Francisco Pérez con su representado, le informa que este lleva el proceso, junto a Sr nombre reservado y Sr nombre reservado, por ser consejos titulares, así se desprende del oficio 09/2020 de fecha 12 de julio del 2020. En el trascurso del proceso, el consejero Don Francisco Pérez es excluido y se nombra en su lugar, de manera clandestina, arbitraria e ilegal a Don nombre reservado, es así que en la resolución final Nro. 03/2020, de 08 de agosto de 2020 solo figura otro consejero en lugar del inicial, por lo que la resolución se estampa las individualizaciones (solo nombre) correspondiente a los Sres. nombre reservado, nombre reservado. Don nombre reservado debió haber estado presente y activo desde el principio del proceso hasta el final del mismo, lo que contradice el articulo 35 del Estatuto. Como se puede colegir y como señaló el vice super intendente Julio Pinto Arancibia en sesión Nro., 04 de 2019, “el procedimiento se guía por el libre albedrío de sus integrantes, por no contar con reglamento regulador”.

Agrega que existe vulneración al artículo nro. 19 inciso 2° de la constitución, igualdad ante la ley, que “En Chile no hay persona ni grupo privilegiado, desde que en el caso que involucraba al Superintendente en ejercicio, Don Ángelo Pizarro con una joven bombera, hecho que fue escandaloso se le calificaran como hechos normales y que pertenecían a la vida privada, y en su caso, siendo un problema familiar, debió aplicarse el mismo criterio.

Alega que existe vulneración al art. 19 nro. 15 inciso tercero de la Constitución Política De La Republica por parte del superintendente y secretario general, al obligar a la bombera nombre reservado a permanecer en la institución.

Acusa exceso de atribuciones por parte de consejeros de disciplina, para lo cual expone que el día 27 de febrero de 2020, compareció ante al consejo de disciplina, quien lo tramitó deliberadamente, a objeto de esperar que se retirara todo el personal administrativo y las oficinas del edificio, quedaran vacías, pasadas las 22:00 horas lo hacen pasar a un salón, estaban presentes en la audiencia cuatro consejeros: Don nombre reservado, Doña nombre reservado, Don nombre reservado, y Don nombre reservado. El interrogatorio fue en momentos tenso, con estresantes actitudes autoritarias y miradas capciosas de parte de los tres primeros nombrados. Se sentía nervioso e incómodo. Primeramente, solicitó que se le explicara los hechos contenidos en la acusación, por los que se le había citado y que se le permitiera conocer el expediente para responder las preguntas, y ejercer su derecho a defensa, solicitud que le fue negada respondiéndole “aquí venís a responder preguntas y no a hacerlas “. Posteriormente advirtió que no autorizaba que su entrevista fuera grabada, filmada, reproducida y difundida, por tratarse de una reunión de carácter privado. Asimismo, recusó a la consejera nombre reservado, por no cumplir con requisitos para ocupar tal calidad y por asuntos pretéritos, motivando ironía entre agentes, sin dar respuesta. Las preguntas eran capcionas, rápidas, por lo que su representado se esforzaba en dar respuesta a todas las inquietudes. El único consejero que se mantuvo callado fue el Sr. nombre reservado. Debido a ello sintió necesidades bilógicas, solicitando permiso para ir al baño, recibiendo como respuesta la siguiente “mientras durara la diligencia no se podía mover del asiento“. Pasada la media noche, el agotamiento y el cansancio se hacía notar en su representado, le informaron que las preguntas habían terminado. Cuando se disponía a abandonar la sala, le dijeron…” espera no te vayas todavía, tienes que firmar estas hojitas para que te notifiquemos y para la asistencia“, para ello le pasaron unas hojas, las que incluso firmó de pie y al tiempo que firmaba, sin leer su contenido, le retiraban la ya firmada para ponerle frente a él una nueva para su firma, de esa manera firmó original y copia. Le informaron que pesaba una cautelar en su contra, que consistía en que estaba apartado temporalmente de todas las funciones bomberiles, tenía prohibición para hacer ingreso a dependencias del nombre reservado, salvo a las citaciones del consejo de disciplina, por ello, fue acompañado hacia el patio del cuartel por los consejeros Sres. nombre reservado, quienes le sugirieron la posibilidad de presentar la renuncia voluntaria a bomberos, para evitar un “bochorno mayor”, graficándole que después de un tiempo tenía la posibilidad de volver a postular. Su negativa provocó la evidente molestia de los consejos, quienes le advirtieron y le anunciaron que iba a salir perjudicado. Al día siguiente, al llegar a su casa después del trabajo, leyó los documentos y uno guardaba relación con lo expuesto ante los consejeros, en especial el número de teléfono y correo electrónico para “mis notificaciones”. Sorpresa se llevó al percatarse que el otro documento hacía referencia a lectura de derechos, por cuanto en el transcurso del interrogatorio jamás se habló de derechos que le afectaran, le causó asombro leer el documento, ya que entiende que dar lectura de derechos está dado para los detenidos por la Policía. Ambos documentos contienen cuatro firmas de cuatro consejeros y la de su representado, que fueron las cuatro personas que estuvieron presente en la audiencia nocturna.

Agrega que La resolución que rola 03/2020, del Consejo superior de disciplina es arbitraria, ilegal y mendaz por los siguiente:

1.- En el encabezado se vincula a su representado por un acoso sexual y hostigamiento, al señalar “nombre reservado con nombre reservado acoso sexual y hostigamiento”, lo que se contrapone a lo que declara la Srta. nombre reservado, cuya declaración fue inserta en el motivo segundo de la resolución rol 03 /2020 de 07 de mayo de 2020, en la página dos, donde nombre reservado señala “En ningún momento he hablado de abuso sexual había un acoso porque nunca me quisieron y siempre me dijeron, te vamos a echar”.

2.- La integración de la sala para sesionar es de CINCO, consejeros, la diligencia de entrevista la constituyeron solo cuatro consejeros, y en la resolución sancionatoria se integra un consejero más;

3.- En el considerando 3 de la resolución se incorpora una supuesta declaración, la cual no fue leída ni firmada por su representado, 4.- Que no se cauteló el debido proceso ni los derechos de su representado. Al momento de asistir a dependencias del consejo de disciplina no se le acogió y no se dio a lugar, ninguna solicitud planteada, las que fueron desechadas por los agentes, sin expresión de causa, como por ejemplo que se le permitiera tener a la vista la denuncia en su contra, el expediente , además de no poder recusar a la consejera nombre reservado y se le prohibió hacer ingreso a otras dependencias.

5.- En el considerando cuarto y quinto erróneamente se señala que “mediante lectura extractada se incorpora prueba documental”, pero la realidad es otra, no se anexó ese material extractado, ni se da lectura en la resolución sancionatoria;

6.- Considerando Octavo y Noveno. Se ampara en el protocolo de denuncia ante casos de abuso sexual hostigamiento y violencia, protocolo que abiertamente es ilegal y arbitrario, por las condiciones ya señaladas.

7.- En el considerando undécimo, se citan los artículos octavo letra “J”, “y” “n”, articulo vigésimo séptimo, artículo trigésimo octavo, letra “g”, articulo cuadragésimo letra “f” del Estatuto del nombre reservado. El error que atenta contra el debido proceso y el derecho a la defensa, lo desarrollan al no citar el contenido de esas normas, para adecuarlas a la figura de la conducta desplegada.

Solicita en definitiva que se acoja el presente arbitrio y se deje nula la resolución de fecha 8 de agosto de 2020, notificada con fecha 21 de agosto de 2020, la cual aplica al actor una sanción de suspensión de funciones por el plazo de tres años, todo ello con expresa condena en costas.

Acompaña en apoyo de su defensa los siguientes documentos: 1.- Copia del Estatuto del nombre reservado; 2.- Hoja de vida correspondiente al Bombero Voluntario Don nombre reservado; 3.- Resolución N° 03/2020 de fecha 8 de agosto de 2020 (firmada por tres consejeros, nombre reservado, nombre reservado e nombre reservado, donde no se contempla al consejero Pérez) con el correspondiente sobre de envío de Chilexpress y respaldo de seguimiento y entrega con fecha 20 de agosto de 2020; 4.- Citación de fecha 20 de febrero 2020, al Sr. nombre reservado, Rol interno 401/2020, para que comparezca el jueves 27 de febrero de 2020 a las 21:30 hrs. a la oficina del Consejo Superior de disciplina con el objeto de que preste declaración en la investigación 03/2020 en calidad de denunciado.; 5.- Acta de lectura de derechos; 6.- Acta de notificación; 7.- Notificación de investigación por denuncia por Asca nombre reservado en contra de Don nombre reservado, de fecha 20 de febrero de 2020; 8.- Carta de renuncia de Srta nombre reservado dirigida al director de la Sexta compañía de nombre reservado, recepcionada con fecha 17 de febrero de 2020; 9.-Acta de sesión Ordinaria del Honorable Directorio General Nro. 04 de fecha.12 de marzo de 2019, donde el Sr. nombre reservado súper intendente Julio Pinto Arancibia, respecto al consejo de disciplina se refiere a que, al no haber reglamento, el consejo de disciplina actúa al libre albedrio; 10.- Resolución 02/2020 de fecha 6 de julio de 2020; 11.-Resolucion Rol 03/2020 de 7 de mayo 2020 del Consejo Superior de Disciplina, firmada por CINCO consejeros de disciplina; 12.- Oficio Nro.09/2020 de fecha 12 de julio 2020 del Tribunal de apelaciones, firmado por dos consejos, nombre reservado y Francisco Pérez; 13.- Acta de reunión extraordinaria de la Sexta Compañía de nombre reservado de fecha 23 de febrero de 2020; 14.- Publicación del diario el día de fecha 01 de marzo de 2020; 15.- Fotocopia de Cédula de Identidad del recurrente; 16- Protocolo de denuncia ante casos de abuso y acoso sexual, hostigamiento y violencia del Cuerpo de Bombero de La Serena; 17.-Copia simple de sentencia de Apelación de Recurso de Protección pronunciada por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol 3653-2014; 18.-copia sentencia revocatoria de Recurso de Apelación a la sentencia del Recurso de Protección por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol 6434-2014; 19.-Copia simple de sentencia que acoge Recurso de Protección, Rol 882-2018, de la Corte de Apelaciones de La Serena; 20.- Copia simple de sentencia Rol 29.637-2018 de la la Excelentísima Corte Suprema.

2º) Que, don Oscar Soto Hernández, abogado, en representación del nombre reservado, informa al tenor de la acción deducida, solicitando el rechazo de la misma, con costas.

Expone, que el nombre reservado es una corporación de derecho privado, del tipo asociación, que se rige tanto por la Constitución como por el Código Civil de la república. Al ser una institución de servicio público, esta entidad es del tipo jerarquizada y disciplinada, la dirige un Superintendente, quien delega en el Comandante las labores operativas de la institución Refiere que la realidad nacional y mundial ha llevado a todas las instituciones a nivel global a desarrollar instrumentos que permitan asegurar los derechos y denunciar vulneraciones en casos donde exista abuso, violencia u hostigamiento hacia las personas, y encargada la labor al asesor jurídico del nombre reservado por parte del Superintendente en uso de las facultades contempladas en el artículo décimo séptimo que señala “El Superintendente es el oficial jefe superior de la institución, su representante legal, y será asesorado en lo relativo a temas jurídicos por un departamento jurídico…”, por lo que se presentó la idea de las nuevas tendencias en materia de protección de derechos llevadas adelante por estamentos como el poder legislativo, el poder judicial, las fuerzas armadas, universidades, colegios entre otros; y que en virtud de aquello contasen como institución con un instrumento normativo que regulara el proceso, ante denuncias de casos de abuso, acoso, hostigamiento y violencia contra las mujeres y hombres de la institución.

Indica que luego de un extenso análisis, se decidió tomar como base el que actualmente rige al poder judicial y se decidió adaptarlo a la realidad institucional, jerarquizada y con distintos niveles de decisión a fin de siempre suponer que lo que debía primar era asegurar la protección a los derechos de los denunciantes a fin de que no fuesen obstaculizados, encubiertos o manipulados como tantas veces ocurrió. Este proyecto fue presentado ante el Honorable Directorio General con fecha 26 de abril de 2019 en la sexta reunión de directorio General, siendo aprobado, resuelto y sancionado por votación unánime de los integrantes del directorio quienes aprobaron el mismo y fue ampliamente difundido en las filas institucionales.

Manifiesta que, tal cual el poder judicial por medio de sus actas N° 103-20181 y anteriormente acta 15-2018 han regulado esta manera por medio de un protocolo, la aplicación del mismo respecto de sus funcionarios, las fuerzas armadas por intermedio de circulares y decretos internos ordena la aplicación de sus protocolos; en el caso del nombre reservado, en virtud de las facultades que establece el estatuto vigente y aprobado, el directorio puede dictar acuerdos para el buen funcionamiento de la institución. Desconocer y privar de esa facultad a un nombre reservado es mellar casi 167 años de historia, y tratar de convertir a la institución en un experimento donde prima solo la voluntad de las masas, raya en lo inconstitucional, puesto que si bien son instituciones regidas en parte por las disposiciones del título 553 del código civil, esto solo aplica supletoriamente y lo que prima son los estatutos, normas internas y acuerdos que la corporación de derecho privado tenga Señala que así el fallo que rola en los expedientes 4549-18 y 5317-18 reconoce como parte del derecho de asociación, la facultad de autogobierno contemplada en el artículo 19 numeral 15 de la Constitución otorgando la “libertad para darse sus propios estatutos, para modificarlos o para adoptar acuerdos”. En la especie el protocolo diseñado y aprobado por el nombre reservado tiene su fundamento válido en un acuerdo de directorio. Por último, el mismo Tribunal Constitucional ha sido tajante al momento de interpretar la tercera regla del artículo 553 del Código Civil, por cuanto, ha establecido a fojas 8 del fallo STC 2626 c. 13 el estándar mínimo del debido proceso, aplicable ciertamente en materia Bomberos, corporaciones de derecho privado, en tal sentido los parámetros a cumplir son básicamente los siguientes a.- El respeto a la bilateralidad de la audiencia b.- El Derecho a defensa y rendir pruebas c.- El Derecho a recurrir y d.- Que organismo sancionador sea distinto e independiente al del directorio. Todos y cada uno de estos requerimientos se cumplieron en el proceso.

Refiere que por décadas la disciplina fue impuesta y ejercida arbitrariamente por los Oficiales Generales de la institución, hecho que cambia y se modifica con la absorción de los Cuerpos de Bomberos por las disposiciones de la ley 20.500, en el año 2011, prohibiéndose expresamente esta forma de juzgamiento, sometiendo a la institución a los paradigmas y nociones constitucionales, propias del avance del derecho procesal y normativo internacional. Se establece un estándar básico contemplado en el actual Art.553 Código Civil. Por tanto, respetuosos de lo anterior, entre el año 2015 y 2016 se logra modificar los estatutos.

Indica que hoy por hoy, cada año los miembros del Directorio General proponen nombres de distintos Bomberos, los cuales por sus excelsas cualidades pasan a ocupar los cargos de Consejeros Superiores de Disciplina y miembros del Tribunal de Apelaciones, externalizando la labor disciplinaria en organismos imparciales, conformados por Bomberos, y que someten sus decisiones a un estándar básico del debido proceso propio de organizaciones civiles voluntarias, y que tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, en reiteradas ocasiones, encuentra como límite máximo de exigencia, el de las normas generales del debido proceso, aplicables a legos que no son abogados o instruidos en materias jurídicas. Hoy en pleno siglo XXI, quienes integran estos organismos disciplinarios, son Bomberos y Bomberas, personas comunes y corrientes, varios de ellos miembros honorarios, es decir voluntarios con 20, 30, 40 y hasta 50 años de servicio.

En cuanto a los hechos señala que el nombre reservado con fecha 26 de abril de 2019 por acuerdo de su directorio general, ordena la puesta en funcionamiento del protocolo en casos de acoso, hostigamiento y abuso, y en tal sentido este protocolo obliga a quien acoja la denuncia a dar inicio a un procedimiento racional y justo, que permita determinar si efectivamente se cometieron los hechos denunciados, y en tal caso aplicar las sanciones que el estatuto del nombre reservado establece. La denuncia y su respaldo documental se acompañan como anexo del presente escrito.

Luego, con fecha 20 de febrero de 2020, el nombre reservado de La Serena, recibe denuncia por parte de la Bombera Activa nombre reservado, quien a la fecha se desempeñaba como voluntaria de la Sexta Compañía de nombre reservado, quien hizo entrega de una carta de renuncia en blanco, a fin de ser citada por el Director de la Sexta Compañía Cristian Martínez nombre reservado y de esa forma advertir de ciertas irregularidades que se estaban cometiendo en contra de su persona. En el caso de la señorita nombre reservado esto no ocurrió, puesto que nunca fue citada a declarar sobre los hechos que denunciaba restándole merito a la denuncia.

Consigna que en la misma denuncia se daban cuenta de irregularidades que afectaban el orden y disciplina interno, porque sobre la Voluntaria nombre reservado, el Ex Capitán nombre reservado profiere los siguientes dichos: “no te hagas la weona, sabes que soy el nombre reservado…” “ Oye tengo vida como para andar acusando weas o viendo problemas que no son míos”…., “pensé que tenías algo de decencia”. “porque si seguiría el Edward culiandote no pasaría nada de esto”, “por eso viniste para acá, para hacer negocios, en volá te pagó por el servicio”.

Indica que la carta en blanco presentada, posteriormente como señala la Bombera nombre reservado, aparece con una firma presumiblemente falsificada, hecho que pudo conocer en segunda instancia el Tribunal de Apelaciones, y para sorpresa de los organismos disciplinarios, quien recepciona esa carta es el capitán nombre reservado. Cabe indicar que la carta, a la que se le añadió una firma falsa y que consta en el expediente de segunda instancia como hecho de la causa, se tuvo a la vista, sin embargo por no tener el nombre reservado facultades investigativas para desarrollar una determinación de la existencia o no de un delito de esas características, no se tomó como base de determinación de la resolución, sin perjuicio de que la denunciante en uso de su derecho a denunciar ante el Ministerio Público delitos, previa instancia particular, solicitó esta diligencia. Hoy por hoy la Bombera nombre reservado mantiene una denuncia ante la fiscalía por el delito de falsificación de firma y presumiblemente suplantación de identidad y todos aquellos que puedan determinar, actualmente en proceso.

Expresa que con fecha 20 de febrero, el Consejo Superior de disciplina, conforme a las atribuciones que le confiere el estatuto del nombre reservado, considerando claramente que existían pruebas claras y documentadas de la existencia de vulneración a la integridad de una mujer, persona y Bombera, y tomando como base la relación de Subordinación y dependencia que el denunciado ejerce sobre la denunciante; toma la decisión de apartar (alejar, distanciar, mantener lejos) temporalmente de la filas de la institución mientras dure la investigación, esto a fin de proteger la integridad tanto de las partes como posibles contaminaciones o alteraciones de la investigación como en la especie ocurrió puesto que la Bombera nombre reservado durante el proceso, denuncia que efectivamente en la carta de aviso y alerta que hizo, se consignaba una firma que no era suya, hecho que deja en evidencia presumiblemente la mala fe del denunciando, que de forma descarada al costado de la “supuesta” firma de la denunciante, pone su firma, hecho que a todas luces habla de una misoginia e imposición arbitraria de facultades que no posee puesto que esa carta iba dirigida al Director de Compañía Cristian Martínez nombre reservado y no al Capitán nombre reservado.

Así si por ejemplo una carta fuese dirigida al Superintendente, bajo ninguna circunstancia esta puede ser recibida por el Comandante, esto dado que las funciones operativas y administrativas proceden en paralelo.

Con fecha 20 de febrero se cita y notifica muy respetuosamente a prestar declaración tanto a la denunciante como al denunciado. Cabe señalar que se intimó de la notificación conforme a las normas generales que establece su estatuto, el cual contiene una mixtura de normas de fondo como procesales que permiten a lo menos asegurar un debido proceso.

Con fecha 26 de febrero, declaró la señorita nombre reservado, quien haciendo uso de su derecho a ratificar o retractarse de la denuncia, confirma los antecedentes que prestó ante el Superintendente. Previó a eso y a fin de cumplir lo señalado en el artículo 553 del Código Civil, se le da lectura a cartilla de derechos del denunciante, tomando acta de esto. Respecto de la denuncia indica que la denunciante grafica los epítetos denunciados, el contexto de violencia intrafamiliar que sufría y como buscaba en este nombre reservado la ayuda para poder denunciar lo que había sufrido por su jefe directo.

Cabe consignar que, si bien Bomberos es una institución voluntaria, los oficiales o jefes de las compañías, tienen el mismo deber-ser que deben tener los empleadores o capataces respecto de sus empleados. Epítetos de connotación sexual como los expresados evidentemente por el señor nombre reservado, en sede laboral, son materia de a lo menos una Tutela laboral por vulneración de garantías fundamentales, y tal como ha fallado la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, incluida la de esta Corte, los derechos fundamentales asociados a la integridad física y psicológica, encuentran un especial resguardo desde el momento que son derechos irrenunciables, intransables e indisponibles respecto de las personas, esto solo por el hecho de serlas. Desconocer que maltratar con epítetos sexuales a una persona, mujer y Bombera, es algo que incluso no siendo normado, en cualquier parte del mundo es considerado una ofensa o una falta al respeto a la dignidad de una persona.

Sostiene que suponer que instituciones procesales como las recusaciones, las implicancias, las excepciones dilatorias, las perentorias y todas aquellas que abogados conocen se puedan aplicar en un proceso bomberil, es establecer un estándar que no aplica a Bomberos.

Añade que con fecha 27 de febrero, se da lectura a acta derechos al recurrente, el cual firma y bajo ninguna circunstancia es obligado o sometido a firmar, es más de la sola apreciación del acta se subentiende que es amigable puesto que firma voluntariamente.

Así mismo y con la finalidad de que pueda preparar su defensa, se le pone en conocimiento de la denuncia de la Bombera nombre reservado, esto a fin de que pueda aportar con antecedentes al Consejo Superior que permitan a lo menos desmentir su participación en los hechos y firma esto también voluntariamente Con fecha 27 de febrero, al Capitán nombre reservado se le asegura su derecho a declarar, haciendo sus descargos.

Indica que el Capitán nombre reservado, entrega como antecedentes las imágenes pantallazos de whattsapp que coincidían con la denuncia de la Bombera nombre reservado.

Así mismo da a conocer una carta de renuncia firmada, con una firma no coincidente y con la firma de dos personas más, nombre reservado, y la del Capitán nombre reservado.

Posteriormente, con fecha 07 de mayo del 2020 el Consejo Superior de Disciplina resuelve sancionar con la separación por 3 años al Bombero nombre reservado. Así mismo se determina abonar el tiempo que permaneció separado a fin de cautelar su derecho a hacer valer el tiempo apartado de sus funciones de forma temporal como periodo cumplido.

El tribunal de apelaciones, en mérito de los antecedentes presentados y habiendo el Sr. nombre reservado apelado, confirma la resolución del Consejo Superior de Disciplina en todas sus partes, con fecha 08 de agosto.

Alega que el representante legal del nombre reservado es el Superintendente, y cualquier acción extra institucional debe dirigirse a él y no a los organismos adyacentes al nombre reservado. Tanto el Consejo Superior, el Tribunal de Apelaciones, El Directorio General, Las Compañías y Brigada, son apéndices de una sola institución.

En relación a la alegación de una medida cautelar no contemplada en norma estatutaria, sostiene que es falso, puesto que conforme al estatuto del nombre reservado el Consejo Superior de disciplina dentro de sus facultades establecidas en el artículo trigésimo octavo letra c pueda hacer interpretación de normas.

En cuanto a la alegación de tramitación con falta de quórum, indica que esto es falso, ya que el quórum exigido aplica más drásticamente para sesiones de consejo de disciplina de compañía y no así de Cuerpo. Así mismo sesionar en una sala más de 5 personas es claramente un delito en fase 1 de pandemia, sin embargo, el estatuto establece que deben ser la mayoría en sala y efectivamente siempre a lo menos en todo el proceso estuvieron 3 miembros de los organismos disciplinarios. Acá claramente lo que intenta hacer el recurrente es tomar una norma penal (referente a la integración de los magistrados en una sala de tribunal de juicio oral en lo penal) y aplicarla a una modesta organización como lo es Bomberos.

Arguye que nunca existió una comisión especial, el estándar se cumplió Sostiene que la alegación de haber despachado citación ilegal es falso. Claramente a contrario sensu esta citación indica la existencia de un proceso disciplinario, secreto y reservado. La citación es una citación formal, con los timbres y logos del nombre reservado y contiene claramente el estándar mínimo que se puede esperar de una resolución de este tipo, el presentarse en día y hora a dar cuenta de sus descargos y aportar antecedentes. El estándar se cumplió En relación a la acusación de haber creado normas arbitrarias e ilegales, señala que los Consejos de disciplina aplican las normas estatutarias, los reglamentos, protocolos, procedimientos y acuerdos.

En cuanto a una integración ilegal de sala, indica que nuevamente recurre a conceptos que el estándar mínimo no exige.

En relación a ser una comisión especial señala que en el caso, los miembros de los organismos disciplinarios habían sido nombrados previamente por el Directorio General y que sus nombres y designaciones constan en acta respectiva y que así mismo el hecho de haber sido nombrados con anterioridad, cautela indudablemente el derecho al Juez Natural e imparcial.

En cuanto al interrogatorio estresante y que la reunión se hizo de noche, refiere que es extraño que lo mencione el Capitán, dado que desde que ingreso hace 10 años, todas las reuniones de Bomberos siempre son en horario nocturno (los bomberos en el día trabajan, estudian, son personas de bien), es más como un solo ejemplo, el día que se aprobó la “supuesta carta firmada”, la reunión citada para tal efecto se hizo en mismo horario, integrada con un número minúsculo de Bomberos, entre ellos su hermano y su pareja. Lo cierto es que de ese día solo existe un acta escueta, poco formal y nunca validada por una posterior reunión de compañía. Nuevamente el Sr. Capitán se contradice.

Indica que el ex Capitán, desconoce la validez de un acuerdo de directorio, es decir, el protocolo de abuso, acoso y hostigamiento. Claramente en su afán normativo y tipificador, trata de llevar nuevamente a los campos del derecho penal y administrativo donde no tiene injerencia. La regulación normativa es propia de cada institución, el estándar mínimo que exige el Art. 553 del código civil es un estatuto conforme al debido proceso, Señala que el nombre reservado sí cuenta con un reglamento, aprobado por directorio, sin embargo, no ha podido ponerse en práctica debido a la pandemia COVID. Sin embargo, el nombre reservado sí cuenta con protocolos, procedimientos, acuerdos de directorio que han permitido que la institución funcione.

Alega que desde el año 2019 a todos los directores de compañía (jefes superiores directos de los capitanes) se le hace entrega de copias de actas, las cuales son aprobadas y luego firmadas. Además, en el caso del protocolo se le entregó a cada compañía un ejemplar firmado y además se envió al correo de directorio, para que este difundiera en la compañía.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Acuerdo de directorio que aprueba el protocolo; 2. Protocolo de denuncias por acoso; 3. Denuncia; 4. Citaciones; 5. Declaración nombre reservado.; 6. Declaración nombre reservado A; 7. Carta Derechos denunciado; 8. Carta Derechos denunciante; 9. Oficio nombre reservado; 10. Resolución Consejo Superior; 11. Denuncia firma inconforme; 12. Resolución tribunal de apelaciones; 13. Estatuto; 14. Material de Apoyo, Taller Mandos Superiores, Módulo de Ética Bomberil; 15. Escritura pública otorgada por el notario Rubén Reinoso Herrera.

3°) Que, el abogado don Oscar Soto Hernández, en representación de los Bomberos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el único representante legal del nombre reservado, es el Superintendente Ángelo Pizarro Saavedra.

4°) Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por un acto u omisión arbitrario o ilegal que le prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

5°) Que no resulta procedente acoger la excepción de falta de legitimación pasiva impetrada en representación de los Bomberos nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, basada en que el único representante legal del nombre reservado, es el Superintendente Ángelo Pizarro Saavedra, por cuanto a los primeros se les endilgan una serie de actuaciones que derivan de su actuar personal, como consejeros de disciplina de la institución y la legitimación pasiva, en un arbitrio de la naturaleza del que nos ocupa, recae sobre el autor del acto u omisión ilegal o arbitraria que ha vulnerado una garantía constitucional, con prescindencia de ser o no el representante de una institución, lo que en el presente caso se refiere tanto al Superintendente como a los demás recurridos.

6°) Que, el acto ilegal o arbitrario alegado por el recurrente dice relación con que, en base a un protocolo no aprobado regularmente y a un reglamento inexistente, no contemplado en las normas estatutarias que rigen el nombre reservado, se dictó la resolución del Consejo Superior de Disciplina de fecha 8 de agosto de 2020, notificada el día 21 de agosto de 2020, la que aplicó la suspensión temporal por tres años de su calidad de bombero.

7°) Que la parte recurrida, al informar, expone que el nombre reservado sí cuenta con un reglamento, aprobado solamente por directorio debido a la pandemia COVID, contando con “protocolos y procedimientos, acuerdos de directorio que han permitido que la institución funcione”. Que en el caso del protocolo se le entregó a cada compañía un ejemplar firmado y además se envió al correo de directorio, para que este difundiera en la compañía.

8°) Que se acompañó por la recurrida un protocolo, que sería aplicable tanto a conductas de acoso sexual como de hostigamiento, el cual aparece firmado por quienes se refiere serían miembros del directorio, contando su página inicial con varios timbres, sin que la recurrente ni la recurrida acompañaran reglamento o protocolo alguno que cumpla con los requisitos establecidos en el Estatuto del nombre reservado, es más, la propia recurrida reconoce que no existe un documento que de cuenta de la reglamentación detallada de un procedimiento disciplinario aprobado de la forma establecida por el Estatuto del nombre reservado, en cuanto refiere en su artículo cuadragésimo octavo que un reglamento general, aprobado por el directorio y ratificado por la asamblea general, determinará la forma de dar cumplimiento a los estatutos, en tanto el articulo vigésimo tercero previene que son atribuciones y deberes del Directorio, entre otras, estudiar y proponer, los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento del cuerpo, o modificaciones a estos estatutos o a toda medida que sea conducente a los fines del Cuerpo. En ese entendido un protocolo o reglamento que estableciera una medida como aquella de que fue objeto el recurrente no se bastaba con ser aprobada por el directorio y necesariamente debió ser ratificado en una asamblea general, lo que no ocurrió, según fluye de la documental acompañada y de las afirmaciones vertidas en la presentaciones de recurrente y recurridos.

9°) Que, de acuerdo con el artículo 19 N° 3, inciso quinto, de la Constitución Política de la República, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que le señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho y, al tenor de los antecedentes reseñados precedentemente, no existe duda que la intervención de los consejeros de disciplina no se ajustó a un procedimiento regulado de acuerdo a los estatutos de la institución bomberil, lo que deviene en un acto ilegal, que debe enmendarse, al haber resultado el referido actuar de los consejeros en un obrar como comisión especial, por medio de la cual se separó al actor con sujeción a una investigación apartada de lo normado en el estatuto de la recurrida.

10°) Que, en ese orden de ideas, no cabe más que hacer lugar a la acción intentada, al haberse acreditado la existencia de un acto ilegal y arbitrario, que vulnera la garantía protegida en el inciso quinto del N° 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto prohíbe el establecimiento de una suerte de tribunales ad hoc, creados para juzgar un caso concreto o a una persona determinada, sin dar garantías de imparcialidad o de juez independiente, lo que resulta aplicable al acto recurrido en que no se dio garantías de una investigación y procedimiento racional y justo.

Por estas consideraciones, normas citadas y de conformidad, además, con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que se acoge, sin costas, el Recurso de Protección deducido por don Mario Alejandro Rivera González, en representación de don nombre reservado, en contra del nombre reservado y sus consejeros de disciplina nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos representados por el Sr. nombre reservado de dicha comuna, Angelo Pizarro Saavedra y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución de fecha 8 de agosto de 2020, notificada con fecha 21 de agosto de 2020, la cual aplica al actor una sanción de suspensión de funciones por el plazo de tres años. Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministra Caroline Turner González.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1705-2020.- Protección.- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros señora Marta Maldonado Navarro, señor Christian Le-Cerf Raby y señora Caroline Turner González. No firma el señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.

En La Serena, a veinte de noviembre de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.