Protección contra Ministerio de Educación

nombre reservado, nombre reservado

Ministerio de Educación Recurso de Protección Rol N° 170-2021.- La Serena, dieciséis de junio de dos mil veintiuno Visto y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de Ministerio de Educación, representado por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto consistente en no renovar su inscripción en el Registro Asistencia Técnico Pedagógica por contar con deudas en sistema financiero. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 11, 16 y 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 23 de diciembre del año 2014, fue integrado como persona natural por el Ministerio de Educación en el Registro ATE (Asistencia Técnico Pedagógica) tras postulación en la que acreditó cumplir los requisitos académicos y de solvencia para impartir asesorías, capacitación y perfeccionamiento a los establecimientos educacionales particulares subvencionadas, en el contexto de la Ley de Subvención Escolar preferencial.

Afirma que el 26 de enero de 2021 se le comunicó por parte de la División de Educación General mediante Ordinario N°05/000055 que se debía renovar la inscripción en el Registro ATE que tiene duración de 5 años conforme a los artículo 34 y 35 del Decreto Exento N° 235 de 2008 del Ministerio de Educación. Precisa que los documentos a renovar son a) Certificado de antecedentes para fines especiales, b) Certificado cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, c) Certificado de deudas comerciales y d) Declaración de ausencia de inhabilidades. Explica que su postulación para renovar la inscripción en el registro aludido fue objetada debido a la existencia de una deuda de RUT reservado en el sistema comercial, y que se le otorgó plazo hasta el 19 de marzo para acreditar su pago, lo que no se encontraría en situación económica de realizar. Indica que debido a lo anterior envió carta a la recurrida explicando la situación y solicitando un año de plazo adicional para pagar la deuda, informándosele mediante videoconferencia que aquello no era posible y aconsejándosele constituir una fundación sin fines de lucro para poder seguir trabajando.

Manifiesta que la deuda se remonta a varios años atrás, y que es consecuencia de una enfermedad que afectó a su cónyuge, sumado a una enfermedad neurológica crónica que él padece. Señala que su situación económica se ha agravado desde el estallido social de 18 de octubre de 2019 y por efecto de la pandemia por Covid-19 de público conocimiento.

Sostiene que la actuación de la recurrida es ilegal al exigirle un requisito que no guarda relación su solvencia académica ni ciudadana para impartir capacitación y perfeccionamiento docente, basándose en el incumplimiento de un contrato privado para negarle esa posibilidad. Asevera que el incumplimiento de sus compromisos económicos de debe a la incapacidad del Estado de resguardar el orden público con ocasión del estallido social, y a la imposición de cuarentenas y clases online, y que se afectan su derecho a la libertad de enseñanza, a la libertad de trabajo, y a desarrollar cualquier actividad económica.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y se le reincorpore al registro aludido.

En apoyo de su pretensión acompaña 1. Certificado de Pertenencia Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo – ATE. 2. Documento denominado “Servicios Validados Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo –ATE”. 3. Ordinario N°05 del Jefe de División de Educación General de 26 de enero de 2021. 4.- Documento “Orientaciones para ATE Persona Natural Proceso de actualización y renovación de la inscripción al Registro ATE Primera Etapa”. 5.- Correo electrónico remitido de la casilla correo reservado por el cual se informa que la solicitud de inscripción o actualización de su Ficha ATE enviada con fecha 01.02.21 no fue aceptada 6.- Reporte Comercial del recurrente de 30 de enero de 2021. 7.- Carta de 12 de marzo de 2021 enviada por el actor a la recurrida en que solicita plazo de 12 meses para pagar su deuda. 8.- Correo electrónico remitido al actor por Administración Registro ATE en que se le comunica que no es posible acceder a su solicitud atendido lo dispuesto en el artículo 32 letra a) numeral 3 del Decreto Exento N° 235 de 2008 del Ministerio de Educación.

Segundo: Que informando la recurrida alegó que no existe en este caso un derecho indubitado que resulte vulnerado, y que su conducta se ha apegado al ordenamiento jurídico vigente. Explica que en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 18.956 y en los artículos 35 y 38 del Decreto Exento N°235 de 2008, se instruyó a todas las entidades ATE correspondientes a personas naturales la actualización de la documentación que presentaron al momento de su inscripción en el registro a fin de renovar su vigencia. Precisa que el artículo 32 del Decreto Exento antes aludido exige para la inscripción “no registrar incumplimientos de obligaciones previsionales ni comerciales”, y que el artículo 34 a su turno prescribe que las personas naturales o jurídicas estarán obligadas, entre otros, a mantener actualizados los requisitos que permitieron su inscripción. Puntualiza que el artículo 37 del mismo decreto contempla como una de las causales de eliminación del registro ATE la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ingresar o permanecer en el registro, y que como se señala en el recurso el actor registra deudas comerciales. Agrega que dada solicitud del actor de otorgarle plazo de dos años para cumplir los requisitos, se tomó contacto con él y otros oferentes que mantenían antecedentes incompletos, comunicándoseles el aumento de plazo para actualizar su información hasta el 30 de marzo de 2021. Añade que luego el 24 de marzo se sostuvo reunión técnica con el recurrente en que se le explicó que el Registro ATE no cuenta con facultades legales para otorgarle la prórroga solicitada. Previas consideraciones de derecho solicita rechazar la acción intentada con costas.

Acompaña a su informe 1. Oficio Ordinario N° 05/000465 de 04 de mayo de 2021. 2. Oficio Ordinario 05/000055 de 26 de enero de 2021. 3. Certificado de Pertenencia Registro Público de Personas o Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo – ATE del actor de fecha 20 de abril de 2021. 4. Certificado de Antecedentes Comerciales del actor de 30 de enero de 2021. 5. Certificado de antecedentes del actor. 6. Correos Electrónicos de 24 de marzo de 2021 dirigidos a oferentes cuyos antecedentes se encuentran incompletos. 7.-Presentación de 12 de marzo de 2021 del actor. 8. Correo electrónico de 24 de marzo de 2021 de la Administración Ate al recurrente pronunciándose sobre solicitud de 12 de marzo de 2021.

Tercero: Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales contemplada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, es menester tener presente que por la naturaleza de la acción constitucional, la eventual vulneración de las garantías respecto de las cuales se reclama protección, debe ser manifiesta. Resulta además necesario el derecho cuya protección se reclame, ostente el carácter de indubitado, de manera que permita la adopción de medidas de resguardo destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Sexto: Que el artículo 18 letra d) de la Ley N°18.956 contempla la existencia del Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo, que estarán certificadas para prestar apoyo a los establecimientos educacionales y para la elaboración y ejecución del Plan de Mejoramiento Educativo. Dicha disposición legal encomienda a un reglamento el establecimiento de los requisitos y estándares de certificación que permitirán el ingreso y la permanencia en el registro, así como la duración de la certificación y causales de pérdida de aquella.

A su turno, el Decreto 235 del Ministerio de Educación que Aprueba el Reglamente de la Ley 20.284, que establece una Subvención Escolar de Preferencia para niños y niñas prioritarias, en su artículo 32 N°3 contempla como uno de los requisitos para ser incorporado en aludido registro “no registrar incumplimientos de obligaciones previsionales ni comerciales, lo que se acreditará mediante la documentación respectiva”, y en su artículo 34 prescribe que para mantener vigente su inscripción en el registro, las personas naturales estarán obligada a “mantener actualizados los requisitos que permitieron su inscripción”. Finalmente, el artículo 37 letra a) del mismo reglamento refiere que es causal de eliminación del registro “la pérdida de alguno de los requisitos exigidos para ingresar o permanecer en éste.”.

Adicionalmente el artículo 35 del reglamento antes mencionado establece un plazo de duración de la inscripción de cinco años, tras los cuales aquella queda sin efecto salvo que el interesado la renueve, debiendo para ello acompañar todos los antecedentes, certificados y documentos actualizados.

Finalmente, el artículo 38 del mismo cuerpo reglamentario mandata al Ministerio de Educación mantener el registro con información actualizada sobre las asesorías proporcionadas a los establecimientos educacionales y la evaluación de las personas y entidades técnicas pedagógicas.

Séptimo: Que no ha sido controvertida por el recurrente la circunstancia de mantener deudas comerciales y en cuya virtud le fue denegada la renovación de su inscripción en el registro vía página web, la que además aparece acreditada por documentación comercial del actor, acompañada por éste a su libelo, y por la recurrida a su informe.

Octavo: Que en todo caso aparece de la documentación acompañada por la recurrida, que la inscripción del actor en el registro se encuentra vigente toda vez que no ha sido dictado acto administrativo disponiendo su eliminación por pérdida de los requisitos para permanecer en él.

Noveno: Que, en ese contexto, no ha resultado acreditada la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la recurrida, dada la exigencia reglamentaria de no mantener deudas comerciales para permanecer en el registro ATE, y para poder renovar la inscripción en él. De este modo, no resulta procedente obligar a la recurrida a prescindir de aquel requisito como parece pretender el recurrente, con el objeto de mantener vigente su inscripción.

Décimo: Que en consecuencia, el actuar de la recurrida aparece revestido de fundamento legal y reglamentario, no advirtiéndose en su proceder la afectación a algún derecho indubitado del recurrente, en términos de hacer necesaria la adopción de medidas de tutela urgente por parte de esta Corte. De este modo, no apareciendo acreditada alguna actuación ilegal o arbitraria de la recurrida, que tenga la virtud de afectar indebidamente algún derecho constitucional del actor, el presente arbitrio deberá ser desestimado como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 N° 1 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado, en contra de Ministerio de Educación Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad Rol N° 170 - 2021 (nombre reservado).-