nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°17-2025.- La Serena, seis de febrero de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el seis de enero de dos mil veinticinco comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que su representada, de 33 años de edad, a la época en que se desencadenan los hechos, se desempeñaba como trabajadora social en la Corporación Gabriel González Videla de La Serena.

Es el caso que, a mediados del año 2022, encontrándose en el tercer mes de su estado de embarazo doña nombre reservado debió ser hospitalizada por una hiperémesus gravidica y un malestar en su estómago que no fue nunca debidamente diagnosticado. Esta situación produjo una crisis de ansiedad, por no saber si podía afectar la salud de su hijo que venía en camino.

Ya con el nacimiento y pensando que sus temores habían pasado, su hija recién nacida no lograba subir de peso y efectuadas las consultas se advirtió que presentaba dificultades con la lactancia, por lo que fue derivada a la Clínica del Amamantamiento. Esta complicación con la lactancia de su hija le generó un sentimiento de angustia, ansiedad, dificultades para conciliar el sueño, pérdida de memoria, crisis de llanto, falta de energía y estados de ánimos bajos.

En el mes de mayo de 2024, en la cita del programa de Control de Niño Sano de su hija, atendido sus síntomas, le realizaron el examen denominado Escala de Depresión Post Parto de Edimburgo, que resultó con alteraciones, siendo derivada a la Unidad de Salud Mental del mismo Cesfam Cardenal Raúl Silva Henríquez, de La Serena. En dicha unidad fue atendida y recetada y derivada a sesiones de terapia con una psicóloga, la Srta. nombre reservado.

Añade que, durante el periodo de tratamiento, la Sra. nombre reservado recibió tratamiento farmacológico y ayuda psicológica en el CESFAM, siendo además observada por los médicos nombre reservado y nombre reservado.

Hace presente que doña nombre reservado reingresó a sus labores en la Corporación Gabriel González Videla de La Serena el 23 de octubre de 2023.

Señala que las únicas licencias rechazadas en su periodo de enfermedad corresponden a las que son materia del presente recurso de protección. En efecto, todas las licencias médicas que han sido presentadas por doña nombre reservado con anterioridad a las que son materia de estos autos, han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo. Incluso, tres que había sido rechazadas por la COMPIN, fueron aprobadas por la misma recurrida en la misma resolución que por este acto se impugna.

Precisa que las licencias médicas reclamadas en la presente acción de protección corresponden a las N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado.

Destaca que las resoluciones de rechazo de dichas licencias médicas dictaminadas por la COMPIN no dan cuenta de ninguna explicación de la causa de justificación invocada, limitándose en indicar “por reposo no justificado”.

Refiere que contra tal rechazo doña nombre reservado presentó apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social la que por Resolución NºR-01-UME-190552-2024, de 10 de diciembre de 2024, confirmó el rechazo de 5 licencias médicas, siendo en contra de esta última resolución que se interpone el presente recurso de protección.

Reitera que en esa misma resolución la recurrida autorizó el pago de otras 3 licencias médicas, todas emitidas por el mismo diagnóstico de aquellas que justifican las licencias médicas que han sido rechazadas.

Señala que el diagnóstico de la enfermedad de doña nombre reservado se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado con los informes médicos acompañados en su oportunidad. Es más, se logra evidenciar por medio de su historial médico el carácter permanente de su tratamiento, el cual doña nombre reservado debe mantener debido a la compleja situación de salud a la que se ve enfrentada, logrando únicamente con los tratamientos y fármacos recetados desarrollar su vida con un poco de calma y tranquilidad.

Además, su diagnóstico ha sido también reconocido por la propia recurrida que, en la misma resolución que se impugna, y pronunciándose acerca de la apelación deducida por la Sra. nombre reservado en contra del rechazo de otras tres licencias médicas emitidas por el mismo diagnóstico, resolvió autorizar su pago.

A su juicio, la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación, que debe observar los actos administrativos, conteniendo en este caso, fundamentos contradictorios, lo que deviene en arbitraria.

En la especie, resulta evidente que la SUSESO ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud de doña nombre reservado o ha efectuado un análisis antojadizo y caprichoso de los mismos, pues respecto de unas licencias los considera suficiente y respecto de otras las estima insuficientes, poniendo en duda los diagnósticos fehacientemente establecidos por profesionales de la salud, limitándose a mencionar que los antecedentes acompañados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral durante el periodo reclamado, sin entregar siquiera una somera justificación o argumentación de tal aseveración, no existiendo razonamiento lógico para que el ente recurrido haya podido arribar a tal conclusión, lo cual deja entrever que no existió siquiera una mínima revisión de los informes médicos acompañados en su oportunidad y menos aún alguna entrevista por parte de algún profesional de SUCESO u otro organismo que permita con autoridad de causa poder afirmar tal conclusión y diferencia de criterio.

En definitiva, se torna del todo arbitrario el actuar de la SUSESO que ha desestimado un permiso médico concedido por un facultativo, sin ningún motivo adicional suministrado por la entidad recurrida, simplemente por el sólo transcurso del tiempo, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente al paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias que permitan arribar a dichas conclusiones.

Sostiene que la conducta del órgano recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de doña nombre reservado, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, pues su obrar le priva de ejercer el derecho que significa gozar de licencia médica, o sea, de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, para restablecer su salud.

Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona el derecho de propiedad de doña nombre reservado, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Magna que nos rige, toda vez que el actuar de la recurrida le priva de gozar, durante la vigencia de la licencia médica rechazada, del respectivo subsidio de incapacidad laboral o de la remuneración regular de su trabajo, según fuere el caso.

Por estas consideraciones solicita se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas materia del presente recurso de protección y, en definitiva, resolver que se deberá autorizar dichas licencias médicas, disponiendo su pago. En subsidio, se acoja la presenta acción de protección disponiendo que la SUSESO deberá, dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos (computados de conformidad a la Ley N°19.880) a partir de la fecha de la sentencia, cumplir con las siguientes actuaciones: A.- Realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas rechazadas. B.-Dictar el correspondiente acto administrativo terminal que autorice -o no- el pago del subsidio asociado a las licencias médicas reclamadas. C.- En su caso, pagar al actor el monto del subsidio que corresponda. D.- Informar a esta Corte de Apelaciones el cumplimento de todas y cada una de las acciones impuestas en esta sentencia. Que, en caso de no cumplir la recurrida con cualquiera de las obligaciones impuestas en el numeral anterior, dentro del plazo antes indicado y no informar a esta Corte de aquella circunstancia dentro del mismo lapso de tiempo, deberá proceder a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano, sin más trámites y sin necesidad de nuevo apercibimiento judicial o solicitud de informe.

Acompaña los siguientes documentos: 1°.- Copia de la Resolución Exenta N.º R-01-UME-190552-2024, de fecha 10 de diciembre de 2024, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social; 2º.- Copia de informe médico de fecha 27 de julio de 2023, emitido por el Dr. nombre reservado; 3°.- Copia de informe médico de fecha 18 de septiembre de 2023, emitido por la Dra. nombre reservado; 4°.- Copia de informe médico de fecha 08 de junio de 2024, emitido por la Dra. nombre reservado; 5°.- Copias de citaciones a control de salud mental con psicólogo en el CESFAM Cardenal Raúl silva Henríquez, de La Serena.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección, por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de la alegación anterior, informa en cuanto al fondo del asunto que motiva la acción constitucional de autos.

Expone que, conforme consta en el expediente administrativo PAE código R-185114-2024, la interesada recurrió a su representada el día 12 de noviembre de 2024, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 85417050-3, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 183 días a contar del 24 de abril de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-190552- 2024, de 10 de diciembre de 2024, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, su representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 85417050-3, RUT reservado, RUT reservado, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, permiten establecer la presencia de incapacidad laboral y el rol terapéutico del reposo durante el período de reposo reclamado.

Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En efecto, los informes médicos que acompañan la actual presentación no logran poner en contexto grado de funcionalidad que impida trabajar, no lográndose de esta manera desprender el rol terapéutico del reposo que permita a los profesionales de esta Superintendencia justificar su prórroga.

En caso de una nueva presentación, se sugiere adjuntar informe médico con detalle sobre evolución clínica, tratamiento, derivaciones e intervenciones dirigidas al reintegro laboral e idealmente informe psicoterapéutico con numero de sesiones”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia instruye autorizar las licencias médicas N°s 85417050-3, RUT reservado, RUT reservado, y mantener lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Indicar que el día 9 de diciembre de 2024, el profesional de su representada, Dr. nombre reservado, informó lo siguiente en relación a la situación de la Sra. nombre reservado:

“Fundamentos de la resolución: 31 años Profesión no Informada Reclama por 8 LMs por total de 181 días Todas las LMs con RR correspondiente Sin días aprobados previos En la información adjunta reposos médicos pobremente justificados. Estarían dentro del contexto de lactancia materna, sin embargo no se logra dar 1° de compromiso funcional que impidiese trabajar a la Paciente como tampoco se describieron estresantes del cuadro. En el contexto anterior, y debido al contexto postnatal, sugiero acoger tres primeras licencias médicas. Resto sin sustento de acuerdo a la información adjunta”.

Por otro lado, el Reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, contenido en el D.S. Nº7, de 2013, del Ministerio de Salud, establece en su artículo 4º, guías clínicas referenciales relativas a exámenes, informes y antecedentes que deberán respaldar la emisión de licencias médicas, en relación a los Grupos de Patologías y patologías. En lo referente a “patologías mentales guías referenciales de reposo laboral”, contempla “Reposo Laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días”, referido a “Cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo el trastorno de personalidad como diagnóstico principal”, siempre debe ser otorgada por médico psiquiatra. Al respecto, señala que hay que considerar que la recurrente tiene 183 días de reposo reclamados, con diagnóstico de patología psiquiátrica.

Hace presente que el médico tratante de la recurrente, Dra. nombre reservado, no se encuentra registrada con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº371626, figurando como Médico Cirujano.

Por otro lado, el médico tratante de la recurrente, Dr. nombre reservado, tampoco se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº16774, figurando como Médico Cirujano.

Finalmente, el médico tratante de la recurrente, Dr. Andrey Anatolievich Rolik, no se encuentra registrado con la especialidad de médico psiquiatra, conforme a la consulta realizada en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, con el Nº62880, figurando como Médico Cirujano.

De esta forma, de los antecedentes médicos y administrativos citados, claramente es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Además, la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “…sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”.

En el caso de la Sra. nombre reservado, claramente su “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente, indubitado, por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas.

Lo anteriormente expuesto, debe llevar a este Tribunal a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de su defendida. Es del caso, que, respecto de las licencias reclamadas, el dictamen impugnado de arbitrariedad contiene los argumentos en base a los que emite su conclusión, los cuales están en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió eta Superintendencia previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Por último, hace presente que, tal como no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues como ya se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de sus competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un hipotético derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de la recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, de los antecedentes aportados por las partes, aparece que la decisión de la recurrida, en orden a rechazar las licencias médicas de la actora, formalmente se asienta en que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 85417050-3, RUT reservado, RUT reservado, se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, permiten establecer la presencia de incapacidad laboral y el rol terapéutico del reposo durante el período de reposo reclamado.

Sin embargo, respecto de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos evaluados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado.

En efecto, los informes médicos que acompañan la actual presentación no logran poner en contexto grado de funcionalidad que impida trabajar, no lográndose de esta manera desprender el rol terapéutico del reposo que permita a los profesionales de esta Superintendencia justificar su prórroga.

En caso de una nueva presentación, se sugiere adjuntar informe médico con detalle sobre evolución clínica, tratamiento, derivaciones e intervenciones dirigidas al reintegro laboral e idealmente informe psicoterapéutico con numero de sesiones”.

SÉPTIMO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.

Del mismo modo, el artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

OCTAVO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando a la solicitante el porqué del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.

Por lo anterior, teniendo presente el carácter genérico de la resolución que se impugna, la cual no contiene un análisis pormenorizado de los antecedentes incorporados por la actora en sede administrativa, lo cual causa una situación de indefensión y vulnerabilidad en quien recurre, a lo cual se adiciona que el acto administrativo, en virtud del mandato legal de motivación ya aludido, debe bastarse a sí mismo, resultando improcedente en consecuencia pretender fundar el mismo en esta sede a través de informes complementarios, es que no cabe sino concluir que existe un acto ilegal y arbitrario de parte de la recurrida al decidir el rechazo de las licencias de la recurrente.

De esta manera, se vulnera el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, así como el derecho a la propiedad, al negarse el pago del respectivo subsidio por incapacidad, por lo que corresponde acoger la acción intentada, disponiendo el pago de las licencias materias de ella, teniendo para tales efectos particularmente en consideración que la actora, conforme a los antecedentes expuestos, ya se ha reintegrado a sus funciones laborales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado y Lillo, en favor de nombre reservado, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO) y en consecuencia se declara que se deja sin efecto la Resolución Exenta Nº R-01-UME-190552-2024, de 10 de diciembre de 2024, emitida por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, solo en aquella parte que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, debiendo disponer el pago de aquellas. Lo anterior, dentro de un plazo de cinco días corridos, contados desde que se encuentre ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°17-2025 (Protección).-