nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°1464-2023.- La Serena, siete de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha cinco de julio de dos mil veintitrés comparece don Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de doña nombre reservado, RUN RUT reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Para contextualizar, expone que la persona en favor de quién recurre presenta patologías de larga data, desde el año 2018, detectándosele posteriormente la denominada Enfermedad de Cushing, detectándosele además un tumor hipofisiario, lo que derivó en una intervención quirúrgica para la eliminación del mismo, realizada en el mes de julio de 2019, pesquisándose posteriormente la persistencia del tumor hipofisiario y microadenomas hipofisiarios.

Paralelamente, doña nombre reservado comenzó a presentar episodios depresivos, siendo derivada en consecuencia al Programa de Salud mental del CESFAM Santa Cecilia, de Coquimbo, cursando en la actualidad un trastorno adaptativo y del ánimo, lo que es una consecuencia directa del tumor hipofisiario que presenta y de la Enfermedad de Cushing diagnosticada.

Se comprenderá que el acceso a tratamiento tanto médico, quirúrgico y psiquiátrico que requiere doña nombre reservado, sufrió una importante demora como consecuencia de la Pandemia producto del Covid 19, que implicó una serie de retrasos y posteriormente una importante carga de solicitudes de atención en el área médica en general y psiquiátrica en particular, sobre todo en el sistema público de salud, lo que se ha traducido en que aún no ha podido tener acceso a la nueva cirugía que debe realizarse, como tampoco pudo en su momento complementar sus tratamientos con atenciones en el área psiquiátrica en el CESFAM de su domicilio.

Bajo dicho contexto es entonces que, luego de haber tenido varias licencias por sus patologías, la recurrida confirma el rechazo de sus licencias médicas otorgadas a contar de este año, pese a la subsistencia del cuadro clínico que motivó el otorgamiento tanto de estas dos licencias como de las anteriores que habían sido autorizadas sin mayores cuestionamientos por parte de las entidades administrativas que tienen a su cargo el control del otorgamiento de las licencias médicas.

Refiere que con fecha 5 de junio del año en curso, la recurrente tomó conocimiento de la Resolución Exenta N° R-01-UME-74666-2023, de esa misma fecha, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social, a través de su Departamento Contencioso, nombre reservado, confirmó lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana, en orden a mantener el rechazo de las Licencias Médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 1 de enero de 2023, por reposo no justificado.

Estima que la resolución señalada es arbitraria, pues mantiene el rechazo de las licencias sin otorgar una explicación racional que la mueva a confirmar el rechazo de las mismas, más aún si se reconoce que las licencias anteriores a las que se rechaza habían sido autorizadas sin mayores reparos; no contiene un análisis de los antecedentes clínicos de la paciente y, tampoco hace referencia ni analiza los documentos acompañados por doña nombre reservado a su reclamación. No quedan claras las razones médicas por las cuales se discrepa de los informes y antecedentes médicos invocados por la paciente, y lo que es peor, los fundamentos para mantener el rechazo de las licencias médicas se ven desvirtuados por los antecedentes que se acompañan, con los cuales se acredita que doña nombre reservado ha estado en tratamiento psicológico durante prácticamente todo el tiempo desde que se le diagnosticaron sus enfermedades de base.

Es decir, pese a la contundente evidencia y antecedentes que avalan la necesidad de doña nombre reservado de contar con reposo médico, se resuelve mantener, de manera absolutamente injustificada y arbitraria, el rechazo sus licencias, sin hacerse cargo ni contener siquiera un mínimo análisis de los certificados médicos y antecedentes presentados; en lugar de ello, y pese a la contundencia de los informes e historial médico de la paciente, opta por rechazar sus licencias agregando una preocupación más a su ya delicado estado mental.

Sostiene que si los antecedentes acompañados por la paciente a su reclamación le merecían dudas, perfectamente pudo la recurrida solicitar al profesional que extendió tales licencias, información complementaria respecto de la situación de salud de aquella y la necesidad de reposo y su rol terapéutico, lo cual tampoco se verificó en este caso, pese a tener facultades para hacerlo.

Estima que la decisión de la recurrida es ilegal, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de La Constitución Política de la República, pues al rechazar la licencia, priva a la paciente de la posibilidad de adquirir los medicamentos necesarios para el tratamiento de sus patologías, lo que pone en serio riesgo su salud mental y genera la posibilidad de un agravamiento en su cuadro clínico; en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y; además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral; y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho consagrado en el artículo 19 número 24 de la Constitución Política de la República, ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Solicita que, acogiendo el recurso, se ordene a la recurrida dejar sin efecto la resolución de fecha 5 de junio del año en curso, y en su lugar acoger la reclamación deducida por mi representada, dictaminando que se autorizan las Licencias Médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 01 de enero de 2023, adoptando asimismo cualquier otra medida que este Ilustrísimo Tribunal considere necesario para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales del Srta. nombre reservado, con costas.

SEGUNDO: Que, no habiendo la recurrida evacuado informe en tiempo y forma, se prescindió del mismo, y se trajeron los autos en relación.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-74666-2023, de fecha 5 de junio de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las Licencias Médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 1 de enero de 2023, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “…Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal, secundaria a patología de salud mental, más allá del período de reposo ya autorizado, el cual alcanza a los 275 días. En efecto, informes no describen elementos psicopatológicos, evolución clínica ni tratamiento proporcional a reposo, por lo que no se justifica rol terapéutico de licencias apeladas” (sic).

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar él la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos el informe evacuado por los profesionales de la recurrida, toda vez que el mismo, de acuerdo a su propio tenor, solo se basa en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente a la afectada.

OCTAVO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

NOVENO: Que, teniendo en consideración que la recurrida ha resultado totalmente vencida en esta sede, es que se le condenará en costas.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por Claudio Fernández Ramírez, en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y en consecuencia se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-74666-2023, de fecha 5 de junio de 2023, que mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, disponiéndose que la recurrida Superintendencia de Seguridad Social deberá disponer el pago de las licencias médicas previamente individualizadas dentro del plazo de 5 días corridos desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 1694-2023 (Protección).-