nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE. MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y Otros Recurso de Protección.

Rol N°1691-2025 La Serena, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don Junior Daza Vargas, abogado, deduciendo recurso de protección a favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización, lo que vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Señala que doña nombre reservado ha residido legalmente en Chile por más de seis años, manteniendo una conducta intachable siendo beneficiada con visa temporaria para después ser otorgada la definitiva, y el 16 de octubre de 2024 solicitó la carta de nacionalización, sin embargo, han transcurrido a la fecha del recurso casi un año sin obtener una respuesta final sobre ésta, alega que el servicio no ha respetado el plazo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 19.880, lo que afecta la igualdad ante la ley de la recurrente, dejándola en un estado de incertidumbre, y dando un trato desigual en comparación con otros, que en iguales condiciones, han obtenido una respuesta a sus solicitudes.

Se refiere al artículo 27 de la Ley 19.880, indicando que es imperativo lo mandatado en esta norma para los órganos de la administración del Estado, y en cuanto al caso fortuito o fuerza mayor, refiere que debe existir un acto administrativo por el jefe del servicio que lo establezca, lo que no es el caso de autos, por lo que no es posible alegar caso fortuito o fuerza mayor de parte de la recurrida.

Señala que, es importante destacar que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 7, 8, 9 y 14 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites, debiendo las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Concluye solicitando, acoger el presente recurso, y ordenar a las recurridas que se pronuncien sobre su solicitud, con condena en costas.

Acompaña comprobante de solicitud de la carta de nacionalización y cédula de identidad.

SEGUNDO: Que, a folio 4, evacua informe el Servicio Nacional de Migraciones, y expone que el 16 de octubre de 2024, la recurrente, solicita carta de nacionalización, bajo el ID de trámite 71538412.

Añade, que el 16 de octubre de 2024, la solicitud pasa a “Primer análisis”, donde actualmente se encuentra.

Destaca que, atendida la naturaleza de la solicitud de la recurrente, en especial consideración a que es una especial gracia, requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de solicitud ordinaria, haciendo presente que en la tramitación de una solicitud de Carta de Nacionalización y su otorgamiento, intervienen distintos Organismos Públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de este Servicio, cumpliendo cada uno de los organismos señalados una determinada función, siendo finalmente el Ministro del Interior quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades del Presidente de la República.

Señala que, atendido al mérito de los antecedentes, encontrándose en tramitación la solicitud del recurrente, quien cuenta con situación migratoria regular en el país, considerando, además, que la solicitud de nacionalización debe ser resuelta por el Presidente de la República en carácter discrecional, no se vislumbra en los hechos la conculcación de alguna de las garantías constitucionales denunciadas que requieran la adopción de una medida cautelar de urgencia como la que se pretende mediante el recurso de protección.

Por estas consideraciones solicita se rechace en todas sus partes el recurso de protección intentado, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente, con condena en costas de la contraria.

TERCERO: Que, a folio 5, evacua informe la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y expone que en relación con el caso de autos los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la recurrente aún no han sido recibidos, por lo que aún se encuentra en tramitación en el Servicio Nacional de Migraciones.

Señala en cuanto al otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de este Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, lo cual está dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Añade que, en su parte, el artículo 157, N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de este Ministerio. Y que, ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior de este Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Alega que, de lo anteriormente expuesto, se debe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Por lo que concluye, solicitando el rechazo del recurso con costas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califica la actora de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Que, de los antecedentes aportados y lo señalado por la recurrida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aún no ha recibido los antecedentes de la solicitud por parte del Servicio Nacional de Migraciones, por lo tanto, el actuar de ésta en el caso sub lite no ha sido arbitrario ni ilegal, pues aún no ha dado inicio su intervención en este procedimiento administrativo.

SÉPTIMO: Que, en relación a la recurrida Servicio Nacional de Migraciones, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación del presente recurso, en especial la fecha en que fue realizada la solicitud de nacionalización, no ha transcurrido un tiempo excesivo en su tramitación, que vulnere alguna garantía constitucional, además. debe tenerse en cuenta, que al tratarse de un procedimiento que comprende diversas etapas ante diversas autoridades administrativas, no es posible entender que el lapsus de tiempo que la solicitud en cuestión se haya ante el Servicio en comento sea excesiva o dilatoria, atendida la carga de trabajo que por estas materias el mismo tiene y, sobre todo, que han transcurrido no más de un año, de forma que no puede entenderse dicho proceder como ilegal o arbitrario, lo que llevará a desestimar al acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1691-2025 (Protección).