nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y OTRA

nombre reservado / Ilustre Municipalidad de Illapel y Contraloría General de la República Recurso de protección Rol N° 1687-2026 La Serena, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Carlos Fernando Martínez Oróstica, abogado, en representación de doña nombre reservado, profesora de música de la Escuela Valle del Choapa, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel y de la Contraloría General de la República, por estimar ilegales y arbitrarios el Decreto Alcaldicio N° 975, de 18 de febrero de 2026, que dispuso el término de su relación laboral; el Decreto Alcaldicio N° 1.427, de 19 de marzo de 2026, que rechazó su reposición; y la Resolución Exenta N° RE25119/2026, de 20 de agosto de 2026, por la que la Contraloría Regional de Coquimbo desestimó su reclamo de ilegalidad. Alega vulneración de las garantías del artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a prestar servicios municipales en marzo de 1993, acumulando más de treinta y tres años de experiencia docente, sin reproches disciplinarios anteriores, con reconocimientos por su trayectoria y una postulación al incentivo al retiro presentada antes del procedimiento sancionatorio. Refiere que, por un cuadro de agotamiento físico y emocional, se le otorgó licencia médica por enfermedad común desde el 29 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2023, debidamente aprobada y pagada, sin que conste su invalidación.

Reconoce que durante su vigencia viajó a Argentina entre el 1 y el 6 de diciembre de 2023, en un viaje obsequiado por su hijo, decisión que califica como equivocada, pero sostiene que su enfermedad era real y que no obtuvo fraudulentamente el beneficio.

Indica que, a partir de antecedentes comunicados por la Contraloría sobre salidas del país durante licencias médicas, la Municipalidad instruyó sumario por Decreto N° 1.650, de 23 de mayo de 2025, formulándose un único cargo por infracción a la probidad administrativa, con referencia al artículo 58 letra g) de la Ley N° 18.883, al artículo 110 del mismo cuerpo legal y al artículo 55 letra a) del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud. La autoridad calificó los hechos como falta de probidad y dispuso el término de la relación laboral con fundamento en el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente.

Sostiene que los actos municipales contienen una fundamentación contradictoria: el decreto que impone la medida admite que podían considerarse alternativas y afirma haber ponderado su trayectoria como atenuante, mientras que el decreto que rechazó la reposición sostiene que no existía otra sanción posible. Agrega que existen discordancias en la consignación administrativa de las fechas del viaje, que no se acreditó dolo ni fraude en la obtención de la licencia y que la infracción a las condiciones del reposo no equivale automáticamente a falta grave de probidad. Invoca la exigencia de establecer fehacientemente la causal del artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070 y los principios de motivación, razonabilidad y proporcionalidad.

Añade que se encuentra tramitando una bonificación por incentivo al retiro y que, con posterioridad a la destitución, se le diagnosticó una grave enfermedad que requiere tratamiento, de modo que la separación del servicio ha afectado sus remuneraciones y cobertura previsional. Solicita dejar sin efecto los actos municipales y la resolución de Contraloría, obtener reincorporación y pago de remuneraciones y cotizaciones, o subsidiariamente disponer un nuevo pronunciamiento debidamente fundado que pondere sus circunstancias, sin perjuicio de su postulación al beneficio de retiro.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, la Contraloría Regional de Coquimbo solicita el rechazo de la acción a su respecto. Expone que la Municipalidad inició y sustanció el sumario tras recibir antecedentes de movimientos migratorios durante una licencia médica; que el cargo se refirió al incumplimiento del reposo y a la probidad; y que el Decreto Alcaldicio N° 975 dispuso la desvinculación conforme al artículo 72 letra b) del Estatuto Docente, confirmada por el Decreto N° 1.427. Señala que la reclamación de ilegalidad presentada ante dicho organismo fue rechazada mediante Resolución Exenta N° RE25119, de 20 de agosto de 2026, por estimar ajustados a derecho el procedimiento y la sanción.

Como defensa preliminar, opone falta de legitimación pasiva: sostiene que no dictó el acto que puso término a los servicios ni tiene atribuciones para reincorporar a la actora, de manera que el rechazo de su reclamación administrativa no constituye la fuente directa del agravio. Invoca, además, la existencia de vías impugnatorias especiales y la improcedencia de utilizar la protección como una nueva instancia de revisión del mérito de un sumario formalmente tramitado. Explica que la recurrente pudo rendir prueba, formular descargos, recurrir y acudir a Contraloría.

En cuanto al fondo, afirma que la licencia médica comprende obligaciones de reposo cuya infracción puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria independiente de sus consecuencias sanitarias; que el hecho del viaje no se discute; y que corresponde a la autoridad municipal calificar su entidad y ponderar sus efectos sobre la probidad. Sostiene que los actos contienen fundamentos suficientes y que no se han demostrado vulneraciones a las garantías constitucionales. Solicita rechazar el recurso en lo que atañe al organismo fiscalizador.

TERCERO:

Que, por su parte, la Ilustre Municipalidad de Illapel, al evacuar informe, solicita igualmente el rechazo. Manifiesta que el procedimiento fue instruido con autoridad competente, fiscal designado, cargos claros, oportunidad de defensa y vista fiscal; que los movimientos migratorios acreditan que la docente salió del país durante una licencia con reposo total; y que la sumariada reconoció la realización del viaje. Refiere que aplicó el artículo 72 letra b) del Estatuto Docente al concluir que los hechos constituían falta de probidad fehacientemente establecida.

Precisa que, a su juicio, el régimen de los docentes municipales no contempla una escala de sanciones disciplinarias intermedias equivalente a la del personal administrativo, de modo que, acreditada la causal legal de falta de probidad, correspondía el término de la relación laboral. Niega que exista contradicción relevante entre los decretos o falta de motivación, señala que ponderó la conducta anterior y los descargos de la docente, y sostiene que la existencia de una licencia médica aprobada no autoriza a incumplir su reposo. También controvierte que la postulación al incentivo al retiro impidiera la aplicación de una causal estatutaria de término, así como que las circunstancias médicas posteriores invaliden la decisión disciplinaria. Añade que la potestad disciplinaria corresponde al alcalde y que la Corte no debe sustituir sin causa de ilegalidad manifiesta la apreciación administrativa de la falta. Pide, en definitiva, desestimar la acción.

CUARTO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que dicha disposición contempla, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que los priven, perturben o amenacen, facultando a esta Corte para adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

QUINTO: Que, para que esta magistratura pueda intervenir por esta vía, debe constatarse la existencia de una acción u omisión ilegal, por contrariar al ordenamiento jurídico, o arbitraria, por carecer de fundamento racional o responder al mero capricho, y que ella produzca una afectación actual o cierta en el ejercicio de alguna de las garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, previo al análisis del fondo, corresponde hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad formulada por la Municipalidad recurrida. Sobre el particular, cabe señalar que el artículo 54 de la Ley N°19.880 dispone que, interpuesta una reclamación ante la Administración, se interrumpe el plazo para ejercer la acción jurisdiccional, el que vuelve a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que resuelve dicha reclamación. En la especie, la recurrente dedujo reclamación administrativa ante la Contraloría Regional de Coquimbo, la que fue resuelta mediante Resolución Exenta N° RE25119/2026, de veinte de agosto de dos mil veintiséis, notificada en esa misma fecha. En consecuencia, habiéndose interpuesto la presente acción constitucional el dieciocho de septiembre de dos mil veintiséis, dentro del plazo de treinta días corridos contado desde aquella notificación, corresponde desestimar la alegación de extemporaneidad, sin perjuicio del examen de fondo que se efectuará a continuación.

SÉPTIMO: Que los actos sometidos al examen de esta Corte son los decretos municipales que pusieron término a los servicios de la recurrente y rechazaron su reposición, así como el pronunciamiento de Contraloría que desestimó su reclamo de ilegalidad. La controversia no consiste en desconocer que la recurrente salió del país durante la vigencia de su licencia, hecho por ella admitido, sino en determinar si la decisión se ajusta a la legalidad y si se ha justificado la calificación de falta grave a la probidad y la consecuencia expulsiva aplicada.

OCTAVO: Que, para resolver adecuadamente el presente recurso, se debe hacer presente que la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos, indica en su artículo 4° que uno de los principios que debe informar la actuación de la Administración es el de imparcialidad, desarrollado en el artículo 11 al establecer el deber de actuar con objetividad y expresar los fundamentos de las decisiones que se adopten, manifestación de la garantía de igualdad consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

NOVENO: Que no se controvierte la efectividad del viaje realizado entre el 1 y el 6 de diciembre de 2023, mientras estaba vigente la licencia extendida entre el 29 de noviembre y el 9 de diciembre del mismo año. Con todo, el reconocimiento de ese hecho no importa, por sí solo, admitir fraude en la obtención de la licencia ni transforma automáticamente la infracción del reposo necesariamente en una falta de probidad administrativa.

DÉCIMO: Que cabe señalar que el incumplimiento de las condiciones de reposo posee una regulación propia en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, particularmente su artículo 55, que contempla consecuencias en el ámbito de la autorización o rechazo de licencias médicas. Sin desconocer que una misma conducta puede, en determinadas circunstancias, originar responsabilidad disciplinaria, su calificación como falta de probidad requiere explicitar cuáles son los hechos y razones que permiten sostener un quebrantamiento grave de los deberes de honestidad y lealtad funcionaria, distinto de la sola constatación del viaje.

UNDÉCIMO: Que, en relación con este punto, cabe precisar, siguiendo el criterio expresado en la sentencia de esta Corte dictada en el Rol Protección N° 1230-2026, que el principio de probidad administrativa se ha entendido que “consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”, de conformidad con el artículo 52 de la Ley N° 18.575.

Por su parte, el artículo 62 del DFL N° 1-19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone: “Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas: 1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; 2. Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; 3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros; 4. Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales; 5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza. Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación. El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares; 6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta; 7. Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga; 8. Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.9. Efectuar denuncias de irregularidades o de faltas al principio de probidad de las que haya afirmado tener conocimiento, sin fundamento y respecto de las cuales se constatare su falsedad o el ánimo deliberado de perjudicar al denunciado. 10. Ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo, que sufran las funcionarias y los funcionarios en los términos del artículo 2 del Código del Trabajo”.

La enumeración legal permite apreciar la especial entidad de las conductas que el legislador identifica como contrarias a la probidad, sin que ello signifique que se trate de un catálogo taxativo ni que un incumplimiento de las condiciones de reposo esté necesariamente excluido de responsabilidad disciplinaria.

DUODÉCIMO: Que, en la especie, no se ha imputado ni acreditado que existiese dolo o fraude de la actora en la obtención de la licencia médica Y si bien puede resultar reprochable viajar al extranjero sin respetar el reposo, tal circunstancia tiene consecuencias propias en el régimen de control de las licencias médicas, especialmente conforme al artículo 55 del Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, sin que de ello pueda desprenderse automáticamente que se haya configurado una falta grave a la probidad que justifique poner término a la relación laboral.

En efecto, equiparar sin distinciones la obtención fraudulenta de una licencia médica con la salida del país durante el reposo de una licencia otorgada por una enfermedad real prescinde de una diferencia relevante para apreciar la naturaleza y gravedad del comportamiento. No se desconoce que pueda haber responsabilidad administrativa por esta última conducta, sino que la calificación de grave debe ser fundada a partir de las circunstancias del caso no pudiendo estimarse que por la infracción a este deber funcionario necesariamente se cumpla con el requisito de gravedad que la medida expulsiva requiere.

DÉCIMO TERCERO: Que los actos municipales reconocen la trayectoria y ausencia de sanciones anteriores de la funcionaria, pero difieren en el modo de explicar la relevancia de esa circunstancia: mientras uno afirma haberla ponderado, el otro sostiene que, determinada la falta de probidad, no cabía una consecuencia diversa del término laboral. esta discrepancia impide conocer con suficiente claridad si las circunstancias individuales fueron efectivamente consideradas al calificar los hechos como falta de probidad o si se entendió predeterminada dicha calificación por la sola existencia del viaje.

DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070 contempla como causal de término de funciones la falta de probidad o conducta inmoral, establecidas fehacientemente en un sumario. Por ello, es preciso distinguir entre la consecuencia legal de comprobarse esa causal y la cuestión anterior y decisiva de si los hechos acreditados alcanzan efectivamente tal calificación. La inexistencia de sanciones intermedias en el estatuto especial, alegada por la Municipalidad, no releva a la Administración de fundamentar por qué la conducta específica satisface el supuesto legal que habilita la medida expulsiva.

DÉCIMO QUINTO: Que, de esta forma debe considerarse que se trata de un episodio único y acotado, en una carrera de más de treinta años de servicio, sin reproches disciplinarios previos. Ello obliga a examinar y fundamentar de manera adecuada cómo la gravedad de la infracción puede equipararse a las conductas especialmente contempladas en el artículo 62 del DFL N° 1-19.653, entre ellas hechos que comprometen seriamente el servicio o el ejercicio honesto de la función pública.

No resulta suficiente afirmar que el hecho constituye falta de probidad, y que por tal razón es grave, para concluir luego que necesariamente procede la medida expulsiva: semejante razonamiento es circular y se aparta del deber de fundamentación lógica y racional de los actos administrativos.

La Administración debe justificar previamente por qué la conducta singular reúne los presupuestos específicos de la causal de término prevista en el artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070, esto es, por qué existe una falta de probidad fehacientemente establecida en el sumario. La invocada ausencia de sanciones intermedias no suple esa exigencia de calificación y motivación.

DÉCIMO SEXTO: Que, en relación con el pronunciamiento de la Contraloría Regional, ésta informó que rechazó el reclamo de ilegalidad al estimar ajustada a derecho la tramitación y sanción. Sin embargo, el control de legalidad de los actos municipales no agota la facultad de esta Corte de examinar si la motivación de la medida expulsiva satisface el estándar constitucional de razonabilidad. La alegación de falta de legitimación pasiva de ese organismo aconseja distinguir su intervención revisora del acto municipal directamente lesivo, y disponer las medidas necesarias respecto de la autoridad que dictó los decretos sancionatorios.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que lo expuesto permite concluir que los decretos cuestionados no expresaron de manera suficiente y coherente por qué la conducta concreta de la actora constituyó la falta grave a la probidad que habilita el término de la relación laboral, configurándose un defecto de motivación que torna arbitraria la aplicación de la medida expulsiva, no constando, tal como se refirió previamente, que la autoridad edilicia haya dado efectivo cumplimiento a lo establecido en el artículo 120 de la Ley 18.883 que expresamente dispone que “las medidas disciplinarias se aplicarán tomando en cuenta la gravedad de la falta cometida y las circunstancias atenuantes o agravantes que arroje el mérito de los antecedentes”. De esta forma se ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución y afecta la posición jurídica y derechos patrimoniales derivados de su vínculo con el municipio, sin que resulte necesario atribuir a esta sede una función de revisión general del mérito del sumario.

DÉCIMO OCTAVO: Que la protección debe acogerse en términos que permitan restablecer el imperio del derecho sin sustituir a la autoridad municipal en la determinación final de la responsabilidad disciplinaria. Por ello, corresponde dejar sin efecto los actos terminales impugnados y ordenar que se dicte un nuevo pronunciamiento, debidamente fundado, en que se valore la calificación jurídica de la conducta, las circunstancias personales invocadas y las exigencias del Estatuto Docente, con las consecuencias restitutorias que se señalarán.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel y de la Contraloría General de la República, sólo en cuanto se dejan sin efecto los Decretos Alcaldicios N° 975, de 18 de febrero de 2026, y N° 1.427, de 19 de marzo de 2026, debiendo la Municipalidad dictar un nuevo pronunciamiento disciplinario debidamente fundado, que pondere expresamente la naturaleza y gravedad de los hechos establecidos, las circunstancias invocadas por la actora y la específica causal del artículo 72 letra b) de la Ley N° 19.070.

Mientras no se dicte dicho pronunciamiento, la Municipalidad deberá retrotraer la situación funcionaria de la recurrente al estado anterior a los actos dejados sin efecto, adoptando las medidas administrativas consecuenciales y procediendo al pago de las remuneraciones y estipendios que corresponda por el período de separación, debidamente reajustados, sin perjuicio de la decisión que posteriormente se adopte conforme a derecho. Lo anterior no importa pronunciamiento sobre el otorgamiento del incentivo al retiro ni sobre la calificación sanitaria de la licencia médica.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1687-2026 Protección.