nombre reservado con CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

nombre reservado

Contraloría General de La República Recurso de protección Rol Nº1686-2025 La Serena, tres de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece DIEGO LUCAS RODRÍGUEZ VALDÉS, abogado, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la Contralora General de República doña nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°01670/039, de 26 de agosto de 2025, que rechazó el recurso de reposición y apelación en subsidio interpuestos contra la Resolución Exenta 1550 de fecha 06 de agosto de 2025, que aplicó la medida disciplinaria de destitución al recurrente, por uso indebido de licencia médica.

Relata que, tras titularse como abogado, comenzó su carrera profesional en el Poder Judicial, trabajando en forma continua y de manera intachable hasta julio de 2024, época en la cual tomó la decisión de emigrar a la Contraloría como abogado asesor de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de Coquimbo. Hace presente que nunca fue objeto de algún sumario o amonestación.

Señala que, el 30 de diciembre de 2024, tras haber viajado al extranjero, comenzó a presentar diversos síntomas físicos y de salud mental que lo llevaron a presentar una licencia médica por 14 días.

Luego, indica que el 23 de mayo de 2025 se le citó a prestar declaración en sumario administrativo, por el supuesto uso indebido de dicha licencia médica.

Posteriormente, el 10 de junio de 2025 se le formularon cuatro cargos: 1) Haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, al realizar un viaje con destino a Brasil en el período comprendido entre los días 30 de diciembre de 2024 y 7 de enero de 2025, ambos inclusive, haciendo uso de una licencia médica obtenida en el país de destino, con un médico de medicina general que se encontraba en Chile, el cual le otorgó licencia médica por concepto de enfermedad o accidente común, con indicación expresa de "reposo laboral total" en "su domicilio", esto es, en domicilio reservado y región de Coquimbo. 2) Haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, al haber planificado al referido viaje con destino a Brasil, adquiriendo los respectivos pasajes en el mes de octubre del año 2024, teniendo pleno conocimiento de que no contaba con días de feriado legal disponibles, atendida su reciente incorporación a la Administración Pública, y haber realizado dicho viaje 3) Haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, al obtener de forma indebida una licencia médica para efectos de justificar su ausencia laboral. 4) Haber infringido gravemente el principio de probidad administrativa, al percibir íntegra e indebidamente sus remuneraciones correspondientes al mes de diciembre de 2024 y enero de 2025, no obstante no dar cumplimiento al reposo laboral total, en su domicilio, esto es, en domicilio reservado, de la comuna y región de Coquimbo, el cual está expresamente indicado en la licencia médica N° 3-112501145-0.

No obstante, alega que la sanción impuesta resulta arbitraria e ilegal, por cuanto se trata de una licencia médica válidamente otorgada y aprobada por la COMPIN.

Asimismo, afirma que la sanción es desproporcionada frente a la entidad de los hechos, considerando además su trayectoria intachable y la ausencia de perjuicio fiscal, aplicando la recurrida la sanción más drástica que contempla el ordenamiento. En el mismo sentido, sostiene que si eventualmente su actuar pudiere ser reprochable y ameritar su corrección disciplinaria, no es de una entidad suficiente como para justificar la sanción más gravosa del ordenamiento jurídico para un funcionario público. Asimismo, alega que la recurrida no habría considerado al aplicar la sanción su irreprochable conducta anterior, así como su colaboración sustancial en el procedimiento, en circunstancias que la autoridad debe considerar las circunstancias atenuantes y analizarlas racional y objetivamente.

En tal orden de ideas, afirma que el artículo 121 del Estatuto Administrativo establece que las medidas disciplinarias se aplicarán considerando la gravedad de la falta y las circunstancias atenuantes o agravantes.

Por otra parte, alega que la conducta imputada no se encuentra subsumida dentro de los supuestos de destitución que señala el artículo 125 de la Ley N°18.834, es decir, que se trata de hechos que no vulneran gravemente el principio de probidad administrativa.

Además, refiere que la falta no se produjo en el ejercicio de sus funciones públicas, sino que en momentos en que no se encontraba en funciones, por haber viajado, y considerando que además se le había recetado reposo.

En cuanto a los derechos fundamentales infringidos, señala que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, ya que al momento de resolver, la autoridad no tuvo en consideración la gravedad de la falta y las circunstancias atenuantes o agravantes. Asimismo, señala que -a diferencia de otros casos- se le ha exigido un estándar de conducta altísimo, considerando su profesión como un factor agravante, en circunstancias que, frente a hechos similares, la respuesta sancionatoria ha sido menos gravosa. En tal sentido, afirma que, en la gran mayoría de los procedimientos disciplinarios por viajes al extranjero durante licencias médicas válidamente emitidas, la sanción impuesta ha sido de amonestación, multa o suspensión temporal, nunca la destitución.

Señala que también ha infringido su derecho al debido proceso, protegido en el artículo 19 N°3 de la Carta Fundamental, por cuanto en la tramitación del sumario administrativo no existe evidencia objetiva, ni pericial ni documental, que demuestre que la licencia médica haya sido emitida de manera fraudulenta, o que el reposo médico haya sido incumplido de manera efectiva o verificable, o que se haya ocasionado un daño económico al Estado. Por el contrario, afirma que la sanción se funda en inferencias y conjeturas.

Asimismo, señala que el actuar de la recurrida vulnera su derecho a la integridad psíquica y su derecho a la honra, al imputarle una conducta maliciosa y cuestionar su trayectoria laboral.

Finalmente, sostiene que se infringe su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución, en particular, su derecho de propiedad sobre su carrera funcionaria.

Por lo anterior, solicita acoger la acción interpuesta y que se deje sin efecto la medida de destitución confirmada por Resolución Exenta N°01670/039, de 26 de agosto de 2025, ordenando su reincorporación, así como el pago de las remuneraciones correspondientes al periodo en que estuvo indebidamente separado, o las medidas que el tribunal estime necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que a folio 12 se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En síntesis, refiere que el recurso de protección debe ser rechazado por improcedente, por cuanto la acción de protección no es la vía adecuada para impugnar decisiones administrativas sancionatorias ya resueltas mediante un procedimiento administrativo reglado, atendida su naturaleza cautelar, aspirando el actor a que se revise nuevamente el mérito de lo resuelto en el sumario administrativo.

Asimismo, señala que no es posible calificar de ilegal la resolución exenta N° 1.670, de 2025, puesto que su emisión fue realizada en ejercicio de sus facultades y dentro del marco jurídico que regula sus atribuciones, con estricto apego al ordenamiento que regula la materia. Tampoco resulta arbitraria, ya que dicha resolución no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que fue expedida teniendo presente los antecedentes acompañados, la interpretación de la normativa vigente sobre la materia, y en el ejercicio de una actuación legitima del Organismo de Fiscalización, dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones.

Señala que los supuestos vicios que alega el actor corresponden, en general y en su mayoría, a una reiteración de los argumentos esgrimidos por el recurrente en el recurso de reposición; haciendo presente que la resolución N° 1.670, de 2025 -que afina el procedimiento disciplinario-, se hizo cargo de cada una de las alegaciones del exfuncionario, desestimándolas una a una.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, refiere que el artículo 125 del Estatuto Administrativo autoriza la destitución cuando los hechos configuran una infracción grave a la probidad administrativa. En tal sentido, afirma que la gravedad está configurada por la utilización instrumental de la licencia médica como parte de una estrategia para ausentarse de la prestación de funciones, sin autorización. Asimismo, señala que se descartó aplicar sanciones menores debido a la pérdida de confianza institucional que genera el comportamiento del funcionario Por otra parte, respecto a la justificación de la ausencia en virtud de la licencia médica, refiere que en el procedimiento no se cuestiona la validez formal de la licencia, sino que la finalidad con que fue utilizado dicho instrumento, ajena a los fines para los cuales le fuera concedido dicho beneficio tendiente al restablecimiento de su salud, aspecto que tiene que ver directamente con el incumplimiento de sus obligaciones como funcionario público.

Respecto al reconocimiento a la irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial con el proceso, afirma que se reconoció la primera, pese a que el actor tan solo llevaba seis meses ejerciendo labores, pero no permite alterar la sanción. Y, por otra parte, señala que el recurrente no aportó pruebas médicas ni colaboró efectivamente con la investigación.

En cuanto a que en el momento que se habría incurrido en las faltas imputadas, no se encontraba desempeñando su cargo, afirma que ello debe ser desestimado, ya que precisamente lo que se cuestiona al recurrente es la utilización instrumental de la licencia médica como parte de una estrategia para ausentarse del trabajo sin autorización.

Por lo anterior, sostiene que el obrar de Contraloría ha sido ajustado a derecho, sin existir vulneración a alguno de los derechos fundamentales invocados por el recurrente, por lo que termina pidiendo el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, para comenzar con el análisis del recurso, es posible constatar que el recurrente discute el mérito de la sanción, indicando que la medida aplicada es desproporcionada a la falta cometida, por lo que se concluye que busca una revisión de aquel tópico del procedimiento. Este despeje es vital para lo que diremos a continuación.

En efecto, las partes están de acuerdo -o al menos no hay controversia- en la efectividad de la ocurrencia del sumario en contra del actor, el que concluyó que hizo uso de una licencia médica estando fuera de Chile e iniciando un reposo durante un día en que debía estar disponible ejerciendo sus funciones. Resulta inconcuso afirmar, además, que producto de tales cargos el actor fue objeto de sanción, imponiéndosele la de destitución. En contra de esta decisión interpuso recursos que fueron fallados, siendo ésta la decisión recurrida por esta vía constitucional.

SEXTO: Dicho lo anterior, es oportuno mencionar que aparece del procedimiento que el actor hizo uso de todos y cada uno de los derechos contemplados en la legislación, en especial, sus descargos, prueba e interposición de recursos, por lo que no se advierte una falta al debido proceso, como se esgrime a página 11, perdiendo de vista que aquella garantía solo puede ser estudiada -en el contexto de un recurso de protección- solo en aquello referido a la existencia de comisiones especiales (inciso 5 del numeral 3 del artículo 19 de la carta fundamental) nada de lo cual es sustento del libelo, máxime si el propio actor incoó ante tal autoridad sus recursos, reconociéndole expresamente competencia.

SÉPTIMO: Que, de lo expuesto, entonces, es palmario afirmar que la entidad a cargo del procedimiento sumarial estimó pertinente aplicar la máxima sanción, atendidos los argumentos que expone con especial detención y claridad, invocando el principio de probidad administrativa y las especiales características de las funciones que debía desplegar el actor, las que no se condicen con la conducta imputada. Dicha falta fue considerada como grave y la sanción impuesta una de las posibles.

Al respecto, al no haber sido debatido por el actor, se tiene por cierto que la conducta calificada de grave consistió en que éste, en octubre de 2024, adquirió pasajes a Brasil, iniciando el viaje el 30 de diciembre de ese año y culminando el 7 de enero de este año. Luego, se comprobó que el día 30, antes mencionado, fue un día hábil en el que el actor debía concurrir a sus funciones y en horas de la tarde se le extendió una licencia médica, la que ordenaba reposo total en su domicilio, lo que resultaba imposible, dada su permanencia en país extranjero, la que se extendió conforme a la original planificación del viaje.

OCTAVO: Que, de esta manera, el quid del asunto radica en analizar si corresponde a esta Corte inmiscuirse en el procedimiento administrativo. Y la respuesta es sí, sólo en lo tocante a la ilegalidad o arbitrariedad de los actos impugnados. Y aquello, en el caso de marras, se extiende únicamente a la decisión final, esto es, el rechazo de los recursos de reposición con apelación en contra de la decisión que lo destituyó.

Ésta es el acto recurrido y emana de autoridad competente en el marco de sus facultades; aparece debidamente razonada y explica y explicita los motivos que permitieron mantener la sanción aplicada. Además, como adelantamos, la conducta fue calificada de grave y la destitución es una de las sanciones posibles de aplicar en aquellos casos.

Ahora, en cuanto a las garantías identificadas como afectadas, descartada la ilegalidad y arbitrariedad, sólo cabe decir que no ha sido demostrado que personas, en idénticas circunstancias (cargo, deberes asociados al cargo y conducta imputada) hayan sido tratadas de forma diversa, creciendo de sustento fáctico tales asertos. Las restantes garantías no aparecen vulneradas, por los motivos ya esgrimidos.

NOVENO: Por tales razones, descartadas la ilegalidad–al provenir de la autoridad llamada a pronunciarlo y en el marco de sus facultades- y la arbitrariedad del acto -al contener sustentos fácticos y jurídicos suficientes- el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Diego Lucas Rodríguez Valdés en contra de Contraloría General de La República.

Atendido lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, cúmplase el mandato legal y remítanse los antecedentes al Ministerio Público para los fines que estime pertinentes.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1686-2025.- (Protección)