nombre reservado con CORP MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELADE LA SERENA

nombre reservado, nombre reservado

Corporación Municipal Gabriel González Videla Recurso de Protección Rol N 1672-2021.- La Serena, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

1°) Que MIRTZA nombre reservado interpuso una acción constitucional de protección en contra de la CORPORACIÓN MUNICIPAL, GABRIEL GONZÁLEZ VIDELA, por los siguientes fundamentos.

En cuanto a los hechos, sostiene que comenzó a prestar servicios para la recurrida mediante contrato de fecha 1 de marzo de 2021, en los establecimientos de salud dependientes de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, bajo el “Convenio de transferencia recursos Atención primaria de Salud Municipal, estrategia nacional de testeo/trazabilidad /aislamiento Covid 19/2020”, con el cargo de Auxiliar de Servicios, destinada a la implementación de la estrategia TTA, contrato duraría mientras se encuentre vigente el referido convenio.

Luego, el 11 de mayo del año en curso, fue atendida por el Dr. nombre reservado, gineco obstetra, quien certificó que se encontraba con un embarazo de 6 semanas de gestación, y de ahí en adelante su situación con la jefatura cambió.

Así las cosas, el día 22 de julio del presente año, siendo las 22:00 horas aproximadamente, recibió un llamado por parte de directora del CESFAM, Sra. nombre reservado, quien le informó que: “A partir del 23 de julio, usted se encuentra desvinculada del servicio, no contaremos más con su presencia en nuestras dependencias, ya que no la podemos tener trabajando en su condición”.

El día 23 de julio, la directora del Servicio Sra. nombre reservado se comunicó nuevamente la recurrente, diciendo: “Mirtza, usted ya no está despedida y le enviaremos un nuevo contrato para que lo firme, preséntese a trabajar mañana”. En efecto, le enviaron un nuevo contrato, el cual era inconsistente con el primero, en cuanto a la fecha de inicio de sus funciones y la remuneración. Además, el nuevo contrato de trabajo no indicaba una fecha de término, por lo que la recurrente asume que es de carácter indefinido.

Sostiene que todo esto ha producido menoscabo en su persona, generando periodos de estrés que están afectando su vida familiar y cotidiana, lo que le ha provocado llanto descontrolado y nerviosismo, cada vez que se acerca la señora nombre reservado.

En definitiva, el 30 de julio del presente año, de su jefatura directa la Sra. nombre reservado, directora del CESFAM la despidió de manera verbal, pese a encontrarse con fuero maternal, y sin dar argumento alguno.

En cuanto al derecho, argumenta que el acto recurrido es ilegal, ya que infringe el estatuto de protección de la maternidad, y, además, arbitrario, ya que carece de fundamentos, lo que infringe sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación arbitraria, integridad psíquica, a no ser juzgado por comisiones especiales, a la libre contratación y elección de su trabajo, y de propiedad.

En cuanto a las peticiones, solicita que se acoja el recurso, con costas, y “1. Revoque y modifique el acto ilegal y arbitrario de la Corporación Gabriel González Videla en el cual se puso término a la relación laboral que mantenía con el mismo, ordenando al recurrido dar cumplido efecto al pago de las remuneraciones de la recurrente. 2. Ordené a la Corporación Gabriel González Videla revertir por completo la decisión de desvinculación de la cual fui objeto. 3. Ordene al Corporación Gabriel González Videla, cumplir con la normativa vigente y que, por tanto, se me hagan extensibles la aplicación de todas y cada una de las normas de protección a la maternidad y del fuero maternal que en virtud de lo señalado le son plenamente aplicables. 4. Que en lo sucesivo la Corporación Gabriel González Videla, recurrido en estos autos, se abstenga de efectuar cualquier acto discriminatorio en razón de mi embarazo. 5. Tomar todas las demás medidas que V.S.I. estime pertinentes para proscribir la privación, perturbación y/o amenaza de que he sido objeto, restableciendo la juridicidad quebrantada, otorgándome la debida protección de todos los derechos afectados con esta acción ilegal y arbitraria de parte de la Corporación Gabriel González Videla a través de las comunicaciones transcritas y emitidas por dicha entidad. 6. Ordene a la Corporación Gabriel González Videla pagar las costas de la presente Acción Constitucional.”.

Junto con su acción acompaña los siguientes antecedentes: 1. Contrato de prestación de Servicios de horas de recurso humano para la implementación de “Estrategia TTA” de fecha 01 de marzo del 2021. 2. Contrato de prestación de servicios de fecha 22 de marzo del 2021. 3. Certificado médico de fecha 11 de mayo del 2021. 4. Carnet de control maternal de fecha 19 de marzo del 2021.

2°) Que la recurrida evacuó informe solicitando el rechazo del recurso con costas. Confirma la celebración de un contrato de prestación de servicios con fecha 1 de marzo de 2021, pero lo califica como un contrato a honorarios.

Agrega que una vez que la recurrente informó su situación de embarazo, s le entregó el apoyo correspondiente, y controvierte los supuestos malos tratos que se le imputan. Y que luego de esa comunicación, la recurrente incurrió en un sinnúmero de ausencias injustificadas, razón por la cual, con fecha 30 de julio se le informó de manera verbal el cese de sus labores por razones de incumplimiento constante, y no por el hecho de estar embarazada.

En cuanto al derecho, controvierte que el vínculo jurídico se haya encontrado regido por el derecho del trabajo, ni por otro estatuto legal, que establezca una relación de carácter indefinido, y que le permita detentar el derecho a fuero maternal.

Alega que el supuesto de hecho para aplicar el artículo 201 del Código del Trabajo consiste en tener la calidad de trabajadora o funcionaria, lo que no ocurre en este caso.

Finalmente controvierte haber incurrido en un acto ilegal o arbitrario, y vulnerador de derechos fundamentales.

3°) Que, el recurso de protección, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, se creó́ con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional que la misma disposición señala, y permite a cualquier persona, por sí o a favor de un tercero, recurrir ante el órgano jurisdiccional competente reclamando su amparo cuando estos derechos se sientan amagados —privados, amenazados o perturbados— por actos u omisiones arbitrarios o ilegales, buscando el inmediato restablecimiento del imperio del derecho y que se asegure la debida protección de las garantías que se denuncian conculcadas.

En efecto, constituye un supuesto forzoso de acogimiento de esta acción cautelar, que se compruebe la existencia de un acto u omisión que sea ilegal o, bien, que sea arbitrario. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Que, de lo dicho se desprende que los requisitos de procedencia de un recurso de protección son copulativos de tal forma que la falta de cualquiera de ellos hace inviable esta acción.

4°) Que, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección; Revista de Derecho (Valdivia), dic. 1999, vol.10, no.1, p.43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho.

5°) Que, el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007), por lo que corresponde el rechazo de este recurso ya que nos encontramos en sede cautelar de urgencia en la cual no es dable una discusión para la declaración de derechos dubitados, lo que requiere de un proceso de lato conocimiento, circunstancia esta última presente en la especie, pues del tenor de las argumentaciones de los intervinientes se revela que existe controversia respecto de la naturaleza del vínculo laboral que une a las partes, y en consecuencia, de la determinación si la recurrente goza de fuero maternal, cuestiones que deben ser conocidas por un juez con competencia laboral, y mediante un procedimiento en que las partes tengan la posibilidad de exponer sus argumentaciones, controvertir a la contraria y rendir prueba en relación a sus pretensiones, nada de lo cual es dable en esta acción de protección.

En resumen, como lo ha dicho reiteradamente la jurisprudencia sobre la materia, el recurso de protección fue creado para evitar el daño que se pudiere originar, por actos u omisiones ilegales o arbitrarias, respecto del legítimo ejercicio de derechos –taxativamente señalados por el constituyente- que se encuentran establecidos indubitadamente, circunstancia esta última que no se da en la especie; amén que siendo la acción ejercida, por esencia, una de emergencia, con un procedimiento rápido e informal y que, por tanto, requiere que el derecho que se dice conculcado sea "legítimo", es decir, que se funde en claras situaciones de facto que permitan, por esta especial vía restablecer el imperio del derecho, pero es improcedente que por medio de él se pretenda un pronunciamiento sobre situaciones de fondo, que son de lato conocimiento, como sucede en la especie, ambas circunstancias por las que el presente recurso no puede prosperar, sin perjuicio de las acciones ordinarias que pudieren corresponder. (C. Suprema, 4 octubre 2001, R.G.J., N° 256, pág. 21 y 22 junio 1992, R.G.J., N° 144, pág. 57)

6°) Que, por lo demás, la interpretación asentada en la materia sometida al conocimiento de esta Corte, indica que, mediante la vía del recurso de protección no es posible obtener la declaración de un derecho, a través de la interpretación que corresponde dar a un instrumento contractual que, en la especie, debe resolver una autoridad expresamente competente por la ley al efecto, en este caso, un tribunal con competencia laboral. (C. Santiago, 14 mayo 1992, R.G.J., N° 143, pág. 66.)

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por MIRTZA nombre reservado.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N°1672-2021.