nombre reservado con nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

nombre reservado, nombre reservado

Caja de Compensación Los Andes Recurso de protección Rol Nº1671-2025 La Serena, veinticuatro de octubre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen Jorge Manuel Lena Salgado y Pablo Ignacio González Rojas, abogados, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, dependiente, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, RUT RUT reservado, del giro de su denominación, representada por su gerente general nombre reservado, Ingeniero Comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en efectuarle descuentos a través de su empleador con motivo de una deuda proveniente de un pagaré.

Expone que el 20 de enero de 2022 suscribió el pagaré Nº 052CON103610166 a favor de la recurrida, por la suma de $10.944.410 (diez millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos), cuya deuda posteriormente se judicializó en la causa ejecutiva Rol C-794-2023 ante el 1º Juzgado de Letras Ovalle, la que se encuentra actualmente en tramitación.

Sin perjuicio de lo anterior, alega que el 15 de septiembre de 2025, la recurrida envió un correo electrónico al recurrente, informando que se reanudarían los descuentos del referido pagaré, ya sea mediante la remuneración o pensión, según corresponda.

Así las cosas, refiere que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, que reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de las cajas de compensación respecto al cobro oportuno de los créditos sociales y que afecta su derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la Constitución Política, considerando que la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por voluntad propia, judicializó el cobro de la deuda.

Esgrime el artículo 54 y siguientes del Código del Trabajo, que consagran el principio de la protección de las remuneraciones.

En igual sentido, señala que resulta arbitrario que la recurrida utilice la facultad de retener parte de su remuneración, mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, a folio 12 del expediente digital, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señaló que el 20 de enero 2022 otorgó al señor nombre reservado, la operación de crédito código N° 052CON103610166, por un capital inicial de $10.944.410.-, a una tasa de interés mensual de 1.23%, pagadero en plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $268.463, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de marzo de 2022.

Las cuotas de los meses de marzo a septiembre 2022, cuotas N°1 a N°7, fueron pagadas con fecha 10 de abril al 10 de octubre 2022.

Las cuotas de los meses octubre y noviembre 2022, cuotas N°8 y N°9, fueron diferidas a posterior de la última cuota pactada.

A la fecha, la operación de crédito presenta en estado moroso las cuotas de los meses de diciembre 2022 a agosto 2025, cuotas N°10 a N°42.

Afirma que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Que, si bien es cierto que su parte inició una demanda ejecutiva en contra del recurrente, lo hizo por una obligación legal establecida en el compendio de normas que regulan a las cajas de compensación, que obliga a iniciar acciones judiciales no más allá del sexto mes de morosidad, por lo que, de no haberse interpuesto dicha acción se estaría incumpliendo con la normativa.

Por otra parte, afirma que el mecanismo de “descuento por planilla”, corresponde a un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de crédito social otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador.

Además, afirma que se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque la normativa sobre la materia lo establece de forma perentoria u obligatoria, teniendo exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales.

Con todo, precisa que la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y, precisamente por eso, es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento, según se sigue del artículo 22 inciso 2º de la Ley Nº 18.833.

Añade, que el trabajador no puede oponerse al ‘descuento por planilla’, porque la obligatoriedad mismo es un mecanismo normativo y propio del tipo de crédito otorgado. Si un trabajador no quisiera quedar sometido al ‘descuento por planilla’, entonces tendrá que obtener el crédito del sistema financiero bancario o de casas comerciales, el que (de seguro) será más caro debido al riesgo del repago.

Culmina, señalando que es técnica y fácticamente imposible afirmar que el funcionamiento del ‘descuento por planilla’ constituya una gestión de cobro por parte de la Caja Los Andes, puesto que dicho mecanismo aplica y funciona aun en el evento que la Caja no haga nada o no lo desee, porque -como ya se dijo- no obedece ni depende de la voluntad del acreedor, sino que se trata de una obligación legal y reglamentaria para este especial tipo de ‘créditos sociales’.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de proceder la recurrida a descontar de las remuneraciones del protegido cuotas pendientes de pago de un pagaré otorgado por la Caja de Compensación Los Andes al recurrente, cuyo cese de pago aconteció en diciembre de 2022 y cuyo cobro ha sido notificado por la recurrida, reprochando la parte recurrente que dicha medida resultaría arbitraria e ilegal.

Que, en el referido escenario, resulta inconcuso el hecho que el actor contrató con la recurrida, a fin de obtener un crédito social.

Asimismo, cabe consignar que del mérito de la causa ejecutiva Rol C-794-2023 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, cuyo expediente fue acompañado al recurso, se verifica que la recurrida ha optado por perseguir el cobro de la deuda en sede judicial, encontrándose con tramitación dicha causa ejecutiva.

SEXTO: Que, si bien el artículo 22 de la Ley 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, lo que aconteció en el caso de autos es que la Caja de Compensación recurrida optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo éste del ámbito extrajudicial que ahora pretende retomar los descuentos de dicho crédito - obtenido en el año 2022- este año 2025.

Aquello conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, a consecuencia de haber optado la recurrida por la vía judicial para obtener el cobro, por lo que dicha entidad acreedora no se encuentra facultada para hacer los descuentos pretendidos al trabajador, sino que debe atenerse a lo que se resuelva en el juicio ejecutivo respectivo con relación al crédito otorgado -el que se encuentra en etapa de discusión- o ejercer las acciones ordinarias que correspondan.

SÉPTIMO: Que, el respeto del principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución y las leyes, excluye la arbitrariedad, debiendo de acuerdo con la función pública que ejerce la recurrida conducirse de manera motivada y racional, respetando la normativa legal, así como los procesos tramitados por la justicia ordinaria.

OCTAVO: Que, conforme a lo anterior, se desprende que el actuar de la recurrida afecta el derecho de propiedad del recurrente, garantizado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, toda vez que dicho acto le impide gozar de la totalidad de la remuneración a que tiene derecho, lo que amerita que la presente acción cautelar deba ser acogida.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en beneficio de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá abstenerse de efectuar descuentos por planilla al recurrente con motivo de la deuda cuya cobro se está discutiendo en la causa Rol C-794-2023 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle, en tanto dicho litigio no sea resuelto.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N°1671-2025.- Protección.