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Recurso de protección Rol N° 1667-2021.- La Serena, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

PRIMERO: que a folio 1, comparece don Claudio Fernández Ramírez, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Consultorio Jurídico de Segunda Instancia La Serena y deduce recurso de protección en favor de don nombre reservado, periodista y comunicador social, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Expone que el 22 de julio de 2021 don nombre reservado se percató que el recurrido, vecino suyo, había instalado en su propiedad dos cámaras de seguridad, las que apuntan directamente al patio de la vivienda que ocupa el actor junto a su grupo familiar, pues tales cámaras fueron instaladas a una altura superior a la pared que separa ambos inmuebles.

Agrega que, ignora cuándo fueron instaladas, pues sólo notó la presencia de ellas el día señalado por la noche, cuando llegó en su vehículo particular y, al momento de descargar sus pertenencias, notó los destellos rojos de las cámaras, percatándose que eran dos dispositivos para captar videos y que habían sido orientados en dirección a su patio y a su antejardín.

Señala que las cámaras indicadas, dada su ubicación y ángulo de inclinación, permiten claramente la observación, grabación y/o filmación, tanto de día como de noche, del patio y del antejardín de la propiedad del recurrente y que este hecho es otro más de una cadena de sucesos lamentables, derivados de la mala relación que el recurrido tiene en general con sus vecinos, y en particular con don nombre reservado, lo que se traduce no sólo en el hecho de colocar tales cámaras, sino que además en amenazas e insultos hacia su persona, hechos que, por cierto, ya han sido denunciados al Ministerio Público para su investigación.

Indica que el recurrido, en forma permanentemente arbitraria y sin derecho, amenaza, perturba o priva de su vida privada al actor, en su hogar doméstico, familiar y domicilio y que tales hechos constituyen una inaceptable intromisión que lesiona gravemente su derecho a la vida privada, cuyo respeto y protección la Constitución Política de la República asegura a todas las personas en el artículo 19 N°4.

Sostiene que la Constitución Política de la República, en la norma referida, asegura a todas las personas “el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”. Que el derecho a la privacidad ha sido entendido por nuestro constituyente “como la posición de una persona o entidad colectiva personal en virtud de la cual se encuentra libre de intromisiones o difusiones cognoscitivas de hechos que pertenecen a su interioridad corporal y psicológica o a las relaciones que ella mantiene o ha mantenido con otros, por parte de agentes externos que, sobre la base de una valoración media razonable, son ajenos al contenido y finalidad de dicha interioridad o relaciones (sentencia del Tribunal Constitucional de 04 de enero de 2011, rol 1683-10-INA, siguiendo en forma textual la definición dada por Corral Talciani, H., “Configuración jurídica del derecho a la privacidad II: concepto y delimitación”, en Revista Chilena de Derecho, vol. 27, N°2 (2000), p. 347)”.

Señala que el derecho a la intimidad es una emanación de la dignidad natural, intrínseca de todo ser humano y que con base en los distintos textos que regulan sectorialmente este derecho, por ejemplo, la Ley 19.264, sobre protección a la vida privada, se ha sostenido que debe entenderse como parte de la vida privada o intimidad, a lo menos, a la vida sexual, la vida y los hábitos domésticos, las opiniones y las creencias políticas y religiosas, y los estados de salud físicos o síquicos (Ugarte Cataldo, J.L., “El derecho a la intimidad y la relación laboral”, en Boletín Oficial de la Dirección del Trabajo, N°139 (2000), p. 7).

Por lo expuesto solicita que se acoja en todas sus partes la acción constitucional deducida, y se ordene restablecer el imperio del Derecho, ordenando al recurrido que debe hacer cesar de inmediato el emplazamiento, uso o empleo de las cámaras de monitoreo exterior, y que estén orientadas hacia cualquier parte del domicilio del actor, así como toda otra medida tendiente al restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso un set de 5 fotografías de las cámaras señaladas.

SEGUNDO: Que a folio 5, evacua informe don nombre reservado, de profesión técnico eléctrico industrial.

Indica que instaló dos cámaras en el exterior de su propiedad en el mes de Julio del presente año, debido a los reiterados hechos delictuales ocurridos en el sector en que viven, por el resguardo e integridad su grupo familiar, y para obtener evidencias del ingreso sin su consentimiento de un perro de propiedad del actor Sr. nombre reservado, el cual causa destrozos en su inmueble y que gracias a la instalación de cámaras se pudo identificar.

Señala que las cámaras en funcionamiento, por defecto, al quedar sin energía eléctrica al reiniciar su funcionamiento, quedaban en modo de calibración al centro de su foco, proceso que demora varios minutos (modo panorámico), pero sin desarrollar imágenes. Una vez que culmina este proceso, la cámara retoma la orientación requerida. Agrega que dicho detalle en el funcionamiento de las cámaras ya fue corregido, quedando estas con una orientación fija, independiente que tengan o no energía para su funcionamiento.

Añade que la orientación de ambas cámaras es directamente hacia los espacios libres de su propiedad -pasillo y patio trasero-, sin alcance visual al interior de la propiedad del Señor nombre reservado, destacando que en ningún caso apuntan en dirección a puertas, ventanas o ventanales de su propiedad.

Hace presente que la altura del cierre perimetral medianero que divide sus inmuebles es de 1.5 metros de alto el cual le permite a cualquier persona con una altura superior a esta observar hacia el otro lado de ambas propiedades.

Sostiene en relación con el emplazamiento y orientación de las cámaras, que, no existiendo normativa alguna sobre uso e instalación de estas en el país, para su instalación tomó como referencia la "Guía de buenas prácticas sobre instalación de cámaras de seguridad y Circuitos cerrados de televisión" de la Superintendencia de Casinos de Juegos, disponible en internet.

En cuanto a la altura de donde están emplazadas las cámaras, expone que éstas se instalaron a 2.30 metros, para que las cámaras cumplan su rol disuasivo al ser vistas desde el exterior y que no estuvieran al alcance de terceros para su manipulación, anulación y/o destrucción.

Acompaña set de fotografías, donde se observa el emplazamiento de cámaras, las vistas resultantes del enfoque y de la constatación fragrante del ingreso de la mascota del Señor nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en la presente causa, es un hecho indiscutido que la recurrida instaló dos cámaras de seguridad en el inmueble que habita, las cuales – según los dichos del recurrido - se encuentran ubicadas a una altura de 2,30 metros. Además, se aprecia de las fotografías acompañadas que la pared divisoria de los inmuebles de las partes tiene una altura aproximada 1,50 metros, lo cual también es reafirmado por el demandado.

SEXTO: Que, si bien, en estos autos es controvertido el verdadero alcance de las cámaras de seguridad, lo cierto es que estando estas adosadas a una altura muy superior de aquella que posee el muro divisorio, es plausible considerar que enfocan parte del inmueble del actor.

SÉPTIMO:

Que al respecto se debe tener presente que la recurrente ha alegado que tales cámaras, al encontrarse direccionadas a su propiedad afectan el derecho constitucional establecido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que sobre el particular la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en la causa Rol 18481-2016 ha establecido que “atendidas las particularidades del sistema de televigilancia que ha sido instalado en zonas preeminentemente residenciales, no cabe sino aceptar que quienes habitan en su radio de acción puedan sentirse observados y controlados, induciéndolos a cambiar ciertos hábitos o de inhibirse de determinados comportamientos dentro de un ámbito de privacidad como es la vida doméstica” y que “el uso de videocámaras para captar imágenes de espacios privados podrá constituir una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad o a la propia imagen, desde que se trata de aquellos espacios donde se desarrolla la vida privada de una persona y respecto de los cuales la propia jurisprudencia de nuestros tribunales ha sido cuidadosa al momento de establecer los límites relativos al ejercicio de la actividades de los órganos investigadores.

Por consiguiente, la filmación sólo cabe hacerla en los espacios, lugares o locales públicos, pero no en domicilios o en lugares privados, pues de lo contrario dicha intromisión afectará bienes constitucionalmente protegidos, tornándose por tanto en ilegítima, salvo que exista autorización judicial para estos casos”.

NOVENO: Que, en consecuencia, conforme a lo razonado en los considerandos anteriores, se estima que la recurrida al mantener en funcionamiento dichas cámaras de seguridad y que estas se encuentran ubicadas a una altura que excede la pared medianera, ha vulnerado la esfera privada del actor dado que pueden abarcar actividades propias y de la esfera de la vida privada del recurrente y de su grupo familiar, entendiéndose de esta forma al menos amenazado el derecho constitucional contenido en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, por lo que se acogerá el recurso en la forma en que será dispuesta en la parte resolutiva de esta sentencia.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la alegación de extemporaneidad y se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don Claudio Fernández Ramírez, en favor de don nombre reservado en contra de don nombre reservado sólo en cuanto se ordena que el recurrido deberá emplazar las cámaras de seguridad de modo que se mantengan direccionadas dentro de los límites de su propiedad, sin dirigirlas hacia el inmueble habitado por el recurrente.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.

Rol N° 1667-2021 Protección.-