nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia De Seguridad Social Recurso De Protección Rol N°1666-2024.- La Serena, dos de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece nombre reservado y Lillo, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región de Valparaíso, Consultorio Jurídico de Segunda Instancia de La Serena, y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por nombre reservado

Indica que la persona a favor de quien interpone el recurso en la época en que se desencadenan los hechos, tenía 30 años y se desempeñaba como Supervisora en Central Parking System, ubicado en Mall Plaza La Serena. Da cuenta que inició su vínculo laboral en 2017 como asistente de estacionamiento, siendo promovida a supervisora en 2018. En 2019, comenzó estudios de técnico en educación parvularia con apoyo de su jefatura, que permitió ajustar turnos para compatibilizar trabajo y estudios.

Agrega que, ese mismo año, tuvo su primer embarazo, siendo una gestación de alto riesgo. En ese contexto, enfrentó hostigamiento laboral por parte de su jefatura y atendido un cambio de funciones que implicaba problemas para su gestión su médico le otorgó licencias médicas. Tras ello, hizo uso de sus periodos pre y postnatal sin inconvenientes.

En 2020, durante la pandemia, retornó a sus funciones como supervisora sin problemas. En 2021, tuvo su segundo embarazo y, tras los periodos pre y postnatal, regresó a trabajar en octubre de 2022, pero volvió a enfrentar hostigamiento laboral que se alternaba con breves periodos de tranquilidad.

En diciembre de 2023, luego de unas vacaciones, debía reincorporarse el 18 de diciembre, pero no pudo hacerlo debido a una afectación psicológica siendo diagnosticada con trastorno depresivo y de pánico por la Dra. nombre reservado, quien le prescribió tratamiento farmacológico. Además, recibe atención psicológica en el CESFAM Emilio Schaffhauser Acuña, y el 16 de abril de 2024, presentó su renuncia.

Agrega que, desde el inicio de su afección psicológica, ha recibido atención médica en el Centro de la Mujer y Familia (CEMUF) y en el CESFAM mencionado, donde continúa bajo tratamiento psicológico.

Destaca que las licencias médicas presentadas anteriormente fueron aprobadas sin observaciones. Sin embargo, surge la interrogante de cómo es posible que, con los mismos antecedentes proporcionados previamente, la Superintendencia ahora rechace la autorización de las licencias médicas en cuestión, sin contar con nuevos elementos que justifiquen dicho rechazo.

Afirma que la licencia médica reclamadas en la presente acción corresponden a las N°s 99615005-4, 100035635-9 y 100574284-2, extendidas por un total de 45 días de reposo. La resolución de rechazo emitida por la COMPIN se limita a indicar: "POR REPOSO NO JUSTIFICADO".

Contra el rechazo de las licencias N.º 99615005-4 y 100035635-9, doña nombre reservado, presentó recurso de apelación ante la Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N° R-01-S-102412-2024, de fecha 28 de junio de 2024, confirmó el rechazo de las dos licencias médicas entregado por COMPIN.

Posterior a ello, en contra de dicho rechazo, presentó recurso de Reconsideración para ante la misma Superintendencia de Seguridad Social, la que por Resolución Exenta N° R-01-IBS-148366-2024, de fecha 25 de Septiembre del año 2024, confirmó lo resuelto, siendo en contra de esta última resolución que se interpone el presente recurso de protección.

En esta última resolución, la recurrida aprovechó de pronunciarse acerca del recurso de apelación deducido por doña nombre reservado en contra del rechazo pronunciado por la COMPIN, respecto de la licencia N.º 100574284-2, confirmando el referido rechazo.

Señala que la Superintendencia, agrega en la resolución: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyo que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s. 99615005-4, 100035635-9, 100574284-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 89 días de reposo ya autorizados por la misma patología.”

“Que los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican psicoterapia con informe de proceso o evaluación por especialista en Psiquiatría de adultos”.

Refiere que el diagnóstico de la enfermedad está suficientemente fundamentado y acreditado con los informes médicos presentados en su momento, que el historial médico evidencia el carácter permanente de su tratamiento, el cual debe ser mantenido debido a la compleja situación de salud que enfrenta.

Se cuestiona cuáles fueron los antecedentes médicos objetivos que permitieron a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) llegar a un diagnóstico distinto al efectuado por el médico especialista tratante, quien otorgó las licencias médicas reclamadas, siendo cuestionable que el solo transcurso del tiempo en la recuperación de un paciente es razón suficiente para rechazar el subsidio laboral.

Afirma que, en su opinión, la actuación del ente administrativo no sigue los parámetros de razonabilidad y motivación que deben observar los actos administrativos y que la SUSESO omitió analizar adecuadamente los certificados e informes médicos relacionados con la condición de salud de doña nombre reservado, cuestionando diagnósticos que habían sido claramente establecidos por profesionales de la salud y que la recurrida ignoró completamente el cambio en el diagnóstico de la enfermedad de doña nombre reservado y, por tanto, la modificación en su tratamiento y medicamentos. Que en dicho escenario la extensión del reposo era completamente procedente debido a los deplorables resultados que han proporcionado los diversos tratamientos médicos a los que se ha sometido la recurrente, y al hecho de que el diagnóstico inicial no era el correcto.

Afirma que el rechazo de la licencia médica por parte de la SUSESO carece de una adecuada fundamentación que explique, al menos con claridad o fundamentación mínima, los motivos de su rechazo y deviene en arbitraria porque se ha fundamentado exclusivamente en el mero capricho o la voluntad del ente recurrido, sin contener las motivaciones mínimas que justifiquen su decisión.

Cita lo dispuesto en el Decreto Supremo N°3, artículos 16 y 24 respecto de la posibilidad de solicitar informes complementarios y que de todo lo anterior, se desprende con claridad que el organismo encargado de pronunciarse sobre las licencias médicas debe asumir un rol activo en su análisis, sin que sea responsabilidad del paciente, afectado por una enfermedad, obtener los antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante y lo señalado en el artículo 11 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, señalando que esta norma consagra el principio de imparcialidad en los procedimientos administrativos, exigiendo que los hechos y fundamentos de derecho deben siempre expresarse en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas a través del presente arbitrio, aduce que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica y la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral y finalmente, la conducta que se denuncia vulnera asimismo, el derecho de propiedad ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por lo tanto, solicita que se tenga por interpuesto el presente recurso de protección en favor de doña nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, y que se ordene dejar sin efecto la resolución que rechazó las licencias médicas, disponiendo su pago. En subsidio, se disponga que la SUSESO deberá, dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos a partir de la fecha de la sentencia, cumplir con las siguientes actuaciones: A.- Realizar al recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por la licencia médica rechazada. B.- Dictar el correspondiente acto administrativo terminal que autorice -o no- el pago del subsidio asociado a la licencia médica reclamada. C.- En su caso, pagar al actor el monto del subsidio que corresponda. D.- Informar a esta Corte de Apelaciones el cumplimento de todas y cada una de las acciones impuestas en esta sentencia. Que, en caso de no cumplir la recurrida con cualquiera de las obligaciones impuestas en el numeral anterior, dentro del plazo antes indicado y no informar a esta Corte de aquella circunstancia dentro del mismo lapso, deberá proceder a autorizar el pago de la referida licencia, de plano, sin más trámites y sin necesidad de nuevo apercibimiento judicial o solicitud de informe.

SEGUNDO: Que evacuó informe ROMINA ANDREA UGALDE RAÑILEO, abogado, en representación de la recurrida la Superintendencia de Seguridad Social.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de lo anterior informa el recurso, señalando que consta en el expediente administrativo que la Sra. nombre reservado concurre el 05 de junio de 2024 a la Superintendencia, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 99615005-4, 100035635-9, extendidas por un total de 30 días a contar del 01 de marzo de 2024, por reposo no justificado Al respecto mediante RESOLUCIÓN EXENTA RESOLUCIÓN EXENTA R-01-S-102412-2024, de fecha 28 de junio de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió:

“Que, el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 99615005-4, 100035635-9, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que el informe médico aportado no permite establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 89 días por la misma patología. Que, resulta relevante además señalar que la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado emitido por psicólogo(a) que indique evolución cronológica del cuadro clínico y sintomatología que origine alto grado de compromiso funcional, respuesta farmacológica y ajustes realizados al proceso psicoterapéutico, evolución de escala de funcionalidad aplicada, fecha probable de alta médica, pronóstico y plan de reintegro laboral.

Que, por otra parte, la persona interesada tampoco acompaña informe de psicólogo(a) que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar durante el periodo de reposo laboral reclamado”.

Con posterioridad, concurrió en una nueva oportunidad la Sra. nombre reservado, el 4 de julio de 2024 a la Superintendencia, solicitando se reconsidere el dictamen N°R-01-S-102412-2024 de fecha 28 de junio de 2024 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 99615005-4, 100035635-9, extendidas por un total de 30 días a contar del 01 de marzo de 2024, por reposo no justificado.

Al respecto mediante RESOLUCIÓN EXENTA R-01-IBS-148366-2024, de 23 de septiembre de 2024, la Superintendencia de Seguridad Social resolvió:

“Que, además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N°100574284-2, extendida por un total de 15 días, bajo la misma causal de rechazo. Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 99615005-4, 100035635-9, 100574284-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 89 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican psicoterapia con informe de proceso o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos”.

A mayor abundamiento, cabe indicar que esta Superintendencia, estudió mediante sus médicos los antecedentes del caso de la Sra. nombre reservado, quienes informaron: Dr. nombre reservado: Fundamentos de la resolución: “Se sugiere rechazar. Se trata de paciente con reposo ya autorizado de 89 días, ahora reclama por 45 dado por Med salubrista AE particular. A pesar de extensión de reposo se mantiene con antidepresivo de primera línea en dosis iniciales. No certifica psicoterapia o evaluación por especialista…”

Refiere el marco jurídico-normativo que regula la materia de la presente acción de protección e indica que no existe acto ilegal o arbitrario por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que, como se indicó, su representada se limitó a resolver la situación de dentro del ámbito de su competencia.

Señala que, en virtud de lo expuesto, no existe el derecho de propiedad sobre eventuales subsidios, como pretende la recurrente, ya que para ello es necesario contar con licencias médicas autorizadas, lo cual no se cumple en este caso. Agrega que, si se considerara que basta con la emisión de la licencia médica por parte del profesional de la salud para que esta surta todos sus efectos, incluyendo el derecho al subsidio o remuneración, haría impensable que el legislador hubiera contemplado causales de rechazo de estas, como se contempla en el D.S. Nº 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Indica que aplicar dichas causales significaría atentar contra el derecho de propiedad sobre el subsidio ya ingresado al patrimonio del trabajador, lo cual es inaceptable.

Finalmente, señala que se descarta cualquier actuar arbitrario e ilegal por parte de la representada, ya que en el dictamen aludido se exponen las razones por las cuales se llegó a la conclusión mencionada. Sostiene que no se trata de un acto carente de un fundamento racional o nacido del capricho irracional de la autoridad técnica, sino que es el resultado del estudio y ponderación de los elementos señalados, en concordancia con los criterios normativos y jurisprudenciales vigentes en este Organismo de Control.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Así se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto. En otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando, fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio de cualquier manera; o bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que se alcanza; y que, enseguida, provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, se estima que dicha argumentación no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de las licencias médicas, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la parte recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

QUINTO: Que la recurrente impugna la Resolución Exenta R-01-IBS-148366-2024, de 23 de septiembre de 2024, confirmó el rechazo de las licencias médicas número N°s 99615005-4, 100035635-9, 100574284-2, extendidas por un toda de 30 días, las dos primeras, a contar del 01 de marzo de 2024 y por 15 días la segunda, bajo la causal de “REPOSO NO JUSTIFICADO".

Que la resolución impugnada señala al respecto que: “Que, además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de la licencia médica N° 100574284-2, extendida por un total de 15 días, bajo la misma causal de rechazo. Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 99615005-4, 100035635-9, 100574284-2, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes médicos y administrativos evaluados, no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral más allá de los 89 días de reposo ya autorizados por la misma patología. Que, los antecedentes adjuntos no describen disfuncionalidad o ajuste progresivo y oportuno de farmacoterapia acorde a extensión de reposo. No certifican psicoterapia con informe de proceso o evaluación por especialista en Psiquiatría de Adultos”.

SEXTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que la resolución recurrida dictada por la Superintendencia de Seguridad Social carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, teniendo en consideración la prueba documental acompañada en esa instancia administrativa, en particular el informe elaborado por la Dra. nombre reservado, en el que se consigna que tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalidad, dando cuenta que la recurrente que, se mantiene en controles con evolución desfavorable, psicoterapia mensual en CESFAM pero “le cambia la hora habitualmente. No ha logrado resultados esperados. Se ha encontrado muy descompensado emocionalmente, con periodos de estrés intenso asociado a la cantidad de hechos complicados en el último periodo de tiempo. Mantiene terapia farmacológica más psicoterapia. Por falta de recursos económicos no ha podido tener tratamiento con especialista en extrasistema.”

En consecuencia, los mejores antecedentes recopilados por la recurrida aparece que el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la Compin se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

NOVENO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que se RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción opuesta por la recurrida.

II.- Que se ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida proceder a autorizar el pago de las licencias médicas número N°s 99615005-4, 100035635-9, 100574284-2, extendidas por un toda de 30 días, las dos primeras, a contar del 01 de marzo de 2024 y por 15 días la segunda, lo anterior dentro del plazo de quinto día desde que el presente fallo se encuentre ejecutoriado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°1666-2024 Protección.-