nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO

nombre reservado

I. Municipalidad de Coquimbo Recurso de protección Rol Nº 1664-2024.- La Serena, dos de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Coquimbo, representada por su alcalde, Alí Manuel Manouchehri Moghadam Kashan Lobos, señalando como acto ilegal y arbitrario la falta de notificación de la precalificación periodo 2022-2023 y la declaración de vacancia de su cargo como educadora de párvulos en el CESFAM San Juan, por vulnerar las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 3 inciso 5° y 16° de la Constitución Política de la República.

Afirma que en 2009 fue seleccionada mediante concurso público para desempeñarse como educadora de párvulos en el CESFAM San Juan, bajo un contrato a honorarios de 25 horas semanales, como parte de un proyecto del FIADI. Durante este periodo cumplió con obligaciones laborales similares a las de cualquier funcionario contratado. Refiere que, en 2015, su contrato cambió a plazo fijo, reconociéndosele los cinco años trabajados a honorarios y asignándosele 33 horas contratadas y 11 adicionales a honorarios. Posteriormente, en 2019, tras un nuevo concurso público, obtuvo un puesto en calidad de planta con 44 horas semanales, sumando diez años de servicio público.

Sostiene que, en 2024, mientras se encontraba con licencia médica, recibió un correo electrónico notificándole que su vacante como educadora de párvulos quedaba disponible debido a su calificación en lista 4.

Destaca que no se le entregó su precalificación conforme a la normativa vigente. Indica que, tras comunicarse con su jefe de sector, nombre reservado, este le informó que su evaluación fue realizada en conjunto con la encargada del programa infantil, nombre reservado. Ante la falta de respuesta, decidió apelar ante la alcaldía, pero su apelación fue desestimada mediante una respuesta recibida el 25 de abril de 2024.

Señala que no fue informada por el Director del CESFAM, nombre reservado, ni por el Subdirector Administrativo, nombre reservado, acerca de la posibilidad de apelar a la Contraloría General de la República, lo que le impidió ejercer este derecho.

Finalmente, señala que, el 1 de octubre de 2024, se le notificó mediante decreto alcaldicio de 25 de septiembre, que su cargo quedaba vacante, encontrándose en todo momento con licencia médica.

Alega que los hechos descritos configuran una vulneración al debido proceso mediante la constitución de una comisión especial, incurriendo en actos que afectan su derecho a defensa; ausencia de precalificación, la que no fue notificada en tiempo y forma, lo que le privó de la posibilidad de ejercer su defensa de manera oportuna, afectando la transparencia y justicia del proceso.

Añade que la calificación en lista 4 sin notificarla previamente ni otorgarle la posibilidad de hacer las objeciones pertinentes antes de la emisión de la calificación final, constituye un juicio irregular y parcial que no respeta los principios de justicia e igualdad que deben regir en estos procesos.

En tercer lugar, alega ausencia de respuesta oportuna de la administración.

Sostiene que, en definitiva, se ha configurado una violación grave al debido proceso mediante la constitución de una comisión especial, pues la Municipalidad actuó fuera del marco legal, privándome de la posibilidad de ser informada y de ejercer su derecho a defensa de manera adecuada en todas las instancias administrativas, lo que compromete gravemente la imparcialidad y justicia de las decisiones que afectaron su empleo. Asimismo, sostiene que la vacancia del cargo sin apego a un debido proceso y bajo un marco de arbitrariedad vulnera el derecho al trabajo consagrado en la Constitución (art. 19 N° 16) y, además, se puede considerar un acto equivalente a un despido arbitrario bajo los principios del artículo 161 del Código del Trabajo.

Destaca, además, la vulneración al principio de igualdad ante la ley, señalando que otros funcionarios en situaciones similares fueron debidamente informados y precalificados, mientras que a ella se negó el acceso a los antecedentes necesarios para ejercer sus derechos. Considera que este trato desigual agrava aún más la afectación de sus derechos fundamentales, siendo especialmente grave al provenir de una entidad estatal.

Por lo expuesto, solicita que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de los actos cometidos por la Municipalidad de Coquimbo, restableciendo el imperio del derecho, con todas las medidas necesarias para revertir la vacancia de su cargo y la restitución a su puesto de trabajo como Educadora de Párvulos en el CESFAM San Juan, con condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Licencia médica; 2. Copia de las boletas de honorarios y contratos que acreditan mi vinculación laboral desde 2009 hasta la fecha; 3. Copia de su apelación desestimada y respuesta de la Municipalidad; 4. Derivación a Municipalidad por solicitud de antecedentes de la caducidad; 5.- Vacancia de cargo.- SEGUNDO: Que informa el recurso don Gabriel Osorio Vargas, abogado en representación de la Municipalidad de Coquimbo, solicitando el rechazo del recurso.

Indica que en el presente caso no existen actos ilegales o arbitrarios que vulneren las garantías constitucionales que indica la recurrente, sino que esa entidad edilicia ha actuado apegada a la ley.

Sostiene que el cargo que desempeñaba la recurrente era el de educadora de párvulos. Este cargo tenía como objetivo la evaluación y tratamiento de los distintos niveles de desarrollo psicomotor del niño/niña, con el objeto de mantener, activar y/o rehabilitar el estado cognitivo, el lenguaje y motricidad, incorporando a su medio familiar y social al contexto de su desarrollo vital.

Agrega que el 24 de octubre de 2023, se reunió, en conformidad lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley N° 19.378, la comisión de calificaciones, con la asistencia de todos los miembros de la junta calificadora, quedando la recurrente en lista 4; el 11 de enero de 2024, la recurrente, nombre reservado, fue notificada del puntaje total obtenido en el período de calificaciones comprendido entre los años 2022 y 2023, quedando en lista cuatro; Luego, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 46 del cuerpo legal citado, la recurrente interpuso recurso de apelación, el que fue conocido por el Alcalde (s).

En el informe de desempeño de la recurrente, se pueden destacar las siguientes observaciones: a) Inasistencia constante sin informar a su jefatura directa, lo que impacta el quehacer de su unidad, porque su ausencia tiene un alto nivel de implicancia en los objetivos del programa, perjudicando pacientes vulnerables. De los datos recabados de informe técnico de auditoría interna, de mayo de 2023, se realizaron erradamente o se dejaron de realizar, por ausentismo de la recurrente: 9 usuarios con retraso y dos no ingresado a sala en el mes de enero, con un rendimiento del 83,02 por ciento; 4 usuarios que no ingresan a sala de estimulación, con un cumplimiento del 80.42 por ciento; Aumento de prevalencia de menores pesquisados con resultado de riesgo, con un rendimiento total de 76,92 por ciento.

Se realiza monitorio de actividades desde mes de enero a abril, en atención de párvulo, que deberían rendir 45 minutos, sin embargo, se detecta que existen 22 atenciones en que no supera los 10 minutos.

Destaca números bajos en los indicadores, discontinuidad de atenciones y seguimiento de niños que necesitan la atención de educadora de párvulos.

Funcionaria no entrega datos estadísticos de su labor durante los meses de evaluación.

Muestra escaso compromiso de su calidad de funcionaria pública.

Además, el 24 de marzo de 2023, se consigna una anotación de demérito a la funcionaria, en los factores competencia, y conducta funcionaria, por agendar pacientes con claves de otro funcionario del CESFAM.

Agrega que mediante Decreto Exento N°1046, de 19 de abril de 2024, se desestimó el recurso de apelación interpuesto, manteniéndose en lista 4.

Cabe hacer presente que la letra f) del artículo 48 de la ley N°19.378, establece que los funcionarios de una dotación municipal de salud dejan de pertenecer a ella cuando haya obtenido una calificación en lista de eliminación, o en lista condicional, por dos períodos consecutivos o tres acumulados.

Señala, además, el inciso primero de dicho artículo que el funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4 o por dos años en lista 3, deberá retirarse de la Municipalidad dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de la calificación. Si así no lo hiciere, se declarará vacante el cargo a contar desde el día siguiente a esa fecha, sin que la recurrente ejerciera su derecho a reclamo, según establece el artículo 156 de la ley N°18.883.

Finalmente, mediante un acto administrativo motivado, decreto alcaldicio N° 2688, de 25 de septiembre de 2024, se declaró vacante el cargo, a partir de la fecha del decreto, por haber sido calificada en lista 4 de eliminación Por lo expuesto solicitó el rechazo del recurso.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Memorándum N° 185, de 19 de julio de 2024, de la I. Municipalidad de Coquimbo; 2. Decreto exento N° 1046, de 19 de abril de 2024; 3. Correo electrónico, de notificación del decreto exento N° 1046, de 26 de abril de 2024; 4. Formulario de Calificación funcionaria para período 2022 – 2023; 5. Correo electrónico, que notifica calificación, de fecha 11 de enero de 2024; 6. Acta N° 2/2023, de proceso calificatorio período septiembre de 2022 a agosto 2023, departamento de Salud; 7. Apelación de calificación funcionaria, de la recurrente, de 25 de enero de 2023; 8. Informe de desempeño de la recurrente, período calificatorio 2022 – 2023; 9. Nota Interna N° 380 – 23, de 24 de marzo de 20.

TERCERO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelares inmediatas destinadas a restablecer el imperio del derecho.

Así, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, para el análisis de la presente acción de protección, es necesario tener presente que a través del presente arbitrio se reclama respecto de la falta de notificación de la precalificación de la recurrente, la que en el periodo de evaluación correspondiente al periodo 2022-2023, y que la ausencia de esa comunicación la privó de la posibilidad de ejercer su defensa de manera oportuna, vulnerándose las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2,3 inciso 5° y 16 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que la recurrida al evacuar su informe solicitó el rechazo de la acción, aduciendo que la calificación respectiva fue debidamente notificada a través de correo electrónico el 11 de enero de 2024, dando cuenta de los antecedentes que motivaron tal evaluación, así como aquellos relativo al Decreto Alcaldicio N° 2688 de 25 de septiembre de 2024, que dispuso declarar vacante el cargo de Educadora de Párvulos del Centro de Salud Familiar San Juan, por haber sido calificada en lista 4 de eliminación.

SEXTO: Que, del mérito de los antecedentes, en primer lugar, se debe despejar que la recurrente está reclamando respecto de la falta de notificación de la precalificación periodo 2022-2023, y en base a ello solicita en el petitorio del recurso que se adopten “todas las medidas necesarias para revertir la vacancia de mi cargo y la restitución a mi puesto de trabajo como Educadora de Párvulos en el CESFAM San Juan”.

SÉPTIMO: Que, de lo dicho, surge que el comportamiento objetado en autos, está relacionado con la falta de notificación de la precalificación, en circunstancias que en la actualidad el procedimiento en cuestión se encuentra concluido al haberse dictado la decisión terminal, en este caso, la calificación en cuestión, la que fue debidamente notificada en enero de 2024, ejerciéndose recurso de apelación a su respecto, el que resuelto, implicó mantener la decisión de la administración, dictándose posteriormente el decreto que determinó la vacancia del cargo que servía.

En consecuencia, aparece que además de extemporáneo, la recurrente no enderezó su recurso respecto de una resolución o actuación que haya tenido la aptitud necesaria para conculcar las garantías que mencionan, pues el acto reclamado constituía sólo un trámite necesario para su calificación final.

OCTAVO: Que, acorde a lo antes expuesto, el recurso de protección no puede prosperar, pues no concurre el presupuesto favorable a esta acción, esto es, que el acto denunciado haya tenido la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales señalados por la actora.

En efecto, el procedimiento de calificación cuestionado por la actora, cuyo efecto legal es la declaración de vacancia del cargo, fue tramitado conforme a derecho, pronunciada por autoridad competente y en base a antecedentes objetivos que daban cuenta de las deficiencias técnicas de la actora, de forma que la decisión adoptada no puede estimarse como arbitraria.

A lo anterior, se suma que no es posible constatar la vulneración de las garantías aludidas en el libelo, pues en relación con la igualdad ante la ley la actora no expuso, mencionó ni acreditó que haya habido un tratamiento diverso para casos similares; en cuanto al debido proceso, lo que se encuentra amparado por esta acción constitucional es el acápite "comisiones especiales" lo que, como hemos despejado previamente, no acontece; y, finalmente, la garantía indicada por la recurrente es la libertad de trabajo, extremo que se aleja de la hipótesis descrita en el libelo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Municipalidad de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 1664-2024 Protección.-.