nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migración Recurso de Protección Rol N°1660-2024 La Serena, catorce de noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 19 de octubre de 2024, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de doña nombre reservado, empleada, de nacionalidad boliviana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región de Coquimbo, e interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, Sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por la omisión ilegal y arbitraria, consistente en no dictar pronunciamiento respecto de la solicitud de residencia definitiva, presentada por la recurrente en junio de 2021, lo que indica vulnera su garantía constitucional de igualdad ante la ley, dispuesta en el artículo 19 N ° 2 de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que su representada efectúo solicitud de residencia definitiva en junio de 2021, como consta en comprobante de solicitud que acompaña. Añade que el 3 de agosto de 2023, la recurrente es notificada mediante resolución que solicita el pago del beneficio migratorio y solicita documentos adicionales, realizando el pago respectivo y la subsanación solicitada dentro de tiempo y forma.

Alega que, al no ser titular de un visado vigente, le impide ejecutar tramites básicos, en la vida civil y comercial, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley.

Indica que existe incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual exige dar respuesta a dicha solicitud dentro de los seis (6) meses desde que fue presentada.

Acusa igualmente infracción a los principios que rigen los procedimientos administrativos, en especial el de celeridad, económica procedimental e impulso de oficio.

Pide ordenar al recurrido emita pronunciamiento dentro de un plazo de 60 días, o se adopten las medidas que esta Corte determine para el establecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos: 1. Comprobante consulta estado de trámite solicitud de residencia definitiva. 2. Cédula de identidad para extranjeros. 3. Resolución que ordena pago y subsanación. 4. Certificado cotizaciones AFP que acredita domicilio.

SEGUNDO: Que, a folio 5, el 06 de noviembre de 2024, comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando el rechazo del recurso.

Requiere en primer lugar se declare la inadmisibilidad de la acción, dado que no existe alguna vulneración, ni siquiera en grado de amenaza, de las garantías fundamentales alegadas.

En efecto, sostiene que en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva de la recurrente de autos, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, lo que no se configura, conforme sustenta con la mención a dos sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema, en sus causas Rol 115.064-2022 y 115.368-2022, ambas de fecha 20 de marzo del 2022.

Reitera que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte de esa autoridad que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que dada la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Señala que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada.

En subsidio, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados, haciendo hincapié en las sentencias ya individualizadas de la Excma. Corte Suprema. En dicho sentido el recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esa autoridad en atención a que no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser esa autoridad el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

En subsidio de lo anterior, evacua informe de rigor, señalando que la recurrente solicitó el beneficio de permanencia definitiva el 23 de junio de 2021, bajo el número 26276008, notificándole el 03 de marzo de 2023, que debía presentar antecedentes y pagar los derechos correspondientes.

Agrega que el 25 de octubre de 2024 se notifica mediante correo electrónico folio 66947086, solicitud de documentos adicionales, en específico certificado de antecedentes del país de origen y certificado de vigencia de contrato, otorgándole un plazo de 30 días corridos para proporcionar la información, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la petición.

Conforme a lo anterior indica que se puede apreciar que la etapa se encuentra pendiente, pese a que la recurrente carga los documentos, aún no da por finalizada su etapa, no cierra el proceso. Acota que para poder el Servicio analizar dichos documentos es necesario que la recurrente de por terminada esta etapa, arriesga que al no subir el documento y finalizar dicha carga, se tendrá por desistido de su petición, siendo procedente aplicar lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley N°19.880.

Luego reseña antecedentes de derecho relativos al trámite de permanencia definitiva y las normas protectoras de la Ley N°21.325, la solicitud de residencia definitiva de recurrente se encuentra actualmente en trámite, pudiendo acceder el extranjero a un certificado que acredita tal situación, en los términos del artículo 1 N° 25 de la Ley N° 21.325, y del artículo 45 del Decreto N° 296 de 12 de febrero de 2022.

Conforme a lo anterior, indica que la recurrente mantiene a la fecha de este informe, condición migratoria regular en el país y cuenta con un documento de identificación vigente y válido para ser presentado ante cualquier organismo público y privado, por lo que es posible descartar cualquier vulneración de sus garantías fundamentales por el mero hecho de que su solicitud de residencia no se encuentre resuelta.

Menciona que existe un plan nacional para descongestionar la masividad de solicitudes de residencias existentes ante este Servicio, y que dichas solicitudes puedan ser resueltas dentro de los plazos legales En cuanto a la duración del procedimiento administrativo, indica que el mismo se debe aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, lo que ha sido reconocido por sentencias ejecutoriadas como un caso fortuito que excusa la dilación de las solicitudes de residencia definitiva, sin que ello, por sí solo, implique vulneración de derechos fundamentales de los extranjeros, al mantener residencia regular en el país y contar con documentación a su disposición para acreditar dicha condición en el país.

Hace presente que el Servicio Nacional de Migraciones ha actuado con apego estricto a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, indicando que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Oficio Ordinario N° 67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N° 80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N° 80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N° 843, de fecha 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo. 5. Oficio Ordinario N° 34.531, de fecha 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368- 2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 8.Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado. 9. Notificación solicita documentos y pago de derechos de fecha 10 de abril de 2023 del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la solicitud de declarar inadmisible el recurso que formula la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que -a lo menos en abstracto- son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

SEXTO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por la recurrente -consistente, como se ha dicho, en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia- corresponde precisamente a esa repartición pública.

SÉPTIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada el 23 de junio de 2021, lo cual la recurrente califica de ilegal y arbitraria, señalando que vulnera la garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita que se ordene al recurrido pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva dentro de un plazo razonable, conforme los principios que impone la legislación vigente, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

OCTAVO: Que, atendido el tenor de lo informado por la recurrida, el 25 de octubre de 2024, solicitó a la actora acompañar documentación adicional para emitir pronunciamiento respecto de su petición de residencia definitiva, los que la fecha no han sido proporcionado por la señora nombre reservado.

Así, las cosas, no obstante visualizarse una excesiva dilación por parte del recurrido, quien solo emite un pronunciamiento después de transcurridos dos años desde la fecha de la solicitud de residencia definitiva, se debe necesariamente concluir que a esta fecha la carga del avance de la petición realizada recae en la recurrente.

NOVENO: Que, constando en consecuencia, que el recurrido emitió pronunciamiento requiriendo mayores antecedentes para la decisión final y que estos no han sido proporcionados por la actora, no existe respecto del servicio actualmente una omisión que pueda ser calificada de ilegal y arbitraria, no quedará sino rechazar el presente recurso, como se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que, se rechaza la solicitud de declarar inadmisible el recurso.

II.- Que, se rechaza la excepción de falta de legitimación pasiva.

III.- Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Pablo Daniel Peñaloza Parra a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°1660-2024 Protección.-