nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN METROPOLITANA

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N°1651-2025 La Serena, once de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, a folios 1 y 4, doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, chilena, fonoaudióloga, domiciliada en domicilio reservado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado N°94-2015 de la Excelentísima Corte Suprema, deduce recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, representada por quien corresponda, desconociendo RUT y domicilio.

Funda la acción en el acto ilegal o arbitrario consistente en el rechazo de las licencias médicas números 4-21850401 y 4-22052191, mediante resoluciones exentas de 19 y 20 de agosto de 2025, respectivamente, decisión que perturba y amenaza las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeña como fonoaudióloga en un establecimiento educacional, sin embargo, hace aproximadamente 2 años ha debido enfrentar condiciones laborales que exceden sus funciones y que han deteriorado su salud mental, derivando en un episodio depresivo grave sin síntomas psicóticos y en un trastorno de estrés postraumático, diagnóstico realizado por su médico tratante y corroborado en el informe emitido a COMPIN, documento en el cual se describe su estado como descompensación con ánimo bajo, labilidad emocional, crisis de pánico reiteradas, agorafobia, pensamientos negativos intrusivos, despersonalización e ideación suicida activa sin planificación, insomnio de mantención, llanto y tristeza. Refiere el tratamiento farmacológico que debe seguir, además de psicoterapia semanal y reposo laboral, estado de salud que no es compatible con su desempeño laboral, pese a lo cual, la recurrida ha decidido rechazar sus licencias médicas sin entregar justificación alguna, ante lo cual dedujo recurso de reposición, el cual fue rechazado.

En cuanto a la arbitrariedad del acto, señala que la mera redacción de la frase “reposo injustificado” al momento de justificar el rechazo a su licencia, es insuficiente para sostener que la resolución se ajusta a derecho en cuanto a fundamentación suficiente, no se hace mención alguna a elementos fácticos, en relación al estado de salud del paciente, ni se hace alusión a alguna normativa legal vigente que sustente la decisión de rechazo, por el contrario, sólo se emplea una excusa genérica que evidencia lo arbitrario e injustificado del acto. En cuanto a la ilegalidad, indica que la ley entrega a la recurrida múltiples opciones para corroborar el estado de salud de la recurrente, antes de rechazar de plano sus licencias médicas, citando al respecto el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, sin que a su respecto se haya adoptado alguna de las medidas contempladas en dicha norma, cita además, el artículo 16 del referido Reglamento en virtud del cual se podrá aceptar o rechazar una licencia dejando constancia del fundamento tenido a la vista para adoptar la medida.

Continúa citando jurisprudencia y reiterando que las garantías constitucionales vulneradas por las recurrida son aquellas contempladas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Concluye solicitando se acoja el recurso y se declare que debe restablecerse el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto las resoluciones dictadas por la Contraloría Médica de la COMPIM, mediante la cual se procedió a rechazar las licencias médicas folios N°4-21850401 y N°4-RUT reservado, se ordene a esta autorizarlas, proceder al pago de los subsidios correspondiente, sin mayor dilación, con costas en caso de oposición.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Resolución de 20 de agosto 2025, emitida por COMPIN, que rechaza licencia médica Folio Nº4-21850401.

2. Resolución de 19 de agosto de 2025, emitida por COMPIN, que rechaza licencia médica Folio Nº4-RUT reservado.

SEGUNDO: Que, a folio 10, informa el recurso don Ramón Zambrano Bustos, abogado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región de Coquimbo.

En primer lugar, alega la improcedencia de la acción por cuanto versa sobre un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, por lo que se encuentra excluido del ámbito de acción del recurso de protección.

En subsidio de lo anterior, solicita el rechazo del recurso, toda vez que no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que conculquen las garantías constitucionales de la de la recurrente.

Señala que las licencias médicas rechazadas contienen diagnósticos por patología de salud mental y fueron otorgadas por médico cirujano sin especialidad registrada en psiquiatría, añade que, anteriormente y por el mismo diagnóstico, la recurrente ha presentado 4 licencias médicas que van desde el 18 de marzo de 2025 al 15 de julio del mismo año, por un total de 90 días, las cuales fueron autorizadas.

Añade que el rechazo de las licencias médicas aludidas tiene su fundamento en la falta de causa médica que justifique el reposo, señalando que, respecto de las patologías mentales, es aplicable lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Supremo N°7, por lo que el actuar de la recurrida se ajustó al marco de sus facultades legales, lo que excluye que se esté ante un acto ilegal y arbitrario, agregando que, sin perjuicio de las facultades que establece el artículo 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio de Salud, los profesionales médicos analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por sí solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos, medida que por lo demás no es obligatoria sino facultativa, conforme lo indica el artículo 21 del citado decreto.

En cuanto a la fundamentación del rechazo, indica que las licencias médicas folio 21850401 y 22052191 fueron rechazadas por considerarse que no hay causa médica que justifique el reposo.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Resoluciones COMPIN que rechazaron las licencias médicas N°21850401 y N°22052191.

2. Copia reposición y antecedentes presentados por la recurrente ante el rechazo de la licencia médica N°21850401.

3. Copia de resolución COMPIN que rechazó el recurso de reposición relativo a la licencia médica N°21850401.

4. Copia de cartola Médica de la recurrente.

5. Consulta en Registro Nacional de Prestadores de Salud, de la Superintendencia de Salud.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la improcedencia del presente recurso alegada por la recurrida, por tratarse de materias que pertenecen al campo de la seguridad social, garantizada en el artículo 19 N°18 de la Constitución Política de la República, que no se encuentra amparada por la vía de urgencia ejercida, esta alegación será desestimada, ya que el presente arbitrio ha sido deducido, según se desprende del libelo presentado por la recurrente, por estimarse infringidos el derecho a la vida e integridad física y psíquica, el derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, los que se encuentran garantizados en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, garantías comprendidas dentro del catálogo taxativo que ampara el artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, la recurrente impugna la decisión adoptada por parte de la recurrida mediante Resoluciones Exentas de 19 y 20 de agosto de 2025, las cuales rechazaron las licencias médicas N°4-21850401 y N°4-22052191, por no existir causa médica que justifique el reposo, señalando que el reposo es prolongado para la patología.

SÉPTIMO: Que, el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Por su parte, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”. A su turno, el artículo 21 del referido Decreto, señala: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine”.

OCTAVO: Que, de lo anterior, fluye con prístina claridad, que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de el, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “…la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de éste. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, en efecto, si bien es cierto que el rechazo de las licencias médicas fue dispuesto por la entidad pública que señala la ley y en uso de sus facultades, no puede obviarse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo de arbitrariedad que deja en la indefensión a la recurrente, al no tener certeza de las razones médicas o jurídicas por las que se estimó injustificado el reposo que le fuera prescrito, ni tampoco conocer los motivos por los cuales la autoridad estimó suficiente el período de reposo que le había sido concedido con anterioridad para su recuperación.

DÉCIMO: Que, de esta manera, y considerando lo antes expresado, el acto impugnado debe ser calificado como ilegal y arbitrario, al carecer del fundamento o motivación exigidos por los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880, privando de esta forma la resolución antes mencionada del legítimo ejercicio de la recurrente a su derecho de propiedad, al impedirle acceder al subsidio por incapacidad laboral que de las licencias autorizadas se deriva, vulnerándose el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, dado que el rechazo de sus licencias médicas importa la imposibilidad de recibirlo, afectando con ello su patrimonio.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

DUODÉCIMO: Que, conforme a las reflexiones precedentes, según se dirá en lo resolutivo, el recurso será acogido, sólo en cuanto se ordenará la realización de un peritaje médico a la recurrente para que así la autoridad pueda resolver, con los fundamentos adecuados, la procedencia de la autorización de las licencias reclamadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción, opuesta por la recurrida.

II.- Que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, sólo en cuanto se dejan sin efecto las resoluciones de 19 y 20 de agosto de 2025, mediante las cuales se rechazaron las licencias médicas N°4-22052191 y N°4-21850401, respectivamente, disponiéndose que la entidad recurrida encomiende la realización de un peritaje médico independiente a un profesional especialista acorde al diagnóstico de la recurrente, a fin de determinar la procedencia o improcedencia de los días de reposo que disponen dichas licencias médicas y, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada, determinándose desde ya que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo indicado, debe proceder la emplazada a autorizar el pago de las referidas licencias, de plano y sin más trámites dentro de treinta días corridos, constatado el incumplimiento.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Rol N°1651-2025 Protección.